Estas son las noticias más importantes sobre el covid-19 en Ecuador desde el 3 de junio de 2020

  • El COE nacional aprueba protocolo para entrenamientos de deportistas profesionales con medidas de seguridad

    • COE aprobó entrenamientos de deportistas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del ECU 911.

    Desde el 10 de junio de 2020 se podrán retomar los entrenamientos de deportistas profesionales con estrictas medidas de bioseguridad, pero no han especificado cuáles serán. Esta fue una de las medidas anunciadas en una rueda de prensa virtual el 3 de junio de 2020 por Juan Zapata, director general del ECU 911, en representación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

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    El 19 de mayo de 2020 el COE aprobó la reanudación de entrenamientos de deportistas profesionales desde el 8 de junio como parte del Plan de Reactivación Deportiva Nacional de la Secretaría del Deporte. Sin embargo, días después el mismo COE informó que hubo “desacato a las normas establecidas” para el reinicio de entrenamientos profesionales,  por  lo cual estos se  suspendieron otra vez.

    La nueva fecha de reinicio de deportes rige únicamente para entrenamientos profesionales. Zapata dijo que el reinicio de campeonatos y competiciones debe esperar “por lo menos hasta inicios de julio” y se harán sin público.

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    Zapata anunció que el COE nacional aprobó la libre circulación de funcionarios de la Contraloría General del Estado sin necesidad de un salvoconducto. El COE también autorizó una petición del COE cantonal de Latacunga para reabrir 16 empresas de esta zona, entre éstas Holcim, Novacero y el Centro Comercial Popular. 

    El balance del ECU 911 sobre el primer día de reinicio de actividades en Quito con semáforo en amarillo es “absolutamente positivo”, dijo Zapata. El 3 de junio hubo una disminución del 23% en las alertas al ECU 911 por gestión sanitaria, en comparación con el 2 de junio cuando Quito mantenía el semáforo en rojo, según Zapata. Sin embargo, Zapata también indicó que en esas 24 horas hubo un incremento del 18% en emergencias de tránsito y movilidad pues alrededor de 600 mil personas se reintegraron al transporte metropolitano de Quito, de acuerdo con datos del ECU 911.

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    El director del ECU 911 aclaró también que “no se generaron aglomeraciones o complicaciones” en las siete terminales habilitadas para la reanudación de operaciones de movilidad.

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    Durante la rueda de prensa virtual intervinieron también el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Xavier Solorzano y el Subsecretario de Control y Orden Público Guillermo Rodriguez. Rodríguez dijo que hay 94 cantones con semáforo en amarillo y dos con semáforo en verde.  

  • El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, usará grillete electrónico por orden judicial

    • Prefecto del Guayas recibe medidas alternativas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía

    Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia del Guayas, usará un grillete electrónico que monitoreará sus movimientos, no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente frente a la autoridad, sin embargo, no se especificó a cuál. El prefecto de la provincia más afectada por el covid-19 es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos realizados por su prefectura.

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    La audiencia de formulación de cargos en su contra y siete personas más, entre ellas están los supuestos accionistas, gerentes y propietarios de las empresas vinculadas en los presuntos delitos de peculado por la adquisición de insumos médicos con sobreprecio. Sin embargo, son más de ocho personas las que están siendo investigadas, incluyendo a la esposa del prefecto, su exesposo y su hijo. Esta se instaló la noche del 3 de junio de 2020 en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil. La Fiscalía solicitó a Ismael Figueroa, Juez de Garantías Penales, que dicte prisión preventiva contra las ocho personas detenidas. Pero al igual que en la audiencia del expresidente Abdalá Bucaram, el juez no aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva

    El prefecto del Guayas tiene la prohibición de salida del país, debe presentarse periódicamente  ante la autoridad y usar el dispositivo de vigilancia electrónico o grillete electrónico.

    A los funcionarios detenidos en el caso de la Prefectura guayasense, la Fiscalía los investiga por denuncias por presuntos sobreprecios en la compra  de 5 mil unidades de pruebas rápidas de covid-19, 70 mil mascarillas KN95 y guantes quirúrgicos. 

    Según un comunicado de la Fiscalía, Yanina Villagómez, fiscal provincial de Guayas, presentó la información extraída del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías, el informe de investigaciones, con los que pudo determinar la existencia de irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para detectar covid-19 a presunto sobreprecio. 

    Los contratos de compra presentados durante la audiencia, fueron suscritos por el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas (el nombre oficial de la Prefectura) con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con Morales y de acuerdo a la Fiscalía, “varias compañías están en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas”. 

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     El martes 2 de junio, Carlos Luis Morales dijo que había presentado una denuncia para investigar a varias personas como presuntos involucrados en irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria. Entre estas personas ,se encontraban los dos hijos de su esposa, pero se deslindó de la responsabilidad personal en el proceso.

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    La fiscal Villagómez, en una rueda de prensa realizada el 3 de junio dijo que en “el caso de peculado que se investiga en el hospital del IESS (Teodoro Maldonado Carbo) bordea los 12 millones de dólares”. La Fiscalía allanó el edificio de la Prefectura del Guayas el 27 de mayo de 2020, en el allanamiento, la Fiscalía incautó catorce computadores de escritorio con el CPU y documentación. 

  • La Fiscalía allanó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito

    • irregularidades en la EPMAPS de Quito

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    Tras una serie de operativos y detenciones la mañana del 3 de junio de 2020, la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía allanó las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS).  En Twitter, la Fiscalía explicó que este operativo es parte de una investigación por supuesto delito de peculado por el sobreprecio en la compra de insumos médicos durante la pandemia de covid-19. 

