El paso del huracán María y sus efectos muestran cuán colonia es Puerto Rico. A más de un mes de uno de los peores desastres naturales en la historia de la ‘Isla del Encanto’, aproximadamente 70% de los puertorriqueños todavía no tiene electricidad, un 28% continúa sin acceso a agua potable, y solamente el 29% de toda la infraestructura vial de la isla está habilitada.

Entre agosto y octubre, Texas, Florida y Puerto Rico fueron abatidos por los huracanes Harvey, Irma y María. A pesar de que las tres áreas fueron declaradas ‘desastres mayores’, no todas recibieron ayuda federal de la misma manera. Según cifras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), para Houston se aprobaron 1300 millones de dólares de asistencia individual —fondos para cubrir gastos de reconstrucción de hogares y propiedad privada—, a Florida 879 millones. Pero para Puerto Rico apenas 123 millones, a pesar de que la isla quedó devastada en su totalidad.

El olvido es tal, que la administración de Trump tomó más de un mes para aprobar ayuda total para la isla, a pesar de la solicitud continúa de las autoridades boricuas. La posición oficial del Presidente resume cómo Washington ve a Puerto Rico. Después de los desastres en Houston y Florida, Trump visitó las zonas afectadas en aproximadamente cuatro días. A Puerto Rico llegó con un retraso de casi dos semanas, y cuando llegó amenazó: FEMA no se quedaría en la isla para siempre mientras lanzaba rollos de papel a los damnificados.

La precaria condición ha sido denunciada por expertos de las Naciones Unidas como una alarmante violación de derechos humanos. Al momento, la cifra oficial de muertos es de 51 pero desde el paso del huracán, 911 muertes (solamente cremaciones) han sido registradas como ‘causas naturales’, y no se podrá saber si deben ser incluidas en la lista de víctimas. El equipo de médicos forenses no realizó las examinaciones físicas de los cuerpos ya que el Gobierno local autorizó que las funerarias tomen la decisión directamente de cremar los cuerpos.  

A su vez, el riesgo de un brote masivo de leptospirosis aumenta. Esta bacteria se encuentra en la orina de roedores y otros animales y tiende a propagarse después de inundaciones a través del agua potable o infecciones de heridas abiertas, según la Organización Mundial de la Salud. La isla típicamente ve entre 63 y 95 casos al año pero solo en un mes ya van 76 confirmados, según Carmen Deseda, epidemióloga oficial de Puerto Rico.

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Puerto Rico por más de un siglo ha sido una colonia de los Estados Unidos. Ha vivido sistemáticamente maltratada y abusada ante la indiferencia mundial. Esta relación colonial inició en 1898 cuando Estados Unidos anexó la isla tras la Guerra hispano-estadounidense. Como explica Ángel Rivera, escritor puertorriqueño, la isla sufrió una transformación de “un colonialismo mercantilista a un colonialismo capitalista”, convirtiéndose durante la primera mitad del siglo XX en una fuente de recursos (azúcar, tabaco, café) para el fortalecimiento industrial norteamericano.  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la recientemente creada ONU inició un proceso de descolonización. El 24 de julio de 1952, Estados Unidos utilizó un mecanismo legal para convertir a su colonia, reconocida por la ONU, en un Estado Libre Asociado.

Dejó de ser legalmente una colonia, pero tampoco se convirtió en el estado número 51 de la Unión, ni en un país independiente. Era una figura político-legal, que como dice Javier Hernández-Acosta, de la Universidad del Sagrado Corazón (Puerto Rico), “todavía al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué es».

Esta ambigua categorización hace que los puertorriqueños no puedan defender ni solicitar ayuda como cualquier otro ciudadano estadounidense. A pesar de que pagan todos los impuestos (seguridad social, roles de pago, importaciones y exportaciones, commodities, excepto impuesto federal) no tienen el mismo trato ni acceso a una representación real.

En 2016, según los Servicios de Renta Interna (IRS), Puerto Rico pagó al Estado federal, 3 mil 400 millones de dólares en impuestos, muy cerca de los aproximadamente 4 mil 400 millones de Vermont o Wyoming. A pesar cumplir con sus obligaciones, al ser un Estado libre asociado, la isla no tienen representación política.

