Profundidad

Verónica Espinosa: “Hay farmacéuticas que actúan de forma antiética para lograr vender un medicamento al Estado”

La Ministra de Salud es la única autoridad de ese nivel que ocupa el mismo cargo desde el gobierno de Rafael Correa. Tiene un perfil mediático bajo y ha insistido en varias ocasiones, tras los retrasos para aprobar el Código de la Salud, que hay intereses de varios sectores, aunque no precisa cuáles.
  • ministra de salud Verónica Espinosa

    La Ministra de Salud está en su cargo desde 2017. Fue nombrada por el entonces Presidente Rafael Correa. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

Verónica Espinosa es la Ministra de Salud, la única funcionaria de ese rango que se mantiene desde el gobierno de Rafael Correa. Posesionada por el expresidente en enero de 2017, ha sido ratificada en el gobierno de Moreno por lo menos en dos ocasiones. Es médica de profesión y tiene una maestría en Salud Pública en la Universidad San Francisco de Quito. Nos recibe en un amplio despacho ubicado en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, en donde funcionan los ministerios de esa área, incluido el de Salud.

Esta semana se dictará sentencia sobre el caso de medicinas adulteradas. ¿Hay casos similares? ¿Cómo detectaron que esto estaba ocurriendo?

Esta incautación fue producto de uno de los operativos que realiza nuestra Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) junto con la Policía Judicial y la Fiscalía General. El operativo se llamó Fármaco 4. Esto indica que ha habido al menos tres operaciones anteriores de incautación de medicamentos falsificados, adulterados o con algún tipo de irregularidad en términos de su regularización en el proceso de registro sanitario, número de lote u obtención de permisos.

Sin embargo, sin duda, este ha sido probablemente el que más nos ha llamado la atención. No solo por la dimensión, la cantidad de productos que fueron incautados —son 18 toneladas de medicamentos—, sino también por el alcance que probablemente tenía su red de distribución.

Estamos hablando de medicamentos que se comercializaban en al menos cinco provincias del país. Que ingresaban a la cadena legal de medicamentos, lo cual es más peligroso aún porque no estamos hablando de medicamentos que se venden en lugares clandestinos, sino en farmacias. El riesgo para la ciudadanía era mucho más alto.

Esperamos que existan sanciones aleccionadoras, sanciones correspondientes al tipo de infracción. Hemos llevado este caso durante dos años en el sistema judicial. Pese a que no teníamos obligación de hacerlo como Ministerio de Salud, presentamos una acusación particular porque no queríamos que la causa quede solo en manos de un tercero. Queríamos nosotros intervenir con nuestros abogados y que se levanten todos los elementos de convicción para demostrar que hay causales suficientes para demostrar el delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.

¿Y dónde se quebró el filtro? ¿En qué parte se rompe el control y pasa esto?

Hay que entender que la falsificación de medicamentos es un problema mundial que responde a mafias transnacionales de crimen organizado. Aquí no estamos hablando de un crimen artesanal, local, no. Estamos hablando de crimen organizado de redes interconectadas de crimen que funciona en varios países. Estamos hablando de millones de dólares que se movilizan y que, por supuesto, llegan a infiltrarse dentro de los mercados farmacéuticos legales.

De hecho, nos damos cuenta de esto porque dentro de los controles regulares que hace la Agencia de Regulación y Control Sanitario en las farmacias, se toman muestras, se verifica que los medicamentos que estén ahí tengan registro sanitario, que cumplan con todos los estándares. Ahí, en los controles regulares se empezó a ver sistemáticamente irregularidades: productos que no tenían registro, que no tenían el lote adecuado, que no coincidía el registro con la caja. A raíz de eso, se prendieron todas las alertas y se armó el operativo con la Policía Nacional y la Fiscalía.

¿Cómo funcionaba?

Aparentemente el modus operandi era que ingresaban medicamentos irregularmente a través de fronteras y puertos. Estos medicamentos caducados provenientes de otros países, eran ingresados hacia una planta clandestina. Ahí se los sacaba de sus empaques anteriores, reetiquetaba, reacondicionaba para luego venderlos a través de un distribuidor autorizado, que fungía de intermediario entre lo ilegal y lo legal para ingresar a las farmacias legales.

¿Como cómplice?

Como cómplice, aparentemente. Por supuesto, eso debe determinar la justicia.

Pocos días después de haber hecho esta entrevista, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a una de las personas involucradas a cinco años de prisión por falsificación y comercialización de medicamentos sin registro sanitario. La otra persona procesada fue ratificada inocente.

¿Cuántas personas están involucradas?

Actualmente hay solamente dos personas procesadas. Son a quienes se les ha determinado como autores intelectuales. Sin embargo, nosotros durante las investigaciones solicitamos que se procesen a más personas. La justicia ha decidido procesar a los dos autores intelectuales.

¿Y el Ministerio de Salud tiene mecanismos para evitar que otro caso así pueda repetirse? ¿Se han tomado correctivos que quizás no se estaban considerando?

Insisto: cuando existen ilícitos, cuando existe dolo, es decir, la voluntad de cometer un delito, los delincuentes siempre van a buscar la forma de salirse del marco normativo, de los controles.

