El remanente comandado por Walter Arizaga alias ‘Guacho’ no es solo una organización criminal: son combatientes irregulares, como tantos otros en la historia militar. Tampoco son nuevos en el mapa criminal de la región como los ha querido clasificar una analista ecuatoriana. En el caso concreto del Ecuador, buscan mezclarse y habitar entre los pobladores esmeraldeños para reclutar colaboradores y ganar conocimiento de las operaciones militares ecuatorianas.
Con esa información, deciden dónde, cuándo y cómo atacar. De manera cruel pero estratégica, apuestan a la desesperación de las tropas atacadas para que progresivamente sospechen y vulneren los derechos de la población. De esa forma, buscan ganarse la neutralidad o el apoyo de los habitantes del sector.
Este es un movimiento propio de adversarios políticos, y no nuevas modalidades de crimen organizado. La imposición de una voluntad política por la fuerza es el propósito de la guerra. Y es lo que tenemos con estos grupos desde el inicio de las hostilidades en noviembre 2017: una guerra no convencional.
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En la frontera norte, nuestros enemigos están luchando una guerra no convencional contra el Ecuador. Utilizan activamente la fuerza militar, pero también lo que se conoce como el uso pasivo de esa fuerza: provocar miedo para que cedamos ante su voluntad de operar impunemente en nuestro territorio. Esto explicaría el giro de atacar blancos militares y apuntar a la población civil, mediante el secuestro de periodistas y la destrucción de nuestra infraestructura eléctrica.
Ambos delitos envían un mensaje de los remanentes a los ecuatorianos: estamos a su merced, las Fuerzas Armadas no pueden protegernos por más que el Gobierno desee proyectar la imagen de una situación bajo control, y que es mejor ceder a sus demandas. El enemigo usa la amenaza de castigar directamente a la población civil para que aceptemos su voluntad.
No es nuevo: lo hicieron, por ejemplo, los soviéticos en 1962, cuando ubicaron misiles nucleares de rango medio e intermedio en Cuba, a apenas 90 millas de la Florida. La diferencia es solo de sofisticación militar, pero la intención es la misma: usar la fuerza activa y pasivamente para lograr la concesión a sus demandas. Tampoco es nueva la lucha entre un actor no estatal híbrido y un Estado. Tanto Al-Qaeda como el Talibán afgano han combinado actividades lícitas e ilícitas en su lucha contra el gobierno estadounidense por 15 años.
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Frente a esto, la reacción del Gobierno ecuatoriano ha continuado el legado de la administración del presidente Correa.
El Ministro del Interior, César Navas, mantuvo la tesis que los ataques son solo reacciones a operativos policiales contra el narcotráfico, resaltando la complejidad de nuevas amenazas criminales. El presidente Lenín Moreno hizo eco de la tesis del Ministro y ha ido más allá: aseguró que el Gobierno en su compromiso con la paz está preparando las medidas para ceder a las demandas de los remanentes, quienes han exigido la liberación de sus detenidos así como el fin de los convenios colombo-ecuatorianos para luchar contra el narcotráfico.
Estas declaraciones muestran niveles de ingenuidad extraordinarios.
Por un lado, suponer que el secuestro de los periodistas es parte de una tendencia reactiva de los remanentes es cerrar los ojos ante la realidad de que ellos son los que han decidido lugares, horas, y fechas para atacar a una variedad de blancos ecuatorianos. La realidad es que desde el inicio de hostilidades, el gobierno nunca logró desactivar, apresar, o eliminar a los operativos guerrilleros antes de que los atentados sucedan.
Eso sería tener la iniciativa: obligar al adversario a reaccionar a tus movimientos.
Pero el Gobierno no ha logrado retomarla, y al parecer no está encaminado a hacerlo en el futuro cercano. Su incapacidad lo ha puesto en una encrucijada de la que difícilmente saldrá ileso: por un lado tiene la presión de la sociedad civil de traer vivos de vuelta a los 3 periodistas, y por el otro la presión de no ceder ante exigencias hechas a punta de secuestros.
La reacción del Gobierno indica que no entiende que los remanentes colombianos nos han declarado una guerra. El Ministro de Defensa, Patricio Zambrano, se rehúsa a ponerle nombre a la crisis. Prefiere los sofismos académicos y la cataloga como una situación compleja producto de nuevas amenazas de seguridad: mientras los remanentes colombianos están cerca de lograr sus objetivos militares con el intercambio de prisioneros, nuestro gobierno no está luchando una guerra sino lidiando con un “problema de delincuencia nuevo, complejo, y nunca antes visto”.
