Más detenciones por presunta rebelión durante el paro nacional

  • Dictan orden de prisión preventiva para Virgilio Hernández

    • Fotografía tomada de la cuenta de Flicker de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.

    El 5 de noviembre de 2019, en la audiencia de vinculación por el delito de rebelión durante el paro nacional, el juez Julio Arrieta dictó orden de prisión preventiva contra Virgilio Hernández, exasambleísta cercano al expresidente Rafael Correa. Por el mismo delito es investigada la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi. Antes de entrar a la audiencia, Hernández dijo que los “buscan aniquilar porque nos conciben y nos creen enemigos políticos”, en referencia a la serie de juicios que enfrentan varios funcionarios de la época del correísmo, que ellos consideran un persecución política.

    El delito de rebelión consiste en, según el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP),  que una persona “se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido”. De encontrarse culpables, los investigados sancionado con una pena de cinco a siete años de cárcel. 

    La diligencia, que se realizó en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, fue de carácter reservado. Afueras de la Corte se concentraron varios seguidores de Hernández. 

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  • La Fiscal General asegura que el incendio de la Contraloría General del Estado fue “concertado”

    • Fotografía de Diego Ayala para GK.

    Diana Salazar, Fiscal General del Estado, dijo que tiene evidencia de “cómo se planificó, se consultó y se llevó a cabo” el ataque que terminó en el incendio de la Contraloría General del Estado en Quito, durante el paro nacional de octubre de 2019. Salazar dijo que su investigación no tiene motivaciones políticas, sino que es únicamente “técnico-jurídico”. 

    Salazar dijo esto el 6 de noviembre de 2019 después de asistir al izamiento de las banderas del Ecuador, Quito y la bandera institucional de la la Contraloría General del Estado. El acto simbólico se hizo en el edificio del organismo de control que aún muestra las consecuencias del incendio y saqueo que sufrió. 

    Según la Fiscal, cuando termine la investigación presentarán “los resultados ante los jueces y la ciudadanía” de cómo se planificó el ataque la Contraloría y otros actos violentos en el resto del país. Dijo que hay “abundante y contundente” evidencia en la investigación por rebelión por la que se les ordenó prisión preventiva a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el exasambleísta Virigilio Hernández, ambos partidarios del correísmo. Además, Salazar dijo que los hechos investigan “no tiene que ver únicamente con una protesta”, sino que fueron actos vandálicos. Pablo Celi, Contralor General, dijo que el ataque al edificio de la institución que encabeza tuvo como propósito destruir “la memoria documental de años de trabajo” para truncar las investigaciones del organismo. 

  • La ministra Romo en la Asamblea afirma que el paro tuvo más de un motivo

    • Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional

    El 6 de noviembre  de 2019, la Ministra de Gobierno del Ecuador, María Paula Romo, fue a la Comisión Multipartidista que la Asamblea conformó para analizar las protestas de octubre de 2019. Romo inició diciendo si  “tratamos de explicar con un solo motivo, con una sola manera, con un solo actor con una sola motivación lo que sucedió en el Ecuador a inicios del mes de octubre vamos a equivocarnos, no importa cual sea la explicación” 

    Según la Ministra, durante los días de protestas hubo violencia organizadas de grupos dirigidos que enfocaron sus ataques a la infraestructura del Estado y a los servicios del Estado. Once campos petroleros fueron atacados. El más afectado, según Romo, fue el Auca que perdió 82 mil barriles de petróleo, lo que equivale a cerca de 5.166.000. de dólares .El cuartel militar de la Balbina, en Sangolquí, donde hay armamento militar y aeronaves, también fue blanco de estos grupos, cuyas formas de actuar eran de “lógicas paramilitares”, pues usaron escudos, bombas molotov, granada caseras, voladores en tubos de pvc como proyectiles, dijo Romo. La Ministra dijo, además que el gobierno ha identificado lugares de entrenamiento que “durante algunos meses” han servido para la elaboración de “este tipo de bombas y ataques artesanales”. 

    Romo habló también de una guerra informativa y desinformación. La Ministra dijo que el hashtag #masacreenQuito se posicionó en redes sociales a través de organizaciones, bot, trolls, y de cuentas locales e internacionales. Entre la desinformación  que circuló, Romo citó el caso de un audio de voz de una supuesta enfermera que informaba la muerte de treinta niños. Romo lo desmintió. “Ningún niño murió durante estos días como consecuencia de una bomba lacrimógena ni en medio del paro ni por asfixia afortunadamente”.