Es como decir qué estamos haciendo para que no existan robos. Mientras haya gente que quiera irse contra los bienes de los demás, salvo que tengamos un policía en cada casa y ni así podríamos evitarlo, siempre va a existir el riesgo de que existan estos ilícitos.

Lo importante es que existan controles para determinar los tiempos y mecanismos para poder sancionar. Sobre todo en la vía penal, porque esto no es una falta administrativa, es un delito penal, es un crimen lo que se está cometiendo y por eso mismo se procesa en la justicia.

Sin duda hemos visto que es momento en el Ecuador de amplificar nuestra capacidad de control. Hemos fortalecido nuestra Agencia de Regulación y Control Sanitario para que las inspecciones sean más recurrentes, para que nuestro personal esté mucho más capacitado para identificar las señales de alarma. También el trabajo debe ser muy coordinado con la Policía Nacional. Hoy por hoy trabajamos con una unidad especial de la Policía que se ha creado y que tiene experticia específicamente en el tema de fármacos. Ellos se han capacitado para poder enfrentar este delito.

¿Desde cuándo está creada esta unidad?

Me parece que la unidad funciona desde 2012, le puedo confirmar el detalle.

Recientemente yo hice una condecoración a los miembros de esta unidad de la Policía Judicial por la valentía que ellos han tenido y además por la gran voluntad de capacitarse en una temática tan particular como son los falsificados.

Adicionalmente, estamos recibiendo apoyo de agencias de otros países que están trabajando de la mano con nosotros como la Agencia Regulatoria de Colombia, la Agencia Regulatoria del Perú e inclusive varias agencias regulatorias de referencia, la Organización Panamericana de la Salud que nos están acompañando para fortalecer nuestras capacidades de detección de falsificados.

Finalmente, el llamado al apoyo de la ciudadanía. Arcsa ha creado un aplicativo para los teléfonos inteligentes, se llama Arcsa Móvil. A través de este aplicativo uno puede verificar el registro sanitario del medicamento y si no es legítimo se puede poner la denuncia.

Esto nos ayuda a que todos los ciudadanos puedan apoyarnos a ser vigilantes del proceso de regularización de los medicamentos; es decir que no haya en las farmacias medicamentos ilegales.

¿Y cómo un ciudadano puede identificar irregularidades en el medicamento?

El medicamento tiene el número del registro sanitario en la cajita. Lo que hace el ciudadano en el aplicativo es poner el número de registro y verifica que ese registro coincida con el medicamento que ha comprado.

En el momento que vea que hay alguna irregularidad, puede notificarlo a través del mismo aplicativo y automáticamente Arcsa va a ir a hacer una inspección para identificar si es que ha sido falsificado y tomar acciones con la Policía Nacional y la Fiscalía.

Y como Ministerio de Salud, ¿pueden identificar otras fallas en este mismo ámbito?

Hay procesos y capacitaciones y ciertos criterios y estándares que nos permiten identificar cuando hay medicamentos falsificados pero no es tan sencillo.

La primera verificación y la más sencilla, insisto, es el número de lote y el número de registro sanitario.

¿Eso no es justamente lo que se falsifica?

Claro pero se inventan, ponen cualquier número. Entonces, cuando se contrasta contra los números que constan en nuestras bases de datos, el número no existe. Fácilmente se puede identificar pero a veces pueden haber copiado el número de registro sanitario de una caja válida, ahí hay otros datos que nos permiten verificar.

Por ejemplo, los medicamentos suelen venir con sellos de seguridad que garantizan la integridad de la caja. Y hay también controles que tienen las propias cadenas de farmacias.

Tenemos lo que se llama ‘buenas prácticas de distribución y almacenamiento’, que son ciertas reglas y ciertos procedimientos a seguir para que en las cadenas distribuidoras y las cadenas de farmacias también puedan identificar irregularidades, alertarnos y denunciarlos al tiempo.

Hubo también denuncias sobre la escasez de medicinas para ciertos casos. La entonces asambleísta Poly Ugarte dijo que faltaban medicinas para enfermedades catastróficas como el Alzheimer. ¿Siguen los inconvenientes en cuanto a los medicamentos para este tipo de enfermedades?

En realidad las acusaciones de la asambleísta en particular nunca tuvieron un asidero. Nunca se presentó una denuncia específica: en dónde, qué medicamentos.

Más allá de especulaciones y otros cientos de barbaridades que la señora decía contra el Ministerio, me parece que era, además, una estrategia de precampaña porque no tenían un sustento y nunca fueron presentadas como tal.

Sin embargo, nosotros sí hacemos un monitoreo continuo y frecuente del abastecimiento de medicamentos de nuestras unidades. Sin duda, ha habido momentos en los que uno u otro medicamento pudieron faltar. No es un tema generalizado, no es un desabastecimiento nacional, que ha fallado en la asignación de presupuesto, o que hayamos tenido que por una u otra razón descontinuar algún medicamento.

