En lo que parece una repetición de los eventos de 2017. En julio pasado la Armada del Ecuador alertó sobre la presencia de 260 buques extranjeros cerca del mar territorial ecuatoriano, al pie de la Reserva Marina de las Galápagos, en la que todas las especies están protegidas y donde está prohibida la pesca industrial.
Veinte días después, el 5 de agosto, el canciller Luis Gallegos Chiriboga anunció que China aceptó un acuerdo sobre los barcos pesqueros que están cerca de la Zona Económica Exclusiva Insular (ZEEI) de Galápagos. El acuerdo incluye que el Ecuador supervise los barcos pesqueros chinos que están en alta mar cerca de las Galápagos. China ofreció establecer una política de cero tolerancia y que “castigar severamente” a todas las embarcaciones y empresas chinas que estén involucradas en la pesca ilegal.
Pero, la decisión, ¿da una solución a largo plazo?
El problema está en los detalles técnicos y la capacidad operativa para implementar, monitorear, y evaluar la decisión, según César Cedeño, experto en operaciones militares. Cedeño fue una de las personas autorizadas por la Presidencia de la República en 2009 para hacer un informe sobre la conveniencia de adherirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En su informe incluyó sus preocupaciones por la incapacidad de las instituciones ecuatorianas de vigilar lo que los navíos de otros países hacen en la zona exclusiva establecida en 2012 con la Convemar, un acuerdo que cambió el manejo del mar territorial ecuatoriano.
¿Por qué consideramos adherirnos?
En los años 90, la Armada y la Cancillería estaban interesados porque Ecuador sostenía la tesis de que el mar territorial tenía 200 millas náuticas. Sin embargo, una de las garantías para cobrar ese cheque de soberanía es tener la capacidad naval y aérea. Después de la Guerra del Cenepa, los recursos para la protección nacional se redujeron drásticamente y el fraccionamiento político del país no permitió redireccionar estratégicamente las capacidades militares existentes que cayeron en un deterioro progresivo y sostenido. Entonces ya no tenía esa capacidad.
En este contexto, la Armada —con un presupuesto militar que estaba cayendo rápidamente— y la Cancillería se interesaron en este instrumento diplomático.
¿Qué ofrecía la Convemar?
El tratado garantiza los derechos de un Estado en tres franjas marítimas. De 0 —la línea base— a 12 millas está el mar territorial con soberanía plena, en las que Ecuador tiene los derechos económicos y políticos. De las 12 hasta las 24 millas náuticas es zona contigua en las que los derechos se reducen consistentemente. Después tienes la Zona Económica Exclusiva, que no puede exceder 200 millas náuticas desde la base. Desde las zona contiguas tienes que conferir derechos pacíficos a los navíos que estén transitando pacíficamente por esa zona.
Además incluía la plataforma continental, que requiere estudios científicos para comprobar que está conectada a la Zona Económica Exclusiva. En total, la Convemar le prometía al país 350 millas náuticas, un incremento de 150 millas de presencia marítima. Sin embargo, a diferencia de la tesis del mar territorial, con la adhesión no hay soberanía completa en las 188 millas de la zona contigua y la económica exclusiva, sino solo hasta las 12 millas náuticas.
Lo primero que vi como un problema es que si no se tiene capacidades navales para vigilar esas 188 millas usando medios activos —sistemas electromagnéticos que emiten señales o energía para detectar actividad a la distancia o la profundidad— y medios pasivos —que capturan las señales acústicas y electromagnéticas. Si no se tiene esos recursos, no se puede vigilar lo que los navíos de otros países hacen en esa zona exclusiva.
César Cedeño durante una clase en la Universidad de Pittsburgh. Fotografía cortesía del entrevistado.
Exploré ese tema con la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la Naval y hubo opiniones muy, muy, muy encontradas. La FAE no estaba de acuerdo porque resaltaba lo obvio. la Convención diplomáticamente no va a defender nuestros derechos, igual necesitamos capacidades militares. La FAE resaltó en ese momento que sin incrementar la cobertura de radares de vigilancia aérea, aviones de vigilancia aeronaval, y aviones de intercepción de combate unirse era un gran riesgo para Ecuador.
