El 20 de diciembre de 2019, la Fiscalía General del Estado anunció que reformulará cargos contra de Paola Pabón prefecta de Pichincha, su asesor, Cristian González, y su coideario Virgilio Hernández. Los tres están detenidos por el supuesto delito de rebelión. El delito no cambiará, pero ya no serían procesados por el cuarto inciso del artículo 336 del Código Integral Penal (COIP) que dice que comete rebelión quien “promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.”  En su reformulación, la Fiscalía pedirá que la investigación continúe bajo el mismo artículo 336, pero fundamentada en el inciso primero, que sanciona a quien “se levante en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones”. 

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El cambio se debe, según la Fiscalía, a que en la etapa de instrucción fiscal no ha podido determinar que los acusados hayan financiado grupos armados par alterar la paz. Sin embargo, el organismo insiste que Hernández, Pabón y González sí trabajaron para romper el orden constituido “a través de actos violentos bien concertados”, por lo que mantiene el delito de rebelión.

Esta reformulación se realiza después de que Pabón y González fueran trasladados a otras cárceles, el 18 de diciembre de 2019, de acuerdo a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó  doce días antes. 

La CIDH concedió las medidas para proteger la vida e integridad de los tres detenidos y garantizarles un juicio justo, cuando el país vive “un contexto de polarización”, dijo en su resolución. 

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Pabón, Hernández y González están detenidos desde el 14 de octubre de 2019, un día después del fin del paro nacional, cuando se derogó el decreto presidencial que eliminaba el subsidio a los combustibles. 

La Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador dijo en un boletín de prensa que Pabón fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Atención Prioritaria Femenino Casa de Confianza de Chillogallo, al sur de Quito. La Prefecta estaba en la cárcel de Cotopaxi. La Casa de Confianza de Chillogallo es un centro de rehabilitación para mujeres embarazadas y madres con niños. En la Casa de Confianza de Chillogallo también están personas elegibles para el llamado régimen abierto: han cumplido el 80% de la pena, no tienen intentos de fuga, no tienen sanciones por violar el régimen semiabierto (una etapa previa), y serán puestas en libertad para que, bajo supervisión estatal, retorno a su entorno social, aunque deban presentarse periódicamente ante un juez.

Cristian González fue llevado de la cárcel de El Inca, en Quito, a la Cárcel de Varones número 4, de la  misma ciudad. La Secretaría de Derechos Humanos dijo que en el caso del exasambleísta Virgilio Hernández, sus abogados pidieron que pueda defenderse “en libertad”, pero que dicha decisión no es potestad de la Secretaría. Hernández está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de El Inca, y no se ha determinado un lugar de traslado.

El 24 de diciembre de 2019, tendrá lugar la audiencia judicial para analizar el pedido de revocatoria de prisión preventiva de los tres detenidos. La audiencia fue suspendida el 16 de diciembre porque Paola Pabón cambió de abogado.