    El 12 de octubre de 2019, explicó Romo, fue la jornada más violenta. Era “el día que estaba previsto el golpe de Estado”, dijo la Ministra de Gobierno, que ha sido fuertemente cuestionada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por cómo actuó la Policía durante el paro nacional. La Ministra dijo que el propósito del golpe era derrocar al gobierno del Ecuador y lograr el archivo de las causas penales que investigan a varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. “Este día la violencia se distribuye por toda la ciudad y a medios de comunicación”, dijo María Paula Romo. 

    La Ministra atribuyó los días de paro a una disputa geopolítica en el continente y una estrategia regional a la que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha referido como la Brisa Bolivariana y a planes como los del Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 y conformado por partidos y grupos de izquierda latinoamericanos. 

    Hubo 1.228 detenidos durante el paro, según Romo. Hay 286 casos por ataque o resistencia, 280 por paralización de servicio publico, 165 por daño al bien ajeno y 35 por terrorismo, que se refiere a la quema de la Contraloría. “No hemos usado alegremente la figura penal de terrorismo”, dijo Romo.

    Romo sostuvo que son nueve fallecidos, que es la cifra oficial dada por la Defensoría del Pueblo. De las nueve muertes, dijo que dos son investigadas como violentas. “Tendrá que ser el trabajo de la Fiscalía y los jueces que determine la causa”, dijo. 

    De los siete fallecimientos restantes, Romo dijo que tres fueron por accidentes de tránsito (un atropellamiento de un civil que intentaba superar una barricada en Molleturo, Azuay y dos accidentes en motocicleta). Otra muerte habría sucedido durante un saqueo en Durán, provincia del Guayas. Otros casos son los dos jóvenes que escapaban de la Policía en el puente de San Roque, en Quito, y cayeron. Finalmente, citó la muerte del dirigente Inocencio Tucumbi, de la Conaie de Cotopaxi, que murió de por una contusión al caer mientras huía de un enfrentamiento con la Policía Nacional.

    Sobre el rol de la Policía durante las protestas, Romo dijo que su misión es dar seguridad y mantener el orden público. Apeló a la facultad policial, a nombre del Estado, de usar “con legitimidad la fuerza y lo hace siguiendo unas normas” que se encuentran la Constitución, leyes y reglamentos ecuatoriano.

  • Paola Pabón, prefecta de Pichincha, recibe medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

    • medidas cautelares para Paola Pabón

      Fotografía de Mayuri Castro para GK

    El 6 de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Pabón y Christian González y el exasambleísta Virgilio Hernández, detenidos por el supuesto delito de rebelión. El organismo regional dijo en su resolución que “tomó en cuenta los hechos denunciados se enmarcan en un contexto de polarización que se habría agudizado especialmente a raíz de las protestas sociales” de octubre de 2019. 

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    Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta dijo en un video que el objetivo de esas medidas es proteger la vida y la integridad de los tres detenidos. Además, explicó que si Pabón sigue detenida, se estaría violando sus derechos y el ejercicio de sus funciones como prefecta, dijo Aguilar. Tras la concesión de las medidas por parte de la CIDH, los abogados de la prefecta presentarán, hoy, 9 de diciembre, presentarán dos recursos legales para lograr su liberación: una solicitud de hábeas corpus y un pedido de revocatoria de la prisión preventiva.

    Ayer terminó la licencia de sesenta días que Pabón solicitó para poder defenderse en el proceso judicial que enfrenta. La licencia le fue concedida, de conformidad con el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (Cootad). Si no retoma sus funciones podría ser destituida. Sin embargo, el prefecto subrogante Alex Tonello dijo en una entrevista radial que se le otorgó un periodo de vacaciones  a Pabón hasta los días de navidad.

