El proceso de renegociación de la deuda en bonos, explicado

  • Ecuador logra un acuerdo preliminar con los tenedores de sus bonos

    • acuerdo preliminar con tenedores de bonos

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Ministerio de Finanzas.

    Ecuador logró un acuerdo preliminar con el grupo más importante de tenedores de sus bonos para reducir la deuda en 1.500 millones de dólares y renegociar otros términos. El presidente Lenín Moreno lo anunció en un tuit el 6 de julio. Según Moreno, se liberarán 16.000 millones en los próximos 10 años. Horas después, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó los términos del acuerdo en una rueda de prensa. 

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    Los bonos se emiten como instrumentos para lograr financiamiento. Cuando un país necesita dinero, se lo pide a los tenedores —usualmente grupos de inversión privados, como Goldman Sachs. El valor que el país requiere suele ser alto, por lo que no se puede conseguir solo de una sola fuente, así que se divide el pedido de dinero en pequeñas porciones o bonos. Los tenedores prestan el dinero al comprar los títulos de bonos, con los que adquieren el derecho a que se les pague el capital más intereses en un plazo determinado.

    Sarah Carrington, experta en mercados de crédito, dice que los bonos se convierten en activos porque sus títulos pueden ser comprados y vendidos en el mercado. “Si la persona que originalmente prestó el dinero ya no los quiere, puede vender esos títulos de bonos”, dice. La oferta y demanda de los bonos dependerá de qué tanto riesgo representa un país para sus acreedores. Ecuador, con un riesgo país sobre los 3 mil puntos, es de alto riesgo para los posibles compradores de sus bonos. 

    Este tipo de préstamos son distintos a los que tenemos con otros gobiernos, como China, o con organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los bonos renegociados equivalen a casi un tercio de la deuda total del Ecuador. Martínez dijo que el acuerdo con el grupo más grande de acreedores de bonos tiene “5 grandes logros”: el flujo, capital, tasa, plazo y periodo de gracia. 

    El cambio en el flujo —al pagar menos dinero anualmente— incrementa la liquidez que tendrá el país. Este año no se pagará nada más de lo que ya ha sido desembolsado hasta el momento. Según Martínez, representa un ahorro de 1.361 millones. El próximo año solo se pagarán 79 millones, que es “prácticamente nada”, dijo Martínez. Desde 2020 hasta 2025, dijo el Ministro,  no se pagarán aproximadamente 11 mil millones de dólares. Según Martínez, así se liberarán recursos líquidos para la reactivación económica y los programas sociales, enfocados en los más pobres. 

    Los beneficios también serán para los próximos gobiernos. Según la presentación del Ministro, el siguiente gobierno, entre 2021 y 2024, no pagará 9.166 millones y el subsiguiente, de 2024 a 2027, se ahorrará 5.739 millones del total de deuda de bonos. El plan del gobierno incluye que los pagos mensuales no superen los 2 mil millones de dólares mensuales hasta 2030 y los 2.500 millones hasta 2035. 

    Con el nuevo acuerdo, el capital de la deuda de bonos pasa de 17.374 millones a 15.835 millones, 1.539 millones menos, con una tasa de interés menor. Actualmente la tasa promedio de los bonos de deuda es 9,2%; con el acuerdo se reduciría al 5,3%. 

    Además de la reducción del promedio, durante los primeros dos años —2020 y 2021— los intereses serán mucho menores: este año del 0% y el próximo de 0,5%. El Ministro dijo que los 1.060 millones de intereses acumulados en 2020 durante el periodo de renegociación, pasan a un bono que no tendrá intereses y deberá pagarse entre 2026 y 2030. 

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    En los próximos 5 años, dijo Martínez, el descuento de los intereses equivaldrá a 911 millones de dólares. Según el plan del gobierno ecuatoriano, la nueva tasa de interés máxima de los bonos ecuatorianos —6,9%— de los siguientes 20 años será menor a la tasa mínima de los bonos vigentes: 9,8%. El economista Alberto Acosta Burneo dice que con el nuevo acuerdo estaríamos un paso más cerca de una deuda organizada y con un plan sostenible que sí puede ser pagado. 

