En los últimos diez años, cada vez que Rafael Correa era criticado por sus abusos de poder por la falta de libertades —de prensa, de expresión, de asociación, de protesta— el Presidente respondía con una muletilla: hemos invertido como nunca antes en salud, educación y carreteras. Como si A justificara a B. Y aunque el aumento de presupuesto es innegable —solo en Salud se han invertido más de 13 mil millones de dólares— es necesario analizar qué tan eficiente ha sido ese gasto. O quizás empezar recordando que solo hasta marzo de 2016 el Estado le debía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 11 mil millones de dólares. Esto ocurrió porque, seguramente, desde que se aprobó la Constitución en 2008 que incluye que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos”, el presidente Correa ha hecho lo que sea para cumplirlo.
Uno de los principales logros en Salud del gobierno de la revolución ciudadana ha sido la organización de los niveles de atención: primario —puestos y centros de salud y los consultorios generales—, secundario —consultorios y centros de especialidades, hospitales básicos y generales— y terciario —centros especializados, hospitales especializados y de especialidades. Aunque parezca algo teórico o burocrático esto permitió la descongestión de los hospitales donde antes llegaban pacientes con problemas que un centro de salud podía resolver, como una diarrea o un corte en el dedo. Otro tema es la inversión en la infraestructura: entre 2007 y 2016 se habían construido y repotenciado 21 hospitales en el país, y actualmente hay 2712 centros de salud. Pero el cambio que quizás más modificó el acceso a la salud en el país fue el aumento de la cobertura de salud del IESS que pasó de solo afiliados, cónyuges e hijos menores de 6 años, a beneficiar a los hijos menores de 18, como lo explica Carlos Santos en este análisis. A final de 2014 casi nueve millones de personas se beneficiaron del IESS. En todo el país el personal médico también aumentó: a finales de 2015 existían 33644 especialistas de Salud mientras que en el 2008 habían 11201.
Esta inversión en infraestructura, equipos y personal, además del aumento de atención a los ciudadanos, ha sido material de decenas de cadenas nacionales, rendición de cuentas, campañas, videos promocionales y demás piezas propagandísticas que aparecieron en televisión abierta, redes sociales —hay incluso dos canales de youtube (aquí y acá)—, radio y cualquier medio de difusión posible. Recordemos que entre medios gubernamentales y incautados por el Estado son más de 10 y que los canales privados durante años tuvieron que transmitir propaganda a horarios estelares. Mencionar una vez más los logros en Salud de la revolución ciudadana es hacer eco del bombardeo mediático que ya tuvo en exceso por una década.
El sistema ha mejorado, es cierto, pero aún tiene problemas que han sido olvidados, como las madres embarazadas afiliadas que llaman a pedir cita al IESS y se la dan para tres meses después. O como el programa de tamizaje neonatal —para prevenir enfermedades asociadas a la discapacidad—que entre 2011 y 2014 invirtió 12,6 millones de dólares pero que a partir de 2015 presentó problemas que no se han resuelto: las madres que llevaban a sus hijos al tamizaje, luego de las muestras de sangre que les sacaban a sus bebés recién nacidos, recibían un papel con un número y les indicaban que debían revisar los resultados en una página web pero cuando ingresaban al sitio web, no se cargaba. Aún no carga. Solo en la página oficial de Facebook del programa —llamado Con Pie Derecho— hay más de 120 reclamos de ciudadanas que no han podido acceder a los resultados del examen (el primero es de enero de 2015 y el último de mediados de mayo de 2017). Son cientos de miles de padres que en dos años y medio no han recibido respuesta. Lo grave es que, en teoría, el Estado sigue gastando en estos exámenes —cada uno valorado en 55,69 dólares— a los que fueron sometidos 401,776 niños entre 2011 y 2013. Si consideramos los últimos cuatro años estaríamos hablando de unos 500 mil niños más, es decir cerca de 28 millones de dólares más invertidos en un programa que no funciona del todo.
