Guayaquil no sabe qué hacer con su basura. No se recoge técnicamente, no se evita que termine en el estero Salado (lo que perpetúa su contaminación) y no se recicla. Qué hacer con los desperdicios de la ciudad ha sido un problema histórico. En la época de la Colonia, se impusieron multas y se establecieron horarios para barrer los fines de semana, y se instalaron hornos crematorios. Muchos años después, en la década de 1980, la ciudad atravesó una severa crisis por el incumplimiento y mala gestión de las autoridades de la época. Hoy, Guayaquil genera cerca de cuatro mil doscientas toneladas de basura al día,  el equivalente a treinta ballenas azules adultas. A dónde va a parar semejante cantidad de desperdicio es un asunto que debe preocuparnos cada vez más porque el modelo de manejo de desechos sólidos de la ciudad se hace entre tres ejes, que en realidad son tres problemas: depósitos de basura y camiones de recolección anacrónicos e insuficientes, los esteros como vertederos en la periferia, y los chamberos como los recicladores oficiales con la anuencia de la municipalidad local.

El mayor problema de Guayaquil y la basura es que gran parte de la población está excluida de un correcto servicio de recolección de basura. Así lo dice el informe de la veeduría para la verificación del cumplimiento de los contratos de Vachagnon (empresa recolectora que operó entre 1994 y 2010) y el consorcio de Puerto Limpio S.A., que ha firmado hasta 2017. Según el informe, en las zonas de clase media y media alta de Urdesa y la Alborada se generan cerca de 395 toneladas de basura, pero reciben más recorridos de recolección que zonas más pobres, en el sur y suroeste de la ciudad, que producen alrededor de 955 toneladas. Además, en barrios como Miraflores o Los Ceibos los recorridos se hacen diariamente, mientras que en sectores como el suburbio solo tres veces por semana.  La falta de una equitativa estrategia para la dotación del servicio de recolección remarca la condición de desigualdad social presente entre el norte y el sur y suroeste de la ciudad.

El contrato entre la Municipalidad y el consorcio Puerto Limpio es de 174 millones de dólares (casi 25 millones por año). La basura que recolecta es arrojada en el relleno sanitario Las Iguanas en kilómetro 14 y medio de la vía Daule. Sin embargo,  esta empresa privada ve a la gestión ambiental y de residuos sólidos como un negocio como se afirma en su página web. Privatizar este servicio público ha generado ineficiencia en el cumplimiento de su gestión para con todos los sectores de Guayaquil y poco compromiso con el medioambiente y los esteros de la ciudad. Particularmente, los esteros de los sectores de Puerto Lisa, Mogollón, Palanqueado, Las Ranas, El Muerto, La Chala, Las Malvinas y Batallón del suburbio reciben los desperdicios porque el servicio de recolección es insuficiente. Esto repercute directamente en nuestro ecosistema acuático con consecuencias nefastas. Pese a que el Municipio conoce estas irregularidades, su única respuesta ha sido decir que ampliar los recorridos y las frecuencias implicaría aumentar el costo del contrato de concesión.

Por otro lado, el servicio no ha mejorado: en todos estos años no se ha logrado pasar a un sistema de recolección mecanizada con contenedores de basura de carga lateral.

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Un contendor de estos —con capacidad de 2400 y 3200 litros, que se puede ver en muchas ciudades del mundo y que básicamente almacenan más basura y los vehículos vacían mecánicamente cada tanto— puede atender hasta 40 familias. Pero en Guayaquil lo que hay son pequeños tachos de basura  y que por las noches —sobre todo en el centro— se desbordan de basura. Lo ideal será que el gobierno local de turno los retire y reemplace por contenedores que funcionen con camiones de basura de carga lateral, es decir apropiados para el servicio mecanizado. Por ejemplo, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo) cuenta ya con 4529 contenedores en distintas zonas de la capital. Otro caso de modernización y mejoramiento del servicio de recolección de basura en el Ecuador fue implementado por la Municipalidad de Manta, con un sistema soterrado de recolección de desechos sólidos que solamente mostrará el buzón de depósito, manteniendo un aspecto agradable, discreto e integrado al espacio que lo rodea, donde la basura quedará bajo tierra enterrada en lugar del contenedor que tradicionalmente estaba a la vista.