    Otro de los logros del acuerdo es que se extenderán los plazos de vencimiento de todos los bonos. El plazo máximo para pagar los bonos actuales es 2030, en los nuevos se extiende hasta 2040. Martínez dijo que el plazo promedio para pagar los nuevos bonos se duplica: de 6,1 años a 12,7. Con el acuerdo, dijo el Ministro, los diez bonos vigentes de Ecuador se transforman en 3: a 10, 15 y 20 años plazo. Los dos últimos concentrarán el 75% de los 15.837 millones de deuda en bonos. Según el Ministro, el incremento del plazo es “positivo porque da cuenta que el país tiene credibilidad” a corto y largo plazo. 

    El nuevo acuerdo incluye un periodo de gracia para el pago de capital e interés. Durante 5 años, Ecuador no pagará capital. El Ministro de Finanzas confirmó que pasaremos de tener 5.600 millones pendientes en pagos de bonos hasta 2025 a 0. Además, Martínez dijo que “prácticamente no tenemos que pagar intereses por 2 años” porque este año no se pagará ni un dólar de los intereses acumulados y en 2021 solo 79 de los 2.954 millones que debíamos pagar. 

    Ecuador ha logrado que los acreedores esperen hasta que nos recuperemos de la actual crisis, según el Ministro. Sarah Carrington dice que tener más tiempo para pagar corta sustancialmente las obligaciones anuales del gobierno. La experta aclara que ese tipo de tratos son importantes “porque estamos con muchas obligaciones de deuda, pero también debemos mantener la economía en uno de los tiempos más difíciles de la historia”. En una situación como la actual, ganar ese oxígeno es una ventaja sustancial. 

    En la rueda de prensa del 6 de abril también participó Juan Sebastián Roldán, secretario general de gabinete de la Presidencia. Roldán felicitó al equipo del Ministerio de Finanzas y resaltó la importancia de tomar pasos que calificó de “responsables”. Para la aprobación del acuerdo, dijo Roldán, fue muy importante el pago de 320 millones de dólares  —341 con intereses— de los bonos que vencían en marzo. Si no se hacía, dijo Roldán, “Ecuador quedaba con 300 millones de dólares, pero con las puertas del mundo cerradas”. Según Roldán, esta decisión, aunque muy criticada en su momento, fue elemental para el proceso de renegociación de la deuda porque incrementó la confianza de los tenedores. Acosta Burneo dice que el acuerdo es “una muy buena noticia”, pero no es la única medida que debería tomar el país para salir de la crisis. Acosta Burneo dice además de un proceso de endeudamiento desordenado, el país gastó por años más de lo que podía pagar. Por eso es necesario corregir lo que considera es el problema de raíz: el desequilibrio fiscal. 

    En la rueda de prensa, el ministro Martínez dijo que todavía son necesarias reformas estructurales para proteger la economía del Ecuador. Una de esas, según Martínez, es reducir el tamaño del Estado en áreas no prioritarias; las que no sean salud, educación o seguridad. El Ministro también dijo que “debemos ser muy rigurosos con la transparencia hacia futuro”. Si se cumplen con esos cambios estructurales, Martínez predice que Ecuador estará listo en 2031 para pagar valores más altos a los tenedores de bonos, como lo establece su plan. 

    La renegociación todavía no se ha formalizado. Gerry Rice, vocero principal del FMI, dijo que espera que “todas las partes involucradas continúen trabajando para finalizar un acuerdo que, junto con otros esfuerzos, es fundamental para ayudar a poner la deuda pública en un camino sostenible”.  Según Rice, el apoyo con los grupos más grandes es un indicador de que el proceso de renegociación de obligaciones avanza bien. 

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    Hasta el momento Ecuador cuenta con el apoyo del grupo más grande de tenedores de deuda, que equivale casi al 50%. Para que el plan sea aprobado oficialmente debe contar con el apoyo del 66%.  Según Martínez, son “optimistas” porque llegar a ese nivel de consenso, el del grupo más grande, es “un gran paso”. La votación, que ya comenzó favorablemente, continuará en las próximas semanas para conseguir el consentimiento del porcentaje necesario. El gobierno ecuatoriano tiene hasta el 15 de agosto para que el acuerdo de reestructuración de bonos de deuda sea oficial. 

  • Ecuador presentó oficialmente la Solicitud de Consentimiento para reestructurar la deuda en bonos

    • solicitud formal para la reestructuración del pago de bonos

      Fotografía tomada del archivo del Ministerio de Finanzas.