Lo que sí puede llegar a pasar, por ejemplo, es que uno realiza la compra de manera planificada y el proveedor queda mal. En vez de entregar en la fecha en que se tenía previsto en el contrato, se demora uno o dos meses, lo que genera un retraso en el abastecimiento de la Unidad Operativa, y como tenemos más de 2 mil unidades de salud, en alguna unidad que haya habido algún proveedor que haya quedado mal sí nos ha sucedido. Por ejemplo, que la industria descontinuó algún medicamento.

Hace un par de años el único proveedor nacional de ácido hialurónico lo descontinuó. Hasta que se pudo suplir hubo vacíos.

Hay que entender que el problema del acceso y el abastecimiento de medicamentos es de todos los días.

Todos los días se tienen que estar tomando acciones y correctivos para que nunca falten medicamentos. No es algo sencillo de hacer, y ese es el rol del Ministerio de Salud Pública. Estamos continuamente evaluando, monitoreando y dando solución cuando aparecen estos problemas.

Invitamos a que siempre la ciudadanía y los medios nos notifiquen pero con denuncias reales, en donde se diga en qué lugares, qué medicamento, en qué período de tiempo, información que nos permita realmente ir a atender esa denuncia y poderle dar soporte.

entrevista ministra salud veronica espinosa

“Sin duda ha habido momentos en que uno u otro medicamento pudo faltar”. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

Pero sí ha habido quejas. Incluso en redes sociales la gente se queja, los usuarios de los hospitales públicos dicen: yo tengo esclerosis múltiple o cáncer y no puedo acceder a tal medicamento.

Primero, no confundir el Ministerio de Salud con el IESS.

Sí, son dos cosas diferentes.

De todas maneras, aunque fuera el IESS, nosotros siempre estamos atentos para apoyarlo en las dificultades que pueda tener, pero aquí hay dos problemáticas completamente distintas.

Una cosa es el desabastecimiento de los medicamentos que los hospitales deben tener, y eso, de acuerdo a la Ley, está en el listado de medicamentos esenciales que se publican a través del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos desde la década de los 70.

La lista de los medicamentos que el Estado ecuatoriano ha decidido que van en el cuadro, luego de una evaluación de calidad, seguridad y eficacia, son los medicamentos que en los hospitales no pueden faltar.

De ahí tenemos otros medicamentos que están en el mercado pero que debido a que no se ha cumplido con estándares de seguridad, calidad o eficacia, no están incluidos en el cuadro básico.

Le voy a poner un ejemplo. Para la gastritis existen alrededor de 30 o 40 versiones de los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol es la molécula clásica pero hay otras versiones del inhibidor de bomba de protones.

Cuando vemos la evidencia científica, todas las moléculas demuestran la misma eficacia. El omeprazol demuestra la mayor seguridad de todas ellas y la calidad es exactamente la misma para todas las moléculas distintas. Sin embargo en el precio, el omeprazol es muchísimo más barato que las otras versiones. Sirve exactamente igual.

Tal vez estas otras lo que tienen son más estrategias de marketing. Tal vez tienen la novedad de una marca específica pero en evidencia científica esta molécula es la mejor. Esa es la que el Estado ecuatoriano garantiza para el tratamiento de la gastritis. Basado en evidencia científica. El que el Estado ecuatoriano y los hospitales públicos no compren las otras moléculas, no significa que estemos desabastecidos. Significa que hay una decisión consciente y de política pública de la autoridad sanitaria nacional y del Estado ecuatoriano de que esos medicamentos no forman parte del arsenal de medicamentos con la que la salud pública atiende.

Eso es muy distinto de un desabastecimiento. Es una decisión de política pública que puede molestarle sobre todo a los dueños de esas moléculas que, obviamente, le quieren vender al Estado y algunas personas que consideran que el Estado ecuatoriano debería incluir esos medicamentos, pero no es un desabastecimiento, estemos claros.

La Ministra interrumpe antes de terminar la pregunta. Habla muy rápido y a veces resulta difícil entender sus respuestas: sus frases son muy elaboradas y suelta demasiadas ideas a la vez.

Comprendo, pero entonces ¿no hay asidero en estas quejas de distintos pacientes con distintas enfermedades catastróficas? Varios dicen que hay algunos genéricos, por ejemplo, que están dentro del cuadro médico y no funcionan y que hay otras alternativas más eficientes que no están en el cuadro.  

Pero ahí hay otra vez una confusión. Creo que en este tema es muy importante ir a las bases técnicas del tema de los medicamentos porque es un tema complejo, extremadamente técnico.

Cuando hablamos de medicamentos genéricos no es que en el cuadro hay genéricos o marcas, empecemos por ahí. El cuadro básico dice la molécula. La molécula es el ácido acetilsalicílico. De ahí, si el Estado ecuatoriano compra la marca Bayer o la marca Life, eso ya es un proceso de contratación pública. Entonces el tema de genéricos o no genéricos no está en el cuadro.

En este tema de que por qué se venden o utilizan genéricos en el sistema público hay una preocupación de la calidad que nada tiene que ver con el cuadro básico.