Nos unimos a la Convemar bajo la ingenua premisa de que ninguno de esos problemas requieren nuestro esfuerzo porque tenían la impresión que con un instrumento diplomático multinacional se ejercía presión diplomática para que otros países no violen los derechos marítimos de la Zona Económica Exclusiva. Eso vemos que no está pasando en estos momentos. Hoy vemos que ese pedazo de papel es tan útil como el papel higiénico.
¿Cómo ve la situación actual?
Lo que está pasando en Galápagos vale dinero que nos están robando. Creo que es momento que el Ministerio de Finanzas —dependiendo de lo que podemos hacer por la asignación de los recursos de la pandemia— busque dinero para activar más medios navales y aeronavales. Tenemos destinada una corbeta de las seis que tenemos, dos fragatas misileras y tres lanchas misileras. El Ministerio de Finanzas tendría que buscar recursos para movilizar más de nuestra flota hacia la zona e inclusive explorar el redespliegue de los recursos a Galápagos para que ayuden a hacer interdicción marítima y vigilancia.
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También se puede pensar en un Sistema de Vigilancia Sónica (SOSUS, por sus siglas en inglés). Son usados para para transmisión de datos, por lo que emite no serían señales que le harían potencialmente daño al ecosistema sensible de Galápagos. Como las embarcaciones extranjeras están conscientes de nuestras limitaciones, eso nos permitiría monitorearlas mejor. Incluso es probable que la flota tenga acceso a inteligencia naval de la China y sepan cuándo y dónde posicionarse, cuándo apagan sus transpondedores, qué franjas horarias le convienen para hacer irrupciones en la Zona Económica Exclusiva y cuándo trabajar con terceras partes para capturar la riqueza marina de esta zona.
Si no nos hubiéramos adherido, ¿podríamos hacer más?
Tampoco porque la tesis del mar territorial y la de la Convemar plantean distintas oportunidades y distintos desafíos. Con la del mar territorial nos tocaba ejercer soberanía y presencia en todo el mar territorial, igual se necesitaban las capacidades aeronavales para precautelar que no hayan actividades que no irrumpan con los derechos e intereses en el mar territorial ecuatorianos.
El problema es que cuando Ecuador entró a la guerra con el Perú, en 1995, nuestro presupuesto se diseñó netamente para un escenario de guerra continental. El Ejército ecuatoriano tenía la prioridad del presupuesto porque era la fuerza más grande.
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El problema es que cuando ya salimos de ese contexto a nadie se le ocurrió rediseñar ese presupuesto y repensar la estrategia militar del Ecuador. ¿Cuál sería si ya no tenemos guerra con el Perú? Eso significa decidir cómo usar los medios nacionales para cumplir el objetivo de defender la soberanía territorial, marítima, la aérea, y hasta la espacial. Teníamos una serie de objetivos, bien bonitos en papel, pero a nuestros ilustres militares nunca se les ocurrió rediseñar el presupuesto. Se quedaron con las prioridades que tenía en ese momento, con esa estructura.
Nada de eso se hizo y ya nos dimos cuenta en 2017 con el barco chino Fu Yu Leng 999 que incursionó en la Zona Económica Exclusiva Insular.
¿Cómo se podía preparar el Ecuador?
Empezar por la reducción de la fuerza terrestre, esa es la variable de ajuste: no puedes reducir la fuerza aérea ni la naval porque no hay de dónde hacerlo. A menos que haya un escenario de guerra altamente probable con Colombia y Perú, no se justifica tener una fuerza terrestre del tamaño que tenemos. Podríamos empezar con la reducción para empezar a crear los ahorros.
También deberíamos invertir en equipo. Desde el 2017 podrías empezar a explorar la posibilidad de un satélite. China tiene esa tecnología y con este adversario amigable se necesitan ligas mayores de reconocimiento satelital. Eso significa tener uno propio o alquilar uno privado que esté bajo control propio.
Lo más importante es que desde el 2017 se podía reubicar los activos aeronavales porque no se puede basarlos todos en Manta, tendrían que reubicarse entre Manta y Galápagos. Eso conlleva decisiones militares difíciles porque hay márgenes de riesgo. Si vivimos diciendo que ya no hay guerra con Perú podemos aceptar que ahí el margen de riesgo es menor y se podía hacer el redespliegue.
¿Con qué recursos cuenta el país?
