Profundidad

Angélica Porras: “el momento de mayor tensión fue por la independencia judicial”

La vocal del Consejo de la Judicatura de Transición habla sobre lo que han encontrado en sus primeros meses de gestión y explica cómo funcionará la iniciativa que lidera, la Mesa de la Verdad para investigar los casos de persecución política a través de las cortes.
  • independencia judicial

    Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura. Fotografía de José María León para GK


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Es sábado por la mañana y la oficina particular de Angélica Porras, en un edificio de la avenida 12 de Octubre, está casi vacía. El calor veraniego entra por las grandes ventanas, y hay una quietud que parece ajena a lo que Porras cuenta: dice que han encontrado un Consejo sin información, con un departamento dedicado a presionar jueces, e información faltante —y encriptada— a la cual aún no han podido acceder. Sentada a la cabeza de una larga mesa, toma café mientras  habla de su experiencia en el órgano que regenta la función judicial del Ecuador.

Empecemos hablando de la llamada Mesa de la Verdad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes pueden presentar sus casos?

Esta mesa está pensada para investigar a quienes actuaron desde la justicia, jueces, fiscales o miembros del Consejo de la Judicatura anterior, que utilizaron la justicia para perseguir políticamente a la disidencia, para perseguir a comunicadores sociales, líderes sociales o políticos que pensaban diferente.

Puede participar en esta mesa cualquier persona que haya sido perseguida por pensar diferente al régimen anterior y que hubiera sido enjuiciada por tal hecho, sentenciada o incluso encarcelada. Hay un grupo de personas que vienen del 30S, otro grupo que viene del periodismo, otro de líderes sociales.

El primer objetivo es dar voces a las víctimas y descubrir la verdad. Saber qué pasó, y llamar las cosas por su nombre.

Muchas de estas personas fueron llamadas terroristas, saboteadores, magnicidas cuando en realidad lo único que hicieron fue protestar, organizarse socialmente.

Y el segundo —un objetivo muy propio del Consejo de la Judicatura— es precisamente iniciar los procesos disciplinarios a los jueces y fiscales que hubiesen actuado de manera indebida en esos procesos.

Hay que tener claro que no podemos cambiar sentencias, ni las vamos a cambiar porque esa no es nuestra misión. Pero sí podemos sancionar a los jueces y fiscales que actuaron de manera indebida en el juzgamiento de estas personas.

angelica porras

Porras es catedrática universitaria y abogada. Hace dos meses fue designada vocal del Consejo de la Judicatura. Fotografía de José María León para GK

¿Es posible que haya casos de persecución menos visibles, que en su momento no tuvieron mayor cobertura mediática pero que también entren al análisis de la Mesa de la Verdad?

Nosotros estamos trabajando en la mesa ya un mes. En los últimos días, desde que la presentamos, hemos encontrado muchos más casos de los que nos imaginábamos.

Hay casos que han pasado, efectivamente desapercibidos porque son en provincias, entonces se ven minimizados o porque son personas que prefirieron declararse culpables, hacer una negociación con el fiscal, que permite la Ley, para reducir sus penas. Y ahora dicen: yo era inocente y me sentenciaron a tantos meses o tantos años.

Resulta, entonces, que la cuestión era más grande de la que nos imaginábamos, la dimensión es generalizada y sistemática. Realmente es terrible lo que ha pasado.

¿Se sabe cuántos casos hay hasta ahora?

Tenemos hasta ahora 103 ó 104 casos, pero tengo la impresión de que esa cifra se puede duplicar. Eso sin contar individualmente a las personas. Por ejemplo el caso 30S tiene varios cientos de personas dentro del caso.

¿Y ese se cuenta como un caso?

Claro, como un caso. Ese caso nos tomará mucho más tiempo. Habrá una comisión específica para este caso.

¿Quiénes forman parte de la mesa?

La mesa tiene dos componentes.

El primero, las organizaciones de las víctimas y las víctimas. El segundo, las organizaciones del Estado.

Pero en este segundo componente hay dos momentos. El primer momento estamos el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la Procuraduría General del Estado.

En un segundo momento se van a ir integrando en las comisiones de trabajo los representantes de la Fiscalía y de la Corte Nacional de Justicia —además de los que ya mencioné en el primer momento.

