Visitantes no bienvenidas, el martes 13 de noviembre de 2018, un grupo de mujeres amazónicas reclamaba en los exteriores de la sede de la Secretaría de Hidrocarburos, en Quito. Cargaban un gran cartel que decía: “Mujeres defensoras de la selva. El petróleo bajo tierra. No más explotación petrolera, no más genocidio al pueblo sápara, tagaeri y taromenane. No más contaminación de la naturaleza.” Estaban ahí buscando una entrevista con Carlos Pérez, ministro de Energía del Ecuador, pero él estaba de viaje. Firmes y persistentes como suelen ser, decidieron quedarse hasta que Pérez volviera y escuchara lo que tenían que decirle. Esa misma noche se tomaron pacíficamente la planta baja del edificio de la secretaría y permanecieron allí toda la noche. Tendrían que pasar dos noches para que pudieran sentarse a conversar con Pérez. La cobertura mediática fue escasa.
Los simpatizantes de la organización ambientalista Yasunidos grababan con sus celulares para luego difundir los hechos a través de sus redes sociales. A principios de esa semana, avanzaba también la llamada Marcha por el Agua que había salido de Tundayme, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, el 4 de noviembre y llegó a Quito un día después que las mujeres amazónicas: el miércoles 14. La marcha era impulsada por la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que denuncia la entrega de concesiones mineras incumpliendo el requisito establecido en la Constitución de hacer una consulta previa a las comunidades afectadas.
La marcha por el Agua tampoco tuvo mayor cobertura mediática —y quizás por eso— pasaron desapercibidas para el presidente Lenín Moreno.
¿Será que por esta especie de terror de que regrese Rafael Correa, hay un acuerdo tácito entre el gobierno y los grandes medios? Le pregunto a un directivo de un medio nacional que pidió la reserva de su nombre. Sí, dice, tajante.
— No es una cosa explícita, no es que nos hemos sentado en una mesa a ponernos de acuerdo. Personalmente creo que no podemos permitir que Moreno se caiga o haya inestabilidad. Eso no es tapar cosas. Hemos sacado cosas muy duras contra el gobierno, dice. No hemos tapado nada.
Benito Bonilla, de la fundación ecologista Pachamama dice, en un tono muy conciliador y pausado, que cree que los grandes medios evitan atacar al gobierno de Lenín Moreno.
— Si pudiéramos hacer una medición de cuánta información salió en contra del gobierno el año anterior y cuánta información salió en contra del gobierno este año, vamos a notar un cambio radical.
Y justamente este discurso de que hay que descorreizar al país es parte de la agenda pública. Tras la fuga de Fernando Alvarado, alto funcionario durante la década de Rafael Correa, la respuesta del gobierno fue: descorreizar. Acusó a los correistas de estar enquistados en las instituciones para sabotear a Moreno.
Esa es la palabra que parece convertirse en el mantra del gobierno de Moreno: descorreizar.
Esa era una propuesta en 2013 del entonces candidato de derecha a la presidencia, Guillermo Lasso. Hay que descorreizar al Ecuador, le decía a la revista Semana de Colombia. Muy pocos hubiesen podido imaginar que su deseo se empezaría a materializar cinco años después, de la mano de quien fuera, por seis años, el compañero más cercano de Correa en Carondelet, el ungido por el propio Correa como su heredero: Lenín Moreno.
— Lo que pasa es que en este gobierno sí se puede conversar. Antes no había ninguna posibilidad de nada, dice el directivo del medio. Pero sí hemos puesto los temas sobre la mesa.
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El ruido, sin embargo, ha sido menor. En noviembre de 2018 no solamente protestó el sector indígena y las mujeres amazónicas. El 19 del mes también salieron a la calle los estudiantes, que se manifestaban para exigir que no se recorte el gasto de Educación, anunciado en la proforma presupuestaria que tiene que aprobar la Asamblea Nacional para 2019.
Marcha del Agua en Quito. Imagen de Braulio Gutiérrez.
Ese mismo día, productores lecheros y ganaderos, también se manifestaban en varias zonas del centro del país e incluso llegaron a bloquear la Panamericana Sur, una vía que conecta Quito con el centro y sur del Ecuador. Dos días después, fueron los jubilados, que exigían al Presidente Moreno que no vete la Ley de Educación Intercultural, que contiene una parte dedicada a los jubilados y sus pensiones.
— Antes del morenismo, cualquier actividad que fuera contra el correísmo era cubierta porque había el objetivo de debilitar políticamente la estructura del Ejecutivo, que tenía además en su poder un aparato de comunicación muy fuerte, dice Bonilla.
