Mientras Efraín Soria explicaba en la Asamblea Nacional cómo funcionan las pruebas de VIH, la Corte Constitucional decidía si él podía casarse. Efraín es director de fundación Equidad, una organización que trabaja por la promoción de la salud sexual —especialmente en la prevención del VIH. Era el 12 de junio de 2019 y hacía más de una semana, el 4, la Corte ya se había reunido a puerta cerrada para resolver su caso, pero tras horas de discutir, no había llegado a una decisión.

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Los rumores eran que había dos posturas jurídicas: la que acogía la sentencia redactada por el juez Ramiro Ávila Santamaría, y la que se apegaba a la redactada por el juez Hernán Salgado. La de Ávila decía que el Ecuador debía acoger la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decía que el matrimonio sin discriminación es un derecho humano. La de Salgado, decía que debía seguirse un trámite de reforma constitucional. Había 4 jueces convencidos de cada postura, y faltaba uno. Según algunos periodistas, era el juez Alí Lozada.

Cinco días después de la primera reunión fallida, los jueces analizaban, también, el caso de Rubén Salazar y Carlos Verdesoto. Los activistas y los medios de comunicación pensaron que ese día tampoco habría una decisión.

Pero cerca de las dos y media de la tarde, Efraín recibió un mensaje con un tuit que decía que la Corte había aprobado, con 5 votos a favor y 4 en contra, el matrimonio igualitario. Ecuador, entonces, se convirtió en el país número 29 del mundo en aprobar en todo su territorio el matrimonio para todos sus ciudadanos.

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Doce de los veinte países más felices del mundo reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ecuador está en el puesto 50 de 156. Para María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador y docente de la UIDE, los países donde hay más derechos reconocidos tienen sociedades menos discriminadoras y más tolerantes. “Cuando hay un reconocimiento expreso sobre la igualdad de un grupo, la discriminación contra éstos se vuelve menos normal, y progresivamente, mal vista”, dice Miño.

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Efraín Soria y Pamela Troya, a la derecha de la foto, sostienen una bandera del orgullo el 12 de junio de 2019 afuera de la Corte Constitucional. Foto de Valentina Tuchie para GK.

El fallo no solo fue celebrado por los activistas y la comunidad LGBTI. Tres días después de la decisión de la Corte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) saludó al Ecuador y a los jueces por “asumir con responsabilidad el desafío de construir puentes entre puntos de vista diversos, sin dejar a nadie atrás”.

Lo mismo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un tuit explicó que el Ecuador tomó la decisión basado en los principios de igualdad y no discriminación. “Como estaba en la Asamblea no podía expresar mi felicidad. Pero terminó mi comparecencia y salí corriendo porque había que celebrar”, dice Efraín, con boca y ojos de alegría.

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En el centro de la plaza Foch de Quito, una bandera multicolor ocupaba el espacio que, generalmente, pueblan impulsadores de bares, discotecas y restaurantes. Pero la noche del 12 de junio, activistas, amigos y periodistas acudían a la primera celebración por la aprobación del matrimonio igualitario.

El 12 de junio de 2019, Pamela Troya no había visto en todo el día a Gabriela Correa, su pareja.

Hace seis años, Pamela y Gabriela fueron al Registro Civil de Quito y pidieron que las casen. La respuesta fue un no burocrático y rotundo. Troya y Correa presentaron una acción de protección en contra de la negativa. Su trámite fue admitido en 2014 y olvidado: desde entonces, no había una respuesta de la Corte Constitucional. Sin embargo, tras la decisión del 12 de junio, si quieren, podrán casarse.

Cuando Pamela recibió la noticia de la aprobación estaba en Inredh, un organismo de derechos Humanos, alistándose para una entrevista. Unos momentos antes de empezar, alguien entró y dijo “lo lograron”. Pamela revisó su feed de Twitter, empezó a llorar y llamó a Gabriela: “Le dije, mi amor, lo logramos, vamos a casarnos”.

Eran más de las ocho de la noche de ese miércoles alegre, cuando Pamela recién pudo verse con Gabriela. Luego de un abrazo y besos entre lágrimas, se volvió a las cámaras y le pidió que sea su esposa. “Sí, acepto”, le contestó Gabriela. Y el mundo no se acabó.

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La celebración no es solo de una boda, sino de una conquista de derechos. Christian Paula, abogado de la Fundación Pakta, que patrocinó a Efraín y su pareja Javier Benalcázar dijo que la decisión de la Corte significaba que por fin en el Ecuador los ciudadanos tienen “los mismos derechos con los mismos nombres”.  Soria dice que el fallo les devolvió la dignidad como ciudadanos: “Se dio un paso hacia la igualdad de derechos”, dice. Troya, que no para de reír mientras habla, dijo que el país era “un poquito más justo que ayer”.

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Un grupo de activistas esperaba afuera de la Corte la resolución del caso. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

En sus palabras hay una clara sensación de esperanza. Adrián Morales es un hombre trans que desde hace cinco años vive en Estados Unidos. Dejó el Ecuador en busca de una aceptación que aquí no encontraba. Ahora a la distancia, con su voz cambiada por la alegría, dice que fue una sorpresa enterarse de la decisión de la corte. Por su experiencia, este paso es una muestra de que aunque el camino es difícil, poco a poco se vuelve mejor: “it gets better”, dice.

“Yo lloré, aunque no quiero casarme”, dice Felipe Ochoa cuando recuerda el momento en que una amiga le envió un mensaje contándole que el matrimonio igualitario era legal en el Ecuador.