Es importante que los posibles victimarios tengan voz, no queremos cometer el mismo error: si a nosotros no nos dieron la oportunidad de defendernos, a ellos sí les vamos a cumplir el debido proceso. Además estas organizaciones tienen información que ni nosotros ni las víctimas tenemos.

Es importante recabar información suficiente para que después de que salga el informe, las víctimas puedan buscar reparación judicial.

Entonces están las víctimas, las organizaciones del Estado y, además, habrá un acompañamiento técnico: con la Academia, reconocidos constitucionalistas y defensores de derechos humanos y organizaciones que se han caracterizado por luchar con las personas que en algún momento estuvieron solas cuando el régimen se abalanzó sobre ellos.

Entre estas está INREDH y hay conversaciones con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para que nos acompañe en la mesa.

¿Cuál sería el proceso? Habría un primer informe en diciembre, ¿cuál sería su objetivo?

Vamos a trabajar por comisiones según el tipo de caso.

En la primera etapa vamos a recoger la información y elaboraremos una ficha para documentar cada caso. En una segunda etapa sistematizaremos la información para buscar los patrones de cómo sistemáticamente se operaba.

Usted recuerda, por ejemplo, salía una sabatina y ahí se decía cómo es posible que el juez haya dado la libertad en equis caso.

Entonces queremos definir cómo fueron los patrones para poder desmontarlos.

¿Y también se buscará saber quién actuó ahí?

Sí, y seguramente vamos a encontrar —digo esto a manera de hipótesis— que no fueron sólo los jueces o fiscales, sino que también actuó el Consejo de la Judicatura o la función Ejecutiva.

Una tercera etapa es entregar el informe con esos resultados: ahí debe decir estos son los patrones, estas son las recomendaciones para desmontarlos, estos son los responsables. Con ese informe, como Consejo de la Judicatura, nos tocará iniciar los procesos disciplinarios en cuanto a jueces y fiscales.

Muchos de ellos fueron premiados. Actuaban de una manera en un juicio y luego les premiaban con una notaría o con un puesto de juez superior.

Pero este informe tendrá otras recomendaciones a otras instancias del Estado que puede ser la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia o el propio Ejecutivo, porque si este informe nos da insumos suficientes quizás es necesario que el Ejecutivo y todo el Estado tenga una Comisión de la Verdad para saber qué pasó con los perseguidos políticos no solo del sector judicial, sino incluso gente que murió y en cuyos casos pesa la duda de si fue el Estado el que intervino.

Este informe debería servir para que las víctimas inicien acciones penales o judiciales no sólo sobre quienes los persiguieron, sino también para que el Estado o el Ejecutivo inicie una comisión que permita identificar qué pasó con la persecución.

Esta semana vamos a difundir públicamente los canales a través de los cuales se pueden hacer las denuncias y entregar la documentación. Esperamos que esto no nos lleve más de quince días y podamos empezar con la sistematización.

consejo de la judicatura ecuador

Porras dice que han hecho “hallazgos terribles”. Fotografía de José María León para GK

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¿Qué otras cosas han podido identificar en la Judicatura?

En realidad los hallazgos son terribles. Esta forma de operar significó un mecanismo de presión orquestado desde el Consejo de la Judicatura.

Había un área dentro del Consejo de la Judicatura que se dedicaba a presionar a los jueces, donde estaba actuando al Estado.

Al mismo tiempo, presionaba a los jueces para beneficiar a algunas entidades privadas en las que había intereses directos del gobierno. Había, por un lado, control sobre los jueces: los convirtieron en jueces obedientes, salvo honrosísimas excepciones, que sí las hay pero la mayoría ha actuado con miedo a una sanción, a una destitución.

Se sabía que los jueces tenían que complacer al Estado.

Incluso hay cartas, 3 cartas.

Una enviada por el señor Alexis Mera en la que claramente dice que no se pueden conceder acciones de protección en contra del Estado. Las otras dos fueron enviadas por otros dos funcionarias del Consejo de la Judicatura. Lo primero que pedimos al llegar al Consejo fueron esas cartas, pero fueron destruidas.

Hay un montón de copias, ninguna certificada, solo las copias simples que nosotros también tenemos porque se destruyó información.

Esta dirección que le digo se encargaba de enviar a uno de sus funcionarios a las audiencias, solamente a sentarse allí. No hacía falta más. Y en algunos casos se acercaba al juez, a decirle vengo de tal parte, me ha mandado fulano, me ha mandado sutano y me parece que usted debe tener en cuenta los derechos del Estado.

