El vocal del Consejo Nacional Electoral fue parte del CNE Transitorio entre agosto y noviembre de 2018, mes en el que fue posesionado para el CNE definitivo, cuyas funciones se extenderán durante cinco años. En su oficina en el edificio del CNE, ubicado en el centro norte de Quito, nos recibe acompañado de varios funcionarios de su despacho.
El primer tema que quisiera hablar es sobre el control de la campaña electoral. Ya vemos que la ciudad está empezando a llenarse de posters, de banderas, de afiches en la vía pública. ¿Quién debe controlar eso?
La campaña electoral empezó a partir del 5 de febrero, pero es conocido para todo el país que mucho antes empezaron con la famosa precampaña. El Consejo Nacional Electoral tiene que trabajar de acuerdo al cuadro normativo que tenemos en el Código de la Democracia. De acuerdo a eso hemos procedido mediante el Departamento de Fiscalización a tomar nota para poder realizar la imputación del gasto electoral. En cuanto la a la campaña iniciada a partir del 5 de febrero, existen normativas municipales que prohíben pegar en los postes o en las paredes, esa parte chequean tanto el municipio como el CNE. Sobre la propaganda electoral, una parte le corresponde al CNE, es la promoción electoral que el CNE paga directamente a los medios de comunicación y ahí, el monitoreo debe ver si se está incumpliendo de acuerdo a lo pactado.
¿Ese es el monitoreo que empezó un poco tarde, después del inicio de la campaña, no?
Exacto. También se debe monitorear que no exista campaña en medios que no estaban calificados. Se calificaron 699 medios de comunicación y la campaña se debe realizar exclusivamente en esos: 99 televisión, 460 radio, 105 prensa escrita y 35 vallas publicitarias. Cierto es que hubo un retraso porque cuando se hizo el concurso mediante el sistema del Servicio de Contratación Pública, Sercop, quedaron finalistas dos empresas. La empresa que perdió presentó una denuncia en el Sercop, el Secrop solicitó información al CNE, el CNE devolvió la información respectiva. En ese trajinar pasaron tres o cuatro días. Posteriormente, el Sercop dio la autorización para que continúe el proceso. La contratación se realizó el 8 de febrero del 2019, se firmó ya el contrato. La empresa que se le adjudicó el contrato dice Universal Producciones, Uniprod Compañía Limitada. El valor del contrato es de 431 mil 883 sin IVA. Estaba presupuestado pararesta contratación como 800 mil dólares. Sin embargo en el proceso de la subasta bajó casi el 50 por ciento.
Ahorita usted justo menciona el tema de los medios, dice que hay 699 autorizados para la propaganda. Hubo una polémica por el tema de los medios digitales que querían ser tomados en cuenta, pero que quedaron fuera. ¿Qué pasó con eso?
Ahí me va a permitir contarle toda la historia. El 14 de noviembre del 2018, el CNE Transitorio aprobó el reglamento de promoción electoral. En el artículo 16, en el literal J dice sobre los requisitos de los proveedores: certificado actualizado del registro en el catastro de medios de comunicación emitido por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, para radio televisión y prensa escrita. Posteriormente, el 20 de diciembre, el consejero Luis Verdesoto solicita que se añadan dos artículos. Dice: «a efectos del presente reglamento se considerará que son parte de los medios de radio y televisión los portales digitales pertenecientes a cada frecuencia con la condición de que operen y se identifiquen bajo la misma denominación y signos distintivos. Artículo 3. Añádase un cuarto párrafo al artículo 24 que dirá a efectos del presente reglamento se considerará prensa escrita a los medios impresos en papel y a los medios impresos digitales registrados en los organismos de control competentes y calificados por el Consejo Nacional Electoral».
El consejero le pide a una de sus asesoras que le pase el Código de la Democracia y ella le señala el párrafo preciso. Él tiene en su escritorio varios documentos señalados con resaltador, que revisa cada cierto tiempo. Cuando le falla un dato, pide a alguna de las personas que entran y salen de su oficina, que le pasen la Ley, un Código o un acta.
Pero el artículo 202 del Código de la Democracia, dice: «el financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa escrita, radio televisión y vallas publicitarias».
¿Pero un reglamento no podría estar por encima de Código, no?