    El Ministerio de Economía y Finanzas publicó un comunicado el 20 de julio de 2020 en el que confirma que el gobierno presentó al mercado internacional la Solicitud de Consentimiento para cambiar las condiciones de los bonos ecuatorianos. 

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    El 6 de julio, el presidente Lenín Moreno anunció que se logró un acuerdo preliminar con el grupo más importante de tenedores de bonos para reducir la deuda en 1.500 millones de dólares —de 17.374 a 15.835 millones. El nuevo acuerdo también bajaría el interés de 9,3 a 5,2%; ampliaría el plazo máximo por 10 años más y daría 5 años de gracia para el pago de capital. 

    Si se aprueba el acuerdo, los 10 bonos que tiene vigentes se transformarían en 4 nuevos bonos; 3 que vencen un plazo de 10, 15 y 20 años y otro con los intereses acumulados entre marzo y agosto, que se pagará desde 2026. Las obligaciones serán saldadas con pagos distribuidos anualmente hasta 2040. 

    Para que el plan sea aprobado oficialmente debe contar con el apoyo de los tenedores de 66% de los bonos en los pagos de todos los años, excepto en los del 2024, para los que necesita la aprobación de los tenedores del 75% de la deuda. En el comunicado del 20 de julio, el Ministerio de Finanzas confirmó que la propuesta ha conseguido nuevos apoyos y que, hasta el momento, los términos han sido respaldados por el 53% de los tenedores de bonos. Ecuador tiene hasta el 31 de julio, cuando los acreedores voten, para conseguir el porcentaje de apoyo que le falta. 

    Ecuador usará la cláusula de acción colectiva (CAC) para asegurar que se apruebe la Solicitud de Consentimiento para cambiar las condiciones de los bonos. La CAC es un recurso que permite a los tenedores de bonos acordar la reestructuración de la deuda, incluso cuando algunos tenedores de bonos están en contra de la reestructuración, siempre que la mayoría esté de acuerdo.

    El 20 de abril, el grupo Ad Hoc —los principales tenedores institucionales de deuda soberana externa de Ecuador— reiteró que apoya “los términos comerciales de los bonos” presentados en la Solicitud de Consentimiento ese día. El grupo Ad Hoc incluye bonos manejados por AllianceBernstein, Ashmore Investment, BlackRock Financial Management y otros grandes inversionistas.

    Algunos tenedores pidieron que se modifiquen las condiciones del acuerdo. El 10 de julio, Reuters reportó que un Comité Directivo, integrado por más de 25 inversores de los bonos de 2024 —para los que Ecuador necesita la aprobación del 75% de los tenedores— pidió que se mejoren los términos. Según Reuters, el grupo exige que el acuerdo dé “un trato equitativo a todas las partes”. El Comité no confirmó la cantidad de dinero en bonos que tienen sus inversionistas, pero la petición podría complicar la tarea que días antes se cantaba como una victoria. El comunicado del Ministerio no menciona la solicitud del Comité, pero asegura que “Ecuador ha tenido la apertura para dialogar con todos los grupos y ha revisado sus propuestas cuidadosamente”. 

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    Según el Ministerio de Finanzas, “el proceso se ha manejado de manera constructiva y responsable para lograr los mayores beneficios posibles para el país en el mediano plazo”.  La reestructuración, dice el Ministerio, será un “importante alivio” para Ecuador y permitirá que se puedan destinar más recursos al manejo de la crisis sanitaria y la reactivación de la economía. 

  • El Ministerio de Finanzas respondió al grupo de tenedores de bonos que pidieron mejores términos para la reestructuración de deuda

    • tenedores de bonos piden mejorar acuerdo

      Fotografía tomada del archivo del Ministerio de Economía y Finanzas.

    El Ministerio de Economía y Finanzas respondió al Comité Directivo —compuesto dos grupos de tenedores de bonos— que pidió mejores términos para el acuerdo de reestructuración de deuda. Según el comunicado del Ministerio del 21 de julio,  la propuesta del Comité “requiere un enorme sacrificio adicional por parte del pueblo ecuatoriano”. 