Es una desconfianza en los medicamentos genéricos que no tiene un asidero técnico, que no tiene un asidero científico. Toda la evidencia científica publicada en el mundo demuestra que los medicamentos genéricos tienen la misma calidad que los medicamentos que tienen una marca porque la calidad del medicamento no lo determina que en la caja haya una marca o no. La determinan los procesos de fabricación, las normas, lo que se llaman ‘las buenas prácticas de manufactura’ y las normas que establece la Organización Mundial de la Salud para que en el proceso de fabricación del medicamento haya calidad.

Entonces cuando aparecen los genéricos aparece una gran campaña de desprestigio a los genéricos. Aquí hay varios libros, cientos de libros publicados, evidencia,  personas que han estado presas, multas a nivel internacional por prácticas anticompetitivas, elementos que demuestran una campaña sistemática de desprestigio a los genéricos, pero el genérico se produce en la misma planta, con las mismas condiciones, con los mismos estándares de calidad.

¿Por qué el genérico va a ser malo solo por no tener el nombre en la cajita?

Que los medicamentos genéricos no tienen calidad no es cierto. Yo lo desmiento categóricamente. El país que tiene mayor penetración de uso de medicamentos genéricos en el mundo son los Estados Unidos: el 85% de los medicamentos que se consumen en los Estados Unidos son genéricos, aprobados por la FDA [Agencia Federal de Medicamentos, por sus siglas en inglés] y certificados en términos de su calidad.

Ahora, siguiendo a la otra preocupación, que es legítima, no es una preocupación que nosotros ignoramos. Algunos pacientes tienen preocupaciones sobre tratamientos a los que han sido expuestos. Curiosamente, esos tratamientos, son, muchas veces, de las propias farmacéuticas que quieren vendérnoslos como la solución a problemas de salud y que deberían estar en el cuadro de medicamentos básicos.

Por supuesto que nosotros atendemos la solicitud de estos pacientes. Hay un procedimiento de excepción para casos muy puntuales, y muy particulares, en los que por alguna razón hay medicamentos del cuadro no pudieron atender esa necesidad en particular.

Esto pasa por un proceso de evaluación muy minucioso porque estamos hablando de un medicamento que en términos generales no ha demostrado su calidad, seguridad y eficacia, y por lo tanto debemos evaluar ese caso. Si a ese paciente le llega a pasar algo, es responsabilidad del Estado ecuatoriano, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y en eso nosotros tenemos la obligatoriedad de cuidar la seguridad y la protección de los pacientes.

Hay muchos medicamentos que no están en el cuadro que hoy, a través de procesos excepcionales, se han aceptado para ciertos casos. Pero hay otros que han pasado por este proceso de evaluación y se ha decidido que no deben estar porque los beneficios no están sustentados en evidencia científica.

Nosotros no podemos tomar decisiones en base a evaluaciones empíricas, eso sería irresponsable.

Estamos hablando de millones de dólares en recursos del Estado. Le voy a hacer llegar la resolución que emitió la Organización Panamericana de la Salud. Firmamos una resolución atendiendo a esta problemática y uno de los acuerdos y recomendaciones que se da es que se tomen decisiones basadas siempre en evidencia científica.

Muchas veces al paciente le ofrecen —o no se le termina de explicar los riesgos a los que se somete por— el uso de ese medicamento.

Lastimosamente hemos visto también la vinculación y la estrategia de algunas casas farmacéuticas para incidir en la decisión de estos pacientes, farmacéuticas que buscan generar la demanda en los pacientes, lo cual obviamente es una práctica antiéticas.

Esto se ha dado no solo en el Ecuador: lo hemos conversado con algunos ministros de Salud de la región y lo que está detrás por supuesto es el interés de los dueños de estas moléculas de venderlos al Estado. El recurso público es limitado y deberemos destinarlo siempre a aquello que sea más costo efectivo y más beneficioso para la población.

¿De estos casos excepcionales que usted menciona, cuántos hay?

No tengo el número específico. Está publicado en la página web del Ministerio de Salud Pública cuántas moléculas hemos excepcionado.

No le podría decir para cada caso porque si excepcionamos una molécula, muchas veces es para muchos pacientes, pero le voy a dar el ejemplo de algunos medicamentos.

Si no me equivoco, para la hipertensión pulmonar, en el caso de niños y personas con hipertensión pulmonar, se han autorizado medicamentos específicos.

¿Entonces estas quejas de pacientes que dicen que no se les está atendiendo adecuadamente porque sus enfermedades no están siendo tratadas con la medicina que corresponde no tienen asidero?

Es difícil decirlo, no me gustaría hablar en absolutismos.

Habrá casos, le insisto, nosotros estamos siempre muy atentos a las necesidades de la ciudadanía.

Habrá casos en los que, como le digo, los pedidos son legítimos y a través del proceso excepcionalidad, se incluyen. También hay la aparición de nuevos medicamentos que estamos considerando incorporarlos en nuevas versiones del cuadro básico.

Pero también tenemos cientos de millones de atenciones a pacientes satisfechos y cientos de atenciones a pacientes con enfermedades oncológicas, cáncer y muchas otras, que han agradecido y están satisfechos con el tratamiento.

