Tres días después de que el colapso de una represa liberara un torrente de lodo y residuos mineros que ocasionó la muerte de al menos 60 personas y la desaparición de 292 en la ciudad brasileña de Brumadinho, sus residentes tuvieron que evacuar porque una segunda presa amenazaba con colapsar. La nueva evacuación, el 27 de enero de 2019, generó pánico e indignación por lo que los habitantes llamaron la poca responsabilidad de la poderosa industria minera de Brasil.
Las sirenas sonaron antes del amanecer. Fueron activadas por las fuertes lluvias y los niveles peligrosamente altos del agua en la represa, ubicada en un complejo de mineral de hierro de la empresa Vale S. A. Los rescatistas que buscaban sobrevivientes, decidieron dejar esa tarea para enfocarse en evacuar a los residentes hacia un área más alta.
Al final del día, a los residentes se les permitió volver a sus casas. Sin embargo, para muchos brasileños, esta última advertencia fue una evidencia más clara de que el sistema que regula a la industria minera no funciona, lo que pone en riesgo las vidas de las personas y al medioambiente.
Aun así, pocos esperan que las políticas sean más estrictas durante el gobierno del nuevo presidente, Jair Bolsonaro. Durante su campaña, Bolsonaro prometió restringir las multas y facilitar las regulaciones a la minería y a otras industrias que explotan recursos naturales.
Hay más de cuatrocientas represas mineras como la que colapsó en Brumadinho en el estado de Minas Gerais, el centro neurálgico de la industria minera brasileña. Hace tres años, otra represa similar explotó en la ciudad de Mariana, a 120 kilómetros, y causó la muerte de diecinueve personas. Fue uno de los peores desastres ambientales en la historia brasileña. Esa represa era propiedad de Vale y la compañía minera angloaustraliana BHP.
Algunas represas consideradas ‘inestables’ han continuado operando durante años, dijo Bruno Milanez, un profesor de Ingeniería Industrial en la Universidad Federal de Juiz de Fora. Lo preocupante, dijo, es que las estructuras que colapsaron en Mariana y Brumadinho fueron certificadas como ‘estables’.
En Brasil, auditores independientes deben verifican la seguridad de las represas mediante inspecciones regulares y el análisis de registros escritos. El problema, según expertos como Milanez y Luiz Jardim, profesor de Geografía en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, es que las mineras eligen y contratan a los auditores. Son las mismas compañías las que les proporcionan toda la documentación que analizarán.
Eso no ha cambiado en los tres años desde el desastre de Mariana, dice Jardim. El marco regulatorio se ha relajado luego porque la caída de los precios internacionales de las materias primas obligaron a las mineras a reducir costos. Según los expertos, en algunos casos, eso significó llenar las represas por encima de su capacidad, reducir presupuestos de seguridad y el fracaso en establecer sistemas de emergencia. “Estos no son eventos excepcionales. Las represas se rompen. Otras más lo harán”, dijo Jardim. “Ya sea porque el sistema de monitoreo es defectuoso, o porque las compañías han encontrado la manera de manipularlo”.
Fabio Schvartsman, director ejecutivo de Vale, dijo que todavía investigan la causa de la ruptura del 25 de enero de 2019. La represa de Brumadinho ha estado inactiva durante tres años y fue certificada como estable en diciembre del año anterior.
Sin embargo, un representante de Ibama, la agencia federal de protección medioambiental, advirtió entonces que las represas de Brumadinho no estaban libres de riesgo. “Se romperán ante cualquier negligencia de quienes se encargan del manejo de riesgos”, dijo, según unas anotaciones enviadas al New York Times. Los apuntes son de una reunión de diciembre del consejo estatal sobre regulaciones mineras.
En la reunión, los miembros del consejo votaron sobre la solicitud de Vale para un permiso de expansión de las operaciones en el complejo minero que incluía a la represa Brumadinho. Maria Teresa Corujo, una activista, fue la única integrante que votó en contra. “Siento una mezcla de dolor, asco, odio e indignación”, dijo sobre la aprobación. Agregó que la industria minera en el estado de Minas Gerais “domina todos los niveles de poder, coopta y amenaza”.
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Uno de los pocos cambios concretos después de la tragedia de Mariana fue un requerimiento para que las compañías mineras instalen alarmas en las comunidades que estarían en riesgo en caso de rupturas de represas.
Las sirenas sonaron previo a la evacuación del 27 de enero de 2019, pero los residentes de Brumadinho dijeron que no hubo advertencia previa sobre el torrente letal de dos días antes. “Nos dijeron que si algo ocurría en algún momento, una alarma se activaría para darnos tiempo de sacar todo”, dijo Dari Pereira, de 39 años, un operador de maquinaria que escapó con su familia segundos antes de que un río de fango arrasara con su casa.
No hubo tiempo para sacar la ropa, el auto, ni siquiera a las mascotas, dijo Pereira. Escuchó un extraño sonido de crujido. Después, el grito de su suegra en la casa de al lado sobre que la represa se había roto. Él corrió y se llevó a los niños. “Segundos después de que corrimos, vi a una ola llevarse todo, la casa, todo”, dijo.
El domingo, refugiado en la casa de su hermana, fue despertado por las sirenas que advertían de una nueva amenaza. “Tuve tanto miedo” recordó. “Pensé: ‘¡No otra vez, Dios mío!’”.
De nuevo, la familia huyó solo con la ropa que traía puesta. Pereira relataba lo sucedido sentado en una clínica local. Tenía una pequeña mochila de ropa donada pero no una idea clara de su futuro.
Mientras intentaban comprender lo que habían perdido, muchos residentes se preguntaron por qué no fueron advertidos sobre los riesgos.
Ademir Caricato, un líder comunitario del vecindario de Parque da Cachoeira, donde cerca de cuarenta casas fueron destruidas (y hasta el momento una persona sigue desaparecida), dijo que los representantes de Vale les dijeron el año pasado que la presa representaba poco peligro. “Nosotros seríamos los primeros en morir”, recuerda que les dijo uno de los empleados, señalando que las oficinas administrativas de la mina están justo debajo de la represa.
Raquel Dodge, procuradora general de Brasil, anunció la creación de un equipo especial para investigar la tragedia de Brumadinho. Los jueces ordenaron a Vale que destinara 11 mil millones de reales (unos 2 mil 900 millones de dólares) para pagar los daños causados por el colapso de la represa.
Sin embargo, los expertos están escépticos de que las cosas mejoren bajo el gobierno de Bolsonaro, de extrema derecha. El nuevo presidente basó su campaña en una plataforma favorable a los negocios y abiertamente hostil a las regulaciones ambientales. Prometió abrir áreas protegidas a la minería y eliminar la “industria” de multas ambientales.
Después de visitar la zona de la tragedia, él y su ministro de Ambiente, Ricardo Salles, dijeron que las represas mineras necesitan una regulación más estricta. Pero cuando Salles fue jefe ambiental del estado de São Paulo intentó, sin éxito, facilitar que las mineras obtuvieran certificados de seguridad y de impacto ambiental.
Tras la tragedia de Mariana, Vale y BHP destinaron 780 millones de dólares a un fondo para reparaciones. Llegaron a un acuerdo con los procuradores brasileños estatales y federal sobre un caso judicial que tenía una cuantía mucho más alta. Sin embargo, los críticos afirman que la poca imputabilidad personal (incluidas las penas de prisión) de los responsables genera una sensación de impunidad.
“Nadie ha sido condenado personalmente. Todos los gerentes y directores han seguido adelante y tienen vidas normales”, dijo Milanez. “Las posibilidades de que Brumadinho termine de la misma manera son muy altas”.
