Ecuador es el primer país que —a través de una consulta popular— preguntó a sus ciudadanos si estaban de acuerdo que se prohíba a los servidores públicos y ciudadanos elegidos a través de la voluntad popular tener dinero en paraísos fiscales. El sí ganó con el 54,20% de los votos y aunque la consulta generó supuesta admiración a nivel local e internacional, tuvo dedicatoria personal para un candidato. Sin embargo, esta consulta —y quienes la aplaudieron— ignoró que en el mundo ya existe una mejor propuesta para luchar contra la evasión tributaria, de la que Ecuador no forma parte.

El primer error de la consulta popular ecuatoriana fue de fondo. Esta ignora el secreto bancario que hay en paraísos fiscales y sus mecanismos de funcionamiento, que garantiza la no necesidad de crear una nueva trampa para esta ley. Es decir, si una persona miente acerca de su patrimonio en el exterior, el estado ecuatoriano posee pocos o ningún mecanismo para desmentirlo.  Justamente, la propuesta aprobada confía en la buena voluntad de gente que va en un inicio a otro país a esconder su dinero. Poco probable es que alguien que tiene garantizado el secreto de sus bancos en el exterior haga públicas sus cuentas. Más improbable aún es que transfiera ese capital al Ecuador. Además no solo son servidores públicos y candidatos que evaden el pago de tributos.

De estos grandes, por no decir enormes detalles, basada en un realidad y necesidad internacional de luchar contra la evasión de tributos, sí se encargó el mecanismo creado por la OECD —el selecto grupo de países más desarrollado del mundo— llamado “estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras”. Este representa un consenso internacional de transferencia de información financiera en tema de impuestos, de forma recíproca y automática. En un mundo globalizado esta es la mejor manera de evitar la evasión tributaria. Para lograr una transmisión de información automática se ha desarrollado un estándar común que define qué tipo de contenidos deben transmitir y reportar entre instituciones financieras y las jurisdicciones correspondientes. Para este fin el documento desarrolló un modelo de acuerdo entre autoridades competentes. En pocas palabras, si un país solicita información de la cuenta de un privado en el exterior podría tener acceso a la misma.

Las cuentas del Estado pueden ser públicas, pero que mejor manera e incentivo de luchar contra la seducción del dinero para el funcionario público, empresario o ciudadano cualquiera que obtiene ingresos de forma ilícita que saber que sus cuentas privadas en el exterior podrían ser accedidas en caso de que el Estado lo requiera. Como decía el gran pensador económico Milton Friedman: “Está bien elegir a la gente correcta pero así no se resuelve nada, la manera de resolver las cosas es que sea políticamente rentable para la gente mala hacer las cosas bien”.

Justamente, este estándar va de la mano con la misión de la organización que es promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de la gente alrededor del mundo. El dinero no requiere visa y los países compiten por atraer capitales. Solo es necesario hacer un click para transferir millones y nunca ha sido más fácil manejar inversiones en el exterior. El secreto bancario ha sido la norma en varios países, ocultando el origen de los fondos que perfectamente puede venir de actividades ilícitas y de la evasión de pago de tributos tributos.

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En 2009, luego de la crisis financiera, los gobiernos del G20 empezaron a poner presión a los países luchando por alcanzar la transparencia como un valor fundamental. Hoy, alrededor de 100 países, miembros y no miembros de la OECD, se han comprometido para que la información de cuentas financieras entre países esté disponible, garantizando que sus oficiales tengan acceso a la información y el intercambio de información bajo pedido. Suiza empezará a intercambiar datos bancarios en el 2018. Lo mismo sucede con Panamá. Sin embargo, Ecuador ni siquiera aparece en esta lista.

Este intercambio de información es una manera concreta de luchar contra la evasión tributaria, lavado de activos y el crimen organizado. Actualmente, se está logrando que los estados transfieran la información financiera de cuentas de forma automática. Si los gobiernos tienen acceso a esta información, será imposible esconder dinero. La existencia de transparencia en el manejo del dinero del Estado es la mejor manera de recuperar la confianza en el mismo. Al no ser parte de este acuerdo, es difícil poseer mecanismos de luchar contra esta evasión. Esto además permite luchar contra la eliminación del dinero mal habido y que justamente el dinero evadido regrese al país  y sirva para financiar proyectos de educación, salud e infraestructura que tanta falta hace todavía en los países subdesarrollados.

En vez de perder el tiempo promoviendo proyectos de ley “bien intencionados” que afectan solamente a ciertas personas, esos recursos se podrían haber utilizado para hacer un programa de evasión tributaria universal que sea en realidad efectivo y no con dedicatoria al antiguo candidato de la oposición. Eso es pensar en país y no solamente en el partido. Es imperativo que Ecuador se una a este acuerdo.