Hay gritos en la sala de audiencia del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia en Quito. 

 — ¡Con respeto por favor! ¡Con altura! Los abogados hemos sido interrumpidos constantemente. Eso no puede ser. ¡Con altura, por favor!

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Es Jorge Luis Ortega, abogado del exministro Walter Solís. Frente a él, la fiscal Diana Salazar había empezado a reír, levantar ojos, hacer gestos con la boca. Ortega, desde la esquina opuesta a Salazar, otro de los abogados alza la voz:

— ¡Por favor, es necesario un llamado de atención a la Fiscalía! 

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El juez que preside la audiencia, Iván León, intenta llamar a la calma. Algunas personas del público se ponen de pie intentando ver qué pasa. El juez insiste:

— Por favor, señores abogados, por favor señorita Fiscal.

La fiscal alza la voz pero, en medio del griterío, no se alcanza a escuchar qué dice. El público empieza a reírse. El  juez León grita:

— ¡Por favor, silencio al público presente!

Es el escenario de uno de los juicios más importantes en la historia reciente del Ecuador. Son 21 procesados del denominado caso Sobornos 2012-2016 (ante conocido como Arroz Verde): once funcionarios públicos del gobierno de Rafael Correa y diez empresarios. Entre los los de más alto nivel están el expresidente Correa, su exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y la exasesora del Presidente y exjueza de la Corte Constitucional Pamela Martínez. 

La Fiscal General, Diana Salazar, los acusa de cohecho, un delito que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) lo cometen “las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado” para obtener un beneficio económico indebido “para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”. Para la Fiscalía, existió una trama de corrupción a través de la cual, empresarios privados entregaban dinero a funcionarios públicos, a cambio de contratos. A principios de enero, la Fiscal Diana Salazar explicó por qué había elegido ese delito: “Con el cohecho tenemos la posibilidad de que sea imprescriptible y de que estos sean juzgados en ausencia.”

Cuando finalmente el juez logra controlar la audiencia dice pausado:

— Por favor, con respeto. 

La escena se repite en varios momentos de la semana del 20 al 28 de febrero. Interrupciones, pedidos de calma, preguntas objetadas, reformulaciones que no se aceptan, risas entre los abogados, comentarios entre el público. 

Otro de los abogados interviene: que no ha podido reunir las pruebas documentales solicitadas a diferentes entidades públicas, dice. Que por favor, se verifique por Secretaría que se ha negado la prueba, dice. Que la prueba es responsabilidad de cada procesado, dice el juez León. 

— Pero si se irrespeta a su magistratura, ¿cómo se va a escuchar el pedido de un ciudadano común, como yo, que está ejerciendo la defensa de mi cliente? 

— Las instituciones han actuado, no quisiera decir que con mala fe, pero… qué diría yo, un irrespeto. 

La Fiscal se para y alza la voz:

— Como aquí el abogado, quiere decir que ustedes han actuado con mala fe…

León la interrumpe:

— No ha dicho eso, señorita Fiscal.

El abogado alza la voz:

— ¡Yo no he dicho eso, por favor!

El Juez intenta explicarle a Salazar que el abogado se refería a las instituciones a las que se ha pedido documentación, no al tribunal.

— Ah, bueno, perdón, dice la Fiscal

Otra vez hay ruido en la sala y otros abogados de los procesados se ponen de pie. 

El Procurador General del Estado Íñigo Salvador, con el brazo izquierdo sosteniendo el codo derecho y la mano tocándose la barbilla, no se mueve. Es la pose que adoptará durante todos los días. Impertérrito como si lo que ocurre en esa sala fuese totalmente ajeno a él. 

§

Es jueves 27 de febrero de 2020, la legisladora Viviana Bonilla —procesada porque, según la Fiscalía cuando fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil, en 2014, habría recibido fondos no declarados para su campaña— habla frente al tribunal que decidirá su futuro. 

— Si los fondos venían del Vaticano o de las monjas del Cristo del Consuelo no estaba ni en mi poder ni en mi obligación saberlo.

