La tarde del 14 de agosto de 2020 la Fiscalía General del Estado informó que la Corte Nacional de Justicia dictó por unanimidad nueve años de privación de libertad para Pablo Romero Quezada, exsecretario de la extinta Secretaría de Inteligencia de Ecuador (Senain). Los jueces Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho lo declararon autor del delito de “secuestro agravado”, que consta como delito en los artículos 188 y 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Según un comunicado, la Fiscalía logró evidenciar que Romero ordenó el secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda en 2012, en Colombia. El intento de secuestro -—que fue frustrado porque un taxista vio a los secuestradores de Balda y alertó a la Policía— fue ejecutado por dos exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes fueron sentenciados a 21 meses de prisión en 2019. Según la Fiscalía la realización de este delito se financió con fondos públicos, que provenían de una cuenta de gastos especiales de la Senain.
Los jueces además dictaron algunas medidas de “reparación simbólica”, como las disculpas públicas de Pablo Romero Quezada que deberán ser publicadas en un medio de comunicación nacional. Además, en el Centro de Inteligencia Estratégica que reemplazó a la Senain desde que el presidente Lenin Moreno la eliminó en 2018, deberá ponerse una placa que diga “El sistema de inteligencia y contrainteligencia del país jamás puede estar destinado a perseguir ciudadanos sino a protegerlos”.
Pablo Romero fue extraditado desde España el 21 de febrero de 2020, después de que la justicia española aceptara el pedido del Ecuador, para que se lo devuelva al país y que sea juzgado, ya que en noviembre de 2018, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho lo llamó a juicio por el caso Balda. Por este caso, la jueza Camacho también llamó al expresidente Rafael Correa a quien también acusa de supuestamente haber ordenado este secuestro. El expresidente Correa tiene una orden de prisión por este caso ya que no se presentó a la justicia y al momento su juicio está suspendido, pues Correa vive en Bélgica y el delito de secuestro no puede ser juzgado en ausencia del procesado, según el COIP.
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La Senain fue acusada durante varios años de realizar actividades de espionaje político contra los adversarios políticos del entonces presidente Rafael Correa. En 2015, GK publicó que la Senain se encontraba entre los clientes de Hacking Team, una compañía italiana que comercializaba “su software en países autoritarios y represores”. La compañía italiana ayudaba a sus clientes a acceder los teléfonos de otras personas en los cuales podían acceder a grabaciones de llamadas realizadas por Skype o Viber, a los chats de aplicaciones como Whatsapp, Facebook y Telegram, o a correos electrónicos.
