En la tarde del 27 de mayo de 2020, la Fiscalía allanó la Prefectura del Guayas para investigar el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos: 5 mil unidades de reactivos (pruebas rápidas) para análisis celular de covid-19, 70 mil unidades de mascarillas quirúrgicas KN95 y guantes quirúrgicos.  

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Un día antes de allanamiento, el martes 26 de mayo de 2020, el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, publicó un comunicado de prensa en redes sociales en el que decía que “el proceso se llevó a cabo cumpliendo con todas las exigencias del SERCOP (Servicio de Compras Públicas). Se presentaron 8 cotizaciones para la venta de las mascarillas y ganó el precio más bajo entre lo que cumplían”. 

Morales también publicó un video. en el que dice “He ordenado que por ningún motivo se pague ni un centavo de dólar al contratista proveedor relacionado con este contrato. He dispuesto la inmediata desvinculación de este gobierno provincial del funcionario que hizo el informe que motivó la adjudicación y contratación”. 

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En el allanamiento, la Fiscalía incautó catorce computadores de escritorio con el CPU y documentación. Además, se allanó la empresa proveedora, en donde fueron detenidas dos personas: el gerente y la jefa de compras, mismos que presuntamente suscribieron el contrato para la venta de dichos insumos. 

La Fiscalía informó que intervino las direcciones de Procuraduría Síndica, Secretaría General, Administrativo Financiero, Compras Públicas y Desarrollo Comunitario de la Prefectura. Pero no detuvieron a ningún funcionario. 

Este no es el primer allanamiento que realiza la fiscalía a oficinas públicas por denuncias de sobreprecios en las compras de pruebas PCR para el covid-19. En la madrugada del 27 de mayo, la Fiscalía allanó la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, acontecimiento que se dió después de que el martes 26 de mayo la cadena Teleamazonas denunció que de las cien mil pruebas adquiridas por la institución, solamente se habían utilizado 624.