Exacto. Como esto consta en el Código de la Democracia, cuando hacen la votación, el único consejero que se abstiene soy yo: José Cabrera Zurita. El resto de consejeros aprobaron. Soy una persona democrática y estamos en un organismo colegiado, por lo tanto, se respeta lo decidido por la mayoría.
¿A pesar de que es un reglamento que no está por encima del Código?
Por eso es que yo me abstengo e incluso antes le digo consejero Verdesoto. Estoy de acuerdo que ahora la mayor parte de la ciudadanía se informa por los medios digitales pero no está en el Código de la Democracia.
Cabrera cree que hay una conversación pendiente con la OEA sobre las veedurías en procesos anteriores. Fotografía de José María León para GK.
¿Entonces habría que plantear una reforma al Código?
Planteemos la reforma al Código de la Democracia y los medios digitales entrarán en el 2021 porque hay que modernizar y deben incluirse a los medios digitales, pero realicemos la reforma que va a ir a la Asamblea y la Asamblea decidirá. Sin embargo, Luis no aceptó mi propuesta y posteriormente él presentó un reglamento para el registro de medios digitales. Sin embargo, ahí, el resto de compañeras ya no apoyaron y la señora presidenta hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre este tema. El procurador responde, con fecha 4 de febrero y básicamente dice: «Con relación a su tercera consulta se concluye que de conformidad con el último inciso del artículo 202 de la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia y el primer inciso del artículo 358 del mismo Código, el financiamiento de campaña propagandística a cargo del Estado a través del Consejo Nacional Electoral se refiere según el tenor de estas normas exclusivamente a prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias por lo que no se extiende a medios en Internet.» Eso es, en resumen, el criterio del procurador.
¿Y con esto se zanjó y quedaron fuera los medios digitales?
Con la idea de hacer la reforma. No podemos irnos sobre la Ley, podemos ser observados, podemos ser sancionados. Por esa razón es que yo me abstuve el 20 de diciembre, no porque yo sea enemigo de los medios digitales o porque no crea en medios digitales. Tengo muchos amigos de medios digitales. Muchas veces he tenido incluso la oportunidad de ser entrevistado y de informar al país por medio de los medios digitales pero desgraciadamente no está en la Ley. Mi trabajo aquí, mis decisiones aquí son de acuerdo a la Ley y no por intereses personales. Ese pedido para la reforma, al menos yo, lo voy a hacer.
Consejero, usted menciona el tema de la precampaña y la propaganda política que los candidatos ya estaban haciendo antes de iniciar oficialmente el período de campaña. A eso se suma el ha hecho que se contrató la empresa para monitorear medios después del inicio de la campaña. ¿Cómo se puede controlar el gasto que se hizo en precampaña?
A ver, la Dirección de Fiscalización a nivel nacional, incluyendo las delegaciones provinciales, tenían la obligación de salir a hacer los recorridos o investigar por denuncias de la ciudadanía. Se toma las evidencias, se hace un estimado del valor y de acuerdo al artículo 208 , se impugna es el gasto electoral.
¿Es decir que esos montos se descuentan del gasto electoral?
Así es, esto se descuenta del gasto electoral.
Usted mencionaba también el Fondo de Promoción Electoral, que es el que va directamente del CNE a los medios de comunicación y los fondos que vienen de las aportaciones voluntarias a los candidatos. Cuéntenos un poco sobre estos mecanismos para el financiamiento de las campañas.
Este es otro tema que hay que dejar claro porque hay mucha confusión. Yo diría que son tres fondos que reciben. El fondo de promoción electoral; el gasto electoral y el fondo partidario.
El fondo de promoción electoral es el financiamiento estatal a través del presupuesto del CNE, destinado a la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Es lo que el Estado paga a los medios de comunicación en donde se promocionan los candidatos y a las empresas que hacen las vallas publicitarias. Los candidatos o las organizaciones políticas no pueden contratar medios ni hacer vallas por sí solas.
El gasto electoral son las aportaciones que pueden recibir las organizaciones políticas para la campaña electoral. Esto proviene de cuotas, aportes, donativos, ingresos. Este dinero del gasto electoral se utiliza para realizar actividades tendientes a difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno, planes de trabajo y candidaturas, siempre que no implique la contratación de prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias. Pueden gastar en gorras, banderas, esferos, material promocional. Ahora, la ley es clara y tiene un límite este gasto electoral. Para calcularlo, por ejemplo para el binomio Prefectura-Viceprefectura, se multiplica el valor de 15 centavos de dólar por el número de electores de la circunscripción; en Pichincha, por 2 millones 317 mil 107 electores, el límite del gasto electoral sería 347 566,05 que cada candidato podría gastar.