Una dirección con más de 15 personas pensada para eso. No tiene ninguna otra función. Nosotros pedimos un listado de los datos, dijimos a ver cuáles son los casos en los que intervinieron, nos dieron el listado y son casos en los que intervenía el Estado.

¿Cómo cuáles?

No me gustaría dar esa información porque es parte de la investigación que estamos haciendo. Pero hay varios casos polémicos, muchos de persecución política en los que estuvieron haciendo ‘el seguimiento’ como ellos lo llamaban.

¿Y la dirección cómo se llama?

De Transparencia.

¿Fue instaurada o ya existía?

La verdad es que fue creada. Fíjese que lo que supuestamente hacía esa dirección, en el papel, lo hace la Dirección de Control Disciplinario —entonces, no hacía falta crearla porque no podía tomar ninguna acción: legalmente o reglamentariamente esta Dirección de Transparencia no podía decir hagan esto o hagan lo otro, lo que sí podía la Dirección de Control Disciplinario.

La de Transparencia se creó sin objetivo legal. El objetivo no era un procedimiento, el objetivo era acompañar, vigilar los casos en los que estaba interesado el Estado.

¿Y qué pasa ahora con esa dirección?

Esta dirección no está funcionando. Todavía no está resuelta la moción que presentamos Juan Pablo Albán y yo para eliminarla. No hemos logrado consensuar con los otros vocales para eliminarla.

Creemos que sí podemos llegar a ese acuerdo.

De momento existe pero no está haciendo nada, lo que también resulta un poco inconsecuente: necesitando tanta gente en tanto lugar para trabajar no podemos seguir manteniendo a esta dirección sin hacer nada.

¿Es decir que hay 15 personas sin funciones?

Sí, sin funciones.

¿Hasta que el Consejo de la Judicatura se ponga de acuerdo qué hacer con estas personas?

Nuestra posición es eliminarla. El rato que la eliminemos seguramente estas personas serán transferidas a otros lugares en donde se necesiten. Sin embargo, hasta ahora no hemos podido decidir ese tema.

¿Qué pasa con esos funcionarios que actuaron de forma obsecuente con el régimen, no solamente hablando de parámetros éticos sino quizás también legales, cómo se les puede reubicar en lugar de que haya procesos disciplinarios?

Usted tiene toda la razón. En realidad me parece que lo correcto no solamente sería desaparecer esta dirección sino iniciar los procesos.

Deberíamos iniciar los procesos en contra de los funcionarios de esta dirección y si es que hay que destituirlos, habrá que destituirlos.

Porras es una mujer con una claridad didáctica para hablar. Antes de ser parte del Consejo de la Judicatura era docente  de la Universidad Andina, y tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.

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Porras dice hay 15 funcionarios del Consejo de la Judicatura que actualmente no tienen funciones. Fotografía de José María León para GK

Usted cuenta estas cosas que han ocurrido durante estos diez años y resulta preocupante escucharlo. ¿Cómo desmontar ese sistema? No hablamos solamente de 15 personas de una dirección, sino de un patrón de conducta como usted mencionó anteriormente. ¿Cómo se puede trabajar para tener una justicia en la que se pueda confiar?

Este no es un trabajo de pocos meses.

Nosotros no solamente  tenemos problemas con la justicia en los últimos diez años.

Quizás los últimos diez años fueron los más patéticos porque la función llamada a proteger los derechos humanos se utilizó contra todos. No solamente contra los políticos como había sido en regímenes anteriores sino contra cualquier ciudadano que osaba cuestionar de alguna manera al régimen.Nunca antes hubo una persecución tan fuerte a los jóvenes destruyendo su proyecto de vida inclusive.

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Siempre hemos tenido un problema con la Justicia, siempre un problema serio ha sido la independencia. No ha habido independencia. El Legislativo o el Ejecutivo han intentado siempre tomarse la Justicia. Y de hecho estuvo tomada la justicia por diversos partidos políticos. Ahora hubo un cambio de color.

El problema con este cambio de color es que fue absoluto, no hubo ningún contrapeso, por eso llegó a los límites que llegó. Debemos diseñar un modelo más acorde a los parámetros internacionales de independencia judicial.

El eje, para nosotros, el la independencia judicial. Ese es un tema, no solo de diseño porque nosotros solemos creer en Ecuador que cambiando la Ley, cambiamos las instituciones. No es una cuestión de diseño. Es una cuestión de cultura política, cultura jurídica, difícil de construir. Esto no es a corto plazo.

Pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer es mirarnos al espejo: lo que sucedió en estos diez años no solamente fue el resultado de un régimen autoritario sino de una sociedad que lo permitió, de una sociedad que prefirió quedarse callada frente a los atropellos, de una sociedad que dejó solos a quienes tenían que enfrentarse al gobierno, al poder estatal.

Eso indica que el autoritarismo no solamente está en nuestras autoridades sino también está en la sociedad. En esa medida, ¿qué elementos podemos aportar nosotros para que este sea un sistema independiente?

Primero no violar el principio de independencia judicial.

Ese es un compromiso nuestro, al que llegamos luego de arduas discusiones dentro del Consejo, pero es un compromiso de todos los vocales en este momento.

¿Qué significa eso concretamente?

Concretamente significa que no vamos a presionar a ningún juez ni a ningún fiscal para que decidan en la forma en que nosotros consideramos que es la correcta.

¿Pero la sanción a la jueza del caso Espinel no podría considerarse una presión?

Sí, con esa y dos cartas más que salieron posteriormente. Precisamente esos elementos generaron dentro del Consejo una fuerte discusión.

La ventaja es que esos dos eventos nos llevaron a tomar este compromiso que está elevado a resolución: cualquier información que se solicite a jueces o fiscales no puede tener calificación alguna sobre sus actos jurisdiccionales, debe ser decidido por el pleno y no de manera aislada por uno de los vocales o por el presidente, aunque en el caso del presidente tenía esa facultad pero, desde nuestro punto de vista, tenía que someterse a discusión porque es una cuestión polémica.

Entonces hemos tomado esa decisión. Es un compromiso de todos los vocales, que este tipo de cosas no se hagan, y cuando tenga que pedirse información se lo haga respetando la independencia judicial.

Vamos a ver.

Tengo confianza en que esto no se va a repetir porque en eso hemos quedado, pienso que todos los que estamos allí somos personas honorables y vamos a cumplirlo. Ese es un primer elemento: la independencia judicial.

Un segundo elemento es la formación de los jueces, y un tercer elemento es verdaderos concursos.

¿Qué pasó en los diez años anteriores?

En primer lugar, los concursos y las recalificaciones sobre todo, no atendieron solamente a los méritos. Hay concursos que se recalificaron hasta 3 veces, y una persona que tenía 20 puntos llegó a tener 40 o 50 puntos. Hay ciertos concursos en los que hay hasta 3 bancos de elegibles, con diferentes calificaciones cada uno porque calificaba la Escuela Judicial, calificaba Innovación y calificaba, además, la Dirección Nacional.

¿Pero no había un reglamento claro sobre eso o simplemente se lo saltaban?

Es una interesante pregunta porque los reglamentos eran muy generales, precisamente para permitir cualquier maniobra de este tipo.

Entonces hay muchas quejas respecto de que alguien tenía 50 puntos y era el mejor, y de pronto una persona que tenía 30 llegó directamente a los 50 puntos.

A veces no es fácil determinar cuál es el banco de elegibles correcto porque hay varias recalificaciones.

Los concursos fueron muy manipulados. Precisamente por estos amarres en los concursos, los jueces que llegaron (no todos, no siempre) no son los mejores. Además le deben el puesto a alguien. Si es que a alguna persona le ayudan a llegar a un puesto más allá de sus méritos, debe el puesto, está debiendo un favor y obviamente va a ser obsecuente. Ese es otro tema a solucionar.

Y otro tema es la formación. En otros países la formación de un juez no es la formación de la universidad. Si llega a juez tiene que iniciar un sistema de formación continua, de varios años, de tal forma que su bagaje jurídico sea mucho mejor del que obtiene cuando sale de la universidad, especialización o incluso de una maestría, porque además el juez tiene que tener otra serie de elementos formativos que van más allá del Derecho.

Un juez tiene poder: va a decidir la libertad o prisión de una persona, va a decidir sobre una herencia, sobre un contrato millonario. No es fácil ser juez, entonces la formación debe ser continua, acompañada de todos estos elementos que le ayuden a tomar una decisión en casos complejos.

Angélica Porras hace una pausa, da unos sorbos al café, hace un par de apuntes con una pluma roja en una libreta. Cuando habla usa un plural que haría pensar que en el Consejo de la Judicatura hay vocales que piensan —y votan— como ella, y otros que tienen ideas contrapuestas.

