El 5 de noviembre de 2019, en la audiencia de vinculación por el delito de rebelión durante el paro nacional, el juez Julio Arrieta dictó orden de prisión preventiva contra Virgilio Hernández, exasambleísta cercano al expresidente Rafael Correa. Por el mismo delito es investigada la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi. Antes de entrar a la audiencia, Hernández dijo que los “buscan aniquilar porque nos conciben y nos creen enemigos políticos”, en referencia a la serie de juicios que enfrentan varios funcionarios de la época del correísmo, que ellos consideran un persecución política.
El delito de rebelión consiste en, según el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que una persona “se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido”. De encontrarse culpables, los investigados sancionado con una pena de cinco a siete años de cárcel.
La diligencia, que se realizó en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, fue de carácter reservado. Afueras de la Corte se concentraron varios seguidores de Hernández.
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