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    Horas antes, en operativos coordinados por la Fiscalía se detuvo también al gerente de la EPMAPS, Guido Andrade Bastidas y a Sofía Ruiz Guarderas, asesora de Andrade y prima del Vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas.

    En una entrevista para Teleamazonas, el concejal Bernardo Abad, también miembro del directorio de la EPMAPS, explicó que el caso que investiga la Fiscalía es por la compra de insumos de seguridad —mascarillas, gafas y trajes de protección— para el personal de la empresa. 

    Este contrato por más de 160 mil dólares fue adjudicado a la empresa Silverti, según Abad. Esta es la misma compañía que es investigada desde el 5 de mayo por la venta de bolsas para cadáveres con sobreprecio al Hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil.

    En la noche del 3 de junio, el juez dictó prisión preventiva para Andrade y otros dos ciudadanos investigados. 

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    Además de este presunto caso de peculado, desde la noche del 2 de junio se conoció que hubo un intento de desviar alrededor de 1.3 millones de dólares la EPMAPS en el Banco Central, a dos cuentas bancarias en Hong Kong y una en Estados Unidos. 

    El alcalde de Quito Jorge Yunda denunció en su cuenta de Twitter en la noche del 2 de junio que “las cuentas del banco central de la empresa de @aguadequito ha sido atacada digitalmente”. Una hora más tarde, el Banco Central emitió un comunicado en el que que aseguró que “ninguna cuenta ni sistema ha sido hackeada”.

    El concejal Bernardo Abad explicó en la entrevista a Teleamazonas, que, para acceder a las cuentas en el Banco Central existen varios sistemas de seguridad y se necesitan claves que las manejan pocas personas dentro de las instituciones públicas. Por esto, dijo que es improbable que se trate de un ataque digital. “Es un círculo muy chiquito los que tienen acceso a estas claves. No es que todos los funcionarios tienen”, añadió Abad. Para investigar este caso, se presentó una denuncia en Fiscalía por miembros de la EPMAPS la noche del 2 de junio. Además, Abad dijo que las transferencias a cuentas extranjeras se las realizaron justificándolas como pago a proveedores, por “plantas de tratamientos de aguas industriales” y por la compra de “camiones de basura”, servicios que no se habrían recibido.

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    El alcalde Yunda dijo en su Twitter, el 2 de junio, que después de hablar con las autoridades del Banco Central se “están haciendo las gestiones para evitar un robo de las arcas” de la EPMAPS.  Solicitó además que el gerente de esta institución pidiera las credenciales a sus funcionarios. 

    Aún se desconoce si será posible recuperar el dinero de estas transacciones. En una entrevista a diario El Comercio, la gerente del Banco Central, Verónica Artola, dijo que se espera “que los países o los bancos donde se hicieron las transferencias nos digan cuál sería el paso a seguir. Nosotros no podemos garantizar que se recupere el dinero, pero como Banco Central hemos hecho la gestión que corresponde”.

  • La nacionalidad waorani pide medidas cautelares contra el Estado

    El viernes 5 de junio inició la audiencia de medidas cautelares contra del Estado ecuatoriano que pidió la nacionalidad waorani. El motivo que fundamenta la acción es la falta de atención médica por parte del gobierno a las comunidades wao . Según la nacionalidad “hay un riesgo inminente de sus derechos y los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario”. 

    La audiencia se instaló a las 11:30 de la mañana. El colectivo Waorani Resiste informó los detalles de la diligencia vía Twitter. 

    Durante la audiencia, la nacionalidad amazónica pidió que se transparente los fondos “que fueron entregados para ser usados en la Amazonía. No se nos ha respondido”. Además pidieron que se incluya a sus autoridades en la planificación de protocolos, medidas, acciones o actividades para prevenir el covid-19, además de que “se realice un correcto tratamiento a nuestra población que ya se ha contagiado”. 

    Según la cuenta de Waorani Resiste, el gobierno del Ecuador pidió “que las medidas cautelares demandadas por la Nacionalidad Waorani sean desechadas por la jueza de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha”. La nacionalidad también comunicó que es muy probable que la audiencia tome varios días en concluir. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuánto tiempo más demorará. 

    El 14 de mayo de 2020, cuando la nacionalidad Waorani anunció que se había registrado el primer caso de covid-19, la presidenta del  Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador en Pastaza (Conconawep), Nemonte Nenquimo, dijo que “estaban muy preocupados”.

    Después de que se confirmó el primer caso, Amazon Frontlines––organización internacional que defiende los derechos indígenas–– informó que las comunidades Waorani no han recibido apoyo humanitario para asegurar que las personas “guarden aislamiento con garantías” y confirmó que tampoco se han realizado pruebas de diagnóstico de covid-19.

    La Alianza por los Derechos Humanos, envió dos alertas al gobierno. La primera para afirmar que urge la atención humanitaria en salud en el territorio de la nacionalidad Waorani debido a la confirmación de casos y el registro de población sintomática en varias comunidades. La segunda, para reiterar la preocupación de la primera alerta y comunicar que había una ausencia de respuesta oportuna por el Ministerio de Salud Pública. 

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    Días antes de la audiencia del viernes, Resistencia Waorani mostró su malestar por haberse desarrollado la audiencia 20 días después de que se interpuesto la acción. En un comunicado en su cuenta de Twitter, insistieron “en que los días son vitales para nosotros y también para los pueblos no contactados”.  

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