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La vocal Porras dice que hubo corrupción en el Consejo dela Judicatura en la década anterior. Fotografía de José María León para GK

Usted habló de un tema clave: los concursos. Hay esta discusión, incluso política, cuando Rafael Correa y Lenín Moreno se enfrentan diciendo, el primero que la justicia ya no es independiente, el segundo que ahora lo es. La discusión cae al vacío cuando vemos que la estructura es la misma. Quizás los vocales de la Judicatura ya no son los mismos, pero quienes están en los puestos de toma de decisiones, fallos, jueces y fiscales, son los mismos que entraron en estos concursos tan dudosos que usted menciona. ¿Qué va a pasar con estos jueces y fiscales? ¿Este cambio en la Justicia hacia dónde va y cómo se concreta?

El Consejo de la Judicatura ya conformó una comisión para receptar las denuncias de corrupción judicial.

Esta comisión —que está liderada por Juan Pablo Albán— busca responder a la corrupción judicial porque hay corrupción.

Pretendemos que en casos ya cerrados o en casos que están en proceso, se pueda investigar a los jueces y fiscales que están cayendo en corrupción.

La segunda arista es la evaluación de los jueces. Esta evaluación hemos dividido en dos partes, la primera es a la Corte Nacional de Justicia. El diseño de esta evaluación ya está más o menos concluido. Vamos a acompañarnos de expertos internacionales para que se vea que la intención no es perseguir a nadie sino evaluar. Entonces hay una comisión de expertos internacionales, una comisión técnica que se encargará de hacer la evaluación en sí que es, además, una comisión de carácter académico y una tercera arista que es las veedurías sociales —veedurías de abogados, ciudadanos, organizaciones sociales.

Esto para la Corte Nacional de Justicia porque es una alta corte de nuestro país.

Nosotros no podemos llegar y decirles ‘actuaron mal, váyanse a la casa’. No: tenemos que evaluarlos cómo se debe, identificar quiénes actuaron mal, quiénes actuaron correctamente y decidir entorno a eso.

Esta es la evaluación de la Corte Nacional de Justicia.

Estamos recién empezando a trabajar en la evaluación de jueces de primero y segundo nivel. Es un arduo trabajo. Tenemos que hacerlo.

Esta evaluación tiene que incluir la trayectoria de este juez, de dónde viene. Porque como usted ha visto, resulta que un juez de una alta corte era antes secretario particular del Presidente, posteriormente su representante en el Consejo de Participación, o en otros organismos del Estado y llegaba a juez nacional o constitucional, que además iba a controlar la constitucionalidad y los actos del gobierno.

Eso ya me indica que la independencia de ese juez ya está cuestionada.

Entonces creemos que en esta evaluación debe incluirse la trayectoria del juez porque la Corte Nacional y la Corte Constitucional son las más altas cortes de este país, van a controlar los otros poderes del Estado: se supone que allí deben estar las personas más intachables.

¿Cuándo se podrá tener estas evaluaciones?

Esta semana vamos a discutir el diseño para aprobarlo e iniciarlo, en el caso de la Corte Nacional de Justicia. La de jueces de primer nivel, recién estamos empezando.

Pero hay una tercera cuestión: la formación. Nuestro objetivo es que haya un proyecto a largo plazo en formación continua. No es cuestión de que sale el Código General de Procesos (Cogep) y le doy un curso y ya. No, tiene que ser continuo para que el juez tenga elementos para saber cómo actuar cuando cambia la ley, sin necesidad de ese rato de manera apurada hacer un curso de pocas horas para saber más o menos cómo actuar.

Entonces es una montaña el trabajo y son pocos meses pero hay que iniciar.

Si hablamos de una posibilidad de que hay actuaciones sistemáticas, ¿nos deshacemos de todos los funcionarios para traer unos nuevos?

Es muy complejo, es realmente difícil. Creo que hay que distinguir. En primer lugar está la responsabilidad de los órganos administrativos como el Consejo de la Judicatura.

Ahí estamos funcionarios públicos que no tenemos la calidad de jueces. Esa situación es distinta porque está regida por normas que corresponden a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), al Código Orgánico de la Función Judicial e inclusive al Código del Trabajo. Entonces allí estaremos frente a dificultades legales porque hay falta de pruebas: eso tiene que resolverse en el ámbito judicial, hay situación de prescripción de las acciones.

