Consulta Popular 2018

Desde la incertidumbre, ¿hacia la transición?

La Consulta Popular del 4 de febrero de 2018 llevará a los ecuatorianos a pronunciarse sobre siete temas, entre ellos la reelección indefinida y la forma en que se eligen a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esta es la coyuntura política que definió la que será la duodécima consulta popular en la historia del Ecuador.
  • por qué hay consulta popular en Ecuador

    El expresidente Rafael Correa hace campaña por el NO junto a sus partidiarios. Fotografía de Agencia de Noticias ANDES bajo licencia CC BY-SA 2.0

Toda consulta popular es un acto eminentemente político. El gobierno de Lenín Moreno arrancó el 24 de mayo de 2017 bajo dos circunstancias complejas: un triunfo apretado en segunda vuelta con denuncias de un supuesto fraude esgrimidas desde el candidato contendor, Guillermo Lasso; y, denuncias de actos de corrupción alrededor de la trama Odebrecht que apuntaban al vicepresidente electo como binomio de Moreno, Jorge Glas —recientemente sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita y como consecuencia, dejó de ser vicepresidente de la República.

En ese contexto sumamente polarizado y conflictivo, el gobierno asumió dos tácticas políticas. Una, convocar a un ‘diálogo nacional’ para reconciliar al país y recoger propuestas para afrontar la crisis económica, política y organizar una lucha frontal contra la corrupción. Dos, convocar a una consulta popular también como uno de los resultados de ese diálogo nacional. Con ambas intervenciones el Gobierno apostó a generar apoyo propio y una base política para la gobernabilidad de su proyecto político.

Luego de una corta recolección de propuestas de la ciudadanía, el gobierno definió siete preguntas, algunas de ellas propias de un referéndum y otras de una consulta popular. Los temas que se abordan son:

1) la prohibición para participar en la vida política del país, y la pérdida de sus bienes, para aquellas personas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, llamada la ‘muerte civil’;

2) dejar sin efecto las enmiendas constitucionales realizadas por el Gobierno de Rafael Correa en diciembre de 2015 que permitían la reelección indefinida;

3) la instauración de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, con facultades de evaluar y cesar a las autoridades que fueron nombradas por el actual consejo en funciones, entre ellas fiscal, contralor, procurador, entre otras;

4) enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes;

5) prohibir sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos;

6) derogar la “Ley de Plusvalía”, que de acuerdo al Gobierno Nacional, ayudaría a reactivar el sector inmobiliario y de la construcción; y,

7) incrementar la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1030 hectáreas a 300 hectáreas.

Las preguntas dos y tres son las que especialmente tienen consecuencias políticas trascendentales en el proceso de transición desde el régimen de la ‘Revolución Ciudadana’ hacia un —aún no claramente definido— ‘nuevo orden’, bajo el liderazgo de Lenín Moreno.

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La secretaría jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, entrega la convocatoria a consulta. Fotografía de la agencia de noticias Andes/Micaela Ayala bajo licencia CC BY-SA 2.0.

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En la mañana del 10 de julio de 2017 el presidente Moreno en el tradicional cambio de guardia en el Palacio de Gobierno, se despedía de su predecesor, que se marchaba a vivir a Bélgica: “que Dios te bendiga y bendiga a tu familia, mucho éxito y hasta la vuelta compañero, un aplauso para Rafael Correa”.

La tarde de ese mismo día, el expresidente Rafael Correa habló sobre la coyuntura política. Sus declaraciones ya reflejaban las tensiones causadas por las posturas críticas de Moreno con la Revolución Ciudadana, y que generaban rechazo, preocupación y confusión en los sectores más alineados al expresidente.

Desde una tarima improvisada en el aeropuerto de Quito, al despedirse, Correa dijo: “que no me digan que es cambio de estilo […] la estrategia de querer diferenciarse del anterior Gobierno, dando razón a la oposición […] es obvio que el 2 de abril derrotamos a la oposición, no estoy seguro si ganó la Revolución Ciudadana”.

