Con la reducción de los subsidios y los salarios de ciertos funcionarios, el gobierno ecuatoriano espera ahorrar 800 millones de dólares. Sin embargo, los mecanismos para hacerlo son desconocidos: el decreto ejecutivo que implementará estas acciones saldrá a finales de la semana entrante. La cifra resulta optimista, pero queda pendiente ver la aplicación de la política. En medios, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, reconoció que el gobierno está “raspando la olla” pues la situación es crítica. Estas medidas están destinadas a mejorar las posibilidades de obtención de crédito de multilaterales —léase FMI— en el año entrante. 

Eliminación parcial de los subsidios a la gasolina

 Eliminar el subsidio a los hidrocarburos es algo que ningún Presidente ha tenido el coraje de hacer —ni el mismo Moreno, ausente de la rueda de prensa del anuncio. Ha sido la presión de las cuentas públicas la que ha obligado al gobierno a dar este paso. Es políticamente difícil pero económica, ambiental y socialmente necesario.

La decisión es oportuna. La economía ecuatoriana requiere una reestructuración del gasto fiscal. El Estado está endeudado y el déficit —que el gobierno prevé bordeará los 2 mil millones de dólares— permanece. La razón es simple: una parte importante del Presupuesto del Estado ha sido absorbido por este subsidio social, económico y ambientalmente perverso. Según el Observatorio de Política Fiscal, de 2007 a 2017, se gastó 45 mil millones de dólares en subsidios para combustibles. En ese mismo período,  se invirtieron  un poco más de 18 mil millones en Salud. En Educación, más de 39 mil 500 millones.

En cuanto al peso de los subsidios en el presupuesto, los combustibles se llevan el primer lugar: superaron en monto a todos los demás juntos. Es decir, a todo lo invertido en subsidios al desarrollo social: bono de desarrollo humano, bono exequial, bono de discapacidades Joaquín Gallegos Lara, Bono Manuela Espejo y  bono para ancianos; subsidios a la seguridad social: Seguro Social, tanto general como los de la Policía y las Fuerzas Armadas); subsidios a la vivienda y al desarrollo urbano: bono de vivienda y Casa para Todos; subsidios al desarrollo agrícola:semillas para agrocadenas estratégicas; y, subsidios al agua no potable.

La proporción es escandalosa. Mientras en los rubros sociales el objetivo es claro, en el subsidio a la gasolina, es incierto. ¿Quiénes son los beneficiarios?

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Según cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte (CCITT) el 70% de los guayaquileños y el 61% de los quiteños se movilizan en transporte público. El resto se mueve en autos privados y un pequeño porcentaje a pie o en bicicleta. Gran parte de uno de los subsidios más costosos está destinada a subsidiar a las clases media y alta.

Del total de subsidios a los combustibles importados de 2017, el 42% fue destinado al diésel, el 29% a la gasolina y el otro 29% al gas de uso doméstico (GLP). Las medidas anunciadas el 18 de diciembre por el ministro de Economía, Richard Martínez, no incluyeron al GLP.

Respecto del diésel, se anunció que se liberaría la importación para las industrias. Antes el Estado era el único autorizado a importar, pero ahora las empresas que lo usen podrán importarlo al precio internacional. Las autoridades han dicho que todavía se evalúan los mecanismos de compensación a los sectores económicos cuya competitividad se afecte por este cambio. Se habla específicamente del sector camaronero y pesquero. Sin embargo, no hay un instrumento oficial que detalle cómo se hará. Los procedimientos de compensación se establecerán en un futuro que no ha sido especificado.  

El transporte masivo y de carga pesada no será afectado porque se mantiene el subsidio al diésel para transporte. Según el economista José Hidalgo Pallares, que se mantenga puede incentivar su uso en vehículos livianos a diésel. Esto abre una puerta para la corrupción y tener graves consecuencias ambientales. Una mejor opción, según él, hubiese sido el reducir el subsidio al diésel pero compensar de forma directa a los transportistas. 

El subsidio de gasolina Extra y Ecopaís para los taxis y camionetas que brinden servicios legalizados también se mantiene. Pero el taxi no es un transporte de uso masivo. De hecho, también es principalmente utilizado por la clase media y alta. Según Hidalgo, es innecesario. ¿Existe ahí una variable política para compensar al gremio golpeado por las aplicaciones como Uber y Cabify? Los vehículos que usen esta plataforma deberán circular con una gasolina más cara.