Eso en el caso de quienes trabajan en el Consejo de la Judicatura, que pueden ser responsables también. Ojalá logremos establecer responsabilidades al menos de carácter administrativo porque ahí sí nos corresponde a nosotros mismos como Consejo de la Judicatura, sancionar a nuestros propios funcionarios. Si logramos tener pruebas, podemos lograr hasta destitución.

El otro caso es el de los operadores judiciales: jueces, secretarios, amanuenses. En ese caso, nosotros tenemos la potestad de investigar, sancionar e incluso destituir. No sé cuán grande sea la sanción, los despidos o las destituciones.

No sé si son tan grandes.

Me parece más bien que hay jueces y fiscales determinados que estuvieron en un caso, y al mismo fiscal que ya se prestó para eso, le pusieron en otro y luego en otro.

Lo que sí pasó es que nadie hizo nada. Presionaban a todo un tribunal: la opción era, te quedas callado y te mantienes en el puesto o te vas.

Y aquel que no cumplía uno de los dos caminos, le destituían.

Sí hubo fiscales y jueces que, como resultado de actuar en varios casos  haciendo lo que le mandaban, tuvieron como premio llegar a juez titular o provincial, y así. En este segundo caso no creo que podríamos tener una situación masiva.

Lo que sí hubo es mucho temor de los otros jueces para quedarse callados y dejar solos a quienes sí se oponían. Hubo eventualmente un juez que decía yo no estoy de acuerdo, venía la sanción y los otros jueces se callaban.

Eso sí es masivo.

Y cuando uno escucha a los jueces dicen ‘bueno, yo gané bien el concurso, yo tengo familia’, y sabían que si hablaba no iba a encontrar otro trabajo. Y eso les pasó a varias personas: no pudieron volver a trabajar en ninguna otra parte.

La escuché también decir que ni siquiera hay información confiable sobre la cantidad de funcionarios que hay en la Judicatura. ¿Qué pasa con la transparencia informativa al interior de la Judicatura?

Hay tantas cosas en el Consejo de la Judicatura que hay cosas que hemos dejado un poco de lado esta que usted menciona, que es fundamental: no hay información certera casi en nada. Lamentablemente tengo que decirlo de una forma tan dura.

Hay una serie de proyectos de inversión que más de dos meses estamos aquí, no sabemos cuántas personas trabajan en esos proyectos.

Es que son proyectos de inversión en los que se empezaron a dar cargos tan bien remunerados, incluso mejor remunerados que nuestros asesores, entonces uno pregunta dónde está esta persona, dónde trabaja. No están físicamente allí.

Hemos pedido que nos den esa información pero está guardada. Ya por lo menos tenemos información sobre los proyectos de inversión, las personas que están trabajando allí.

Lo que pasa es que esos proyectos tienen unos objetivos específicos que no se han cumplido. Ese es un problema en cuanto a la transparencia que realmente no hemos atendido por las mil cosas que tenemos que hacer.

Imagínese que en uno de los concursos —no le voy a decir en cuál porque está dentro de la evaluación— el reglamento que emana del propio pleno de la Judicatura anterior dice que se va a utilizar la plataforma del departamento de TICs. Pero a último rato, la dirección general anterior dice ‘vamos a utilizar esta otra que está a mi cargo’ y el director anterior dice: ‘yo voy a manejar esta plataforma’. Viene el concurso, TICs pierde el control y hace dos semanas yo pedí el sistema que se utilizó para hacer el concurso.

Me dan el de TICs, me dicen que ahí no están los exámenes, que ese manejaba la dirección general. Nos costó mucho trabajo identificar este otro sistema, que es un sistema que no está donde debía estar, y nadie sabía dónde estaba.

Yo pido ver los exámenes, me dicen está difícil porque están encriptados. ¿Cuánto se van a demorar en desencriptar eso? Parece que es un trabajo de dos meses. Así se manejaban las cosas.

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Porras dice que permanecerán en el cargo hasta mayo de 2019. Fotografía de José María León para GK

Es decir que el control estaba bajo la dirección general y ellos tenían el acceso a unos datos encriptados, ¿dónde queda la transparencia?

Exacto. Además públicamente no se sabía que se había utilizado este sistema. Nosotros descubrimos porque pedimos el sistema a TICs y nos dicen tomen el sistema pero ahí no están los exámenes.