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    El 20 de julio Ecuador presentó la solicitud formal para modificar las condiciones de los bonos ecuatorianos vigentes. Las condiciones del acuerdo preliminar ya habían sido anunciadas el 6 julio por el Ministerio y el presidente Lenín Moreno. La propuesta es reducir la deuda en 1.500 millones de dólares, bajar el interés de 9,3 a 5,2%, ampliar 10 años el plazo máximo de pago y tener 5 años de gracia para el pago de capital.

    El 10 de julio, Reuters reportó que un Comité Directivo —integrado por Amundi, Contrarian Capital Management, T Rowe Price Associates y otros inversionistas— pidió que se mejoren los términos de la propuesta hecha por el gobierno de Moreno. Después de la presentación formal del gobierno ecuatoriano, el Comité reiteró su posición argumentando que la propuesta “no representa los mejores esfuerzos de Ecuador para alcanzar un acuerdo equitativo”. Los tenedores presentaron una contrapropuesta que fue analizada por las autoridades ecuatorianas. 

    Según el Ministerio de Finanzas, la revisaron en detalle y concluyeron que “tiene un costo muy alto”. Dice que piden que la tasa de interés sea del 9,5%, en vez del 6,9% que proponen ellos. El Comité propone entregar entre 500 y 600 millones para cerrar la brecha fiscal ecuatoriana a cambio de aumentar en 1.500 millones los pagos de bonos de 2022 a 2025. El plan del gobierno plantea que en ese periodo los pagos anuales no excedan los mil millones. Los pagos en esos cuatro años, dijo el Ministerio, representarían casi la mitad del dinero que se planea invertir en programas de asistencia social —como transferencias en efectivo— para la población que más lo necesita. 

    En el comunicado del 21 de julio, el gobierno afirma que está comprometido a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero solo los podrá alcanzar si se “logra una recuperación económica con equidad social”. La entidad dijo que ese es su objetivo con el programa de reestructuración y alivio de la deuda. 

    El Ministerio de Finanzas calificó lo sugerido por el Comité Directivo como una propuesta “perder-perder”. Sin embargo, los tenedores de bonos que pertenecen a este grupo creen que los términos deberían mejorar para que el acuerdo beneficie a ambas partes. En el comunicado, el Ministerio pidió a los tenedores de bonos minoritarios “que comprendan la precaria situación en la que se encuentra Ecuador y se unan a la mayoría” para respaldar su propuesta. 

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    Para que el plan sea aprobado oficialmente debe contar con el apoyo de los tenedores de 66% de los bonos de todos los años, excepto en los del 2024, para los que necesita la aprobación de los propietarios del 75% de la deuda. El Ministerio de Finanzas confirmó que  hasta el momento tienen el respaldo del 53%. Los integrantes del Comité Directivo tienen entre el 25% y el 35% de los bonos que vencen en 2024. Los tenedores votarán el 31 de julio para decidir si aprueban o no el acuerdo propuesto por el gobierno ecuatoriano. 

  • Una jueza negó la demanda presentada por dos tenedores de bonos contra Ecuador en el proceso de renegociación de la

    • tenedores de bonos demandaron a Ecuador

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Ministerio de Finanzas.

    Una jueza federal de Nueva York negó el 31 de julio la acción legal en contra de Ecuador para detener temporalmente el proceso de renegociación de deuda externa del país. La demanda fue presentada por los fondos de inversión Contrarian Capital Management y GMO por la Solicitud de Consentimiento que el país presentó para cambiar las condiciones de sus bonos. Según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas publicado el 29 de julio de 2020, los fondos calificaron de “coercitiva” la propuesta del gobierno. 

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    Contrarian Capital Management es un fondo de inversión —con sede en Londres y Hong Kong— que maneja un portafolio con varios mercados emergentes a nivel mundial, incluyendo al Ecuador. GMO es un fondo que invierte “principalmente en la deuda externa de países soberanos y cuasi soberanos” que manejan euros, yenes, francos suizos, libras esterlinas o (como en el caso de Ecuador) dólares. 

    Los dos fondos presentaron una demanda colectiva federal sobre valores. Es un tipo de acción legal a la que suelen recurrir los inversionistas de títulos que cotizan en bolsa —como los bonos soberanos de Ecuador— que alegan haber sufrido daños económicos por violaciones de las condiciones de los valores que adquirieron en el mercado —en este caso, el supuesto daño se daría por el cambio en las condiciones de los bonos que ha propuesto el Ecuador. 