En 2017, usted fue muy enfática al decir que el personal médico tenía que atender adecuadamente a una mujer que llegara a un hospital en un proceso de aborto. Ellos estaban con este temor de que se los procese por toda la legislación alrededor del aborto. ¿Qué ha pasado en este año y medio?

Nosotros fuimos enfáticos con una disposición ministerial que es de obligatorio cumplimiento para todo el personal. Lo que hemos hecho es montar sistemas de evaluación, tanto por parte de nuestras autoridades locales, de nuestros coordinadores zonales, directores distritales, para verificar el cumplimiento de esa disposición y también hemos abierto todos nuestros mecanismos de denuncia ciudadana para conocer si en algún caso algún miembro del personal de salud ha incumplido con esta disposición.

No hemos tenido mayores reportes de este tema y hemos tenido algunos casos en los que hemos tenido que ir a capacitar a través de nuestra dirección de Derechos Humanos, asesorar a los hospitales para que ellos tengan la tranquilidad de que están actuando en el marco de la ley, y que lo más importante aquí es proteger la salud y el bienestar de los pacientes, que en este caso llegan con una situación que puede poner en riesgo su vida.

entrevista ministra salud

“Yo desmiento categóricamente que los genéricos no tienen calidad”. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

¿Se tiene contabilizado el número de abortos en curso que ha atendido?

Nosotros tenemos esos registros estadísticos, no los tengo a la mano, le podemos hacer llegar también cuáles son los datos del año 2017.

Del 2018 todavía no terminamos de procesar la información pero podríamos dar los datos preliminares de cuántas consultas y cuántas atenciones se brindaron por abortos en curso.

¿Y las capacitaciones a las que hacía mención dónde se concentran más?

Recordemos que el aborto en curso es una emergencia obstétrica. Cuando una mujer está en curso de un aborto, el riesgo de tener una hemorragia, de tener complicaciones, sepsis, un aborto incompleto, etcétera, que puede poner en riesgo su vida, amerita que esto sea tratado como una emergencia.

La atención que se puede dar en el área rural, principalmente en los centros de salud, es la estabilización de la paciente y su referencia inmediata al segundo nivel de atención. Estos casos siempre deben ser referidos salvo excepciones,  al segundo nivel hospitalario en donde hay mayor capacitación y se conoce mejor el manejo del tema porque, insisto, es una emergencia obstétrica y hay riesgo de que ésta se convierta en una muerte materna.

Es un tema que vigilamos muchísimo y que estamos muy pendientes de reducir.

Hay muchos datos que la Ministra ofrece entregar pero no tiene a mano ni los entrega después. A veces empieza frases, cambia de opinión en la mitad y las deja inconclusas.

¿Y cuál ha sido la respuesta en este segundo nivel de atención a partir de su disposición?

Hemos tenido una reducción en el número de muertes maternas asociadas a todas las causas que incluyen los abortos.

Este año esperamos cerrar con cifras menores que el año pasado. Esta reducción de las muertes maternas da fe de que el sistema está respondiendo mejor a las emergencias obstétricas. Podríamos darles los datos preliminares de las cifras de reducción que estamos teniendo este año.

Asimismo, vemos una mayor capacidad en nuestras unidades de segundo nivel para atender inmediatamente los casos de abortos espontáneos.  Podemos compartirles las cifras para ver cuáles han sido las variaciones. En general, yo creo que había una respuesta, había una atención pero había un temor generalizado del personal que atendía siempre con el miedo, con la espada de Damocles en el cuello de que si estaban atendiendo podrían estar cometiendo un delito.

Hoy hemos quitado esa barrera. Creo que eso, sobre todo, le da tranquilidad y certeza al funcionario y al personal, de que, mientras estén salvando la vida de la paciente, están haciendo lo correcto.

La entrevista a la funcionaria se hizo varios días antes de que un incendio en una clínica de rehabilitación para consumidores de droga provocara la muerte de 18 personas en el suburbio de Guayaquil.

Hace un par de años hubo un caso de un joven que desapareció y resultó que había estado en una llamada ‘clínica de deshomosexualización’ camuflada bajo supuesto centro de desintoxicación de drogas y alcohol. ¿El Ministerio está haciendo algún tipo de control sobre estos sitios?

Las clínicas de deshomosexualización están prohibidas. Eso es un delito porque la homosexualidad no es una enfermedad y de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, a varias declaraciones internacionales y a nuestro propio marco legislativo y constitucional, la tortura es un delito y esto corresponde a una tortura.

Por lo tanto, estas clínicas no solo que, digamos, son criticables sino que no pueden existir.

Sobre lo otro, nosotros hemos generado una normativa muy explícita del tipo de servicios, del tipo de tratamientos, los lineamientos que debe cumplir una clínica de tratamiento de consumo problemático de alcohol y drogas. Es decir, sobre el tipo de tratamiento que puede existir.

Cualquier otra cosa vinculada a modificar la religión, el género, la orientación sexual, está prohibido en nuestro país.

