Este reportaje es parte de una alianza entre Agencia Pública y GK.
El exjuez de la operación Lava Jato, Sérgio Moro, dejó el Ministerio de Justicia de Brasil el 24 de abril clamando por la independencia de la Policía Federal. Pero un análisis de sus 16 meses al frente del ministerio muestra una inclinación muy diferente, al menos con respecto a la influencia del FBI en la Policía brasileña.
Varios meses de investigación en documentos oficiales revelaron que al asumir al frente del Ministerio de Justicia, Moro y el exdirector de la Policía Federal firmaron acuerdos con el FBI que amplían la influencia estadounidense en diferentes áreas de la lucha contra el delito, incluyendo la presencia de agentes extranjeros en un centro de inteligencia en la frontera, investigaciones sobre corrupción y acceso a datos biométricos brasileños.
A fines de 2019, la oficina del FBI en Brasil pidió más recursos al gobierno estadounidense para ampliar su equipo y atender más solicitudes de cooperación internacional en investigaciones en el país.
El FBI tiene prohibido hacer investigaciones en territorios extranjeros, incluido Brasil, porque la Policía estadounidense no tiene jurisdicción en el país.
Agentes del FBI operaban libremente en Brasil hasta 2004, cuando el exdirector del FBI en el país Carlos Costa dio un testimonio al Ministerio Público Federal, afirmando que el FBI dirigía y financiaba las operaciones de la Policía Federal, lo que establecía una relación de “subordinación a las autoridades estadounidenses”. Después de eso, los gobiernos de Luís Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff buscaron una postura más independiente en relación con las investigaciones federales, mejorando la estructura de la policía federal brasileña.
Las acciones de Sérgio Moro representan un nuevo acercamiento con el FBI, hasta ahora desconocido para el público.
Investigando en Brasil
Aunque las dos investigaciones más importantes sobre la Lava Jato por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya finalizaron, con los acuerdos de Odebrecht y Petrobras, el FBI todavía tiene mucho que hacer para investigar la corrupción en Brasil, en palabras del jefe del FBI en el país, David Brassanini, en una conferencia en el 7° Congreso Internacional de Procedimientos, en mayo de 2019, en Sao Paulo.
La asociación con la Policía Federal en las investigaciones de la Lava Jato fue destacada por él como una alianza que merece ser elogiada. Fue a partir de entonces que la relación entre los agentes se intensificó. Un informe conjunto del sitio web de The Intercept Brasil y la Agência Pública mostró que desde 2015 agentes del FBI han estado en Curitiba para interrogar a los delatores que estaban cerrando tratos con los fiscales brasileños.
El FBI actúa para investigar la corrupción transnacional gracias a la FCPA (Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero), una ley que permite al gobierno estadounidense investigar y sancionar, en Estados Unidos, los actos de corrupción que involucren a autoridades extranjeras cometidos por empresas y personas extranjeras. No es necesario que los crímenes hayan tenido lugar en suelo estadounidense: basta, por ejemplo, que haya habido una transferencia de dinero mediante un banco estadounidense o que las empresas involucradas vendan acciones en la bolsa de valores estadounidense. Fue en el marco de esta ley que el gobierno estadounidense castigó con multas millonarias a las empresas brasileñas que fueron blanco de la operación Lava Jato, entre ellas Petrobras y Odebrecht.
En aquel momento, Brassanini también relató que los agentes del FBI vienen a San Pablo “cada semana para tratar diferentes casos relacionados con la FCPA y el lavado de dinero”. Según dijo, la colaboración con la Policía Federal ya ha dado mucha información para los próximos años.
Desde agosto de 2017 David Brassanini es el jefe del FBI para Brasil, pero desde 2006 ha servido a esas oficinas viviendo en el país. Actualmente gestiona el trabajo del FBI en la embajada en Brasilia y en los consulados de San Pablo, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y Porto Alegre –incluida la cooperación con la Lava Jato–, un equipo de 20 personas, según la publicación especializada Global Investigative Review.
Fue el articulador principal de una postura más “altiva” de la Policía estadounidense en el ministerio dirigido por Moro. Además de reunirse con el propio ministro al comienzo de su mandato, Brassanini mantuvo encuentros con secretarios y llegó a tener una reunión con el controvertido asesor especial del presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins, en julio de 2019. El joven es uno de los nombres que influyen en la política exterior del gobierno, junto con Eduardo Bolsonaro.
Acuerdo le da al FBI acceso a datos biométricos de “sospechosos”
Mientras que en 2018, durante el gobierno de Michel Temer, Brassanini hizo apenas una “visita de cortesía” al entonces secretario de Justicia Nacional, en 2019 hubo al menos cuatro citas oficiales. Además, hubo otras cinco reuniones de miembros del Ministerio de Justicia con agregados de la embajada estadounidense.