    La demanda fue presentada en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, y busca obtener inicialmente una medida cautelar que esperaba obligar al gobierno ecuatoriano a abstenerse de modificar las condiciones de los bonos hasta que haya un fallo judicial definitivo sobre el caso. La orden habría empujado a Ecuador al default porque sin el acuerdo los pagos de intereses se habrían retrasado solo hasta el 15 de agosto.  

    El Ministerio de Economía ecuatoriano dijo que “rechaza tajantemente la actitud agresiva” adoptada por ambos grupos. Según el gobierno del Ecuador, en medio de la crisis “sin precedentes que vive el país”, Contrarian y GMO están exigiendo “un tratamiento preferencial” en el proceso de reestructuración. Las autoridades aseguraron que no cederán a “su intento de boicotear el proceso”.

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    El 20 de julio el gobierno presentó oficialmente al mercado internacional la Solicitud de Consentimiento para reestructurar los nueve bonos que vencen entre 2022 y 2030. Esta propuesta le permitiría al país reducir su deuda externa en 1.500 millones de dólares —de 17.374 a 15.835 millones. El nuevo acuerdo también bajaría la tasa de interés de los bonos de 9,3 a 5,2%, ampliaría su plazo máximo de pago en 10 años más —hasta 2040— y daría 5 años de gracia para el pago de capital. 

    Un Comité Directivo —que incluía a Contrarian y otros tenedores de bonos ecuatorianos— pidió que se mejoren los términos de la propuesta del gobierno y entregó una contrapropuesta. Según el Ministerio de Finanzas, la revisaron en detalle y concluyeron que “tiene un costo muy alto” y “requiere un enorme sacrificio adicional por parte del pueblo ecuatoriano”. El acuerdo del Comité incluye un interés del 9,5%, en vez del 6,9% propuesto por el gobierno. 

    El Ministerio dijo que el Comité propone entregar entre 500 y 600 millones para cerrar la brecha fiscal ecuatoriana a cambio de aumentar en 1.500 millones los pagos de bonos de 2022 a 2025, periodo en el que el plan del gobierno plantea que los pagos anuales no excedan los mil millones.

    Para que el plan propuesto por el gobierno ecuatoriano sea aprobado se necesita el apoyo de los tenedores del 66% de los bonos que vencen entre 2022 y 2030, salvo los 2024, para los que se necesita el 74%. Hasta el 20 de julio, el Ministerio de Finanzas dijo que tenían el respaldo del 53%. Según el comunicado del gobierno de esa fecha, los integrantes del Comité Directivo tienen entre el 25% y el 35% de los bonos que vencen en 2024. Contrarian y GMO no han confirmado el porcentaje que tienen, pero según el gobierno Ecuatoriano, “cuentan con una posición mínima del monto total de los bonos inmersos en la negociación”. 

    GK se contactó con las dos compañías para confirmar su porcentaje de bonos y las condiciones de la demanda. GMO no respondió el pedido de información y los representantes de Contrarian —en un correo electrónico— dijeron que la compañía “educadamente rechaza comentar”. 

    En el comunicado del 29 de julio, el Ministerio de Finanzas ecuatoriano dijo que Ecuador “se opone firmemente a que estos fondos traten de obtener beneficios económicos adicionales, por encima de lo que se negoció en buena fe con la mayoría de sus acreedores más grandes”.  Sin embargo, el Ministerio aseguró que —por la importancia de que el proceso de negociación se concrete—  “los abogados de la República defenderán al país ante las cortes competentes”.

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    Originalmente el cierre de la votación de los tenedores de bonos para aceptar o rechazar la propuesta de Ecuador estaba planificado para el 31 de julio. Pero por la acción legal se extendió 24 horas hábiles, hasta el lunes 3 de agosto. Según el Ministerio de Finanzas, el proceso formal interno para obtener los datos finales de la votación tomará 48 horas. Los resultados oficiales —y los pasos a tomar por el gobierno— serán anunciados el 5 de agosto próximo. 

  • Ecuador logró los votos necesarios para renegociar la deuda en bonos

    • Aprueban la renegociación de bonos ecuatorianos

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Lenín Moreno.