    Pabón, Hernández y González fueron detenidos el 14 de octubre de 2019 en una investigación iniciada por la Fiscalía por el supuesto delito de rebelión. La Corte Provincial de Pichincha negó el 13 de noviembre de 2019, un hábeas corpus a Paola Pabón

    El arresto de los tres se dio tras el fin del paro nacional, cuando el gobierno nacional y el movimiento indígena acordaron la derogatoria del decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. En los once días que duró, miles de personas marcharon en protesta de la medida. Hubo once muertos, miles de detenidos, el edificio de la Contraloría fue atacado e incendiado, y algunos opositores de Lenín Moreno —entre ellos Pabón, Hernández y González— fueron señalados como promotores de una desestabilización del gobierno nacional.

  • Detenidos por rebelión fueron trasladados de cárceles, la Fiscalía reformulará cargos

    • Paola Pabón fue trasladada de cárcel

      Fotografía tomada de la cuenta de Facebook del Gobierno de Pichincha.

    El 20 de diciembre de 2019, la Fiscalía General del Estado anunció que reformulará cargos contra de Paola Pabón prefecta de Pichincha, su asesor, Cristian González, y su coideario Virgilio Hernández. Los tres están detenidos por el supuesto delito de rebelión. El delito no cambiará, pero ya no serían procesados por el cuarto inciso del artículo 336 del Código Integral Penal (COIP) que dice que comete rebelión quien “promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.”  En su reformulación, la Fiscalía pedirá que la investigación continúe bajo el mismo artículo 336, pero fundamentada en el inciso primero, que sanciona a quien “se levante en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones”. 

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    El cambio se debe, según la Fiscalía, a que en la etapa de instrucción fiscal no ha podido determinar que los acusados hayan financiado grupos armados par alterar la paz. Sin embargo, el organismo insiste que Hernández, Pabón y González sí trabajaron para romper el orden constituido “a través de actos violentos bien concertados”, por lo que mantiene el delito de rebelión.

    Esta reformulación se realiza después de que Pabón y González fueran trasladados a otras cárceles, el 18 de diciembre de 2019, de acuerdo a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó  doce días antes. 

    La CIDH concedió las medidas para proteger la vida e integridad de los tres detenidos y garantizarles un juicio justo, cuando el país vive “un contexto de polarización”, dijo en su resolución. 

    Pabón, Hernández y González están detenidos desde el 14 de octubre de 2019, un día después del fin del paro nacional, cuando se derogó el decreto presidencial que eliminaba el subsidio a los combustibles. 

    La Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador dijo en un boletín de prensa que Pabón fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Atención Prioritaria Femenino Casa de Confianza de Chillogallo, al sur de Quito. La Prefecta estaba en la cárcel de Cotopaxi. La Casa de Confianza de Chillogallo es un centro de rehabilitación para mujeres embarazadas y madres con niños. En la Casa de Confianza de Chillogallo también están personas elegibles para el llamado régimen abierto: han cumplido el 80% de la pena, no tienen intentos de fuga, no tienen sanciones por violar el régimen semiabierto (una etapa previa), y serán puestas en libertad para que, bajo supervisión estatal, retorno a su entorno social, aunque deban presentarse periódicamente ante un juez.

    Cristian González fue llevado de la cárcel de El Inca, en Quito, a la Cárcel de Varones número 4, de la  misma ciudad. La Secretaría de Derechos Humanos dijo que en el caso del exasambleísta Virgilio Hernández, sus abogados pidieron que pueda defenderse “en libertad”, pero que dicha decisión no es potestad de la Secretaría. Hernández está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de El Inca, y no se ha determinado un lugar de traslado.

    El 24 de diciembre de 2019, tendrá lugar la audiencia judicial para analizar el pedido de revocatoria de prisión preventiva de los tres detenidos. La audiencia fue suspendida el 16 de diciembre porque Paola Pabón cambió de abogado. 

  • La Corte Provincial de Pichincha aceptó la reformulación de cargos contra Paola Pabón

    • Reformulan cargos contra Paola Pabón

      Reformulan cargos contra Paola Pabón, Prefecta de Pichincha, por presunta rebelión en una audiencia el 24 de diciembre de 2019. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Paola Pabón.

    A las 8 de la mañana del 24 de diciembre de 2019, en la Corte Provincial de Pichincha, se instaló la audiencia de reformulación de cargos contra Paola Pabón, Virgilio Hernández y otros dos acusados de presunta rebelión. La reformulación de cargos fue pedida por la Fiscalía el 20 de diciembre.  

