La iniciativa Yasuní ITT era, básicamente, una promesa del Ecuador de no explotar el petróleo debajo del parque nacional Yasuní, en la Amazonía, a cambio de una compensación económica de 3.600 millones de dólares proveniente de otros países. Es una vieja tesis ambiental en el Ecuador.
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La planteó un grupo de la sociedad civil en el que se encontraba el economista, expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. En su artículo Iniciativa Yasuní-ITT, la difícil construcción de la utopía, Acosta explicaba que las luchas de diferentes comunidades indígenas y mestizas de la Amazonía —como las de los afectados por Chevron-Texaco, o la resistencia de los Kichwa Sarayaku—, “fueron preparando el terreno para que la tesis de la moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana entrara con fuerza en la vida política nacional”.
En el plan de gobierno del que Acosta fue parte —presidido por Rafael Correa entre 2007 y 2011— se incluyó la propuesta. Era una las promesas de campaña que más acogida tuvo entre los votantes más jóvenes y las organizaciones ambientales.
A pesar de que parecía una gran idea, la iniciativa fracasó. En agosto de 2013, Rafael Correa anunció su fin, alegando que “el mundo” le había “fallado” al Ecuador. Según dijo entonces Correa, se explotaría apenas el uno por mil del parque. La decisión fue fuertemente criticada por ambientalistas y activistas de la naturaleza, entre ellos, su exaliado y mentor, Alberto Acosta, quien plegó a la causa de los Yasunidos.
Desde 2018, el colectivo Yasunidos ha convocado a varias marchas, conciertos y manifestaciones públicas en las afueras del Consejo Electoral, para exigir que se llame a la consulta popular.
En agosto de 2019, los Yasunidos esperaban que el CNE se pronuncie sobre su pedido, pero no lo hizo. Natalia Bonilla, una yasunida, dijo entonces “Nos da pena comprobar que el CNE no ha hecho lo único para lo que tiene atribuciones que es llamar a una consulta popular. También hemos comprobado que este CNE no es diferente al de Domingo Paredes”, dijo, en referencia al presidente del Consejo Electoral de 2013, acusado de responder al Ejecutivo, entonces presidido por Rafael Correa.
