Apenas Lenín Moreno puso en marcha la convocatoria a la consulta popular, quedó clara la voluntad de ‘adueñarse’ de su proceso y resultado por parte de su contendor en las urnas y líder de CREO. Guillermo Lasso se pronunció a favor del Sí.
Lo hizo recalcando que “esos temas fueron los que prometieron [en su movimiento] durante la campaña”. El 8 de noviembre de 2017 en un evento organizado por su organización política, que se denominó 7 veces Sí por la consulta, el excandidato y banquero puntualizó que el apoyo que se daba a la consulta popular no significaba un apoyo al gobierno de Moreno: “al que ocupa la Presidencia de la República no le quedó más que acoger nuestra propuesta de consulta popular, porque sintió la presión de la ciudadanía”13. En el mismo espacio su compañero de movimiento César Monge dijo que “la parte del oficialismo que impulsa la consulta defiende una causa ajena, no por convicción, sino por supervivencia política”. Ese respaldo fue leído por los sectores de Alianza País más afines a Correa como una prueba adicional de que el proyecto político de la ‘Revolución Ciudadana’ había sido traicionado.
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Una consulta popular es una elección, y por ende una contienda política. Varias fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil intentarán sostener sus tesis de apoyo o desaprobación a las preguntas en su conjunto. Por su parte, el gobierno deberá construir su propia estrategia y desplegar toda su acción política para el resultado de la misma sea, como espera, tan contundente que le permita afianzar su posición política, dejando atrás cualquier duda sobre su fortaleza. .
La disputa de los resultados de la consulta, entonces, será uno de los elementos clave en el proceso electoral. El expresidente Correa también está participando en la campaña por el No, sin embargo, solo al final del proceso electoral se podrá saber el real impacto de su intervención ‘puerta a puerta’ en el resultado de la consulta.
Queda claro que la oposición al gobierno (la de la derecha a favor del Sí y la de dentro de Alianza País a favor del No) se disputará el resultado de la consulta. S i triunfa el Sí, de manera contundente, la oposición argumentará que el triunfo no fue sólo gubernamental, sino que se debió gracias a su apoyo: y que en ningún sentido es un ‘cheque en blanco’ a favor de Moreno.
Cualquier porcentaje que obtenga el no, Rafael Correa y los sectores afines lo reivindicarán como un triunfo, posiblemente argumentando que la campaña la han hecho sin recursos, sin movimiento y sin el despliegue mediático de antes —y a pesar de lo cual, el resultado obteniendo sería ‘importante’. En todo caso: la apuesta de vida o muerte del correísmo es impedir que se deje sin efecto la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación.
En ese contexto, la estrategia del gobierno para posicionar los votos a favor del Sí como una base política a su favor, no será un proceso sencillo. Podría parecer ser un proceso inmediato traducir los votos por el Sí como un apoyo contundente a Moreno, pero —con seguridad— las ‘oposiciones’ serán renuentes a ello.
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Las tensiones con el sector empresarial y su presencia mediática también se han hecho evidentes. Las posturas han ido desde una alineación entusiasta por la consulta, leída como una herramienta para el debilitamiento del legado correísta y, entre otras cosas, el hecho de que el gobierno de Moreno abrió la puerta para cerrar una futura candidatura de Rafael Correa a la Presidencia de la República.
Pero el entusiasmo también tiene sus contrastes. Para los gremios empresariales que participaron en los diálogos convocados por el gobierno nacional, las propuestas de reactivación económica impulsadas por Moreno en la Asamblea por medio de un proyecto económico urgente, no reflejaron el máximo de sus aspiraciones en materia de reducción de cargas impositivas e incentivos económicos para su sector. La coincidencia en la baja valoración de la propuesta económica gubernamental, aunque por distintas razones, también fue un punto de coincidencia con los asambleístas de Alianza País, distanciados de Lenín Moreno y el sector empresarial.
La filtración del audio con las declaraciones de Eduardo Mangas, exsecretario de la presidencia, tampoco ayudaron a mejorar la confianza con el empresariado. En una parte de ellas, el exfuncionario se expresa sobre el diálogo que fue impulsado al inicio del Gobierno. Los representantes de los gremios empresariales entendieron esas declaraciones como una ‘confesión’, que explicaba por qué sus planteamientos más duros respecto a la reducción de las cargas impositivas no fueron escuchados. La lectura más negativa por parte de ese sector interpretó al diálogo también como una manipulación política para gestionar los primeros meses de Gobierno, con miras a ganar tiempo, cuando en realidad no tenía la voluntad de ceder en ningún tema de fondo.