Hoy estamos en un proceso de licenciamiento a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios para que todas las clínicas de servicios tengan que tener una licencia por parte del Ministerio. Un licenciamiento, no sólo el permiso de funcionamiento sino el cumplimiento de todos estos estándares. Que haya protección de los derechos humanos, que no haya maltrato, que no exista vulneración a la voluntariedad del tratamiento, a nadie le pueden obligar a estar encerrado contra su voluntad, y temas de ese tipo.

Hay varias clínicas que ya han cumplido su proceso de licenciamiento, otras están en curso.

También hay que decir que el Ministerio cuenta hoy con este tipo de establecimientos de manejo del tratamiento. Tenemos ya doce establecimientos a nivel nacional del Ministerio de Salud Pública que brindan este tratamiento, cumpliendo todos estos estándares y son gratuitos además, para favorecer a nuestra población más pobre, más vulnerable, quienes muchas veces no tienen para pagar varios miles de dólares por este tipo de tratamiento.

En el Ecuador no existían estos servicios públicos. El Ministerio de Salud Pública por primera vez en la historia tiene estos servicios y los hemos ampliado. Son doce y tenemos tanto para adolescentes, para hombres y mujeres.

¿En qué provincias?

Le puedo dar exactamente en dónde no más están, pero son 12 y están básicamente en cada en cada una de nuestras zonas.

entrevista ministra de salud

La Ministra de Salud es médica de profesión. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

¿Cuál es el número de consultas?

También ampliamos nuestros centros de atención ambulatoria, que es cuando no tienen que internarse para su tratamiento.

Hay personas que van a terapia ocupacional, hacen la terapia todo el día y en la tarde o noche regresan a sus hogares, y se trabaja también con los padres, con la familia, con la comunidad, para que estos chicos no requieran internamiento permanente.

Aquí lo importante es evitar el consumo. Muchas personas que consumen porque tienen problemas de ansiedad, depresión, problemas psicológicos, traumas. Si se atienden esos problemas psicológicos ni siquiera van a empezar a consumir, o están empezando el consumo, y si atendemos el problema probablemente no continúen con el consumo.

Tenemos 700 centros ambulatorios en donde se da contención y atención psicológica y también soporte para el consumo.

Hay otros 52 centros ambulatorios intensivos es decir tienen ya un psiquiatra itinerante. Son básicamente como los centros de rehabilitación pero no tienen que quedarse permanentemente ahí, pueden ir a su casa, inclusive pueden seguir yendo al colegio muchos de ellos.

Otra cosa linda es que nuestros centros de tratamiento para los adolescentes, incluso para los adultos, están vinculados con el Aula Hospitalaria del Ministerio de Educación. Mientras reciben su rehabilitación, las personas pueden hacer el bachillerato en línea. Tenemos chicos que se han graduado, que han sido inclusive abanderados mientras hacían su rehabilitación.

Y de aquellos centros que no tenían permisos, ¿se tienen cifras de clausura en los últimos dos años?

No tengo a la mano, eso hace la Agencia de Aseguramiento de la Calidad. El Ministerio tiene dos agencias adscritas, también para no ser juez y parte ellos controlan nuestros establecimientos.

Podríamos solicitar que nos pasen los números exactos de cuántas clausuras han tenido, cuántos permisos y licenciamientos han otorgado.

¿Y clínicas de deshomosexualización?

No hemos vuelto a encontrar. Sin embargo, siempre estamos pendientes de las denuncias ciudadanas, recordemos que esto depende mucho de la proactividad de la ciudadanía, de la corresponsabilidad comunitaria y de que se denuncie para que las autoridades podamos tomar las acciones correspondientes.

Esto es un delito, un crimen.

A mí me llama mucho la atención, y lo digo con mucha lástima, que no haya una persona presa por esas clínicas de deshomosexualización. Generaron mucho daño y cometieron más de un ilícito en el tiempo que duraron.

¿Cuándo fue la última clausura que se hizo a alguno de estos centros?

Me parece que la última clausura fue en 2015 o 2016. Sin embargo, pese a que se clausuró y el Ministerio actuó con toda la potencia administrativa que tiene, me parece que ahí el sistema judicial se ha quedado corto.

La Fiscalía y los propios jueces que debieron haber judicializado y sentenciado en el ámbito penal, a los autores de estos delitos, lastimosamente no lo hicieron.

Hay una tesis publicada en 2018 que dice que los centros de la red del Ministerio de Salud no proporciona información adecuada sobre educación sexual. La referencia es a tres centros: en el centro, norte y sur de Quito. Una adolescente fue a pedir información, le dijeron que no tenía la edad suficiente para que se le entregara ese tipo de información. ¿Cuál es la política del Ministerio de Salud sobre la entrega de información en sus centros de salud, incluyendo aquella que la solicitan menores de edad?

Nosotros tenemos publicado el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva así como el Plan Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente.

En ambas políticas se garantiza la información expedita, oportuna, sin ningún tipo de barrera a todas las personas, independientemente de su edad.

Estas denuncias tienen que ser procesadas y llaman la atención. Es un incumplimiento expreso a la normativa y a la política pública del Ministerio de Salud.

