Profundidad

El campo Singue complica aún más la situación de Jorge Glas. Este reportaje de agosto explica la cuestionada adjudicación petrolera

Un informe de la Contraloría del Estado dice que hay responsabilidad civil y administrativa del vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, y otros veinte funcionarios. El organismo de control ha determinado, además, que existen indicios de responsabilidad penal y ha enviado el caso a la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, ha iniciado una investigación previa sobre el informe
  • El campo Singue, por el que la Contraloría sanciona a Glas

    El vicepresidente Jorge Glas, a la salida de una rueda de prensa. Foto de agencia de noticias andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

Jorge Glas no la ha tenido fácil en los últimos meses. En noviembre de 2016, uno de sus antiguos asesores fue acusado de pedir coimas para la entrega de frecuencias radiales. Un mes después, en plena campaña electoral, estalló el escándalo de corrupción en que la empresa brasileña Odebrecht habría sobornado a funcionarios del gobierno de Rafael Correa. En febrero de 2017, unos días antes de las elecciones en las que Glas corrió por segunda ocasión como candidato a la vicepresidencia, el exministro y colaborador del gobierno de Correa, Carlos Pareja Yanuzelli —hoy detenido en la cárcel de Latacunga—, acusó a Glas de ser parte de la corrupción en la compañía estatal petrolera, Petroecuador: allí, dijo el hombre que trabajó por nueve años en el área petrolera del gobierno, “no se hacía nada sin el visto bueno de Jorge Glas”. En junio, apenas una semana después de que Glas fuera posesionado como Vicepresidente, su tío Ricardo Rivera fue detenido y está siendo procesado por asociación ilícita con otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la red de corrupción montada por Odebrecht en doce países. En los primeros días de agosto de 2017, el nombre del vicepresidente apareció de nuevo cerca de la corrupción: la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación en su contra basada en un informe de la Contraloría General del Estado, entidad encargada de controlar el buen uso de los recursos públicos. Según el informe hay indicios de responsabilidad penal de Glas, el ministro de Hidrocarburos de esa época, Wilson Pastor, y otros funcionarios del gobierno de Rafael Correa involucrados en la adjudicación del campo petrolero Singue, en la Amazonía ecuatoriana.

La entidad de control hizo un examen especial —una auditoría legal que verifica y evalúa distintos aspectos de la gestión de una entidad pública—  entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016, a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador, al que se le adjudicó el campo Singue.

María Sol Borja
Periodista con experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha colaborado con medios internacionales como New York Times, CNN en Español y DW. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es la editora política de GK.