Si yo quiero saber cuánto sacó alguien ahorita no puedo saberlo, lo están desencriptando. Desenmarañar, desanudar es un trabajo titánico.

Esto los ciudadanos no lo saben pero debemos tomarnos el tiempo necesario para desenmarañar eso porque sino nunca vamos a cambiar.

¿Qué implica? ¿Cuál es el tiempo definido para esta transición?

No tenemos un tiempo definido pero no podemos quedarnos más allá del Consejo de Participación, o sea en mayo. Ese sería el tiempo máximo.

Tenemos dos o tres misiones fundamentales. Una, la evaluación de los jueces, de la Corte Nacional y de los otros jueces. Esa es nuestra primera misión. Nuestra segunda misión es buscar quiénes son los responsables dentro de la justicia, de la persecución política y de la corrupción.

Hacia el final de la entrevista, Porras narrará los momentos más surreales que le ha tocado vivir en estos dos últimos meses. Si la situación de la Justicia en el Ecuador es como la describe, la dimensión de la tarea del Consejo de la Judicatura que integra estriba entre lo titánico y lo imposible.

Usted hablaba en algunas entrevistas de algunos contratos que quedaron en el aire. ¿Cómo van a trabajar este tema de contratos mal dados o confusos o con irregularidades?

Hemos hecho ya alguna investigación sobre los contratos polémicos, por decir lo menos.

Son contratos de corrupción.

Un contrato muy conocido, el de Justicia 2.0. Y otros contratos de montos pequeños, mucho en volumen, pero que también son dudosos, mucho en la forma en que se concibieron y ejecutaron.

De eso ya levantamos un primer estudio, ahorita estamos haciendo los exámenes respectivos para pedirle a la Contraloría que amplíe los exámenes anteriores porque en uno de estos contratos la Contraloría ya hizo su examen, pero dijo algo como miren, están amontonados los equipos en tal parte, hay que utilizarlos. No analizó la parte más importante: se pagó por un sistema 30 millones de dólares, dónde está ese sistema, qué está haciendo, qué podemos utilizar. Eso no hizo la Contraloría. Hay una serie de construcciones con unos precios altísimos. Una construcción de similar tamaño que cuesta seis veces menos.

Ya hemos identificado estos casos que están con informes de Contraloría.

¿La Contraloría determinó que todo estaba bien?

La del doctor Pólit. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Estamos buscando los mecanismos jurídicos para que amplíen los objetos de investigación y vamos a buscar aquí algo de lo que se llevaron.

He solicitado al pleno que enviemos una comunicación al Consejo de Participación, porque ellos tienen una Secretaría Técnica Anticorrupción, para decirle que estos son los contratos que queremos que el Contralor actual estudie e identifique si hay alguna irregularidad para iniciar acciones legales, penales, en contra de quien corresponda.

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En el caso de Justicia 2.0, el informe del contralor solamente dice que hay posibles responsabilidades administrativas. Y todas recaen sobre el administrador del contrato, que es un funcionario de segundo o tercer nivel dentro del Consejo de la Judicatura.

En ese contrato mínimamente debería ser el director general, sino todo el pleno, porque 30 millones de dólares es muchísimo dinero y no funciona ese sistema.

¿Hay consenso dentro del pleno sobre todos estos temas? ¿Están de acuerdo en las prioridades?

No hay consenso en todo. Uno de los temas de menor consenso es el tema que fue un momento de tensión muy fuerte, el tema de la independencia judicial. Yo hablo por mí, pero sin lugar a dudas Juan Pablo Albán también, tenemos como eje rector la independencia judicial.

Lo cual no quiere decir que vamos a permitir la corrupción, precisamente por eso estamos pensando en este otro mecanismo.

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Tenemos que lograr que nuestros jueces asuman su poder, asuman su responsabilidad y estén dispuestos a asumirla posteriormente si es que hubieran incurrido en una falta ante las autoridades competentes, pero no podemos decirle al juez ‘usted ha actuado bien o mal’. Lo que sí podemos decirle es que ha violado la Ley pero pedirle que cambie la sentencia, no podemos.

Ese es un punto de diferencia —o lo fue hasta hace pocos días. En cuanto a las prioridades también hay diferencias, menores, creo yo sobre todo que teniendo en cuenta que la independencia judicial es el eje central, para nosotros la cuestión de la transparencia, del apoyo técnico de organismos internacionales y de derechos humanos es sustancial.