A nadie se le puede negar consejería y asesoría sobre su salud sexual y reproductiva, mucho menos en base a su edad, género, orientación sexual, etnia. Tampoco se le puede exigir la presencia de sus padres, es un análisis de una interpretación que hizo la Corte Constitucional.

Esto está prohibido. Si está pasando es un incumplimiento por parte de los funcionarios. Esto nos sirve para fortalecer la capacitación y sancionar cuando corresponde porque también tenemos barreras culturales y tabúes dentro del propio personal. Me gustaría conocer esta investigación a profundidad para saber dónde estamos fallando para garantizar el cumplimiento de las políticas que han sido emitidas y que deben obligatoriamente cumplirse.

¿Pero qué tendría que hacer el Ministerio para garantizar su cumplimiento?

Este año nosotros postulamos a un proyecto de inversión que nos permite garantizar que estas políticas se cumplan en el territorio.

Esto implica capacitación, difusión de material, sensibilización, mecanismos de denuncia, una serie de elementos que nos ayuden a que lo que esté escrito en la norma, en la práctica se aplique. Eso no se puede hacer sin recursos, sin estrategias territorializadas, focalizadas en las zonas en las que tenemos más dificultades.

Pero, ¿qué significa esto, que tendrá un software para controlar o qué quiere decir?

Más que nada implica territorializar las acciones.

Capacitar al ciento por ciento del personal operativo que brindan nuestros servicios en la norma, en las prohibiciones, en las formas adecuadas para expresarse para un joven. Creemos que es sencillo, que a todos los médicos nos enseñan cómo comunicar una mala noticia. No siempre esto pasa y tenemos que dar herramientas a nuestro personal.

Este es un ejemplo puntual pero hay muchos otros elementos como la difusión de planes comunicacionales, la participación con el Ministerio de Educación en actividades con los adolescentes para que ellos se empoderen de sus derechos y los exijan en los establecimientos de salud.

entrevista ministra de salud

“A mí me llama mucho la atención que no haya una persona presa por las clínicas de deshomosexualización”. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

¿Ahí no aparece justamente esta dificultad con los padres de los adolescentes que quieren informarse sobre su sexualidad? Hemos visto incluso rechazo por parte de ciertos padres para que sus hijos estén informados en ese ámbito. ¿Cómo maneja eso el Ministerio de Salud?

Como siempre, cuando hay tabúes o cuando se quiere estigmatizar una temática, eso parte del desconocimiento. Creo que la estrategia es llegar a los padres. No buscamos un sistema de salud que reemplace el rol de los padres o que los profesores eduquen a los chicos en lugar de los padres.

Lo que buscamos es una estrategia de vinculación comunitaria  en la que demos herramientas de información a nuestros adolescentes pero también a los padres, a los líderes comunitarios. No hay forma que lleguemos con información a los adolescentes si no incluimos a los padres.

Se ha malentendido esto de que garantizar información es excluir a los padres. Muchas veces tenemos en nuestras consultas y en nuestras áreas especializadas para adolescentes, padres que vienen a consultar cómo hablarle a sus hijos sobre sexualidad, cómo preguntarles a sus hijas si están embarazadas, cómo educar a su hija a que se proteja si tiene relaciones sexuales. Por supuesto hay hogares en los que no se cuenta con este soporte familiar, hogares en los que los adolescentes son víctimas de violencia y que encuentran en los servicios de salud, en los servicios de educación o de asistencia social, quien pueda suplir esos roles en los casos de violencia.

Eso no quiere decir que reemplazamos el rol de los padres pero tenemos un rol de educar, de garantizar información.

Nuestra voluntad es hacer un trabajo comprensivo en el que no dejemos a nadie fuera. No dejar a los adolescentes fuera porque la estrategia es para ellos, pero tampoco dejar a las familias, a las comunidades, al clero, porque si vamos a alcanzar un logro en este tema es vinculando a todos.

Otro de los temas que no se cumple es la entrega de la píldora del día siguiente que por acuerdo ministerial y reglamento, debería ser de acceso gratuito obligatorio para quien así lo requiera. ¿Qué hace el Ministerio para estos casos?

Coincido con usted. Tenemos denuncias y nuestro personal no está libre de tener estigmas, tabúes, problemas de comprensión de aplicación de la normativa.

Recientemente hicimos un ejercicio interesante. Todo el jerárquico superior del país tuvo que hacer de cliente fantasma con cinco casos distintos, y uno de los ejercicios era precisamente pedir una píldora del día después en varios hospitales para verificar si les estaban entregando o no.

En la mayoría de los casos, para mi sorpresa, sí les entregaban sin poner barreras. Pero en otros casos no. Donde hemos identificado que no entregaron se han tomado sanciones y se están tomando correctivos para asegurarnos que en esos lugares, de aquí en adelante, se entregue libremente

Tenemos más dificultades en los hospitales que en los centros de salud. Los hospitales creen que es un tema que no les corresponde a ellos y hay que ir rompiendo esas barreras y capacitando. El Ministerio adolece de un problema: la rotación continua del personal y eso implica tener que estar capacitando una y otra vez.