El problema de esto, más allá de la académicamente interesante pero operativamente irrelevante discusión sobre la mejor tipología para clasificar estos grupos, es que perdemos tiempo en retomar la iniciativa. Se necesita una estrategia militar clara que irrumpa y neutralice las operaciones ofensivas de los remanentes. Solo así volverá la calma y la seguridad a la población fronteriza.
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La incómoda posición del gobierno del Ecuador es que sus alternativas parecen una situación de perder-perder.
Si cede y libera a un irregular, los remanentes colombianos habrán logrado una victoria estratégica. Militarmente, esto podría devenir en nuevos ataques contra tropas ecuatorianas orientadas a secuestrar personal militar o nuevas emboscadas contra unidades militares. Las unidades blindadas desplegadas en San Lorenzo son blancos ideales contra explosivos improvisados porque están ubicadas en calles estrechas y porque sus chasis no son lo suficientemente altos, curvos y blindados para tolerar explosivos en el suelo. Parecería que el alto mando de la Fuerza Terrestre ha olvidado que es un serio error táctico desplegar tropas blindadas sin entrenamiento especial en combate en zonas urbanas para lidiar con irregulares preparados para ese tipo de enfrentamiento.
En el caso de los secuestros, los remanentes podrían apuntar a autoridades locales esmeraldeñas: alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, o miembros de la sociedad civil como periodistas, religiosos, activistas sociales. Las operaciones serán relativamente fáciles debido a la cercanía de la frontera internacional de los centros urbanos esmeraldeños o de provincias como Carchi e Imbabura.
Si no cede a la presiones de los secuestradores, su postura frente a la sociedad civil parecerá cruel y repudiable para un país que valora la paz y la vida. Más aún cuando todavía permanece en la memoria colectiva el rescate armado de Nahim Isaías que terminó, en 1985, con la muerte del rehén.
Si esa fuera la decisión del gobierno, su actuación tendría que ser de precisión quirúrgica para no repetir ese trágico desenlace. Necesitaría comprar tiempo para que las operaciones de inteligencia encuentren el lugar donde están los periodistas, y definan el mejor lugar para que el operativo sea exitoso.
No ceder a las demandas de los secuestradores tendría un fundamento militar: hacerlo podría generar un mayor riesgo. Pondría en riesgo a la gente de Esmeraldas, y potencialmente, a la de Carchi, Imbabura, Manabí, Santo Domingo, Pichincha y Sucumbíos porque el mensaje que entenderían estos remanentes de guerrilleros (con capacidades probadas para usar tácticas terroristas e irregulares contra la población civil) es que secuestrar funciona. Vendrían más secuestros y atentados. Esta forma de sopesar los posibles escenarios es algo que sucede con frecuencia en los conflictos: cuando Alan Turing descifró el código Enigma nazi, no podían impedir todos los ataques contra convoyes logísticos británicos —hacerlo les habría revelado a los alemanes que el código había sido descifrado, lo que los llevaría a mejorarlo.
El rango de acción del gobierno ecuatoriano es muy estrecho: las dos opciones que maneja contraponen la cuestión humanitaria con la que todos nos solidarizamos (el retorno con vida de los 3 periodistas) y la cuestión militar (de fortalecer al enemigo).
Ambas podrían tener gravísimas consecuencias. En la del rescate, el mal récord de nuestras fuerzas supone un riesgo que las familias, amigos, colegas —y los mismos secuestrados— no querrían soportar, y que potencialmente podría terminar en desgracia. En la de la negociación, podría significar la validación del secuestro como una herramienta de negociación.
Esa es la precaria situación de seguridad que vivimos.
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Para no volver a tener una situación de esta naturaleza, es necesario cambiar el enfoque de la estrategia militar del Gobierno.
Basta de hablar de nuevas amenazas de seguridad o de crear capas de burocracia como los nuevos Consejos de Seguridad y de Seguridad Fronteriza creados por el presidente Moreno. Ambas acciones lo único que hacen es retardar el trabajo necesario y venderle a la población una ficción que muestre acción por parte de su gobierno.
El cambio de enfoque es aceptar que estamos en guerra y que la estamos perdiendo: los remanentes están teniendo éxito en socavar el ánimo y confianza de nuestra población.
En este cambio de enfoque es esencial que el Ministerio de Relaciones Exteriores pase a ser más activo y asertivo en obtener una ofensiva militar colombiana en el suroeste de su país. En lugar de darle la vuelta al mundo buscando ser nombrada Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, la ministra María Fernanda Espinosa tiene que buscar incrementar la presión sobre Colombia para que sus tropas lancen una campaña ofensiva que irrumpa las operaciones de los remanentes que están atacando al Ecuador. Si esto no es posible, entonces la Ministra debe lograr que Colombia acepte que es una situación en la que el Ecuador no podrá honrar compromisos como el respeto a la soberanía colombiana.