En eso ha habido unas diferencias no muy profundas pero ha habido por ejemplo en el tema de la evaluación. Yo desde el principio me opuse a que la evaluación la hagan con el mismo sistema que lo han hecho durante todos estos años y con las mismas personas que lo han hecho.

¿Y había vocales que estaban de acuerdo con hacerlo con el mismo sistema?

Sí, decían ‘vamos a gastar menos’. Yo decía sí vamos a gastar menos pero vamos a quedar bastante deslegitimados porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de evaluar a una Corte Nacional de Justicia, la corte más importante del país.

Hubo algo de discusión, parece que ya estamos casi en el consenso de que tiene que haber organismos internacionales mirando aunque nos cueste un poco de dinero traer al experto, por decir algo al relator de independencia judicial de la OEA, que venga a mirar el proceso porque no tenemos miedo, porque no estamos persiguiendo a nadie.

Lo que queremos es que ese proceso sea súper transparente.

Una cosa es decir, tenemos al relator de independencia judicial o a tal jurista reconocido en todas partes y que la academia —que ha estudiado diez, quince, veinte años el tema de las cortes— sean quienes lideren el sistema de evaluación.

Esa ha sido un poco la pelea, sí, nos va a costar más pero es necesario.

¿Y hay presión de la opinión pública o de sectores que exigen que se resuelva rápido?

Claro, porque básicamente el cuestionamiento que nos hacen es queremos una medida inmediata y sí podríamos hacerlo pero creo que esa no es la forma porque es el efecto mediático inmediato sin tomar las precauciones debidas. Ha habido muchísimas presiones.

¿De qué tipo?

Básicamente eso: se dice por qué se demoran tanto, hay que cambiar los jueces. Sí, hay que hacerlo, pero no podemos decir nosotros ‘este juez es malo, este juez es malo y afuera’.

Hay que hacer un concurso pero resulta que las seguridades para las preguntas están totalmente vulneradas.

Hubo una jueza que me llevó los bancos de preguntas y me dijo que había comprado todos los bancos de preguntas. Ya no es jueza. Dijo que para todos los concursos compraba el banco de preguntas con las respuestas. Así es que quería que le restituyan a su puesto. ‘Yo pagué lo que tenía que pagar’, dijo.

corrupción judicial ecuador

Según Porras, algunos jueces han confesado que compraron las preguntas de los concursos o recibieron coimas. Fotografía de José María León para GK

¿Una jueza que había comprado los bancos de preguntas estaba pidiendo que le restituyan en su puesto porque había comprado los bancos de preguntas?

Sí. Sí. Y cosas así. Una jueza que nos dijo que solo ha recibido dos mil dólares y que cómo es posible que le hayan destituido si eso era una falta leve.

Dos mil dólares de una coima. Eso es un delito. Un dólar no puede recibir. Por un dólar usted puede ir a la cárcel. Imagínese el grado de distorsión. Dijo que era una falta leve.

Nosotros nos quedamos fríos. No podíamos creerlo. Así de mal estábamos.

Tenga en cuenta que nosotros sí debemos cumplir los procesos judiciales cueste lo que nos cueste. No se trata de que todos afuera porque son correístas o porque actuaron mal o suponemos que actuaron mal, que parece que sí. No podemos hacerlo.

¿Si tienen la libertad para hacerlo?

Poco, porque la mayoría o bastante de estas personas tienen nombramientos definitivos. Hay nombramientos provisionales pero tenemos la obligación por ley de hacer el concurso para ver si es que estas personas pueden o no quedarse. Lo que sí vamos a hacer es abrir el concurso para que otras personas de afuera puedan competir.

Es decir que hay funcionarios de la Judicatura que tienen que quedarse y se van a quedar?

Si es que tenemos una prueba, no tienen que quedarse. Por eso son necesarias personas que estén dispuestas a poner su firma. La mesa de perseguidos políticos funcionó porque la gente estaba dispuesta a poner la cara.

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En el caso de la corrupción contra los jueces ya tenemos tres investigaciones en marcha porque hubo gente dispuesta a poner la firma, gente que dijo ‘me voy a arriesgar y voy a arriesgar a mi familia’. Por esa gente es que vamos adelante con esto.

María Sol Borja
Periodista y publicista. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha publicado en medios como New York Times, Mundo Diners y Soho. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Editora asociada en GK.