No quiero dejar de mencionar el Código de la Salud. ¿Cómo ve usted que ha tardado tanto tiempo en aprobarse y sigue ahí estancado?

Mi pregunta es por qué. Creo que es la pregunta que deberíamos hacernos todos.

Por qué durante seis años una ley tan importante, tan necesaria, de una temática tan sensible para la comunidad no ha salido.

Yo lo digo públicamente, existen intereses particulares detrás de que no exista un Código Orgánico de la Salud. Leyes muchos más controversiales, polémicas, de temáticas sensibles en el país se han aprobado, sin embargo esta ley curiosamente no se aprueba.

La ley tiene casi 400 artículos y curiosamente en el último momento hay 4 artículos sobre los que gira el debate: el aborto, el cannabis, la eutanasia. Y curiosamente son temas que generan miedo, polémica, resistencia de la ciudadanía, basados en mentiras.

Que se aprueba el aborto, que se aprueba el cannabis para que todo el mundo fume marihuana, es mentira.

Pero se crea miedo para meter un pánico sobre el código para que se siga dilatando.

¿Pero de quién son los intereses?

Hay que ir a averiguar cuáles son los intereses que se tocan y que están evitando que se apruebe.

Este es un código extremadamente importante porque regula cosas como los precios de los medicamentos, los precios de los dispositivos médicos, habla de las regulaciones sanitarias a los medicamentos, a los alimentos. Habla también del etiquetado del semáforo de alimentos por el que Ecuador ha sido reconocido como pionero, y varios países del mundo lo están aplicando en seguimiento a los resultados que ha tenido aquí.  Sin embargo, esto no está en la ley. Está en un acuerdo ministerial. Que esto vaya a carácter de ley, hay gente que no le gusta.

El tema de la regulación, que se puedan aplicar sanciones correspondientes. La única causal que nosotros tenemos para suspender la licencia a alguien que está incurriendo en prácticas graves en contra de la población, es la clonación. ¿Cuándo en la vida se va a dar un caso de clonación aquí en el Ecuador?

Sin embargo, tenemos casos de personas irresponsables que hacen quedar mal a todo el resto de gente que hace bien su trabajo, que han inyectado aceite de autos como implantes mamarios, y a esa persona nosotros no le podemos suspender el título porque no tenemos potestad administrativa.

Hay una serie de cosas beneficiosas en el proyecto entre las cuales hay un gran consenso de los profesionales de la salud. Todo el sector salud ha presentado un acuerdo nacional y sin embargo el código no se aprueba.

¿Qué intereses están detrás?

¿Usted cree que hay presiones para que no se apruebe?

Por supuesto. Y ha habido presiones durante seis años para evitar sistemáticamente que se apruebe el código.

¿Y hay forma de romper esas presiones?

Creo que la valentía de los asambleístas. Me siento orgullosa, felicito el rol de la Comisión de Salud que además es una comisión muy diversa, con muchísimas bancadas pero han tenido la valentía, pese a las críticas, pese a las presiones, pese a los intereses particulares, de seguir debatiendo el código, de  aprobar un informe para el segundo debate.

Yo espero como ciudadana que nuestros legisladores tengan la valentía de aprobar un marco legal de salud para el Ecuador. Ahorita tenemos una ley vetusta. Todavía está vigente una ley que crea centros de eutanasia, o sea los centros nazis de mejora de la especie siguen vigentes en nuestro país.

La Ministra de Salud habla con tal rapidez que ni siquiera se da cuenta cuando dice eutanasia en lugar de eugenesia.

entrevista ministra de salud

“No buscamos un sistema de salud que reemplace el rol de los padres”. Fotografía de Valentina Tuchie para GK.

Obviamente, seguramente la Constitución lo derogó tácitamente, pero cómo es posible que convivamos con legislación de ese tipo.

Confío que la forma de romper eso es con la valentía de la Asamblea Nacional. Creo que tenemos asambleístas valientes y confío en que ellos demostrarán que se preocupan por los temas más delicados por la nación.

La última pregunta. ¿Qué errores ha cometido en estos dos años frente al Ministerio de Salud?

Seguro un montón. Seguro la historia nos juzgará. Errores serán miles. A veces uno los identifica tarde en el tiempo. Quizás el que a uno más le pesa es que no alcanzó a hacer todo lo que quisiera. El que las metas que uno se plantea al final del día terminan quedando cortas.

Para mí, es no haber podido ir a la velocidad en que quisiera que las cosas avancen. Que hasta ahora sigan negando acceso a la información, el no haber podido acceder a cambios mucho más contundentes y más rápidos creo que es el error de la administración pública, no solamente mío.

Me podría sentar tres horas más a decirle, somos un equipo súper autocrítico, que estamos continuamente revisando, es parte de la ventaja de ser un equipo joven y es que no hay tanto miedo a cometer errores.

Solo el que no hace nada no se equivoca y creo que también hay que tener la valentía para asumir cuando se comete un error y tomar los correctivos sin esconderlo.

María Sol Borja
Periodista con experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha colaborado con medios internacionales como New York Times, CNN en Español y DW. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada en GK.