El 19 de noviembre de 2019, la fiscalía sueca anunció que archivaba la investigación por el supuesto delito de violación sexual contra Julian Assange. La decisión responde a que “no hay las suficientes pruebas” para formalizarla, dijo una funcionaria de la fiscalía de Suecia.
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Assange fue denunciado por una presunta violación, que habría sucedido en Estocolmo, en el 2010. La investigación fue cerrada en 2017, pero se reanudó en mayo de 2019. Por ese delito Assange podía haber sido extraditado a Suecia, desde donde —temía el activista australiano— podía ser extraditado a Estados Unidos, donde podía ser enjuiciado por las filtraciones de documentos clasificados. Los cargos podrían haber sido de espionaje, lo que en Estados Unidos significa graves penas que, incluso, podrían haber puesto en riesgo su vida.
Para evitarlo, Assange se asiló en la embajada de Ecuador en Londres en agosto de 2012. Hasta el 11 de abril de 2019, Julian Assange, fundador de Wikileaks estuvo en la dependencia diplomática ecuatoriana. El gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo a Assange porque, adujo, había irrespetado normas de convivencia y otras establecidas en convenciones internacionales sobre asilo diplomático.
Después de la expulsión de la embajada, la policía británica lo arrestó y fue condenado a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad provisional. Además Estados Unidos pidió su extradición, acusándolo del delito de haber violado sistemas informáticos del gobierno. Según la legislación británica, Assange —que está detenido en la cárcel de Belmarsh en Londres— la prisión se puede cambiar por arresto domiciliario después de cumplir 25 semanas de detención (Assange lleva treinta y dos, hasta el 19 de noviembre de 2019).
