“No conozco los documentos”. Le dice el Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, a Fernando del Rincón, periodista de CNN. La frase es una respuesta. La pregunta es sobre la denuncia de la asambleísta socialcristiana Paola Vintimilla  de que habría irregularidades en la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Dice Moreno que si la asambleísta tiene las pruebas sabrá presentarlas a las instancias que correspondan. Que él no tiene información, insiste. Rincón tiene los ojos y la boca abiertos, el ceño fruncido. Hace silencio. Como desconcertado por la respuesta.

Se pregunta, quizás, cómo es posible que el Presidente de la República no sepa lo que pasa en la Cancillería que él le confió —de mayo de 2017 a mayo de 2018— a María Fernanda Espinosa, y que fue reemplazada por José Valencia, diplomático de carrera. En sus manos quedó uno de los temas más espinosos para el gobierno ecuatoriano: la situación de Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde agosto de 2012.

Espinosa preside hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero fue —en la década anterior— una de las figuras prominentes del gobierno de Rafael Correa: en él fue ministra de Defensa, Patrimonio Cultural y de Relaciones Exteriores. Retomó ese cargo en el gobierno de Moreno y lo dejó solo para irse a las Naciones Unidas. A ella le pidió Vintimilla información sobre la nacionalización de Assange y su permanencia en la embajada de Londres, pero tuvieron que pasar nueves meses para que el nuevo canciller contestara el pedido.

La respuesta de Valencia genera, sin embargo, más dudas. En ocho páginas, el Canciller intenta resolver los cuestionamientos de la asambleísta. Hay, además, una carpeta de anexos que no pueden ser entregados a la prensa porque la canciller Espinosa se aseguró de clasificarlos como reservados. Es parte de la respuesta de Valencia, quien plantea dudas acerca del proceso para clasificarlos como tal:

“ En los archivos del Ministerio no consta que se haya seguido el proceso establecido para calificar como reservada a dicha información”. En su respuesta, propia de un diplomático de carrera, pone en duda la legalidad con la que los funcionarios de Cancillería —al mando de Espinosa— intentaron proteger la información relacionada a Assange.

¿Qué información era tan valiosa para mantenerla oculta de la opinión pública, e incluso quizás, del propio Presidente de la República?

Eso, lo responde Valencia en el oficio entregado a Vintimilla. Allí se establecen fechas, días, documentos —todos respaldados por los anexos clasificados como secretos, en manos de Vintimilla—.

—La señora excanciller María Fernanda Espinosa decidió declarar estos documentos reservados sin seguir ningún protocolo, dijo Vintimilla en rueda de prensa.

La explicación del Canciller deja entrever los esfuerzos infructuosos que se hicieron durante la administración de María Fernanda Espinosa, en la búsqueda de una solución para la situación de Assange.

La idea de Espinosa fue concederle la nacionalidad ecuatoriana para luego nombrarlo diplomático, primero en Londres, luego en Moscú. Su plan fracasó. El Reino Unido no aceptó el nombramiento y eso imposibilitó que se quedara como diplomático en Reino Unido o que pudiera irse a Rusia. La explicación es simple: Assange se encuentra dentro de la embajada ecuatoriana en territorio británico. La embajada aunque no es, técnicamente, territorio ecuatoriano, es un sitio regulado por leyes especiales: en ella no tiene potestad alguna el Reino Unido, sino que —para todos los propósitos prácticos— la ley que rige, la soberanía que se ejerce, es del Ecuador. Para trasladarse a cualquier otro país —incluído Rusia— Assange tendría que salir de la embajada y circular por territorio británico. Si hace eso, podría ser detenido. A Espinosa se le ocurrió que si Ecuador le otorgaba un estatus diplomático, la inmunidad que viene con el cargo, le permitiría transitar por territorio británico sin el riesgo de ser detenido.

Lo que no consideró — ni ella ni sus colaboradores— fue que para que una persona sea aceptada como funcionaria diplomática es necesario que el país al que se lo presenta como tal, lo acepte. En este caso, extremadamente atípico, como dice Valeria Argüello, experta en relaciones internacionales y docente universitaria, era necesario que Reino Unido acredite a Assange como diplomático, incluso si el destino final era Rusia, pues sin la aceptación del Reino Unido, Assange no tenía ningún privilegio diplomático y no podía circular con inmunidad.

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Desde el 11 de enero de 2018, Julian Assange es ecuatoriano. Así lo informaba  María Fernanda Espinosa en una rueda de prensa. Según el oficio entregado por el canciller Valencia, Assange había solicitado la nacionalidad 4 meses antes: el 9 de septiembre. El 12 de diciembre de 2017, el Viceministro José Jácome, le otorgó la carta de naturalización. Tres días después, el ministro subrogante Rolando Suárez lo nombró consejero de la embajada ecuatoriana en Londres. Entre los apuros para intentar una salida para la situación de Assange hay varios pasos que quedan incomprendidos e inexplicados y que, además, despiertan suspicacias.

El 4 de diciembre, ocho días antes de que la Cancillería le otorgue la carta de naturalización a Assange, él escribe una carta, que firma junto a su abogado, Baltazar Garzón.

“Por medio de la presente, yo, Julian Paul Assange, de nacionalidad autraliana por nacimiento y ecuatoriana por naturalización, dejo expresa constancia y declaro por medio de este documento mi decisión de dar por terminado el asilo político otorgado a mi favor por el gobierno de la República del Ecuador, mediante la Declaración de Asilo del 16 de agosto de 2012”.