Es claro que el Estado mantiene un recelo con los gremios de transporte. Queda en duda qué tan pertinentes son las transferencias a los transportistas para que no suban las tarifas a los usuarios finales.En el Ecuador, 12 millones de personas se mueven en transporte público.

Sobre las compensaciones a los taxistas, Jorge Calderón, presidente de Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis-Fedotaxis, ha manifestado que su gremio no aceptará pagos posteriores por el uso de la gasolina porque esto representará en promedio, 5 dólares diarios. Espera una permanencia del subsidio para los taxistas que tengan su permiso de operación y estén conformados en cooperativas. Esto trae los mismos problemas que en el caso del diésel: que se genere un mercado negro en gasolinas Extra y Ecopaís.

Con la reducción del subsidio a los combustibles, el Estado espera ahorrar 400 millones de dólares. El recorte a los subsidios, según Hidalgo, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, lo ideal hubiese  sido que viniese acompañado de la decisión firme de reducir gastos: la necesidad de financiamiento para corregir el déficit fiscal seguirá siendo alta en los próximos años.

Ambientalmente, los subsidios altos evitan mejorar la calidad de la gasolina: elevar su octanaje implicaría un mayor gasto estatal. Sin el subsidio, se abre la posibilidad de que eso cambie.

Los usuarios de autos particulares tendrán un incentivo para el uso de tecnologías más eficientes y menos contaminantes. Es más probable que la gente empiece a optimizar sus desplazamientos o a compartir sus viajes. El costo de movilizarse se eleva y demanda una mejor planificación del tiempo y las finanzas familiares.  Hay que recordar que el Ecuador, todavía tiene la gasolina más barata de la región después de Venezuela. El promedio mundial es de 4,87 dólares el galón. Seguimos muy por debajo de esa media. 

Reducción de los salarios y tregua en la contratación

En la misma rueda de prensa, el Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció que se reducirán los sueldos de los Ministros en un 10% y el de los empleados del jerárquico superior en un 5%. También se reducirá el número de asesores (no se precisó en cuánto) y se dejarán vacantes 25 mil cargos públicos.

Más allá de cualquier impacto real, esta medida conlleva el mensaje político de ‘poner el hombro’. Es algo cuestionable pues ganar menos podría desalentar que los mejores perfiles incursione en la función pública. La cifra exacta del ahorro esperado es desconocida hasta ahora. Los anuncios se hicieron con la vaguedad que caracteriza a este gobierno. Sin embargo, se espera que sean al menos otros 400 millones de dólares. 

Los 25 mil cargos públicos que se quedarán vacantes son otra interrogante. No se sabe de qué índole son los funcionarios de los que el Estado prescindirá. ¿Es una analista de política de Senplades, una doctora o una educadora? El gobierno presentó un plan de optimización del sector público, pero no ha informado sobre su implementación.

¿Desapareció el Ministerio de Justicia, Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Límites Internos? ¿la Secretaría de Asentamientos Irregulares, las Embajadas de Bielorusia, Angola y Argelia? ¿Se han creado nuevas entidades? ¿Qué pasó con los funcionarios de las instituciones fusionadas como Ministerio de Comercio, Ministerio de Industrias y Productividad, SRI, Senae, Secretaría de Riesgos, Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, Secretaría del Agua? 

El mismo día del anuncio de las medidas, el Ministro de Trabajo ofreció concursos meritocráticos para compensar al personal que ha estado precarizado con contratos ocasionales o nombramientos provisionales en la función pública, garantizando el “derecho al trabajo”. ¿Qué mismo? Parece que más prima la estabilidad de los funcionarios en instituciones públicas que su verdadero aporte al Estado y la naturaleza de su trabajo.

Por el lado social y humano, un ajuste es algo indeseable. Pero el gran peso del Estado y la falta de voluntad política para optimizar su funcionamiento siguen sobre los hombros de todos los ecuatorianos. El presupuesto de sueldos y salarios para 2019 es de 9 mil 500 millones de dólares. Parece que la optimización no ha sido exitosa. En el ámbito laboral, hay muchas aristas en el sector público y privado que considerar, pero eso es otro asunto.

En definitiva, esta medida, resulta algo tibia y sobre todo incierta. Se desconoce el impacto que generará, tanto en el fisco como en el óptimo funcionamiento de la administración pública.