Pamela Ñacato nació con una catarata congénita: su ojo izquierdo es una nubecita azul que no ve. En 2018 fue la última vez que ella, de 28 años, intentó sacar un carné de discapacidad. No pudo. Pamela Ñacato quería tener ese documento para beneficiarse de la inclusión laboral que establece la ley: es licenciada en inglés y quería conseguir un trabajo como profesora. Cuando fue a la cita médica en un subcentro de salud del Ministerio, el médico le preguntó qué problema tenía, ella le dijo que no ve con el ojo izquierdo. Sin embargo, sin explicación alguna, le dio un diagnóstico que decía que no tiene una discapacidad. El proceso de calificación se terminó allí.
En Ecuador, las personas con discapacidad deben someterse a un proceso de calificación para que el Ministerio de Salud Pública les entregue el carné de discapacidad. Hasta 2013, lo entregaba el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), pero desde ese año, el único encargado de hacerlo es el Ministerio de Salud Pública. El documento permite a quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (originadas en el nacimiento o producidas a lo largo de la vida y permanentes) acceder a los derechos que establece la Ley Orgánica de Discapacidades. Entre esos, el derecho al trabajo que quería ejercer Pamela Ñacato. La ley dice que las empresas con al menos 25 empleados está obligada a contratar como mínimo el 4% de personas con discapacidad.
Otra garantía que establece esa ley es el descuento del 50% en el pago del transporte público y comercial, terrestre, fluvial o aéreo. Además, una persona con discapacidad solo paga el 50% del impuesto predial, que pagan los dueños de inmuebles a los municipios. Además, el carné permite importar prótesis, medicamentos u otros equipos para rehabilitación sin pagar tributos al comercio exterior, impuestos al valor agregado e impuestos a los consumos especiales. Si una persona con discapacidad importa y compra un carro ortopédico (es decir, adaptado a su discapacidad) o uno no ortopédico no pagará aranceles, ni los impuestos al valor agregado y a los consumos especiales.
Ese beneficio estuvo en titulares y notas de prensa en las últimas semanas pues se supo que ciertos funcionarios públicos y ciudadanos habrían obtenido carnés fraudulentos para importar vehículos de lujo y evitarse los tributos. Como resultado, el presidente Lenín Moreno ordenó la suspensión inmediata de exoneración de aranceles en la importación de vehículos, que se incauten los vehículos comprados con los beneficios de los carnés de discapacidad irregulares y que el Ministerio de Salud haga una auditoría por cada caso.
Esa aparente solución lo que hace es perjudicar a quienes sí tienen una discapacidad. María Cristina Kronfle, consejera del Conadis y exasambleísta, dice que los beneficios de la ley no son antojadizos. “Tampoco son un premio a la discapacidad”, dice Kronfle, quien tiene el 93% de discapacidad física.
Estas garantías lo que hacen es que las personas con discapacidad tengan una mejor vida. David Krupa, director de ROMP Ecuador, una fundación que entrega prótesis, dice que es muy importante defender los derechos de las personas con discapacidad, y que el gobierno debe encontrar una estrategia clara para prevenir fraudes con los carnés de discapacidad. Krupa cree que el gobierno debe vender los carros incautados y adquirir prótesis o sillas de ruedas que son muy necesarias para la movilidad de las personas con discapacidad física. Pero más allá de qué hacer con los autos adquiridos ilegítimamente, el mal uso de los carnés genera dudas sobre la eficiencia de la calificación de la discapacidad que hace el Estado.
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Como muchas leyes o reglamentos en Ecuador, en teoría el proceso de calificación a personas con discapacidad es perfecto. En noviembre de 2018, el Ministerio de Salud publicó su Manual de Calificación de la Discapacidad. El documento está basado en el baremo español que se utilizó en Ecuador desde el 2001.
El manual es un instrumento para asignar de forma objetiva un puntaje de discapacidad según la evaluación que hace un médico general, un psicólogo y un trabajador social. Verónica Suárez, directora de gestión y de desarrollo de la fundación Hermano Miguel, dedicada a ayudar a las personas con discapacidad, dice que ese es el equipo mínimo para la calificación, pero que también puede intervenir un médico especialista dependiendo de la discapacidad, como un traumatólogo, un psiquiatra o un neurólogo.