Para alcaldes y alcaldesas metropolitanos municipales. Es 20 centavos de dólar por el número de lectores. Si ponemos el ejemplo del alcalde de Quito, son 20 centavos por 2 millones 18 mil 293, el límite del gasto electoral de cada candidato a la alcaldía en Quito es de 403 mil 658 con 60 centavos.
José Cabrera fue parte del CNE Transitorio y se mantendrá como vocal en el definitivo. Fotografía de José María León para GK.
Vamos a los concejales de urbanos y rurales. El monto máximo será el 60 por ciento del valor fijado para el respectivo alcalde municipal. Para los vocales de las juntas parroquiales, multiplicamos el valor de 30 centavos de dólar por el número de ciudadanos que estén inscritos en el registro parroquial. Ese es el cálculo del límite del gasto. Si regresamos el fondo de promoción electoral, el monto que el Estado paga a los medios es el 30 por ciento del límite del gasto electoral. Entonces si en Pichincha el límite del gasto para la Prefectura era 347 mil 566 con cero cinco. El Estado tendría que pagar en promoción máximo el 30 por ciento de este valor.
El último fondo es lo que se refiere al fondo partidario. Eso se entrega a las organizaciones políticas de acuerdo al número de representantes que han sacado en la Asamblea o a concejalías.
¿Ese es un monto anual directamente entregado a la organización política?
Así es, anual y las organizaciones tienen que justificar anualmente en qué gastaron.
Hay un tema adicional sobre el control. Ahora vemos mucha propaganda falsa, campañas basadas en mentiras o para desprestigiar al opositor. ¿Se controla eso?
Esto se verifica cuando hay denuncias de la ciudadanía y si se detecta que son infracciones electorales se comunica al Tribunal Contencioso Electoral que tomará las acciones necesarias e incluso pueden llegar a la justicia común, es decir, a la fiscalía para que tome las sanciones penales, de ser el caso porque nosotros somos un organismo netamente administrativo.
Esta semana el consejero Luis Verdesoto habló de que las campañas electorales se han vuelto un vehículo para el blanqueo de capitales. Hay algún tipo de evidencia dentro del Consejo Nacional Electoral de eso o de dónde surge este tema.
Es un tema que nos ha causado cierta incomodidad. En muchos medios de comunicación nos dicen presenten las pruebas porque estamos quedando como encubridores. Tengo que ser enfático: el CNE no tiene pruebas de ese tema. No tenemos pruebas de que haya blanqueo. No hay pruebas. Incluso el consejero entregó en el pleno un informe que ni siquiera conocimos e inmediatamente decidimos enviar a Fiscalía porque nosotros no podemos quedar como encubridores. Yo he podido revisar rápidamente ese informe. No hay nada que sea puntual o que diga en tal parroquia o en tal cantón se han entregado a la organización política valores del narcotráfico o dinero ilícito. No hay eso en el informe. Hay una recomendación de que sería necesario crear en la página web del CNE un buzón de denuncias. Pero yo creo que ese buzón de denuncias debe estar con toda la información porque si no esto va a ser de no acabar. O sea cualquiera puede decir, mi enemigo político es este señor y está recibiendo dinero ilícito, dinero del narcotráfico. Hay que presentar los sustentos y en ese mismo informe no hay estos sustentos. Cuando hay dineros de ilícitos es obligación nuestra informar al Tribunal Contencioso Electoral y este a su vez, recogiendo toda la toda la información, debe informar a la justicia.
Sonríe con la pregunta. Mueve la cabeza de un lado a otro, como negando algo. Busca el documento que dice, entregó el consejero Verdesoto, lo revisa. Durante la entrevista Cabrera elige citar textualmente algunos artículos o documentos.
¿Y ha podido conversar con el consejero Verdesoto como para saber de dónde surge esta declaración tan grave?
No he hablado con Luis pero vi en medios de comunicación que decía que este informe no tiene información específica. Entonces nosotros como CNE y responsables de nuestra función no podemos alarmar a la ciudadanía, desinformar ni crear falsas expectativas de que ya tenemos nombres o pruebas de esta situación ilícita. Desde hace años se ha tratado este tema del dinero del narcotráfico, del dinero ilícito, etcétera. Nosotros como CNE somos un cuerpo colegiado administrativo, nosotros no tenemos la función de investigar. Lo que hemos hecho es un convenio con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE; estamos trabajando con el Ministerio del Interior; estamos trabajando con la Contraloría, con las funciones del Estado.
Hablemos sobre el padrón inflado. El año pasado hacen pasar la depuración. En ese momento se dijo que se había eliminado 30 mil registros de personas que tenían que tenían cédulas duplicadas o caducadas o incluso personas que habían fallecido. ¿Ahora se puede garantizar que el padrón sea el correcto?
El CNE no tiene la base de la información, la base de origen tiene el Registro Civil. Aún así en el CNE decidimos realizar un trabajo de investigación. Es así que para encontrar los ciudadanos fallecidos que aún estaba en el padrón electoral, solicitamos, a través de las delegaciones provinciales, a los cementerios, a las funerarias que nos entregaran información y así pudimos cruzar información y entregarle al Registro Civil para que verifique. El Registro Civil Registro Civil verificó con sus actas de defunción les fue sacando. De igual forma encontramos los ciudadanos que tenían dos números de cédula. Veíamos que era el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, la misma fecha que sacó la cédula, los mismos nombres del padre y de la madre; en algunos casos hasta el mismo nombre del cónyuge pero tenían diferentes nombres la cédula. Algún rato en el Registro Civil me dijeron: «Es que son homónimos perfectos».
Al final Registro Civil nos dio la razón y la mayor parte de esos datos se quitaron del padrón electoral.
El otro tema, sobre los ciudadanos extranjeros, el artículo 11 del Código de la Democracia es clave, y dice que el voto es optativo para los ciudadanos extranjeros. Pero para poder votar deben cumplir dos requisitos; primero, haber residido en el país legalmente cinco años y haberse inscrito en el Registro Electoral. Había una cantidad de ciudadanos extranjeros que nunca se inscribieron en el Registro Electoral y aún así costaban en el padrón. Entonces se procedió a retirarlos.
«La limpieza del padrón electoral tiene que continuar». Fotografía de José María León para GK.
Había también ciudadanos extranjeros que a los 10 años de haber sacado la cédula se les retiraba el estatus de extranjero y se les cambiaba como si tuvieran una cédula caducada. Es decir, se volvieron ecuatorianos. Nosotros restauramos bases de datos de años anteriores y pudimos encontrar a esos ciudadanos. También se los retiró.
Además, hoy existe una contraposición entre la Ley Orgánica del Registro Civil, el artículo 88 dice que la caducidad de la cédula es a los 10 años de haber sido expedida, mientras que el artículo 12 del Código de la Democracia dice que no existe caducidad en la cédula de identidad. Por lo tanto cuando el Registro Civil nos enviaba la base de datos para armar el padrón electoral, llegaban todas las cédulas con estatus de expiradas. Es otro de los temas que se debe cambiar en el Código de la Democracia.
Ya vamos identificando algunas cosas que hay que cambiar, ¿no?
Es que primero, se debería, según mi criterio, mantener la misma caducidad que el Registro Civil. El Registro Civil indica que hay 700 000 cédulas caducadas. ¿Cuántas de estas cédulas son de los extranjeros que ya se regresaron a su país? ¿Cuántas de esas cédulas son de los ciudadanos que han migrado?
¿Entonces hay un problema en el Registro Civil?
Por eso digo, el origen de la información no está en el CNE, sino en el Registro Civil. Antes, cuando yo reclamaba con otros compañeros, cuando éramos veedores, auditores, nosotros decíamos que hay ciudadanos fallecidos, que hay ciudadanos con dos números cédula o extranjeros que no deben estar, el Consejo Electoral decía que eso es cuestión del Registro Civil. Cuando entré al Consejo Electoral Transitorio lo primero que solicité es que me permitan trabajar en ese tema y sí, en dos meses y medio bajamos aproximadamente 131 mil registros.
¿Eso es equivalente a 131 mil personas que podrían haber estado votando sin la capacidad de hacerlo?
Así es. Pero esto no ha terminado. Usted me preguntaba si ahí terminó. No. No. Fue un trabajo de investigación de dos meses y medio porque ya teníamos que cerrar el padrón por el proceso electoral, si no me equivoco el 6 de noviembre había que cerrar el padrón. Entonces esto tiene que continuar, por lo menos desde mi decisión, que en cuanto termine el proceso electoral de 2019 y ya con miras al 2021 vamos a seguir trabajando. Tenemos que encontrar más y más datos.