Por eso se puede comprender por qué pese a que analistas vinculados a posturas económicas liberales que reconocen la importancia de frenar la reelección indefinida, comienzan a pronunciarse con preocupación sobre la pregunta sobre la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En esa línea se ha expresado, por ejemplo, Alberto Acosta Burneo, quien advierte sobre lo que para él son los peligros del ‘cheque en blanco’ que podría significar un Sí en la consulta. Acosta Burneo se pregunta: “¿Qué hará Moreno con el cheque en blanco que vamos a firmar? Recomiendo mirar más allá de las apariencias y buenos modales.” Según Acosta, Eduardo Mangas dio algunas luces: “1ro. En relación al diálogo: no vamos a ceder en nada, pero tenemos que dialogar, que se sientan ‘escuchados’, 2do. Falta de compromiso real para luchar contra la corrupción: lo único que vamos a hacer es crear un Frente de Lucha y Transparencia contra la Corrupción para hacerle contrapeso, en esta etapa de transición política, a la Comisión Anticorrupción’, 3ro. Alineación política para: asegurar la continuidad política e ideológica de la Revolución’. […] Cuando la pregunta número tres sea aprobada, Moreno podrá colocar a ‘su gente’ a cargo de controlar la corrupción y uso de fondos públicos, estructurar las reglas electorales, normar la actividad empresarial vía superintendencias, etc. Ya no será necesaria la reelección indefinida para que la Revolución Ciudadana se eternice. Al controlar este Consejo, el Gobierno podrá cambiar las reglas del juego para inclinar la cancha a su favor. Es clara la estrategia del oficialismo: ‘si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie’. No entreguemos las ‘llaves del reino”.
Por otro lado, las posiciones más duras por el No, provenientes de personajes que han abandonado el gobierno de Moreno y han pasado a la vereda correísta, explican su postura de principios y ‘alertan’ un posible escenario posconsulta. Este es el caso del excanciller de Correa, Guillaume Long, quien renunció a la representación del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Long dijo en una carta: “Señor presidente, sus pequeñas victorias de los últimos meses son por supuesto pírricas. Pasada la consulta, cuando usted deje de serle funcional a la clase política dominante en esta tarea que le han encomendado, empezarán a devorarse los unos a los otros por sus respectivas ambiciones de poder”.
El gobierno de Moreno se enfrenta a una encrucijada política. Por un lado, ciertos sectores de la derecha e identificados con los gremios empresariales comienzan a dudar de dar el “cheque en blanco” en la consulta, en una extraña y a veces suicida forma de apoyar el Sí. Estos grupos —al parecer— aceptan la consulta como un camino necesario para ‘librarse de Correa’, pero no han parado de ser terriblemente duros con el gobierno de Moreno con relación a su plan de reactivación económica. Y por otro lado, el movimiento oficialista terminó de romperse entre quienes apoyan el Sí y quienes apoyan el No.
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En el juego del poder, el gobierno ha tratado de restituir confianza, aceptando los planteamientos de crítica al equipo de manejo económico por parte del empresariado y abriendo paso a la remoción y reubicación de los funcionarios que venían desde el Gobierno anterior. Así mismo, el manejo del dinero electrónico, también y de acuerdo a lo que fue solicitado por la banca como por los gremios empresariales, fue entregado al sector financiero. Pese a ello, las críticas al programa económico gubernamental continúan cada vez con un tinte más apocalíptico y aglutinando a las cabezas más visibles de la ortodoxia económica, incluyendo a algunos exministros y funcionarios económicos de antes de 2006— es decir, antes de la Revolución Ciudadana.
La estrategia de ‘dos puntas’ adoptada por una parte de la derecha en el Ecuador, de apoyar la estrategia política, pero desprestigiar mediáticamente a diario el manejo económico del Gobierno, podría complicar o confundir a la población (pero sobre todo al propio sector que representan) al momento de la votación en febrero.
Con lo que el supuesto bien superior de cerrar las opciones presidenciales de Rafael Correa y desarmar el legado del andamiaje institucional del anterior gobierno, podría estar en riesgo. Ahí se configura la posición suicida de ese sector o quizá un juego más perverso de tratar de que el triunfo del Sí sea un proceso controlado, que abra, si es que es un triunfo que no sea contundente, y de esa forma aumentar las opciones y las capacidades de negociación política con un Gobierno debilitado.
Para el gobierno de Lenín Moreno, la incertidumbre consiste en dónde construir gobernabilidad, pero al mismo tiempo, dónde contar con apoyo orgánico.
Este texto se publicó originalmente en FES-ILDIS como ¿Después de la consulta, qué? Entre la transición y la incertidumbre