Las atenciones también aumentaron y es algo de lo que Correa saca pecho: en nueve años —entre 2006 y 2015— pasaron de 16 millones a 34 millones. Pero el número de atenciones no debería ser una razón para celebrar cuando estas consultas duran apenas 10 minutos olvidándose de garantizar calidad en el servicio y del personal que es sometido a ocho horas seguidas de chequeo tras chequeo. El gobierno ha buscado cantidad olvidándose de la calidad, y ha priorizado también la inmediatez de la entrega de obras, como el Hospital del IESS en Los Ceibos. Se inauguró (qué conveniente) dos días antes de la segunda vuelta electoral, con los servicios de consulta externa, laboratorio, imagenología y farmacia. Porque había que salir ya. Se dijo que la semana siguiente se terminarían de sumar los servicios pero más de un mes después había áreas que todavía no funcionaban. Como escribe la doctora Rocío Santibáñez en su columna “en papel todo pinta maravilloso” porque si se revisan cifras de camas, equipamiento, consultorios, laboratorios y demás, todos los hospitales fueran perfectos y su atención también.
Los atrasos en la entrega de hospitales que ocurrieron en diferentes años y partes del país —Tulcán, Guayaquil (El Guasmo y Los Ceibos), Portoviejo— demuestran ese apuro que ha caracterizado la gestión de esta década.
Otro programa que quedó a medias o mejor dicho nunca despegó fue la Empresa Pública de Fármacos, Enfarma EP, que se creó en diciembre de 2009 para mejorar la disponibilidad y el acceso a medicamentos que curan o previenen enfermedades que afectan a toda la población, en especial a los más pobres. La idea no solo era brillante sino necesaria si se toma en cuenta que 14 millones de personas mueren cada año por enfermedades infecciosas y parasitarias porque no pueden acceder a medicamentos. Como lo cuenta Esteban Ortiz, hubo una serie de eventos desafortunados que terminaron con la liquidación de Enfarma a mediados del 2016. Otra buena idea que no tuvo una buena ejecución.
En los diez años ha habido acusaciones de distinto nivel que se han olvidado o quedaron irresueltos como los talleres donde se alteraban las etiquetas de los medicamentos o la acusación de peculado a la exministra Caroline Chang y otros cinco funcionarios que terminó en la inocencia de todos los involucrados, o la acusación a Ramiro González, expresidente del IESS, por seis supuestos actos de corrupción durante su administración, y la falta de explicación sobre la falta de concurso público para la adjudicación de contratos con el IESS.
Todas estas falencias ocurrieron a pesar de que como en todas las áreas y poderes del Estado, Correa quiso acapar lo que más pudo. Creó reglamentos, agencias, guías y documentos para intentar regular y controlar todo el sistema —incluyendo el sector privado y la academia. Un ejemplo es el Tarifario de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud que ha causado que prestadores reciban menos paga por el servicio que han prestado, como si lo único que cuenta son las máquinas y la infraestructura y no la experiencia de los médicos. Otro es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) que se creó para regular la acreditación y certificación del sector de la medicina prepagada. Es decir, para decirle a las aseguradores qué de lo que están haciendo está bien, qué está mal y cómo deben cambiarlo. En este sentido quizás uno de los documentos útiles (si es que se llegó a utilizar) sea esta guía para construcción y manejo de hospitales.
No hay que negar todos los avances en este sector pero tampoco hay que creerse todo lo que dice la propaganda y sobre todo hay que analizar hacia dónde van las propuestas del nuevo presidente Lenín Moreno. En su plan de gobierno a breves rasgos prometió mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar la sostenibilidad del sistema de salud y educación. Pero como era de esperarse también prometió aprobar el Código de Salud y elaborar nuevas leyes para el Sistema de Salud y la Seguridad Social. Habría que ver qué tan necesarias son esas leyes y con qué motivación se las impulsaría. El próximo presidente debería ser menos impulsivo que Correa y prometer solo las obras que puede cumplir, en vez de entregarlas a medias, y comprometerse a asegurar que la Salud no solo mejore en cantidad —de hospitales, médicos, equipos, funcionarios— sino en calidad de atención.