 

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Como resultado de este manejo de desperdicio, los esteros de Guayaquil están podridos. Los sectores pobres afectados históricamente por falta del servicio de recolección han caído en un círculo vicioso: sus habitantes son acusados de una falta de cultura de aseo, cuando en realidad lo que no tienen son opciones legítimas para desechar la basura.

En el pasado, para mitigar su contaminación, la Dirección General de la Marina Mercante y el Litoral (Digmer) realizaba limpiezas periódicas del estero Salado.  Desde el 2012, la empresa privada Visolit es la encargada de extraer la basura de los esteros. Esta privatización del aseo urbano es la continuidad de un círculo vicioso que tiene su principal causa en la inequitativa recolección de basura dentro de la ciudad, en un modelo de desarrollo urbano que ha permitido los asentamientos irregulares en las orillas de los esteros, las descargas de aguas servidas, y los desechos arrojados por empresas ubicadas en estas zonas. En otras palabras, la mala gestión de la basura en la periferia hace que se inviertan más recursos en concesiones complementarias, ya no para recoger la basura en tierra sino en el agua.

Lo más preocupante es que la cantidad de basura recolectada en el estero Salado en el 2016 pasó de 20 toneladas diarias a 30. Son cifras de la misma Visolit. Esto solo confirma dos cosas: la ineficiencia en la recolección de basura en los sectores vulnerables, y que mientras más grande se mantenga la brecha de desigualdad social del modelo de ciudad imperante, mayor será la contaminación del estuario. Dicho de otra manera: la sociedad no ensucia más por falta de una cultura de aseo, los habitantes de la periferia arrojan desperdicios porque siguen viviendo en condiciones en las que la recolección de basura (como tantos otros servicios básicos) son ineficientes o inexistentes.

Guayaquil está muy lejos de acertar con las políticas ambientales que giran en torno a sus cuerpos de agua: parte de sus esteros y ríos han sido privatizados, rellenados, contaminados e inutilizados. Esto es ir a contracorriente de las buenas prácticas urbanas mundiales. Por ejemplo, en París las dos orillas sobre el río Sena están inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1991, y además cuentan con los bouquinistes (libreros públicos) para adquirir libros usados. Lo urbanísticamente saludable es que una ciudadanía que tiene ríos y esteros los incorpore en su vida urbana como sucede con el río Medellín y la comuna del Poblado en Medellín, o con el río Tomebamba integrado a la experiencia urbana del centro histórico de Cuenca sin privatizaciones de estos bienes públicos naturales. Guayaquil es la antítesis de estos ejemplos: las orillas del estero Salado y del río Guayas fueron privatizadas. En uno por mencionar el caso del barrio Urdesa o la ciudadela Las Garzas y en el otro por el malecón Simón Bolívar; la primera por intereses inmobiliarios empresariales y la segunda por las rentas que genera un comodato a 99 años con la Fundación Malecón 2000. Entonces, en Guayaquil se podría concluir que las políticas urbanas y ambientales con respecto a esteros y ríos dependiendo su ubicación fomentan dos posibilidades: la privatización o la contaminación.

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La tercera arista del gran problema de la basura en Guayaquil es el reciclaje. Se hace sin ninguna rigurosidad técnica. Y no existe  un plan —atado a una estrategia de desarrollo urbano— para poder generar una economía en torno a la reutilización de desechos sólidos. El ingeniero Nelson Olaya Yagual en su libro Guayaquil futuro: la crisis de la basura en Guayaquil explica que la actividad recuperadora de desechos reciclables tiene una estratificación social: los ‘chamberos’ —es decir, la gente que recolecta los materiales reciclables— son gente pobre. Son ellos quienes clasifican los desechos, y llevan lo recolectado a centros de acopio informales y  empresas de reciclaje como el Grupo Mario Bravo, Reipa (que incluye a Intercia S.A y Recisa S.A), Fibranac  S.A. entre otras.

La ausencia de una política pública de reciclaje los obliga a escarbar en la basura para separar los materiales. Eso conlleva riesgos para su salud —desde cortarse con vidrios y otros materiales hasta enfermarse por el contacto con la basura—, pero a pesar de ello, por años los chamberos —bajo la mirada de las autoridades— son los únicos responsables de dar inicio al ciclo de reciclaje en la ciudad. La institucionalidad del reciclaje es inexistente. Y eso es responsabilidad directa de la Municipalidad.

Ya hubo la intención de ordenar la forma en que se recicla en Guayaquil. En la década de 1980 hubo un intento de tener un programa más o menos institucionalizado de reciclaje, pero fracasó.  En ese entonces, la Municipalidad de Guayaquil adquirió una planta de reciclaje y tratamiento de desechos sólidos con la capacidad, eventualmente, de generar energía eléctrica. La compra se hizo en base a un estudio muy superficial realizado por el consorcio suizo-italiano PIMAR S.A., que resultaba ser la misma empresa que la vendía. La planta tenía como objetivo mejorar las condiciones de insalubridad y de impacto ambiental que estaban ocasionando las descargas de desechos sólidos, a cielo abierto, en el antiguo botadero al norte de la ciudad, en el sector del cerro San Eduardo. Pero el proyecto se truncó por trabas en las aduanas para la adquisición de los contenedores de basura, conflictos con los moradores de los asentamientos contiguos al sitio de la planta procesadora, y la mala administración. La maquinaria se deterioró, y la oportunidad se perdió.

La ciudad  se quedó sin política pública, sin planta de reciclaje. Todo lo que le quedó fue el chambeo. Y eso no ha cambiado, más de treinta años después. Es más: el chambeo ha sido legitimado por Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales de la Municipalidad. En una entrevista realizada en marzo de 2017 con diario Expreso dijo que el reciclaje no era rentable económicamente (y el Municipio de Guayaquil no hace nada a lo que no le encuentre un filo de lucro), pero que el trabajo realizado por los chamberos es “efectivo y suficiente”. Para empeorarlo todo, el contrato 2010-2017 de la Municipalidad con la empresa Puerto Limpio tiene una cláusula que le prohíbe a esta empresa hacer reciclaje. En esas manos estamos.

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Si Guayaquil quiere ser una ciudad verde debe cambiar su política urbana ambiental. Alcanzar estándares como los de las ciudades suizas de Berna y Zurich debería ser el objetivo principal. El Municipio debe tener voluntad política para liderar el manejo de desechos sólidos sin privatizaciones, sino mediante la creación de una empresa pública de aseo. Además, se debe trabajar una campaña de cultura de aseo urbano ciudadano, que incluya  enseñar a clasificar y separar la basura desde el hogar, como incipientemente lo está haciendo Puerto Limpio. También, se podrían emular iniciativas ciudadanas como ReciVeci en Quito, en la que se trabaja en crear una cultura de reciclaje desde lo que el programa llama con mucha corrección política “recolectores de base”, que en la capital son cerca de tres mil, y de los cuales el 70% son mujeres. Entender el ángulo social del reciclaje, y en general de la administración pública, es imperativo en Guayaquil. Hay que cambiar la mentalidad del lucro como fin de la gestión municipal.

Además de mejorar sustancialmente la recolección de basura y tener una política pública de reciclaje, es imperativo y prioritario recuperar los Esteros. Esa meta será muy difícil de alcanzar si no se combate la desigualdad social, principal causa de su contaminación. Sin estas medidas, la ciudad va a llegar a su bicentenario —en menos de tres años— sin ningún logro ambiental que celebrar, y con la vergüenza de haber contaminado sus esteros a niveles que apenas hace cien años eran impensables, y con la basura como uno de sus más graves, tóxicos e irresueltos problemas.