La ministra de Gobierno, María Paula Romo junto con el comandante y el general inspector de operaciones de la Policía Nacional de la Policía, Nelson Villegas y Patricio Carrillo, presentaron  información preliminar sobre las secuelas del paro nacional. Según los funcionarios, el Ecuador vivió una “etapa de violencia en la que se dieron conflictos que jamás se habían evidenciado, ya que se cometieron actos vandálicos en varias instituciones del Estado”. 

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Romo, Villegas y Carrillo dijeron que entre el 3  el 13 de octubre de 2019 se detuvieron a 1330 personas en todo el Ecuador. De ellas, 57 eran extranjeras. La ministra Romo dijo que la mayoría de estas personas recuperó la libertad durante las primeras 24 horas de su detención. 

El sistema de salud pública atendió 1507 personas, la mayoría de forma ambulatoria. De este total, 435 fueron miembros policiales que “presentaron distintas afectaciones”. Entre los casos más graves está un policía que perdió un ojo, otro que tiene facturas en la cara y uno al que le explotó una bomba molotov en una pierna. El 70% restante de atendidos eran manifestantes, pero no se especificó cuáles eran los niveles de gravedad de sus heridas y lesiones. 

Romo dijo que contrastó la cifra de muertos que el gobierno tiene con el número reportado por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría dijo que eran 7, pero el gobierno dice que son 6. Dijo que uno de los nombres de los siete no se encuentra en ninguna institución por o que podría “haber sido repetido en alguna lista, me refiero a José Rodrigo Chaluisa”, dijo la Ministra. Hay una muerte más que está en investigación fiscal. Sería la séptima u octava víctima fatal de las protestas. Las muertes se habrían causado, según los funcionarios, por accidentes de tránsito o caídas. La Ministra dijo, además, que no existe ninguna denuncia de desaparecidos “en el contexto de protesta”. 

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Entre las cifras presentadas, se dice que 202 policías fueron retenidos contra su voluntad durante varios días. Hay un “miembro policial que aún permanece retenido en la provincia de Morona Santiago, ya que su libertad aún no ha sido concretada” dijo la ministra Romo. Se destruyeron veintiséis Unidades de Policía Comunitaria (UPC), una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) fue quemada y ciento ocho vehículos policiales “fueron afectados”. Romo, además, mencionó el intento de quemar un blindado con dos policías en su interior. 

Sobre la actuación de la policía nacional, que ha sido catalogada como excesiva por distintos sectores sociales, la ministra Romo dijo que “en todos los casos, los uniformados utilizaron la fuerza disuasiva e hicieron uso solo del material CS, nunca utilizaron la fuerza letal”. Dijo, además, que están en evaluación los procedimientos policiales usados durante las protestas (en varios videos se difundidos en redes sociales se vio a policías usar excesivamente la fuerza). 

Según Romo, 132 ejes viales principales y secundarios durante fueron bloqueados las manifestaciones. Esto impidió, según la Ministra, que “llegue medicina, alimentos, gas licuado, combustibles a buena parte de las provincias del Ecuador”. También afirmó que algunos manifestantes “evitaron que treinta y cuatro ambulancias con personas que necesitaban atención de emergencia lleguen a los centros de salud”. 

Romo dijo que no ha presentado su renuncia. “Pero el Presidente siempre tiene su disposición mi cargo y el de todos los funcionarios de libre remoción” dijo la Ministra. Su dimisión fue pedida por los líderes indígenas que comandaron las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles.