A las 8 de la mañana del 24 de diciembre de 2019, en la Corte Provincial de Pichincha, se instaló la audiencia de reformulación de cargos contra Paola Pabón, Virgilio Hernández y otros dos acusados de presunta rebelión. La reformulación de cargos fue pedida por la Fiscalía el 20 de diciembre.
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La audiencia de reformulación de cargos fue interrumpida por una amenaza de bomba. El personal del Grupo de Intervención y no Rescate (GIR) revisó el tribunal y no encontró ningún artefacto explosivo. La audiencia se retomó y la jueza Guerra anunció su decisión.
La presidenta subrogante de la Corte Provincial, Patlova Guerra, aceptó sus argumentos esta tarde del día de Nochebuena.
Según el artículo 336 del Código Integral Penal (COIP), el delito de rebelión lo comete la persona que “se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido”. Es castigado con cárcel por 5 a 7 años. Cuando tiene agravantes — expuestos en los 4 numerales del artículo 336— la pena aumenta a entre 7 y 10 años.
Los procesados eran, inicialmente, investigados por rebelión agravada, de acuerdo al numeral 4 del artículo 336 del COIP: promover, ayudar o sostener “cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado”. Con la reformulación de cargos, el delito y la pena no cambian, pero serán juzgados por rebelión por el numeral 1: por levantarse “en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones”.
La Fiscalía dijo el 20 de diciembre que cambiaba los cargos porque no había evidencia de que los procesados hubiesen financiado grupos armados, aunque insistió en que sí participaron en un intento de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno.
La Fiscalía todavía no ha publicado el comunicado oficial sobre el cambio de tipo penal, lo que ha causado confusión sobre la decisión de la jueza Guerra. Fausto Jarrín, abogado de Christian González, otro de los procesados, dijo que hay un documento que “aparentemente fue borrado” y hablaba del numeral 1, pero que otro comunicado de la Fiscalía decía que se reformulaba los cargos a rebelión sin agravantes, lo que reduciría la pena a entre 5 y 7 años. Jarrín dijo que por la confusión, aún desconoce cómo van a “diversificar su camino procesal”.
Freddy Ron, abogado de Paola Pabón, confirmó que solo cambió el numeral en los cargos formulados. En una entrevista en ‘A primera hora’ dijo que la Fiscalía “ha considerado bajo los parámetros investigativos que no tiene los elementos para poder llegar a mantener esta investigación”, y por eso va a hacer la investigación por el numeral primero y no por el cuarto, que incluía apoyar un grupo armado. Ron dijo que el proceso era una “persecución de carácter político por parte del Gobierno Central”.
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Otra audiencia del mismo caso, sobre la revocatoria de prisión preventiva para los cuatro acusados, estaba planificada para el mismo 24 de diciembre, pero está suspendida hasta el momento.