¿Cómo es que Assange afirma que tiene la nacionalidad ecuatoriana, ocho días antes de que se le entregue la carta de naturalización? No ha habido explicación alguna que permita entenderlo. Tampoco se conoce, con total claridad, cuál es la condición actual de Assange. Si bien el Canciller Valencia inicia su respuesta diciendo que está en calidad de asilado y lo ratifica en una reciente entrevista a diario El Universo, en la carta firmada por Assange y Garzón, el australiano habría renunciado a esa protección que, además, le otorgaría la reserva sobre sus datos personales.

Según Valeria Argüello, si Julian Assange es asilado diplomático, según la Ley Orgánica de Movilidad Humana y los instrumentos internacionales referentes a personas asiladas, él podría solicitar la confidencialidad de sus datos. Argüello explica que una vez que él renuncia a esa condición de protección internacional, se convierte en ecuatoriano, suponiendo que el proceso de naturalización se dio.

Si es así, sería un migrante ecuatoriano en el exterior, y en esa condición también tiene un derecho a la confidencialidad de sus datos personales: los que el Estado ecuatoriano tenga en sus sedes diplomáticas también tendrían que ser protegidos —salvo disposición de autoridad judicial competente en casos de cooperación penal internacional. “Ahora”, dice Argüello, “la situación cambiaría si es que el proceso de naturalización no se dio de la forma correcta, en ese caso no sería ecuatoriano”. Si él ya no estuviese en ninguna de las dos condiciones (bajo protección internacional o migrante ecuatoriano,ç) sería un extranjero en territorio ecuatoriano. Allí se levantaría la cláusula de protección de datos.“Lo que no sabemos es qué condición tiene el señor Assange”, dijo Vintimilla en su rueda de prensa.

El canciller Valencia lo aclaró en una entrevista a El Universo. Dijo que quien decide sobre el estatus de asilado de una persona, es el Estado que se le otorga: Assange sigue siendo un asilado.

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Assange, nacido en Australia, acusado en Suecia, recluido en un cuarto consular diminuto en el Reino Unido, naturalizado ecuatoriano por conveniencia, amado y odiado en el mundo entero, pudo haber sido, además, diplomático del Ecuador. Pero las intenciones de la canciller María Fernanda Espinosa fracasaron.

El primer intento se hizo el 15 de diciembre: fue el ministro subrogante Rolando Suárez quien lo nombró como Consejero en la Embajada de Londres. El Reino Unido respondió siete días después: “no considera al señor Julian Assange como un miembro aceptable de la misión diplomática ecuatoriana”. Por ende, decía el servicio exterior británico, no tenía otra alternativa que rehusarse a reconocer al señor Assange como diplomático. “El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comunidad Británica no considera que el señor Assange goce de ningún tipo de privilegios e inmunidades bajo la Convención de Viena”.

Antes de que llegara la respuesta del gobierno británico, sin embargo, el 19 de diciembre, Suárez había nombrado a Assange consejero en la embajada ecuatoriana en Moscú. Con la respuesta británica del 21 de diciembre, los dos nombramientos, el de Londres y el de Moscú, quedaron en nada y tuvieron que ser revertidos: el primero fue anulado el 27 de diciembre, el segundo el 29.

La suma de los intentos fallidos dan como resultado el que es quizá el mayor traspié de la gestión de María Fernanda Espinosa, una política, no una diplomática de carrera. “ Se vio un desconocimiento de la Convención de Viena y de las relaciones diplomáticas. Era el Estado británico que debía aceptar o no. No es una relación unilateral”, dice Argüello, quien cree que los encargados de la decisión desconocían el articulado y el funcionamiento de la Convención de Viena. “Además es un caso tan atípico que el Ecuador no tenía ningún reglamento para saber cómo proceder”. Sin embargo, en una entrevista, el canciller Valencia aclara que Assange sí es un asilado y que el asilo lo pidió cuando su única nacionalidad era la australiana.

Era una especie de vacío legal que Espinosa intentó cubrir olvidando el requisito indispensable: la aprobación del Reino Unido. Busqué una versión de la excanciller pero hasta el cierre de este texto no tuve respuesta. Pasados los meses, parece que la nacionalización de Assange, a efectos prácticos, no sirvió de nada. Además, para la asambleísta Vintimilla, hay otras irregularidades, como la de expedir un protocolo, según ella, hecho a la medida de Assange. En el artículo 2 de este documento, expedido el 28 de noviembre de 2017, se extienden los beneficiarios de la naturalización para extranjeros en situación de protección internacional, otorgada por Ecuador de forma regular y continúa por tres años.

El único caso así, dice Vintimilla, es el de Assange.

A la asambleísta le llama además la atención que ninguno de los documentos anexados, clasificados como reservados, tenga la firma de la entonces Canciller Espinosa.

— Quien firma es su viceministro. Ninguno firma ella.

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Nueve meses después de los fallidos intentos de encontrarle solución a la situación de Assange, el gobierno ecuatoriano vuelve al inicio de hace seis años: Julian Assange recluido un espacio minúsculo. El Ecuador, en otro recodo sin salida: recluido en una delicada situación diplomática. Moreno, en su tibieza habitual, reconoce que la solución de su excanciller no funcionó, en una entrevista en CNN.

— Le di la potestad para que decida acerca de qué hacer con Julian Assange. Ella optó por una alternativa que no dio los resultados que se esperaba, pero lo intentó. Este momento estamos conversando con el gobierno británico. Se nos ha informado qué es lo que haría el gobierno en caso de que el señor Assange decida salir de la embajada y tenemos una alternativa.

Reconoció además que ha conversado del tema con Espinosa y que ella está “cargada de buenas intenciones”.