Ecuador tiene 4 aviones no tripulados tipo searcher con un radar que potencialmente cubre 60 millas náuticas de visión, dependiendo de los enlaces satelitales de los que se dispongan. Como están en Manta, se pueden usar en el mar territorial, en la zona contigua y llegas hasta basicamente la Isla de la Plata, en Manabí. Está muy lejos de donde tienen que estar. Pero en Galápagos también hay estaciones aeroportuarias.
Tenemos dos bases en Galápagos —en Baltra y Puerto Baquerizo Moreno— con potencial de uso. Baltra ya tiene presencia de las fuerzas aérea y naval. En la de Puerto Baquerizo Moreno, de lo que conozco, no hay presencia de nuestros medios aeronavales, pero ofrece una instalación aeroportuaria que quizá puede ser utilizada por la FAE y la fuerza naval.
En el aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, hay 5 aviones T-34 y 5 aviones T-35 que la aviación de la Fuerza Naval utiliza para entrenar a sus pilotos. No tienen radar, pero se pueden usar para que los pilotos hagan reconocimientos visuales y reporten cualquier anomalía. El entrenamiento se puede hacer en Galápagos. Mientras entrenan, también están ayudando a controlar esta zona.
En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hay 2 aviones de la Aviación Naval de la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A (CASA) de la fábrica Airbus 235 con capacidad de patrullaje marítimo. Eso significa que tienen equipos de inteligencia electrónica y de comunicación que pueden hacer barridos para identificar señales desde una radio AM/FM, un teléfono satelital, hasta de los sonares y radares que usan los barcos para buscar los cardúmenes de pescado.
La joya de la corona de la fuerza aérea son 9 aviones Cheetah, cada uno con un radar de búsqueda aérea o de superficie de 81 millas naúticas. El costo de hora vuelo es mucho más alto, pero si contabilizamos los recursos naturales que hay en Galápagos, vale la pena incurrir en el costo para el monitoreo.
En la base naval Sur, en Guayaquil, está la flota de alta mar de Ecuador. Tenemos 2 submarinos, que tienen un sonar con rango potencial de 120 millas náuticas. Son una gran contribución porque tienen la capacidad de operar casi de manera invisible al estar bajo el agua.
El problema es que cuando se busca dónde ubicar una flota de manera permanente se debe evitar zonas en las que el bloqueo sea fácil. El golfo de Guayaquil —donde está— puede ser fácilmente bloqueado, así que por qué están ahí es una gran pregunta.
También tenemos 6 corbetas con radares de aire superficie rotatorio —que cubren una circunferencia de 360 grados— de 134 millas náuticas, dos fragatas misileras con potencial de 100 millas náuticas y 3 patrulleras con misiles que tienen radares de más de 20 millas náuticas. Además, hay activos del comando de guardacostas que son 10 embarcaciones que también tienen radares para la búsqueda aérea de superficies.
Tenemos barcos suficientes de apoyo logístico para operar y sustentar lo que la flota necesita en altamar. No estamos en una situación de guerra así que municiones idealmente no se usarán. Pero se necesita comida, personal que hay que rotar según las políticas de rotación, combustible y partes para reparar las naves en caso de una emergencia.
Contamos con todos esos equipos, pero hay una sola corbeta que está monitoreando la flota extranjera.
¿Por qué no se han desplegado los otros?
La primera respuesta —y en eso el Ministerio de Defensa tiene toda la razón—: recursos. Pero lo que no dicen es que los recursos no existen no porque no haya más dinero, el problema es la estructura del presupuesto de defensa que no guarda relación con las prioridades estratégicas del Ecuador en este momento.
Dos fragatas misileras de la Escuadra Naval en maniobras. Fotografía tomada del Facebook de Reclutamiento Armada del Ecuador.
Se puede reducir el tamaño de la fuerza terrestre para sacar recursos para la aérea y la naval. Eso toma tiempo y requieren decisiones políticas y estratégicas muy duras. Quizás no le gusten a la fuerza terrestre, pero ese es el trabajo de un militar, como el general Oswaldo Jarrín, actual Ministro: él está entrenado para tomar decisiones estratégicas que son las que se necesitan en momentos como este.