Algo similar dijo después la exministra María de los Ángeles Duarte, consultada por medios de comunicación, al final de la audiencia.

— Yo no los usaba ni los manejaba. Tengo que entender que todos los fondos que utilizó Alianza País eran totalmente lícitos. No tengo por qué dudar. 

— Si yo me subía a una tarima, no es que estaba diciendo, “Disculpa, ¿quién pagó esta tarima?”, dice Viviana Bonilla.

Christian Viteri, el coordinador de su campaña —y su alterno en la Asamblea en el período entre 2009 y 2012— aceptó haber recibido 265 mil dólares para el proceso electoral de 2014 pero se preguntó por qué los tesoreros Rolando Carrera y Paulina Proaño —responsables del manejo financiero de los fondos— no han sido ni siquiera llamados para que expliquen el origen de esos fondos. 

— ¿Cómo esclarecer los hechos si la Fiscalía direcciona su investigación y no los llama? 

Se preguntaba Viteri, mientras la Fiscal Salazar los escuchaba, moviendo la cabeza cada tanto y haciendo anotaciones. Ni a Viteri ni a Bonilla les pudo preguntar nada pues ambos, por recomendación de sus defensores, se acogieron al silencio y evadieron así las preguntas de la Fiscalía. 

Cuando llega el turno de los testigos presentados por la defensa de Alexis Mera, la fiscal los interroga. De pie, con el pelo recogido en una cola de caballo y la voz muy alta, repite:

— ¿Quién era el secretario jurídico para la época? ¿Quién lo nombró a usted? ¿Quién era el Presidente de la República? ¿Quién hacía los decretos? ¿Cuáles eran sus funciones? 

Cada tanto se escucha “Objeción”, “‘Objeción” , “Objeción”.

— Argumente su objeción, señorita abogada, dice el juez León.

— Es impertinente y está fuera del ámbito de su conocimiento, responde una de las abogadas.

— Reformule, señorita Fiscal, dice el Juez.

Salazar reformulará,  abandonará el interrogatorio, intentará remarcar quiénes estaban a cargo: Alexis Mera, Viviana Bonilla y, por encima de ellos, Rafael Correa. 

Uno de los abogados del expresidente, Fausto Jarrín, intentará más tarde incluir una nueva prueba—a pesar de que la etapa para presentarlas ya terminó. Alegará que llegó hace poco a sus manos, que con ella se probaría la adulteración en los archivos de Laura Terán, la asistente de Pamela Martínez, antigua asesora de Rafael Correa. 

En ella, dirá, constan las fechas de creación, modificación y los autores de los archivos informáticos. Hablará también de un software que no se vende a personas naturales, sino, a aparatos de inteligencia de los estados. 

La Fiscal y el Procurador —cuya intervención generará risas y comentarios entre el público, pues será una de las contadas veces que cambie su postura silenciosa para intervenir— alegarán en contra de la inclusión de la prueba. 

Tras unos minutos de deliberación, los jueces negarán el pedido de Jarrín. El vocero de la Fiscalía, Luis Montero, dirá a través de la cuenta de Twitter del organismo que la prueba “era un objeto informático obtenido de manera ilícita e ilegal, cuya fuente y tratamiento de cadena de custodia son desconocidos”.

— La Fiscalía se ha conseguido un muñeco de ventrílocuo para que le dé diciendo a la fiscal lo que no puede sostener en la audiencia, dirá después uno de los abogados de los procesados a los medios de comunicación. 

Uno de los tuits de la Fiscalía dice: 

“Exfuncionarios: Alexis M. La investigación de #FiscalíaEc determinó que, mientras se desempeñaba como secretario de Presidencia, habría asesorado el accionar jurídico de la presunta estructura delincuencial procesada en el #CasoSobornos 2012-2016”. 

Lo que, en realidad se determinó en la audiencia, con las preguntas de la Fiscal, es que Alexis Mera era el Secretario Jurídico de la Presidencia pues así lo confirmaron los excolaboradores de Mera que testificaron.