El pago de impuestos sin representación política fue el germen del movimiento independista de las colonias norteamericanas contra Gran Bretaña en siglo dieciocho. Más de doscientos años después, Puerto Rico vive el mismo drama: solo tiene una figura simbólica en el Congreso, un miembro sin capacidad de voto.

Tomando en cuenta el tamaño de la isla, si  Puerto Rico fuera un Estado más, tendría aproximadamente cinco miembros en la Cámara de Representantes y dos en el Senado. Esto cambiaría el panorama: con siete representantes podrían cabildear para conseguir apoyo y fondos. Pero al ser una colonia, simplemente deben hacer lo que el poder imperial ordena.

El Congreso de Estados Unidos tiene el poder de frenar cualquier acción que tome el gobierno local. Además controlan los asuntos económicos y fiscales, las relaciones exteriores, la migración y el comercio. La isla no puede hacer tratados comerciales ni recibir embarcaciones en sus puertos que no sean de Estados Unidos.

Según el Buró de Censo (que posee información hasta el 2010) se registra que en cantidad de dólares federales gastados per cápita, Puerto Rico recibió 5600 dólares, 23% menos que  Nevada, el menor de los 50 estados. Y sobre la ayuda federal a gobiernos locales, la isla recibió 1848 dólares per cápita —22% menos que el promedio general de los 50 estados.

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“Puerto rico es una colonia económica de Estados Unidos”, dice Lajos Szaszdi León, analista internacional y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de Puerto Rico. “Los principales negocios de todo tipo son norteamericanos, los de puertorriqueños han cerrado por no poder competir con los negocios del norte como las farmacias Walgreens, farmacias CVS, tiendas Home Depot, McDonald’s, Burger King, Pollos Kentucky”. Por ello, la conversión a un Estado más, o su independencia, nunca han sido opciones para el gobierno estadounidense.

Como cualquier otra relación colonial, la isla ha sido utilizada para beneficiar los intereses económicos de la potencia imperial, pero ha recibido muy poco a cambio.  Entre 1976 al 2006 fue un paraíso fiscal para las multinacionales norteamericanas. Las empresas instaladas en Puerto Rico no debían pagar al fisco por las ganancias obtenidas en este territorio. Esto causó un ‘boom’ económico pero como toda burbuja llegó a su fin cuando la política de exoneración tributaria terminó. Durante esas tres décadas en la isla no se aplicó ninguna política de industrialización a futuro o mecanismo para evitar una crisis económica a este nivel.

Esto llevó a que se emitan bonos y creciera el endeudamiento público, que actualmente se sitúa en 72 mil millones de dólares. En 2015, el entonces gobernador Alejandro García Padilla declaró impagable la deuda, pero al no ser un estado, no pudo acceder a la Ley de Bancarrota, como lo hizo Detroit en 2013.

En junio del 2016, Barack Obama firmó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), que creó la Junta de Supervisión Administrativa y Financiera (JSAF). Era la inauguración de la nueva etapa colonial de Puerto Rico.

Un artículo del Harvard Law Review argumenta que esta ley contradice los estándares de la ONU sobre soberanía. Es decir que ‘Promesa’ es legalmente una estrategia neocolonial. A través de la JSAF, se tiene “una ‘agencia externa’ con control directo y significativo sobre el gobernador y a través de él o ella control sobre el poder ejecutivo de la isla”, dicen los autores. Esta Junta, además, tiene control sobre las decisiones económicas y sociales de la isla, lo que ha resultado en recortes en programas de Educación pública y Salud.

El renovado control colonial hace que la situación de la isla siga empeorando. Y el futuro no es prometedor: el huracán arrasó con el 80% del valor de las cosechas, lo que representará una pérdida de 780 millones de dólares. La incapacidad de cobrar impuestos o servicios básicos (luz y agua) resultará en una falta de circulante del gobierno para el final de 2017. Las cifras de desempleo que bordean el 15% y de pobreza extrema del 45% de la población incrementarán. Y según expertos, la isla enfrentará un éxodo de casi el 10% de su población hacia los Estados Unidos.

Una cruda realidad que resultará en más subordinación política, social y económica. Es entonces que las palabras de Ramón Romero Rosa, ideólogo obrero puertorriqueño, escritas en su ensayo ‘La cuestión política y Puerto Rico’ en 1904 resuenan un siglo más tarde, “el país se desmiembra en la lucha interna y el monstruo sigue con la boca abierta”.