El 5 de agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Cruz habría usado su carné de discapacidad para beneficiarse de la reducción de pago de impuestos.
En un comunicado del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente de la institución dice que la investigación de la Fiscalía es una oportunidad para demostrarle al país que su carné de discapacidad es legítimo. Dijo además que en 2010, la Fiscalía abrió un proceso por una supuesta falsificación de su carné pero que fue desestimado y archivado en mayo de 2011. Esta vez, el proceso de la fiscalía es por el uso doloso del carné, es decir, que lo usó irregularmente.
Durante una sesión del pleno del Consejo, el 15 de julio, la consejera María Fernanda Rivadeneira presentó documentos del SRI que, según ella, probaban que el presidente del CPCCS hizo uso de beneficios tributarios a través de su carné de discapacidad. Según Rivadeneira, el campeón de artes marciales tuvo una rebaja especial del impuesto ambiental a la contaminación vehicular y del impuesto anual de la propiedad de un vehículo. Debido al mal uso de su carné, el 22 de julio, cinco consejeros exigieron la renuncia del presidente de la institución, pero él se negó y cerró la sesión.
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El 8 de julio, Christian Cruz emitió un pronunciamiento en el que señaló que a pesar de tener el derecho como persona con discapacidad, nunca ha importado un bien o un vehículo utilizando su carné. Según Cruz quienes lo acusan por usar su carné irregularmente quieren apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y por eso están “resucitando” acusaciones pasadas.
El presidente del CPCCS reiteró en el comunicado que obtuvo su carné en 2009 con una valoración del 81% basada en problemas visuales (41%) y auditivos (40%). Según Cruz, su discapacidad fue causada por un golpe en la cabeza que sufrió durante un entrenamiento físico de artes marciales en la Universidad Central del Ecuador. En Ecuador, un porcentaje de discapacidad superior al 75 por ciento significa que una persona tiene una limitación que imposibilita la realización de las actividades cotidianas, y requiere del apoyo o cuidados de una tercera persona.
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Respecto a la investigación de la Fiscalía, Cruz señaló que “el país tiene temas más importantes que discutir”. Pero aseguró que continuará en su lucha contra la corrupción porque no tiene compromisos más que con la verdad y con quienes lo eligieron para dirigir el Consejo de Participación Ciudadana. Cristian Cruz es presidente de esta institución desde agosto de 2019, tras la destitución del sacerdote José Tuarez, hoy procesado por presunta asociación ilícita con una organización delictiva dedicada a cobrar dinero para dar cargos en el sector público.
