Los cuestionamientos por los procesos para la adquisición de pruebas rápidas para detectar el covid-19 continúan. El 1 de junio de 2020, la Fiscalía Provincial de Pichincha inició una investigación contra la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, por el presunto delito de peculado en la adquisición de bolsas de cadáveres y de pruebas rápidas para detectar covid-19 que habrían sido comprados con sobreprecio.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el peculado es uno de los delitos “contra la eficiencia de la administración pública”. Lo cometen los servidores públicos o las personas que actúan “en virtud de una potestad estatal en algunas de las instituciones del Estado” que para beneficio propio o de terceros “abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente” de bienes y recursos que están bajo su administración y cuidado.
La investigación se inició después de que el 26 de mayo de 2020, el activista Fernando Villavicencio denunciara en su cuenta de Twitter que Pabón habría comprado insumos con sobreprecio. “A través de la empresa pública “Pichincha Humana”, adquirió 400 bolsas de cadáveres a $52 C/U, en el mercado cuestan $15, un contrato de $72.300”, dijo en la red social. Villavicencio dijo que la Prefecta habría comprado diez mil pruebas rápidas a un proveedor inhabilitado para contratar con el Estado.
La Prefecta Pabón se defendió, también en Twitter. Publicó las facturas y los comunicados de la compra. Dijo que “frente a un rumor malintencionado en redes sociales” aclaraba que pruebas rápidas y bolsas de cadáveres se adquirieron al mejor precio de mercado y con proveedores autorizados.
Luego de que fue notificada con la investigación, la noche del 1 de junio, Pabón dio una rueda de prensa virtual. La Prefecta de Pichincha dijo que lamentaba que la Fiscalía haya iniciado una indagación a partir de “ningún tipo de confirmación, de solamente un tuit”.
Pabón dijo en que los documentos del Sistema Oficial de Contratación de Compras Públicas (Sercop) “se señala que se han cumplido con los requisitos establecidos y que, por lo tanto, la compra queda habilitada en el registro único de proveedores”. Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, este es un registro público de habilitación e información donde debe constar toda persona natural o jurídica que participe en las contrataciones que realiza el Estado ecuatoriano. Según la Fiscalía, se han abierto 45 investigaciones en el contexto de la emergencia sanitaria, distribuidas en las fiscalías provinciales a escala nacional. “En estos procesos se investiga el presunto cometimiento de los delitos de peculado, concusión, tráfico de influencias, alteración de evidencias y elementos de prueba, cohecho e incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad”.
Sobre la adquisición de las pruebas rápidas, Pabón dijo que el proveedor estaba calificado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), que es el organismo encargado de aprobar los productos de consumo humano y médicos.
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Pabón dijo que las bolsas para cadáveres que compró la prefectura costaron 51,90 dólares. “Esto porque son nivel 4 de bioseguridad, un nivel que es efectivo para estos casos de pandemia”, adujo. La Prefecta dijo que en el tuit de Villavicencio se afirmaba que en el mercado existen bolsas que cuestan 15 dólares, pero según Pabón se las descartó por su bajo nivel de bioseguridad.
La investigación de la Fiscalía por el supuesto sobreprecio es la segunda a la investigación abierta a Pabón. La Prefecta tiene otra abierta por el delito de rebelión durante las protestas de octubre de 2019. Sin embargo, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en ese caso fue suspendida por la emergencia sanitaria y aún no se ha programado una nueva fecha. Pabón fue arrestada el 14 de octubre de 2019 y cumplió 71 días de prisión preventiva. El 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. El 25 de diciembre, por orden de una jueza salió de prisión preventiva y debe usar un grillete electrónico y presentarse todos los lunes ante la Fiscalía Provincial de Pichincha.