Correa endurecería sus calificativos hacia quien fue su binomio en 2006. Mediocridad, traición, desconfianza y persecución, serían algunas de las palabras que utilizaría en su afán de concentrar y radicalizar las fuerzas de apoyo a su postura, aplicando su histórica estrategia política: polarización y confrontación.

En esa línea, realizó una corta visita al Ecuador a fines de noviembre y a principios de diciembre de 2017. Su gira se concentró en agrupar su histórico voto duro, defender la reelección indefinida y la inconstitucionalidad de la pregunta sobre la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana, crear condiciones con miras a disputar el liderazgo de Alianza País y la campaña por el No en la consulta convocada por Lenín Moreno, y ratificar su postura de lo que a su criterio es la persecución a un inocente: el juicio penal contra Jorge Glas.

Mucho de lo que podría estar en juego en la consulta y la urgencia por la cual el expresidente decide volver a la política activa, se resume en la siguiente declaración a un medio de comunicación de la capital: “La consulta es para eso, para cambiar a las autoridades de control y [que] nos persigan por el resto de la vida. Esto de que el que nada debe nada teme es un cierto eufemismo en la realidad ecuatoriana en estos momentos porque el que nada debe puede temer mucho, sino pregunten a toda la gente que está siendo chantajeada, amenazada con informe de contraloría para apoyar al Gobierno; y los que muchos deben, no temen nada si están apoyando al Gobierno”.

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Entre el 1 y 2 de junio de 2017 la Fiscalía del Ecuador realizó tres allanamientos a oficinas y domicilios dentro de la investigación alrededor del caso Odebrecht. Uno de los implicados era Ricardo Rivera, tío del recién electo vicepresidente, Jorge Glas.

Tanto el presidente Moreno como Glas se pronunciaron en sus cuentas de Twitter. Moreno dijo: “Estamos prestando todo nuestro respaldo a la Función Judicial en la lucha contra la corrupción. No vamos a permitir que ningún acto de corrupción quede impune, venga de donde venga. Todos los involucrados en el caso Odebrecht deben responder a la justicia”.

Glas por su lado dijo: “Que la justicia investigue y sancione todo. En [la] Revolución Ciudadana nadie está sobre la ley. Seguiremos combatiendo corrupción de Odebrecht”.

Al mismo tiempo las relaciones políticas y personales entre el presidente Moreno y el vicepresidente Glas empeoraban —y la situación jurídica del Vicepresidente también.

El presidente Moreno empezó a distanciarse del gobierno anterior casi desde el inicio de su gestión usando calificativos que fueron muy mal recibidos por la así denominada “ala correísta” de Alianza País. El punto más caliente del conflicto llegó cuando el presidente Moreno, en respuesta a lo que él mismo calificó de una carta ‘ofensiva’, decidió dejar sin funciones al vicepresidente. “Retiré las funciones porque en una carta ofensiva a mi persona, me sorprendí, pensé que era falsa. Una carta de esa naturaleza no debe permitirse a un Presidente”, dijo Moreno en un evento en Guayaquil donde el presidente de la Asamblea, José Serrano, le entregó un manifiesto del bloque de Alianza PAIS y aliados.

Glas fue crítico con el Gobierno de Moreno y puso en duda su compromiso con los 10 años anteriores. Dijo que Moreno estaba orquestando el retorno al pasado:  “Se está orquestando el retorno del viejo país a través del reparto, del tongo. Se construye un escenario propicio para la corrupción institucionalizada.” En sus cuentas de redes sociales, denunció la “posible aplicación de un paquetazo contra mi pueblo”.

Jorge Glas habla con la prensa

El vicepresidente Glas muestra documentación durante el conversatorio que mantuvo con la prensa el viernes 29 de septiembre de 2017. Fotografías de la agencia de noticias Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

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El 2 de octubre, Glas se entregó a la justicia acatando la orden de prisión preventiva dictada en su contra por parte del juez que llevaba la causa por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción Odebrecht. El 13 de diciembre un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia lo declaró culpable. El 6 de enero de 2018, Glas dejó de ser vicepresidente: la Asamblea Nacional eligió con 70 votos, a María Alejandra Vicuña, como nueva vicepresidenta de la República, con el argumento de que su predecesor se encontraba en  “ausencia definitiva de su cargo”.