El objetivo de la aplicación del manual es hacer una evaluación objetiva de la situación de discapacidad. Para ello, dice Suárez, contempla una puntuación para cada aspecto. En el caso de una persona con amputación de pierna, si fue encima de la rodilla, el porcentaje de discapacidad es del 90% o debajo de la rodilla el 70%. El problema es que en el Ecuador muchos de los encargados de las evaluaciones simplemente no aplican el manual.
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Esto es lo que lleva a las injusticias e incluso a los fraudes. Cuando la demanda de carnés empezó a crecer, explica Suárez, el Estado asignó médicos que no estaban capacitados para hacer las evaluaciones. “La calificación de discapacidades es compleja”, dice Suárez y pone un ejemplo. Una persona que tiene amputada una pierna obtiene en la evaluación médica el 45% de discapacidad, luego va a la evaluación del trabajador social, que cuestiona las limitaciones leves o graves, como tener transporte o vivienda propia, si vive en una zona rural o urbana, si tiene o no una prótesis. Si la limitación es leve se sumaría un 5%, es decir en el carné reflejaría el 50% de discapacidad física. Pero si vive en una zona inaccesible, no tiene casa o vehículo propio sumará un 20%, que sería el 65% en el caso del ejemplo. Suárez explica, además, que al porcentaje de discapacidad médica no se le debe restar el puntaje de la evaluación social. Si los evaluadores no conocen bien el manual, van a terminar tomando decisiones arbitrarias.
En el Ecuador, la discapacidad que recibe beneficios legales empieza en el 30%. Kronfle explica que si se calculara desde el 1%, muy probablemente el 90% de la población tendría alguno de los siete tipos de discapacidad que la ley enumera: auditiva, del lenguaje, física, intelectual, múltiple, psicosocial y visual. En Ecuador hay más de 480 mil personas con discapacidad, según un registro que se lleva recién hace 24 años. Casi la mitad de esa población tiene una discapacidad calificada entre el 30 al 49%. El 30% es una variable mínima que complica tener una buena calidad de vida o alcanzar oportunidades. Pero con un manual que es letra muerta, ha habido demasiadas injusticias y no pocos abusos.
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Por eso es que sacar un carné de discapacidad tarda meses o años, las personas desisten del trámite o se lo niegan y no se benefician de los derechos que dice la ley, porque no tienen un documento que lo certifique. En 2019, el Conadis resolvió que era inconstitucional que el carné caducase: la discapacidad no retrocede ni se acaba, sino que es progresiva, explica Kronfle.
Hace casi cuatro años, la abuela de Javier Maraud, de 84 años, tuvo un derrame cerebral que la dejó postrada en una cama. El nieto intentó sacar el carné para tener descuentos en la compra de pañales o para que el gobierno le entregase una silla de ruedas para mejorar su calidad de vida. Como Pamela Ñacato, tampoco lo logró.
Maurad desistió luego de repetidas cancelaciones de citas médicas y lo difícil que le resultaba llevar a su abuela desde su casa en la Isla Trinitaria, una de las zonas más pobres de Guayaquil, hacia los hospitales públicos. Javier Maurad dice que los médicos le daban largas. “Nos mandaban a tantos lados y mi abuela no puede estar sentada mucho tiempo, intenté ir solo pero decían que necesitaban la presencia de ella”, recuerda. Kronfle dice que después de tantos años de defender los derechos de las personas con discapacidad piensa que esa tardanza en la atención médica evita que las personas quieran hacer el trámite de calificación. Sin embargo, afirma, también podría ser una acción malintencionada para que no hayan tantas personas con discapacidad registradas y así el gobierno no invierta en política pública en su beneficio.
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Javier Maurad ahorró dinero y compró una silla de ruedas para su abuela. Hace dos años, Pamela Ñacato se compró un lente de contacto estético, que no le devolvió la visión de su ojo pero permitió que los empleadores la vean diferente.
Después de mucho buscar, consiguió un trabajo en una escuela como profesora. Sin embargo, Pamela Ñacato no ha dejado de sentirse indignada. Dice que el sistema público que debería garantizar sus derechos, le pone trabas para que pueda acceder a ellos en un país que aún es muy cruel con las personas con discapacidad.