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Es indispensable que el Gobierno y la sociedad seamos más constructivamente críticos de nuestros militares. El secuestro de los periodistas fue un error militar y esto no ha sido observado por ningún actor político que ha criticado la labor del gobierno. Lo fue porque demostró una falta de sensibilidad operacional y estratégica por parte del oficial o voluntario a cargo del retén por donde pasaron los periodistas toda vez que no se les ofreció una escolta que fácilmente pudo haber sido coordinada.
Este error se suma al totalmente inepto empleo de unidades blindadas en San Lorenzo, el empleo de tácticas contrainsurgentes anticuadas como patrullas temporales, y otorgar el comando de operaciones más de carácter contrainsurgente y contraterrorista a un contralmirante especializado en operaciones submarinas.
Si no somos constructivamente críticos de nuestros militares no veremos resultados estratégicos favorables. Aquí hay que recordar que Von Clausewitz explicó que las guerras son luchadas por la nación, el gobierno, y el ejército… No solo el último.
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Hay que considerar una estrategia militar que combine operaciones clandestinas de inteligencia con operaciones de guerra no convencional.
Las primeras deben dirigirse a la decapitación del liderazgo de los remanentes que han atacado a civiles y tropas ecuatorianos. Deben ser de tal naturaleza que hagan que estos pasen más tiempo tratando de protegerse en lugar de planificar atentados.
Se debe poner especial cuidado en atacar solo a irregulares extranjeros: emplear tales acciones contra ciudadanos ecuatorianos sería difícil de justificar incluso si los mismos han emprendido acciones de guerra contra el Ecuador. Para quienes tienen nacionalidad ecuatoriana se debe considerar la cooperación con Colombia para su captura.
Estas operaciones deben entrelazarse con operaciones no convencionales en Esmeraldas, Carchi, y Sucumbíos dirigidas a asegurar los pueblos pequeños remotos que forman el cordón fronterizo.
El objetivo es realizar acciones militares que recuperen la confianza de los pobladores. Solo así se convertirán en proveedores de inteligencia para detectar a los irregulares y neutralizarlos. Para lograr esto es necesario cambiar la estructura de mando actual poniendo el peso de las operaciones no convencionales sobre el Comando Operacional Norte al mando del general Angel Proaño.
El general Proaño debe cambiar nuestras actuales tácticas y operaciones. Hay que terminar con las operaciones de patrullas temporales y de los puntos de seguridad sin sentido. Es necesario destacar tropas en localidades remotas clave para que ejerzan presencia, y hay que operar sin complicar la ya difícil vida que tienen los habitantes de la frontera.
También hay que priorizar al Comando Norte para que disponga de todos los medios de transporte aéreo táctico de las tres fuerzas. Esto significa eliminar el empleo de todos los helicópteros militares en tareas subsidiarias, e inclusive desplegar aquellos que estén destacados en el centro o sur del país. Lo mismo se debe hacer con las aeronaves tripuladas y no tripuladas de vigilancia que estén operativas.
Además, hay que buscar cooperación adecuada. Esto implica aceptar que Estados Unidos —a pesar de todos sus modernos sistemas de reconocimiento y combate— no tiene un buen récord en ganar guerras no convencionales. Fueron derrotados en Vietnam de la manera más clara e impactante, han sido incapaces de derrotar al Talibán en Afganistán, y nunca supieron si estaban luchando una contrainsurgencia o una guerra civil en Irak.
Sin embargo, existen países con un buen registro en este tipo de guerras: Vietnam, el Reino Unido, y Brasil. Vietnam fue el país que precisamente logró combinar magistralmente las capacidades operativas y tácticas de sus guerrillas y ejército para formar un potente instrumento de combate que derrotó a Vietnam del Sur y Estados Unidos.
El Reino Unido es conocido por su magistral desempeño en operaciones de contrainsurgencia tales como la supresión de la rebelión comunista en Malasia en los años cincuenta. Brasil, por otro lado, tiene una experiencia importante en luchar contra bandas criminales que usan la amplitud y vegetación de la selva amazónica para ocultar sus actividades ilícitas. Esas son las puertas que debemos toca para obtener cooperación táctica, operacional y estratégica para ganar esta guerra.
Si no tomamos lo que sucede en la frontera norte con la seriedad —humanitaria, diplomática y militar— que exige la situación, muy pronto estaremos lamentando nuevas víctimas de grupos como los que dirige Guacho. Este es, quizá, uno de los más grandes desafíos que enfrenta el Ecuador.