El efecto es que hay una aparente calma. Parece que el descontento hacia Lenín Moreno y su gobierno es menor o que los problemas mayores están relacionados a aquello que dejó el correísmo.
Los ministros parecen seguir esa línea. María Paula Romo, Ministra del Interior, dijo en una entrevista, que hay muchas cosas “que seguimos descubriendo y que tiene la culpa el anterior gobierno”. Paúl Granda, dijo, sobre la situación económica, en otra entrevista a diario El Comercio que “la situación económica se acarrea desde 2015”. Bajo esos parámetros, la idea que busca posicionar el gobierno, es que están resolviendo problemas que vienen de la década en que gobernó Rafael Correa, y bajo esa lupa, todo lo cuestionable el período de Moreno, es un mal menor.
— Moreno no es lo que quisiéramos pero es lo que tenemos. Yo, personalmente no quiero que vuelva Correa. No hemos tapado nada de Moreno pero no queremos que esto se caiga, dice el directivo del medio.
Bonilla no se separa del todo de esa línea. Aunque evita mencionar a Correa, su discurso es más bien ecuánime e incluso plantea que las organizaciones sociales también tienen que buscar otras formas de posicionar sus batallas, que no se limiten a la atención de los grandes medios. Cree además, que el gobierno de Moreno no tiene claridad sobre el tipo de relación que debería mantener con algunos actores.
— Yo dudo que Lenín Moreno tenga una estrategia en relación a las organizaciones sociales. Creo que muchos de quienes están en el Ejecutivo toman decisiones sensatas. Creo que María Paula Romo está jugando un rol pacificador, sin reprimir protestas, sin criminalizar.
Quizás allí, Moreno, con su cara más amable, gana lo que Correa perdió desde su forma autoritaria de relacionarse con quienes cuestionaban a su gobierno: al plantear una forma de hacer política menos agresiva, alcanza, de alguna manera, una victoria —por lo menos momentánea— en la percepción que genera en líderes de opinión. Evita pronunciarse cuando hay temas peliagudos, no entra en confrontación directa con ninguno de sus detractores, ha dejado de enfrentarse con Rafael Correa a través de redes sociales, abre las puertas a los directivos de los medios grandes para dialogar y eso, obligadamente, genera menor resistencia a cualquiera de sus acciones.
— La agenda de los medios es la misma: seguir informándole a la gente.
Dice el directivo de medio y pone algunos ejemplos: el Expreso sacó un tema del desastre que es el manejo de las empresas públicas. Teleamazonas sacó los diezmos pedidos por la, ahora, vicepresidenta. Ecuavisa y otros medios han sacado los horrores de Coca Codo Sinclair. No nos hemos callado.
Bonilla hace una reflexión más allá del rol de los grandes medios de comunicación y la percepción ciudadana sobre Lenín Moreno, que en agosto de 2018 llegó a su nivel más bajo: 38,5% con respecto a agosto de 2017, tres meses después de su posesión, Moreno gozaba de una credibilidad del 67%, según una publicación de agencia EFE, que recoge la encuesta de Cedatos.
— Aparentemente hay mayor libertad de manifestarse sin que eso signifique que tengamos respuestas concretas, dice Bonilla. Eso significa que crímenes como el asesinato de Freddy Taish, líder shuar asesinado hace cuatro años o el asesinato de los compañeros de El Comercio va a mantenerse en la impunidad porque no hay un interés del Estado de resolver esos crímenes.
Eso se ve reflejado en las respuestas tibias que ha dado el Estado ecuatoriano al ser cuestionado sobre este tipo de temas, quizás con mayor visibilidad el secuestro y asesinato de los periodistas de diario El Comercio. Aunque desde el discurso se habla mucho del cambio y de la transparencia, en la práctica, poco se ve en los temas de fondo. La propia estructura estatal sigue siendo la misma. Y en eso, coincide el directivo mediático.
— Nada del esquema regulatorio, Ley de Comunicación, Código de la Democracia, el tema tributario, nada ha cambiado. La Superintendencia de Comunicación existe y actúa.
Esa es, quizás, la esencia de la discusión: un presidente que ha dicho estar comprometido con el cambio, la transparencia y el diálogo, pero que evade las discusiones frontales sobre los temas más delicados y que involucran libertades fundamentales. Allí, parece que nuevamente mira a otro lado, algo que parece haber aprendido a la perfección.
