Consulta Popular 2018

El país premiado por su desarrollo minero busca limitar la minería con una consulta popular

¿Qué es lo que realmente modificaría la pregunta sobre esta actividad extractiva en el Ecuador?
  • minería en la consulta popular en Ecuador

    En Quimsacocha, Azuay, el proyecto minero Loma Larga está en fase de exploración avanzada. Fotografía de Asamblea Nacional del Ecuador bajo licencia CC BY-SA 2.0


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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El presidente Lenín Moreno ha presentado a su gobierno como uno ambientalista. El 3 de noviembre de 2017 en Cuenca, donde están dos de los cinco proyectos estratégicos de minería a gran escala —Río Blanco y Loma Larga— dijo que “no habrá actividad minera que afecte las fuentes hídricas”. Lo hizo para hablar de la consulta popular —que será el 4 de febrero de 2018— y la pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Días después llamó a votar “por la naturaleza, frente a la destrucción del medio ambiente”. Pero si se aprobase la sexta pregunta de la consulta —que es específicamente sobre la minería—, Cuenca y el resto del país no estarían precisamente libres de la contaminación a causa de esta extracción, como lo plantea el Presidente.

La pregunta de la consulta “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?” tiene su origen en el artículo 407 de la Constitución, que ya prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables —incluida la minería metálica— en las áreas protegidas y en las zonas intangibles. Lo único nuevo de la pregunta en la consulta popular es que incluye a los centros urbanos. Nada más.

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En el artículo 407 también se habla de que la prohibición de la minería no es absoluta y existe una excepción: la petición fundamentada de la Presidencia de la República. Si hoy el Presidente quisiera hacer extracción minera en un área protegida o una zona intangible, podría hacerlo pero antes tendría que solicitar a la Asamblea que declare ese proyecto específico como de interés nacional (y de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular). Ese trámite, en el que la explotación de recursos no renovables (incluida la minería metálica) al final depende del Presidente y de la Asamblea, no sería cambiado por la pregunta seis de la consulta popular. Sin embargo, según el ministro de ambiente, Tarcisio Granizo, ese precisamente es el objetivo de la pregunta, que propone un inciso para eliminar esa excepcionalidad de forma específica en la minería metálica. Es decir, el Presidente ya no podría declarar de interés nacional un proyecto minero que se encuentre en un área protegida, pero sí podría hacerlo para cualquier otro tipo de recurso no renovable (como lo hizo con el petróleo el expresidente Rafael Correa en octubre del 2013 cuando decidió explotar el Yasuní).

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Andrés Martínez Moscoso es experto en Derecho Constitucional y cree que “la pregunta no es revolucionaria, pero sí tiene un avance”. Para él en la consulta está presente la estrategia del diálogo y con las preguntas cinco —sobre el Yasuní— y seis —sobre minería—, Moreno ha intentado dar respuesta a los grupos ambientalistas. “El Presidente no da el paso total, no se la juega, sin embargo no los deja de atender”. Pero la pregunta que irá a consulta no convence a los antimineros, quienes pensaban que iba a proponer un cambio más radical. Antes de que las preguntas fueran definitivas, el Concejo Cantonal de Cuenca y el Cabildo por el Agua enviaron al Presidente una propuesta para  restringir las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, bosques nublados alto Andino y humedales, así como suspender las autorizaciones a las concesiones actuales en todas sus fases. Esa idea no fue acogida. La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) había planteado un recurso a la Corte Constitucional para que se reformule la pregunta y la prohibición de las actividades mineras incluya páramos, humedales, cabeceras de ríos y zonas frágiles y de biodiversidad.

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Las siete preguntas de la consulta popular incluyen un anexo y el que justifica la sexta dice que “el nuevo modelo económico planteado es un proceso no extractivista”. Pero no se entiende de qué nuevo modelo se habla si se considera que el Presidente mantiene el discurso de su antecesor Rafael Correa. El 2 de octubre, cuando Moreno anunció las preguntas, dijo que el país “debe tener una minería responsable que respete las normas ambientales y sociales”. Y, al menos en los últimos tres años el Gobierno ha trabajado para que Ecuador sea atractivo para el sector minero a través de incentivos fiscales y políticas públicas. Esos esfuerzos han dado resultados: tres de los cinco proyectos estratégicos están en fase de explotación y los ojos de grandes empresas están en el país. Este año el Ecuador recibió el premio como una de las mejores naciones en desarrollo minero, en los Mines and Money Americas 2017, en Toronto, Canadá. Este reconocimiento se otorga a los países o empresas de impulsan el desarrollo de proyectos mineros y que aplican prácticas innovadoras en el sector. En la ceremonia de premiación, el ministro de Minería, Javier Córdova, explicó que  existe un riguroso plan de incentivos fiscales para lograr ingresos de 4.600 millones de dólares en los próximos cuatro años. Solo el contrato de inversión del proyecto Mirador es de 1439 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura, mientras en Fruta del Norte (Zamora Chinchipe), la canadiense Lundin Gold comprometió unos 1000 millones. También el Ministerio de Minería Javier Córdova ha mostrado mucho interés en Cascabel, un yacimiento localizado en Imbabura, que está en etapa de exploración avanzada: “Los resultados que arroja Cascabel sobrepasan las expectativas y sin duda va a ser un proyecto de clase mundial”, dijo en el 2016.

Además de los ingresos que el Ecuador planifica recibir por las actividades mineras, hay otro dato a considerar que no ha sido analizado: si el Estado decide revertir las actuales concesiones, principalmente en los cinco proyectos estratégicos, las empresas podrán pedir indemnizaciones. Ese cálculo dependerá de las millonarias inversiones realizadas en las diferentes etapas de la actividad minera y de los recursos comprometidos.

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Mientras la propaganda para la consulta popular posiciona la importancia de votar sí para “proteger a la naturaleza”, Ecuador avanza a paso firme en su estrategia de convertirse en un país atractivo para el sector minero. Las proyecciones económicas lo explican: La minería aporta menos del 1% al Producto Interno Bruto del país; el objetivo del Estado es subir esa cifra al 4% hasta el 2025. Recursos que Moreno calificó de gran importancia cuando era candidato a la presidencia de la República: “El desarrollo de la industria minera responsable debe ser un compromiso de país, del Estado, pues su explotación racional generará ingresos para sostener la inversión pública”.  Otra vez el discurso se choca con la práctica.

Jackeline Beltrán
Periodista.Cofundadora de http://www.landariega.com.