Se debería pensar en operaciones conjuntas. Por eso tenemos un Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En teoría, Ecuador tiene la estructura organizacional para hacerlo, pero es obvio que hay un problema a nivel de entrenamiento y educación de los oficiales para hacerlo. El Ministerio de Defensa debería ser el líder natural del proceso, pero no actúa de manera conjunta ni usa los medios que tienen diseminados en distintos lugares.
¿Hay la posibilidad de un enfrentamiento con las flotas pesqueras foráneas?
No, porque el trabajo es de vigilancia, no de combate. Se debe desplegar las embarcaciones con reglas de combate bien claras, incluyendo no disparar y, en caso de una emergencia, reunir evidencia para transmitir a la Cancillería para que tome decisiones de estrategia diplomática.
La flota extranjera no es un blanco militar. Son embarcaciones civiles. El despliegue de los recursos ecuatorianos debe servir para vigilancia y disuasión. En principio, lo que se debe hacer es poner reglas de combate para desplegar a la flota y que pueda cubrir el espacio y los accesos a la zona exclusiva del Ecuador para vigilar que no hayan irrupciones de embarcaciones no autorizadas de buques pesqueros.
También se puede trabajar con la flota pesquera ecuatoriana. Porque se necesita vigilancia, incluso si no es con satélite. La vigilancia ayuda a racionalizar y usar de manera más estratégica los medios navales desplegados. La flota pesquera del país es quien mejor conoce la zona y la naturaleza de las actividades pesqueras. La armada por más experta que sea, no es experta en pesca industrial, entonces trabajar de manera conjunta con la flota pesquera —que aporta ese conocimiento— es ganar-ganar. Ahí se ve la falta de creatividad y vagancia intelectual que existe en el Ministerio de Defensa y en la Cancillería
Hay soluciones, solo que requieren voluntad y asumir que esta responsabilidad le compete al Ecuador, no a la comunidad internacional.
Haciendo los reajustes que sugiere, ¿el presupuesto asignado para las Fuerzas Armadas podría cubrir lo que se necesita?
Claro. Dedicándose a hacer la reorganización de los medios empleados, los costos administrativos y los bienes de servicios demandados para las operaciones fácilmente se puede liberar entre 8 y 10 millones mensuales para sustentar esas operaciones.
¿Cuánto podrían costar las operaciones?
Ahí es de donde viene la importancia de encontrar los recursos. Haciendo una conjetura basada en lo que conozco de costos de combustible, de personal y el estado operacional de las embarcaciones, mensualmente se requerirían al menos 10 millones de dólares para mantenerlas en altamar permanente o hasta que la amenaza pase.
Es importante tener claridad en la frecuencia de rotación del personal, del estado de las embarcaciones, el estado del mar y la naturaleza de las actividades de la flota. El costo depende de muchos factores, incluyendo la sinergia que se pueda generar entre la fuerza aérea y la flota pesquera. Entre más sinergia será potencialmente más barato mantener a la flota desplegada.
Además del dinero y las falta de decisiones, ¿qué otros problemas tiene el trabajo conjunto?
La primera barrera es que, de lo que conozco, nunca ha habido un despliegue en el que la armada y la flota pesquera civil trabajen operacionalmente juntos. Para conseguirlo se debe llegar a un lenguaje común operativo y a estándares similares de vigilancia, análisis y evaluación.
El despliegue aéreo no toma tanto tiempo, pero lo que se demora y podría ser un problema es mover la infraestructura de apoyo. A las islas, los aviones se podrían ir mañana, pero el problema es que hay que mover también al equipo mecánico, la infraestructura de combustible que se debe transportar del continente y ver si las instalaciones de Puerto Baquerizo y Baltra tienen la posibilidad de albergar todo eso. Incluso habría que pensar en construir nuevas estructuras temporales o definitivas.
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De todo eso va a depender las alternativas operacionales que tenemos en este momento. Honestamente quizás la barrera de acceso más grande, incluso más que el dinero, es crear el hábito de que la armada opere conjuntamente con la fuerza aérea en un escenario oceánico.
La FAE tiene el hábito de operaciones conjuntas a nivel costero litoral, a nivel continental, porque esa fue la preparación de las fuerzas armadas para la Guerra del Cenepa. Como no hubo un trabajo de reevaluación estratégica después de eso, sigue inerte y no se ha adaptado a un escenario insular. Esto tomará tiempo.