A uno de ellos, Walter Romero, Salazar le pregunta sobre Pedro Espinosa, uno de los testigos de la Fiscalía. “Teníamos la sospecha de que consumía alguna sustancia”, le respondió Romero después de poner en duda la capacidad profesional de Espinosa mientras ejerció como funcionario de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. “Algunos funcionarios no podían responder a las necesidades y nos tocaba asumir su trabajo”, dice Romero de Espinosa, quien también fue asesor de la Fiscalía durante la época de Carlos Baca Mancheno y colaborador de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) cuando Diana Salazar estuvo a su cabeza.

Cuando llega el turno de Mera, el ex secretario jurídico de la Presidencia, agradece al tribunal por la “delicadeza” de sacar al público durante la pericia de sus chats y correos personales en los primeros días de audiencia. 

— A diferencia de la Fiscalía que “corrió a los medios” a entregar sus chats, dice Mera, en videoconferencia desde su casa en Guayaquil donde cumple arresto domiciliario.

Dice que nunca estuvo involucrado en las campañas políticas, pues esa era su regla “desde que trabajaba con León Febres Cordero en el Municipio de Guayaquil”. Dice que los indicios de corrupción apuntan hacia Pamela Martínez, a quien acusa de haber recibido 20 mil dólares mensuales de Equitesa. Su propietario, Pedro Verduga, dijo en su testimonio que Martínez y Walter Solís le pidieron dinero para pagar los montos pendientes que tenía el Estado con su empresa. Según Verduga, Solís le habría pedido un millón de dólares a nombre de la cúpula del gobierno en la que, dijo Verduga, estaba Mera. 

Mera continúa. Dice que Martínez  habría recibido 400 mil dólares de Odebrecht y 250 mil del consorcio GLP. Todos estos montos, según Mera, le fueron entregados cuando ella ya era jueza constitucional, a través de la empresa Nexoglobal, de propiedad de su esposo, Jimmy Salazar, Presidente del Colegio de Abogados del Guayas (Salazar no fue procesado).

§

Un día después, el viernes 28 de febrero, pasadas las seis de la tarde, termina la última intervención prevista para ese día. El juez ponente, en el centro del tribunal, ladea la cabeza para un lado y para otro con una expresión de cansancio. Quiere suspender la audiencia pero hay ruido en la sala. 

— El lunes empezamos con el señor Jorge Glas y sus testigos, señorita abogada, dice. 

La Fiscal Salazar se levanta y parece estar haciendo un pedido. No se le escucha bien pero el juez responde: 

— Sí, señorita Fiscal, los testigos son 35 que se ha pedido sean traídos con la fuerza pública.

La Fiscal sugiere que, en un intento de dilatar el proceso, se ha pedido la comparecencia de 29 testigos más, 65 en total, dice. 

— Van a convocar a miembros policiales que en lugar de estar en las calles, estarán aquí.

— Por favor, señorita Fiscal, dice el Juez. 

Una de las abogadas de Jorge Glas se pone de pie y alza la mano pidiendo la palabra y revisando los papeles que tiene en la otra mano. 

— ¿Cuántos testigos van a ser, señorita abogada? 

En la sala se levantan los susurros. 

— Es la hermana del abogado que le mandó la muestra de caca a la jueza Camacho, dice una persona en la sala a otra, sentada a su lado. 

Se refiere a Harrison Salcedo, el abogado de Jorge Glas que, en agosto de 2019, envió una imagen de sus heces a la jueza Daniella Camacho para justificar su ausencia en una audiencia. 

— Con lo que haya, el lunes iniciamos con ustedes. Hemos atrasado ya esto por pedido suyo, señorita abogada, no vamos a esperar más, dice el juez, alzando un poco la voz.

Diana Salazar parece satisfecha. El Procurador, con su brazo derecho doblado y la mano apoyada en la barbilla y su mano izquierda sosteniendo el codo, parece, de nuevo, inmutable. 

Los jueces se levantan, y los abogados mueven las sillas, el público comenta. Por ahora, el show ha terminado.