    Ecuador logró la mayoría necesaria para renegociar los bonos de deuda externa. Según el Ministerio de Finanzas, basado en los votos recibidos hasta las 9 de la mañana del 3 de agosto —el día que cerraba el proceso—, Ecuador logró el porcentaje necesario para que se apruebe el acuerdo presentado oficialmente por el país el 20 de julio. 

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    Con lo aprobado, los diez bonos vigentes de Ecuador —que vencían entre 2022 y 2030 (en 2027 vencían dos)— se transforman en 3: a 10, 15 y 20 años plazo. Los dos últimos concentrarán el 75% de la deuda en bonos. 

    El acuerdo reduce el capital de la deuda en 1.539 millones de dólares —de 17.374 a 15.835 millones. El interés promedio pasa de 9,3 a 5,2%; el plazo máximo de pago se amplía 10 años y da 5 años de gracia para el pago de capital. Además, el acuerdo permite el diferimiento de los intereses acumulados entre marzo y agosto de 2020 —que equivalen a más de mil millones, según el Ministerio de Finanzas— para que sean pagados entre 2026 y 2030, con una tasa de interés del 0%. 

    Para que el acuerdo sea aprobado se necesitaba el apoyo de los tenedores del 66% de los bonos que vencen entre 2022 y 2030, excepto para los 2024, para los que se necesitaba el 74%. El Ministerio de Finanzas confirmó que se aprobó la renegociación en los diez bonos, pero no dijo qué porcentaje de aprobación se logró conseguir.

    El 31 de julio de 2020, una jueza federal de Estados Unidos negó una demanda presentada por Contrarian Capital Management y GMO —fondos de tenedores de deuda ecuatorianos— para detener temporalmente el proceso de renegociación de deuda externa. Los fondos sostenían que la propuesta ecuatoriana era “coercitiva en extremo”.

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    No fueron los únicos que se opusieron al acuerdo. Un Comité Directivo —que incluía a Contrarian y otros tenedores de bonos ecuatorianos— pidió que se mejoren los términos de la propuesta del gobierno y entregó una contrapropuesta. El Ministerio de Finanzas dijo que la revisaron, pero concluyeron que tenía “un costo muy alto” y requería “un enorme sacrificio adicional por parte del pueblo ecuatoriano”. 

    Con la aprobación del acuerdo, en un comunicado el Ministerio de Finanzas anunció que Ecuador “siguiendo buenas prácticas internacionales” decidió extender hasta el 7 de agosto la posibilidad de intercambiar los bonos que tienen actualmente por los nuevos bonos para quienes votaron hasta el 3 de agosto. “Esta oportunidad permitirá a los tenedores que no dieron su consentimiento tener instrumentos más líquidos”, según el Ministerio

    Después del 7 de agosto el Ministerio dijo que se seguirán “los procesos administrativos y legales de rigor” para que la operación se cierre formalmente hasta el 12 de agosto. Si los procesos no se terminan hasta esa fecha, según el comunicado del Ministerio, se pospondrá el cierre hasta el 20 de agosto. 

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    El presidente Lenín Moreno dijo en Twitter que la aprobación del acuerdo permite liberar recursos “para la protección social y reactivación económica”. El Presidente confirmó que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dará más detalles sobre la aprobación del acuerdo en las próximas horas del 3 de agosto. 

  • La renegociación planteada por Ecuador obtuvo el 97% de la aprobación de los tenedores de bonos

    • renegociación de bonos

      Fotografía del Ministerio de Economía y Finanzas.

    El acuerdo de renegociación de deuda planteado por Ecuador obtuvo el 97,85% de aprobación de los tenedores de bonos, según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.  En una rueda de prensa el 3 de agosto dijo que el proceso se hizo en menos de seis meses, lo que calificó como “un tiempo récord”. 

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    En las nueve series de bonos que vencían entre 2022 y 2030 se necesitaba la aprobación del 66% de los tenedores de bonos. Según Martínez, se obtuvo en promedio el apoyo del 98,15%. En la serie que que vencía en 2024, para la que se necesitaba el 75%, se obtuvo el 95,42%. Esos resultados muestran un consentimiento promedio del 97,85% de los tenedores de las diez series, una votación “con resultados históricos”, según el Ministro Martínez. 