¿Se ha pedido explicaciones al Registro Civil?
Yo le pedí al Registro Civil, a través de la Presidencia del CNE que me entregaran las partidas de nacimiento o de defunción de unas 25 cédulas. Se demoraron como tres meses en responderme y cuando lo hicieron me dijeron que es información confidencial y que pueden entregar solo a los dueños de la información aunque el CNE estaba trabajando en depurar el padrón y era su obligación entregarles información.
¿Esa información no es pública?
De acuerdo al artículo 66 de la Constitución hay el derecho a la confidencialidad de la información. Yo tenía incluso la idea de publicar en la página web del CNE el padrón electoral.
Justo allá iba a llegar, ¿qué pasó con su idea de subir el padrón a la página para que sean los propios ciudadanos que verifiquen la validez de la información?
Claro, eso iba a ser una ayuda para el ciudadano pero los compañeros del Consejo Electoral decidieron que no vaya esa información porque la cédula es confidencial y puede traer problemas a los ciudadanos. Pero la limpieza del padrón tiene que continuar. El padrón se cerró en noviembre y si hubo ciudadanos que fallecieron entre esa fecha y la fecha de elecciones, ellos van a contar en el padrón. O sea tener un padrón cien por ciento depurado va a ser difícil, casi imposible, pero tenemos que trabajar para dar mayor confianza a la ciudadanía. Además hay que decir que ese trabajo del padrón electoral le costó cero centavos al país. Cero centavos porque trabajamos con los técnicos del CNE, con los técnicos del Registro Civil.
Yo he visto, tengo por ahí el acta del 29 de junio del 2010 en que se aprobó 44 millones para un mejoramiento del registro electoral. ¿Qué mejoramiento hemos tenido? Hice el seguimiento y no se han gastado los 44 millones, pero sí se aprobaron.
«No he tenido información sobre lo que ocurrió en el apagón de las elecciones de 2017». Fotografía de José María León para GK.
Dos temas finales, consejero. El uno es a propósito de la transparencia y de la confianza en este organismo. Volvió a surgir este tema de las firmas falsas; personas que han verificado y que están inscritas en los partidos políticos sin jamás haber firmado. ¿Qué han hecho para verificar eso?
En cuanto nos posesionamos, solicitamos a Contraloría que se hagan los exámenes, entre otros temas, al sistema de firmas para calificación de las organizaciones políticas y de todo el proceso. Está trabajando Contraloría en ese tema. No tenemos todavía la respuesta a esa auditoría. Sin embargo, de manera personal, hace dos o tres semanas, me acerqué a la Fiscalía, porque en el 2012 fue presentada una denuncia de parte del presidente del CNE de ese entonces, Domingo Paredes, y recuerdo que el fiscal era el señor Galo Chiriboga. Entonces, se presentó la denuncia para que se haga la indagación previa y yo he revisado los archivos del CNE y no hay un informe final. No hay un informe de que se cerró el caso o de qué resultados se tuvieron. No tengo esa información. Por esa razón me acerqué a Fiscalía. Conversé con la señora fiscal encargada quien dió toda la apertura y nos ofreció que iban a revisar a ver porque ellos también estaban enterándose del asunto. Espero que esta semana tengamos información. Este es un caso abierto que no se ha cerrado y que viene arrastrando todo este tiempo. No sería justo que nosotros abramos otro caso cuando el acá está cerrado.
Ya son siete años de la denuncia.
La señora fiscal nos decía incluso que quizás se archivó por el tiempo. Entonces estamos trabajando sobre el tema, no me he olvidado de eso, yo estoy detrás de ese tema.
En ese mismo sentido, organizaciones como Yasunidos o partidos políticos que consideran que en su momento fueron eliminados injustamente o con irrespeto a los procesos, ¿se han reunido con ustedes? ¿Han buscado que se investigue y que se reabra sus casos como para poder analizarlos? Incluso en algún momento se habló de revisar todas las decisiones que tomó el antiguo CNE.