Ochoa estaba en el trabajo y no se imaginó recibir una noticia así: “He tenido pocos momentos así de felices en mi vida”, dice.  Felipe cree que la decisión es un avance que sitúa al Ecuador como un país que “posiciona a los derechos humanos como un principio fundamental”.

En Guayaquil, salir a la avenida Víctor Emilio Estrada es una sinónimo de celebración deportiva. Una clasificación a un mundial de fútbol, un equipo campeón, una medalla olímpica, empuja a los guayaquileños a la principal vía del tradicional barrio de Urdesa. Por eso, cuando Silvia Buendía, abogada y activista de los derechos humanos, se enteró de la noticia, escribió en Twitter un llamado a la fiesta pública:“Vamos a la Víctor”’.

En la noche hubo fiesta en la ‘Víctor’. Cuando el semáforo cambiaba a rojo, las personas que celebraban, cuenta Buendía, se tomaban la calle y gritaban “sí se pudo” —un grito tradicionalmente reservado a los triunfos, también improbables, de la selección de fútbol. Algunos conductores los saludaban y tocaban las bocinas de sus carros “Fue lindísimo, en ese momento llegó la prensa, fue hermoso. Una linda vibra, una linda celebración”, recuerda Buendía.

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La celebración también es económica. El economista jefe del banco suizo UBS, Paul Donovan dice que los matrimonios LGBTI tienen un impacto positivo sobre la economía en términos de capital humano necesario para hacer frente a las amenazas de la economía mundial. Lee Badgett, profesora de economía de la Universidad de Massachusetts Amherst, dice que el Estado pierde una gran oportunidad de ganar dinero mediante cuando hay prohibición.

La explicación es que el matrimonio igualitario aumenta los ingresos fiscales, porque los miembros de una pareja ven aumentada su capacidad laboral. También, al existir matrimonios, se dan divorcios, y estos contribuyen a las arcas públicas aportando las tasas correspondientes.

Es que, a pesar del argumento en contrario, no se destruye ninguna familia: más bien se crean nuevas. Eso también mueve dinero. Un reportaje de Adisson Herron-Wheeler en la revista Out Front explica que más parejas casadas equivalen a más bodas, lo que significa que esas personas deben gastar en todo —desde la ropa al pastel. Además, “más familias de doble ingreso equivalen a más gastos y una economía más saludable en general”, escribe Herron-Wheeler.

Cuando, en 2015, se legalizó el matrimonio igualitario en Florida, un informe de la Universidad de California, Los Ángeles, estimó que más de 24 mil parejas del mismo sexo se casarían en ese estado en los tres años siguientes.  Esas bodas, de acuerdo con el informe, generarían 182 millones de dólares para el estado y la economía local. Además, crearían entre 800 y 2 mil puestos de trabajo en el sector de turismo y recreación.

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El matrimonio igualitario tiene efectos positivos en la vida de la comunidad y la economía de la sociedad en general. Foto de Valentina Tuchie para GK.

Además, el matrimonio igualitario favorece a la productividad de las personas. Business Insider explicó que su legalización aumenta la productividad de la fuerza laboral. Según Donovan, al ser legal el matrimonio igualitario, se puede superar el problema de la discriminación social «irracional» en el trabajo. Esa discriminación se da porque el matrimonio es tanto social como una institución legal, y “negar este rito de paso social a un grupo sugiere que ese grupo es de alguna manera socialmente inferior”, dice Donovan. De ahí que la legalización del matrimonio igualitario hace que  las parejas del mismo sexo sean más productivas en el trabajo al no ser discriminadas.

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Aunque el Ecuador dio un paso hacia la igualdad, aún queda mucho por hacer. Núa Fuentes, activista trans feminista, dice que con la decisión también se vio una “ola de odio” porque las personas aún tienen miedos y prejuicios.  

“Hay cosas básicas que no se han discutido y con las que aún tenemos problemas, como las clínicas de deshomosexualización o los presos LGBTI”, dice Núa. Raúl Santana es actor, es conocido por su trabajo en EnchufeTv y es parte de la comunidad LGBTI. Raúl se sorprendió con la decisión de la Corte porque “vivimos en un país donde el Estado dice ser laico, pero no lo es”. Para Raúl es fundamental que el Ecuador se preocupe por educar a sus ciudadanos para que se respete a todos y disminuya la discriminación.

María Dolores Miño también cree que hay mucho camino por recorrer. El siguiente paso, explica, será el reconocimiento de los derechos de las parejas LGBTI a adoptar o a la reproducción asistida. Además, dice que hay que trabajar porque se reduzca el discurso de odio en contra de las personas LGBTI. “En Brasil esta semana se aprobó una reforma donde se criminaliza la homofobia, y me parece que en el  contexto actual es algo sumamente necesario”, dice. Por el momento y a pocos días de la marcha del Orgullo LGBTI, la decisión de la Corte Constitucional se convirtió en motivo de celebración. En palabras de Pamela Troya, “ha habido una batalla ganada por el amor, por los derechos, por la justicia y por la dignidad”.


Este artículo decía que el 7 de junio se trató a puerta cerrada el caso del matrimonio igualitario. Sin embargo, fue el 4 de junio. También se refería a la marcha del Orgullo «gay», pero no es la marcha del Orgullo LGBTI porque se celebran todas las diversidades sexo-genéricas no solo la de hombres gays. Ambas imprecisiones fueron corregidas.