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    La audiencia de reformulación de cargos fue interrumpida por una amenaza de bomba. El personal del Grupo de Intervención y no Rescate (GIR) revisó el tribunal y no encontró ningún artefacto explosivo. La audiencia se retomó y la jueza Guerra anunció su decisión. 

    La presidenta subrogante de la Corte Provincial, Patlova Guerra, aceptó sus argumentos esta tarde del día de Nochebuena. 

    Según el artículo 336 del Código Integral Penal (COIP), el delito de rebelión lo comete la persona que “se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido”. Es castigado con cárcel por 5 a 7 años. Cuando tiene agravantes — expuestos en los 4 numerales del artículo 336— la pena aumenta a entre 7 y 10 años. 

    Los procesados eran, inicialmente, investigados por rebelión agravada, de acuerdo al numeral 4 del artículo 336 del COIP: promover, ayudar o sostener “cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado”. Con la reformulación de cargos, el delito y la pena no cambian, pero serán juzgados por rebelión por el numeral 1: por levantarse “en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones”. 

    La Fiscalía dijo el 20 de diciembre que cambiaba los cargos porque no había evidencia de que los procesados hubiesen financiado grupos armados, aunque insistió en que sí participaron en un intento de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. 

    La Fiscalía todavía no ha publicado el comunicado oficial sobre el cambio de tipo penal, lo que ha causado confusión sobre la decisión de la jueza Guerra. Fausto Jarrín, abogado de Christian González, otro de los procesados, dijo que hay un documento que “aparentemente fue borrado” y hablaba del numeral 1, pero que otro comunicado de la Fiscalía decía que se reformulaba los cargos a rebelión sin agravantes, lo que reduciría la pena a entre 5 y 7 años. Jarrín dijo que por la confusión, aún desconoce cómo van a “diversificar su camino procesal”. 

    Freddy Ron, abogado de Paola Pabón, confirmó que solo cambió el numeral en los cargos formulados. En una entrevista en ‘A primera hora’ dijo que la Fiscalía “ha considerado bajo los parámetros investigativos que no tiene los elementos para poder llegar a mantener esta investigación”, y por eso va a hacer la investigación por el numeral primero y no por el cuarto, que incluía apoyar un grupo armado. Ron dijo que el proceso era una “persecución de carácter político por parte del Gobierno Central”. 

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    Otra audiencia del mismo caso, sobre la revocatoria de prisión preventiva para los cuatro acusados, estaba planificada para el mismo 24 de diciembre, pero está suspendida hasta el momento. 

  • Paola Pabón salió de la cárcel en la madrugada del 25 de diciembre

    • Paola Pabón sale de prisión

      La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el pedido de revocar la prisión preventiva de Pabón y otros dos procesados por rebelión. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    Paola Pabón salió de la cárcel durante la madrugada del día de Navidad de 2019. La presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó el pedido de revocar la prisión preventiva de Pabón, Virgilio Hernández y Christián González, procesados por rebelión. Pabón estuvo presa por 71 días. 

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    La decisión fue anunciada el 24 de diciembre por la noche, después de una audiencia en la que la jueza Guerra escuchó los argumentos de los abogados de los procesados, del fiscal provincial Alberto Santillán y de un representante de la Procuraduría General del Estado. 

    Guerra ordenó que los tres procesados se presenten todos los lunes, empezando el lunes 30 de diciembre, ante la Fiscalía Provincial de Pichincha y que usen un grillete electrónico. 

    A la una de la mañana del 25 de diciembre, Pabón salió del Centro de Rehabilitación Social de Chillogallo, en Quito. Paola Pabón dijo en una carta en su cuenta de Twitter que por “primera vez en todo el proceso, la Justicia ha resistido a las presiones políticas de quienes son los verdaderos responsables de las manifestaciones en octubre”. En su carta, también habló de las fallas del sistema de justicia y la “precariedad” del sistema penitenciario. Dijo que está “contenta” de volver a cumplir sus funciones como Prefecta de Pichincha. 

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    La Fiscalía publicó un comunicado en Twitter en el que dice que la revocatoria se dio, pese a que la Fiscalía Provincial de Pichincha “expuso elementos de convicción” de los cargos contra los tres procesados. Según el análisis de la Fiscalía, las otras medidas cautelares — la presentación periódica y el grillete — “resultan insuficientes”.