Sí, cuando estuvimos en el transitorios se recibió varias veces a los Yasunidos e incluso se armó una comisión de auditoría. Es que incluso los cartones con las firmas ya están deterioradas. No sabíamos si todas las firmas que están en esos cartones son las que presentaron porque no hubo una cadena de custodia, entonces nosotros no podíamos revisar esas firmas. Otras organizaciones políticas igual se acercaron. Recuerdo Ruptura de los 25, MPD. En mi caso particular yo me abstuve en esa votación porque había ya una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces sí había ya una resolución del TCE. Nosotros administrativamente no podíamos ir sobre ese proceso por más de que haya sido una instancia muy cuestionada.
Terminando, consejero. Uno de los hechos que produjo mucha desconfianza fue en las elecciones de 2017, cuando hubo este apagón y cuando volvió el sistema se cambió la tendencia, que en principio beneficiaba a Guillermo Lasso. Finalmente se proclamó vencedor a Lenín Moreno. ¿Se ha hecho alguna investigación interna sobre eso? Y por otro lado, ¿se puede garantizar que no vuelva a haber un apagón y que estas elecciones sean transparentes?
Cuando llegamos los transitorios, lo primero que hice es averiguar pero obviamente los servidores que se ocuparon para el proceso de 2017 se ocuparon también para el 2018. Entonces lo que yo recibí es una información teórica de que el servidor está en la nube se cayó, que la información para el país es la que no había pero para el exterior sí se estaba informando, etcétera. Yo tuve un malestar con la Organización de Estados Americanos, OEA, en su informe final. Luego el proceso de 2017 en la página 10 de su informe habla de un reconocimiento al CNE por el plan de contingencia. Pero yo les decía a ver, un plan de contingencia implica que si hay una falla, esta es imperceptible, son segundos. En ese tiempo yo era parte del equipo de auditores y solicité varias ocasiones que me expliquen qué pasó. Nunca recibí una explicación.
A propósito de la OEA, en el Consejo Electoral Transitorio decidimos no invitarles como veedores del proceso de calificación a los posibles candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí dejamos claro que la decisión de invitar o no a la OEA como observadores del proceso 2019 era responsabilidad del CNE definitivo. La OEA envió una carta solicitando que quería participar y todo eso se le encargó a la señora presidenta del CNE que sea ella la vocera y que realice los respectivos acercamientos con la OEA porque esto se convirtió en un pedido de varias organizaciones políticas, de la sociedad.
¿Pero el CNE estaba resistente a invitar a la OEA?
No resistente, si no se que mantenía el mismo criterio del transitorio, entonces la Presidenta realizó los acercamientos y decidimos. Ya ellos han aceptado que hay unas cosas que tenía que corregir. En mi caso voy a tener que conversar con ellos, con la OEA, ahora ya como consejero para saber qué es lo que pasó.
¿Conversar sobre los procesos anteriores, sobre el apagón?
Sí.
¿Sobre las observaciones que se hicieron anteriormente y no tuvieron respuesta?
Sí, de lo que no hubo una respuesta. Sin embargo por la tranquilidad del país. Por la transparencia del proceso electoral dejemos que venga. Que venga la OEA, que vea que no quede dudas y vienen además otras organizaciones internacionales y también nacionales. Mientras más observadores, creo que es mejor para tranquilidad del país y para la transparencia del proceso electoral. Entonces se aprobó y está la OEA en la lista de los de los invitados.
Regreso a la pregunta que me queda un poco en el aire con el tema del apagón informático en las elecciones de 2018. ¿Usted finalmente no tuvo información para poder verificar qué es lo que realmente ocurrió?
No.
¿Y se puede garantizar que algo así no vuelva a ocurrir?
Estamos tomando todas las precauciones. Se ha contratado el datacenter alterno con CNT, todas las líneas de comunicación con CNT. Se ha garantizado por parte de CNT las seguridades, planes de contingencia. Estamos trabajando en todos esos esos temas no podemos decir que un sistema está seguro al 100 por ciento. Incluso le he sugerido a la señora Presidenta del Consejo Electoral hacer un convenio con Fiscalía de tal manera que estén aquí o se les dé una pantalla de comunicación a la Fiscalía porque nosotros podemos detectar el dato que nos estén haciendo ataques. Si son dentro del país, que fiscalía inmediatamente se traslade. Sabemos que vamos a tener ataques. Entonces estamos tomando todas las precauciones. Como le repito no podemos asegurar que el sistema está blindado al 100 por ciento porque no hay sistema blindado en el mundo. Hemos escuchado de países muy avanzados tecnológicamente que les hackearon.