En el drama de Alianza País, las posiciones de apoyo o no a Rafael Correa —y su férrea defensa a Glas—, fueron el centro del conflicto interno de amplia repercusión en la política nacional.

No ha sido fácil encontrar un sustento documentado sobre el origen de las tensiones entre estas facciones. Los análisis de los editorialistas y los pronunciamientos en las redes sociales siempre se han movido en el escenario de la especulación o la no revelación de fuentes para sostener un distanciamiento que se remontaba a las discusiones sobre quién sería el compañero de fórmula de Lenín Moreno: una aparente imposición de la candidatura de Glas por parte de Correa, y diferentes puntos de vista respecto al manejo de la campaña presidencial y el sentido que debía tener el nuevo Gobierno.

Sin embargo, la sorpresa nacional se produjo cuando audios filtrados con declaraciones de una conversación del exsecretario de la presidencia, Eduardo Mangas, alrededor del 6 de diciembre de 2017 (posiblemente descontextualizadas, pero perturbadoramente reveladoras), llevaron a la opinión pública a dar por confirmado algunos de los rumores, abriendo al mismo tiempo otras dudas sobre el futuro político del Gobierno.

El escándalo significó la renuncia a su cargo de Eduardo Mangas, esposo de la Canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa.

También pusieron en la discusión nacional la compleja trama política a la cual el Gobierno de Moreno y el país se enfrenta, previo a la realización de la consulta popular. La misma trama que quizás es la que sirvió de motivo central para su convocatoria por parte del Presidente de la República: la construcción de una base de legitimidad y gobernabilidad que el Gobierno actual pueda invocar como suya.

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Una muestra de la importancia que la consulta reviste para el Gobierno actual fue cómo fue implementada.

Frente a la demora en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en medio de una discusión sobre la constitucionalidad o no de que la Corte pueda alargar los plazos de análisis en función de un reglamento dictado por ella misma, el Gobierno decidió enviar los decretos ejecutivos de convocatoria directamente al Consejo Nacional Electoral.

Pesántez explicó en el CNE que hay jurisprudencia respecto a convocar una consulta. Detalló que una vez superado el tiempo de 20 días para que el máximo organismo emita su informe sobre constitucionalidad, por eso es imperante aplicar el llamado. Recordó la convocatoria a elecciones en La Concordia en el 2011. Dijo que la Corte superó en ‘demasía’ los plazos. La secretaria jurídica de la Presidencia aclaró que la acción de convocar por decreto a la consulta popular deja sin ‘validez’ las actuaciones de la Corte Constitucional”.

El Presidente Moreno en su cuenta de Twitter dijo: “Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular. ¡Vamos por un SÍ rotundo!”.

La ausencia de pronunciamiento de la Corte Constitucional es una muestra más de la frágil y débil institucionalidad de un órgano clave en el diseño de la Constitución de Montecristi aprobada en 2008.

Un perdedor temprano de este proceso es la Corte, que de triunfar la pregunta sobre la reorganización del Consejo de Participación, podría estar en la mira de un proceso de recambio.

Por otro lado, la discusión sobre la constitucionalidad o no de las preguntas sobre la reelección indefinida o la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una vez convocada la consulta y realizada la misma, quedarán en el anecdotario político del Ecuador. Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que la institucionalidad en el país está en condiciones de mucha debilidad.

Será necesario conducir un proceso de amplia participación y veeduría ciudadana para que —en caso de que la pregunta referente a la reorganización del Consejo sea aprobada— se permita el fortalecimiento institucional que se anhela. Si bien se produjo un cierto consenso mediático y de actores políticos para obviar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la convocatoria a la consulta, no se puede dejar el proceso suelto y bajo control absoluto de dichos actores.


Este texto se publicó originalmente en FES-ILDIS como ¿Después de la consulta, qué? Entre la transición y la incertidumbre

Norman Wray
(Ecuador, 1969) Abogado. Loco por la música, su pasión es el blues y sus alrededores. Por andar en la política fue asambleísta en Montecristi, concejal de Quito y hasta candidato presidencial. Ha sido profesor universitario y si lo dejaran a eso se dedicaría.