    Los bonos ecuatorianos vigentes antes de la renegociación tenían una cláusula de acción colectiva (CAC). Es un recurso que permite reestructurar las condiciones de la deuda si se logra el porcentaje de apoyo mínimo establecido: 66% y 75% en los bonos ecuatorianos. Las condiciones se deben aceptar incluso cuando algunos tenedores de bonos están en contra de la reestructuración. Martínez confirmó que los porcentajes establecidos en las cláusulas de los bonos anteriores se mantienen para los creados con el nuevo acuerdo. 

    Los tenedores de bonos que votaron hasta el 3 de agosto —fecha en la que cerraba el proceso— podrán acceder al pago de los intereses acumulados entre marzo y agosto de 2020, que equivalen a más de mil millones, según Martínez. El Ministro dijo que este será “un incentivo” pagado entre 2026 y 2030. 

    Quienes no votaron hasta el 3 de agosto —que equivalen a menos del 2% de los tenedores, según Martínez— podrán hacerlo hasta el 7 de ese mes. Esos acreedores no podrán acceder al incentivo del pago de intereses, pero podrán intercambiar sus bonos por los emitidos con las nuevas condiciones. Los tenedores que no voten hasta el 7 de agosto recibirán un nuevo bono que replique las condiciones del 2040, que será pagado en veinte años. 

    El ministro Martínez dijo que espera que el proceso de canje y de formalización de los acuerdos termine el 12 de agosto, pero se puede extender hasta el 20 de ese mes. La fecha final se definirá en los próximos días y dependerá de “distintos temas de orden administrativo”, según Martínez. 

    Contrarian Capital Management y GMO —fondos de tenedores de deuda ecuatorianos— demandaron a Ecuador el 30 de julio para detener temporalmente el proceso de renegociación de deuda externa. Ambos fondos sostenían que el acuerdo era “coercitivo en extremo”, pero una jueza negó la acción legal un día después de que fue presentada. En la rueda de prensa del 3 de agosto, Martínez dijo que los dos fondos habían votado a favor de la propuesta ecuatoriana. 

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    Martínez aclaró que la reestructuración de la deuda era una “excelente noticia” para el país. La reducción del capital, los intereses y la extensión de los plazos —dijo el Ministro— permiten que se alivie la presión de los pagos anuales y reubicar esos recursos en “la protección social y la recuperación económica”. Sin embargo, el Ministro insistió en que no quería crear falsas expectativas porque el acuerdo no involucra que lleguen nuevos recursos financieros y no elimina los problemas económicos del país. 

    El ministro Martínez dijo que la “posición fiscal del Ecuador aún es frágil y faltan reformas estructurales a todo nivel”. Según Martínez, la brecha fiscal nacional de este año podría superar los 4 mil millones de dólares. El Ministro también se refirió a la deuda que tiene la institución con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). “Se está priorizando la administración de la caja”, según Martínez. Primero se pagan los salarios de los funcionarios que están combatiendo la pandemia en primera línea y luego, las demás cuentas pendientes. Sin embargo, el Ministro dijo que es un esfuerzo compartido y que los GAD deben recalcular sus cuentas. 

    Una de las correcciones que se deben hacer, según Martínez, es abrir espacio para la inversión privada en todos los sectores. Eso “abre una luz de claridad y certidumbre para seguir apostando por Ecuador”, dijo. Además, aclaró que tener una deuda más sostenible —como la que se logró con el acuerdo de bonos— contribuye a la llegada de dólares frescos por otros tipos de financiamiento y por la inversión externa; dos cosas que son vitales para mantener la dolarización. 

    Una vez aprobado el acuerdo de reorganización de los bonos, el Ministerio de Finanzas avanzará con la renegociación de otros tipos de deuda. Martínez dijo que están avanzando en la creación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “que se adapte a la nueva realidad del país”. La última semana de julio, dijo el Ministro, el presidente Lenín Moreno y Kristalina Gueorguieva, directora del FMI, se reunieron y el Fondo reforzó su apoyo. Los acuerdos con multilaterales, como este, son importantes porque permiten el ingreso de recursos al país, según Martínez. 

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    En la rueda de prensa, el Ministro de Finanzas también dijo que continúan trabajando en la renegociación de la deuda con China. Martínez explicó que como se trata de un acuerdo bilateral, el proceso “tiene otro tipo de tratamiento y estructura de financiamiento”. En la primera semana de agosto, dijo, habrá noticias de la renegociación de esta deuda.