El 3 de junio de 2020, Quito pasó de un confinamiento absoluto de 79 días a uno parcial, con el cambio de semáforo de movilidad de rojo a amarillo. La medida pretendía reactivar de a poco la economía local, manteniendo ciertas medidas de seguridad para evitar una propagación masiva del covid-19.
Apenas unos días después, los médicos empezaron a advertir sobre el aumento de pacientes en los hospitales. Veían que escaseaban los implementos médicos, los abrumaba su cansancio físico y emocional y la dificultad de decidir a quién intubar y a quién no, por falta de respiradores, se volvía latente.
Muchos de esos pacientes no se salvaron, y terminaron engrosando las tristes cifras de muertes diarias que contabiliza el Registro Civil. Según sus datos, en los últimos cuatro meses ha habido un claro aumento en la mortalidad en la provincia de Pichincha, si se compara con el período 2017-2019. En abril, el aumento fue de más del 27,1%. En mayo del 47,6%. En junio del 84.4%. En los primeros días de julio de 2020, ya está en cerca del 132%: más del doble con respecto al promedio de los años anteriores.
Esas cifras coinciden con lo que sucede en las funerarias. Sebastián Barona, gerente del grupo La Paz y Coordinador Nacional de Funerarias, dice que en Quito hay seis hornos crematorios que pertenecen a cuatro funerarias. El grupo La Paz tiene uno con capacidad de cremar entre diez y doce cuerpos al día. Desde mediados de marzo, dice, ese horno está trabajando al máximo. En un sólo día, el sábado 4 de julio, recibió 30 pedidos de cremación —un proceso que puede durar entre 45 minutos y 3 horas, dependiendo de la capacidad del horno y del tamaño del cuerp— casi tres veces lo que normalmente recibe. Ha tenido que crear una lista de espera de máximo 48 horas para atender semejante demanda.
Cuando un cuerpo que debe ser cremado llega a la funeraria y pasa inmediatamente al horno crematorio. Si es que está en uso, el cadáver se guarda en un cuarto frío: un espacio entre dos y cuatro grados centígrados para evitar su descomposición. El cuarto frío de La Paz puede albergar 12 cuerpos. El de Memorial, otro grupo funerario que ofrece servicios de cremación, solo dos.
Las tres funerarias que contacté dicen que sí tienen un plan de contingencia —la cuarta, Jardines del Valle, me pidió enviar un pedido de información por mail, que fue enviado pero hasta el cierre de este reportaje no tuve respuesta. El plan es más o menos cauto, según la capacidad de cada funeraria. Grupo La Paz está tramitando, en coordinación con el Municipio de Quito, la activación de dos hornos adicionales, cuyos permisos de funcionamiento están siendo agilizados, según explica el gerente, Sebastián Barona, para ampliar la capacidad de respuesta en caso de que la demanda aumente.
Con dos hornos crematorios que tienen una capacidad de cremación diaria de 24 cuerpos, Funeraria Nacional no contempla aún un escenario de colapso en sus servicios. Si es que trabajaran al total de su capacidad, al mes, esta funeraria, podría cremar entre 500 y 600 cuerpos. En un mes normal, dice el gerente, Marco Valenzuela, creman de 30 a 35 cuerpos. “Más o menos uno al día”, dice y explica que, si bien, en junio, esa cifra aumentó a 50, están lejos de no poder abastecer esa demanda.“Sí hay un incremento, hemos llegado a los picos posiblemente más altos de este año pero no podemos hablar de un colapso”, dice y precisa que hubo un día en el que cremaron hasta 7 cuerpos, una cifra muy por encima de lo que normalmente creman pero muy por debajo de su capacidad diaria.
Algo similar cuenta Edwin Padilla, operador del horno en Memorial. Él dice que en las últimas semanas la demanda de sus servicios ha aumentado en un 150%. “En un mes normal cremamos 70 cuerpos, más o menos, pero en el último fueron 230”, dice. Coincide con Barona en que la cifra empezó a aumentar a partir de marzo y que el mes pico, hasta ahora, fue junio. Dice que aunque están trabajando al total de su capacidad, no han tenido cuerpos en espera.
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El aumento que Padilla y Valenzuela reconocen en la demanda de servicios funerarios y cremaciones en Quito, está lejos del escenario que vivió Guayaquil hace dos meses. En la ciudad portuaria, en el mayor pico de mortalidad, en un día se retiraron, de distintas viviendas, 500 cuerpos.
Sin embargo, el Municipio de Quito se ha adelantado a esa posibilidad. Para esto, estableció un protocolo que incluye la habilitación de un centro de mando —un espacio físico en el Parque Bicentenario, en el norte de la capital. Allí es donde se encuentran las llamadas “morgues móviles”, que son camiones refrigeradores que pueden almacenar hasta 200 cuerpos a la vez por 48 horas, según explica Myriam Lucero, asesora de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs-EP) . La Emgirs es la entidad municipal designada por el alcalde Jorge Yunda para levantar los cadáveres de quienes fallezcan en su casa o fuera de un hospital en Quito.
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Cuando el servicio de emergencias Ecu911 recibe una llamada que reporta una de esas muertes, se activa un protocolo para el levantamiento del cuerpo. A partir de la llamada al Ecu 911, la Policía, la Emgirs y el Ministerio de Salud van al sitio en el que se encuentra el cuerpo —usualmente es una casa— y verifican si se trata de un posible caso de covid-19.
Por ahora, mientras los servicios funerarios pueden responder a esa demanda, la funeraria que vaya a cremar o inhumar el cuerpo, lo recoge directamente del sitio en el que murió —usualmente su casa— y se lo lleva para iniciar el proceso de cremación —aunque, según el protocolo del Ministerio de Salud Pública, también está permitido inhumar.
Si es que el número de muertes desbordara la capacidad de los servicios funerarios, y empezaran a registrarse casos en los que las funerarias no pueden recoger el cuerpo inmediatamente, éste tendría que ser trasladado al centro de mando.
Desde allí se verificaría si la persona tenía o no cobertura de servicios exequiales. Si no tuviera y su familia no pudiera cubrir con los gastos, el Municipio de Quito lo haría. El personal municipal haría también los trámites de inscripción de la muerte en el Registro Civil, sin la presencia de los familiares para evitar aglomeraciones. Según el protocolo, las partidas de defunción serían entregadas posteriormente a domicilio. Mientras esos trámites se realizarían, el cuerpo sería ubicado en un espacio dentro de la morgue móvil, donde debe estar claramente identificado, hasta que una funeraria pueda recogerlo y cremarlo o enterrarlo.
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Este es un escenario potencial en el que aún no estamos, según la Emgirs. Su protocolo se ha activado parcialmente. Sin embargo, ante el aumento significativo de muertes en los últimos dos meses y una demanda de servicios exequiales que, por lo menos, se ha duplicado, ni las funerarias ni las autoridades municipales lo descartan.