Una jueza federal de Nueva York negó el 31 de julio la acción legal en contra de Ecuador para detener temporalmente el proceso de renegociación de deuda externa del país. La demanda fue presentada por los fondos de inversión Contrarian Capital Management y GMO por la Solicitud de Consentimiento que el país presentó para cambiar las condiciones de sus bonos. Según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas publicado el 29 de julio de 2020, los fondos calificaron de “coercitiva” la propuesta del gobierno. 

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Contrarian Capital Management es un fondo de inversión —con sede en Londres y Hong Kong— que maneja un portafolio con varios mercados emergentes a nivel mundial, incluyendo al Ecuador. GMO es un fondo que invierte “principalmente en la deuda externa de países soberanos y cuasi soberanos” que manejan euros, yenes, francos suizos, libras esterlinas o (como en el caso de Ecuador) dólares. 

Los dos fondos presentaron una demanda colectiva federal sobre valores. Es un tipo de acción legal a la que suelen recurrir los inversionistas de títulos que cotizan en bolsa —como los bonos soberanos de Ecuador— que alegan haber sufrido daños económicos por violaciones de las condiciones de los valores que adquirieron en el mercado —en este caso, el supuesto daño se daría por el cambio en las condiciones de los bonos que ha propuesto el Ecuador. 

La demanda fue presentada en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, y busca obtener inicialmente una medida cautelar que esperaba obligar al gobierno ecuatoriano a abstenerse de modificar las condiciones de los bonos hasta que haya un fallo judicial definitivo sobre el caso. La orden habría empujado a Ecuador al default porque sin el acuerdo los pagos de intereses se habrían retrasado solo hasta el 15 de agosto.  

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El Ministerio de Economía ecuatoriano dijo que “rechaza tajantemente la actitud agresiva” adoptada por ambos grupos. Según el gobierno del Ecuador, en medio de la crisis “sin precedentes que vive el país”, Contrarian y GMO están exigiendo “un tratamiento preferencial” en el proceso de reestructuración. Las autoridades aseguraron que no cederán a “su intento de boicotear el proceso”.

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El 20 de julio el gobierno presentó oficialmente al mercado internacional la Solicitud de Consentimiento para reestructurar los nueve bonos que vencen entre 2022 y 2030. Esta propuesta le permitiría al país reducir su deuda externa en 1.500 millones de dólares —de 17.374 a 15.835 millones. El nuevo acuerdo también bajaría la tasa de interés de los bonos de 9,3 a 5,2%, ampliaría su plazo máximo de pago en 10 años más —hasta 2040— y daría 5 años de gracia para el pago de capital. 

Un Comité Directivo —que incluía a Contrarian y otros tenedores de bonos ecuatorianos— pidió que se mejoren los términos de la propuesta del gobierno y entregó una contrapropuesta. Según el Ministerio de Finanzas, la revisaron en detalle y concluyeron que “tiene un costo muy alto” y “requiere un enorme sacrificio adicional por parte del pueblo ecuatoriano”. El acuerdo del Comité incluye un interés del 9,5%, en vez del 6,9% propuesto por el gobierno. 

El Ministerio dijo que el Comité propone entregar entre 500 y 600 millones para cerrar la brecha fiscal ecuatoriana a cambio de aumentar en 1.500 millones los pagos de bonos de 2022 a 2025, periodo en el que el plan del gobierno plantea que los pagos anuales no excedan los mil millones.

Para que el plan propuesto por el gobierno ecuatoriano sea aprobado se necesita el apoyo de los tenedores del 66% de los bonos que vencen entre 2022 y 2030, salvo los 2024, para los que se necesita el 74%. Hasta el 20 de julio, el Ministerio de Finanzas dijo que tenían el respaldo del 53%. Según el comunicado del gobierno de esa fecha, los integrantes del Comité Directivo tienen entre el 25% y el 35% de los bonos que vencen en 2024. Contrarian y GMO no han confirmado el porcentaje que tienen, pero según el gobierno Ecuatoriano, “cuentan con una posición mínima del monto total de los bonos inmersos en la negociación”. 

GK se contactó con las dos compañías para confirmar su porcentaje de bonos y las condiciones de la demanda. GMO no respondió el pedido de información y los representantes de Contrarian —en un correo electrónico— dijeron que la compañía “educadamente rechaza comentar”. 

En el comunicado del 29 de julio, el Ministerio de Finanzas ecuatoriano dijo que Ecuador “se opone firmemente a que estos fondos traten de obtener beneficios económicos adicionales, por encima de lo que se negoció en buena fe con la mayoría de sus acreedores más grandes”.  Sin embargo, el Ministerio aseguró que —por la importancia de que el proceso de negociación se concrete—  “los abogados de la República defenderán al país ante las cortes competentes”.

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Originalmente el cierre de la votación de los tenedores de bonos para aceptar o rechazar la propuesta de Ecuador estaba planificado para el 31 de julio. Pero por la acción legal se extendió 24 horas hábiles, hasta el lunes 3 de agosto. Según el Ministerio de Finanzas, el proceso formal interno para obtener los datos finales de la votación tomará 48 horas. Los resultados oficiales —y los pasos a tomar por el gobierno— serán anunciados el 5 de agosto próximo.