La función de participación ciudadana fue uno de los pilares fundamentales de la Constitución de 2008: prometía ser la herramienta para garantizar que los ciudadanos tengan un rol activo en designar las más altas altas autoridades de Estado: el Fiscal General, Contralor, Procurador, miembros del Consejo de la Judicatura, entre otras. Lo único que garantizó el actual CPCCS fue que nefastos personajes como Galo Chiriboga o Carlos Pólit encabecen esas funciones.
Tal fue su fracaso, que el Contralor de esos diez años de supuesta ganancia política y social es uno de los principales involucrados en la trama de corrupción Odebrecht: ha sido llamado a juicio por supuestamente haber exigido el pago de más de diez millones a cambio de desaparecer decenas de glosas y emitir informes favorables a la constructora brasileña.
¿Quiénes eran los miembros de esteConsejo que calificaron a Pólit con un puntaje perfecto en el concurso para ser reelecto en el cargo?
Raquel González, su presidenta, fue coordinadora zonal del MIES y Subsecretaria de Pueblos del gobierno de Correa. Su vicepresidente, Edwin Jarrín, fue Secretario Nacional de Transparencia de Gestión, presidente del directorio de la Empresa Pública de Televisión y Radio del Ecuador, Subsecretario General de Despacho Presidencial de Rafael Correa, y esposo de la asambleísta Soledad Buendía. Los otros consejos eran Doris Gallardo (que fue Directora General del Consejo de la Judicatura), Tito Astudillo (exasesor de Doris Solíz, ministra del gobierno anterior), Javier Burbano (quien ya renunció en diciembre, fue Secretario General de Pueblos y Participación Ciudadana en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política), Tania Pauker (que fue asesora en el despacho de Jorge Glas y el Ministerio Coordinador de Patrimonio) y Juan Antonio Peña (subsecretario de Seguimiento e Información de la Presidencia). Todos tuvieron, en algún momento, estrechos vínculos al Ejecutivo encabezado por Rafael Correa. ¿Cómo podría asegurarse un control social efectivo con esas ataduras?
Era una deuda con el país reestructurar esta función que vio hacia otro lado cuando en el país y la región se destapaba en una de las tramas de corrupción más nefastas de la historia reciente.
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Aquí hay que hacer una pausa y tener un momento de extrema franqueza. La negligencia de ese CPCCS nos ha forzado a los ecuatorianos a entregarle un cheque en blanco a Moreno para que designe un Consejo de transición hasta 2019. Ese consejo evaluará a los funcionarios que actualmente están en cargos designados por el CPCCS, para luego dejarle al país la tarea de elegir a los nuevos miembros mediante voto popular, con la promesa de que los candidatos no tendrán ningún vínculo partidista.
Sin duda, pasar de una función que fue cooptada por el oficialismo a una en la que sus miembros no estén comprometidos con el poder de turno será un gran reto. Pero el país es optimista. El nuevo Consejo deberá ser un espacio independiente y sin compromisos políticos para que los más altos cargos públicos sean ocupados por los mejores candidatos y éstos a su vez ejerzan control puro y duro —algo que no hemos visto en mucho tiempo, y que no habríamos visto si no fuera por los Panama Papers y el caso Lava Jato en Brasil, que desembocó en las confesiones de los más altos funcionarios de Odebrecht.
También será una deuda con el país que la evaluación que llevará a cabo el nuevo Consejo de transición diga, con claridad, que los actuales funcionarios nombrados por el anterior CPCCS en su mayoría tenían vínculos con Correa. Tal es el caso de Gustavo Jalkh, actual presidente del Consejo de la Judicatura (fue Ministro de Gobierno). Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo (fue subsecretario del Ministerio del Interior), Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado (fue delegado en la comisión del 30S). Patricio Baca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (es hermano del Fiscal), Patricio Rivera, Superintendente de Economía Popular y Solidaria (fue ministro de Economía), Fernando Cordero, Superintendente de Ordenamiento Territorial (fue ministro de Defensa), Suad Manssur, Superintendenta de Compañías (fue delegada de Correa a la Junta Bancaria), el Superintendente de Bancos, Christian Cruz (fue subsecretario del MAGAP), y Carlos Ochoa (Superintendente de Comunicación) fue director de GamaTV.
Como todos los miembros del CPCCS que los eligieron, gente demasiado cercana a Rafael Correa: la aritmética de la concentración del poder no podía estar más clara.
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El tema fundamental de la reestructuración del CPCCS es la corrupción. entendida como un peligro para la democracia. Ademas, nos ha costado millones y millones de dólares que seguimos pagando (porque mucha de la plata que se entregó en coimas venía de créditos que generan intereses que aun debemos saldar). Pero el mayor problema del país no es la corrupción en sí misma, sino la impunidad y la forma en la que se han llevado los casos que se ha destapado en el último año.
Nuestra justicia no ha sido necesariamente la que ha actuado de forma protagónica ni ha sido la pionera en revelar casos de corrupción: quienes se han llevado el premio a la valentía de revelar la verdad han sido periodistas de investigación y otras organizaciones de la sociedad civil que por su trabajo en la lucha contra la corrupción. No es sino gracias a ellos que se ha logrado ejercer presión pública a las autoridades para que inicien los procesos judiciales en contra de aquellos que han lucrado a costa de cargos públicos y otras influencias.
Mientras siga habiendo corrupción, la consolidación de la democracia en Ecuador no será posible. Para superar este escenario es fundamental que el gobierno de Moreno plantee políticas públicas agresivas contra la corrupción —no como una plataforma, sino como un compromiso: y lo mismo para el nuevo Consejo.
Lo que le toca al Ecuador, luego de este referéndum es pelear para que los candidatos y candidatas al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no pertenezcan al gobierno, ni a ningún partido político. Sólo así, con gente de la sociedad civil, podremos llegar a tener un país más transparente, donde haya independencia de poderes —y no una sala de amigos en la que se reparten los puestos, y se tapan las los errores de ‘buena fe’ a diestra y siniestra.