La primera visita tuvo lugar al comienzo del gobierno. En enero de 2019, el ministro Moro recibió a una delegación de las autoridades estadounidenses para analizar maneras de profundizar la cooperación legal de Brasil con Estados Unidos, según el sitio web del Ministerio de Justicia. En otra de esas reuniones, en agosto de 2019, las discusiones giraron en torno a dos proyectos de asociación: “Discusiones sobre el proyecto de biometría y la creación del centro de fusión”, según los registros oficiales.
La información biométrica es el centro de un acuerdo firmado el 18 de marzo de 2019, cuando Moro y el exdirector general de la Policía Federal acompañaron a Jair Bolsonaro en su primera visita oficial a Washington. Moro se reunió con la entonces secretaria de Seguridad Nacional y el director del FBI, Christopher A Wray.
El acuerdo firmado, obtenido para este informe mediante la Ley de Acceso a la Información, tiene como objetivo el intercambio de información sobre grupos criminales y terroristas, y tiene como base compartir huellas dactilares de ciudadanos de ambos países a los fines de investigaciones criminales.
Cualquiera de las dos policías puede solicitar huellas digitales y otros datos de identificación, como el nombre, el número de seguro social, el número de identidad y el lugar y la fecha de nacimiento en casos que involucren a “una persona sobre la cual exista una sospecha razonable de que sea terrorista” o “personas sospechosas de haber cometido delitos graves o actividades delictivas transnacionales”. Los delitos graves, según el acuerdo, son todos aquellos que se castiguen con más de un año de prisión.
El FBI incorporará las huellas digitales en las bases de datos nacionales estadounidenses, a las cuales otras agencias del gobierno federal de Estados Unidos y los gobiernos estatales tienen acceso, según el documento.
En octubre del año pasado, Bolsonaro firmó un decreto que establece una base de datos única, el Registro Básico del Ciudadano, que vinculará diferentes bases de datos sobre ciudadanos brasileños, incluyendo números de registros y documentos, datos biográficos y biométricos, como “palma de la mano, huellas digitales, de la retina o el iris de los ojos, la forma de la cara, la voz y la forma de caminar”. El decreto se produce al mismo tiempo que avanza la recopilación de datos biométricos de la población, como la biometría para las elecciones, por ejemplo, que alcanzó a 120 millones de votantes este año.
“Los datos biométricos, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos, son sensibles. Que se compartan para formar este Registro Básico Ciudadano permite que se utilicen más datos, sensibles o no, para extrapolar los fines para los que fueron recolectados”, dice Joana Varon, directora de la organización Coding Rights, que defiende la privacidad de los datos. Varon afirma que el acuerdo firmado por Valeixo puede conducir a abusos, ya que la definición de lo que sería un “sospechoso” es bastante amplia.
De acuerdo con Varon, el tratado puede tener más peso en un contexto de amenaza institucional a la Policía Federal. “Estos límites son aún más importantes si consideramos que el gobierno de Bolsonaro lleva a cabo una política de sumisión total al gobierno estadounidense, así como si tenemos en cuenta que vivimos en momentos de crisis democrática y amenazas de interferencia política en la Policía Federal”, concluye.
“Fusion Center” en la Triple Frontera
El “Fusion Center” –o Centro Integrado de Operaciones en la Frontera (CIOF)– es una oficina de inteligencia en la triple frontera de Foz de Iguazú que se propone reunir a agentes de 16 instituciones y unificar bases de datos. El modelo está inspirado en el centro dirigido por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en la frontera con México, que Moro visitó en junio del año pasado.
El CIOF es el proyecto soñado de la Embajada estadounidense, que durante al menos diez años ha estado presionando al gobierno brasileño para que investigue las sospechas de actividades terroristas en la región, una actitud que encontró la resistencia de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, según revelaron los documentos diplomáticos publicados por Wikileaks.
Finalmente, el centro fue inaugurado el 16 de diciembre de 2019 en el Parque Tecnológico de la represa de Itaipú, en Foz de Iguazú. Un mes antes, el exministro llevó una pequeña comitiva estadounidense para presentar el proyecto, entre ellos Brassanini. Un día después de esa visita, Moro anunció la firma de un acuerdo con Paraguay, Uruguay y Argentina que permite a los policías cruzar la frontera para actuar en los países vecinos durante una persecución.
El centro administrará bases de datos unificadas de la actuación conjunta de miembros de la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Receita Federal (que administra los impuestos federales), la Policía Militar, la Policía Civil, la Policía Científica para combatir el crimen organizado en la Triple Frontera, en Foz de Iguazú. También estarán presentes “agregados [policiales] de otros países”, dijo Moro al periódico local Tarobá News.
En la misma semana, el FBI creó un equipo especializado en temas como terrorismo y narcotráfico para operar en Paraguay, de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press.
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El FBI y la embajada se niegan a detallar públicamente lo que hacen sus agentes en Brasil. Consultada para este reportaje, hasta el momento de su publicación la Embajada de Estados Unidos en Brasilia no respondió las preguntas enviadas. El ex ministro Moro no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.
Este artículo fue publicado originalmente por Agência Pública.
