[dropcap]E[/dropcap]l Ecuador está partido desde la noche del 2 de abril entre quienes creen que Lenín Moreno es el legítimo presidente electo, y quienes creen que la elección presidencial es fraudulenta. Sin las pruebas que demuestren que ha habido fraude es imposible hacer una aseveración de tamaña envergadura, y dar pie a elucubraciones (como las que han circulado en redes sociales en forma de notas de voz, mensajes anónimos e imágenes con datos y hechos no verificados) sería irresponsable. Más aún cuando varios observadores internacionales (como la OEA y la Unasur) han dicho que vieron un proceso sin complicaciones, y que en ulterior instancia no son ellos los llamados a decir si hubo fraude o no. Sin embargo, es indispensable que la alianza CREO-SUMA pueda presentar las objeciones que tengan sobre el escrutinio de la segunda vuelta, no solo ante el organismo competente, el Consejo Nacional Electoral (el CNE), sino ante el país entero. Lenín Moreno dijo que no iba a los debates que le habían propuesto porque quería un país donde primase el diálogo. Esta es la gran oportunidad para tener la primera gran conversación: la de la legitimidad popular de su presidencia. Si alguien debería pública y enérgicamente pedir un reconteo transparente es el binomio Moreno-Glas.
Ha sido una de las campañas más crueles de la historia reciente del Ecuador. Se llevó en muchos momentos con malas mañas, ataques bajos y hasta violencia. Hubo promesas demagógicas de ambos lados que ninguna de las dos candidaturas terminó de explicar, se insistieron en las lógicas del miedo (el continuismo versus el feriado bancario) y al final los ecuatorianos fuimos a votar movidos más por lo que podríamos perder —la infraestructura, los servicios sociales gratuitos, la libertad de prensa, la libre asociación y el derecho a la protesta social— que por lo que podríamos ganar en un gobierno de Alianza País o de CREO. Al final, esa forma de llevar la elección desembocó en la fractura por la mitad que nos tiene hoy moviéndonos de concentración en concentración, de rueda de prensa en rueda de prensa, sin poder bajar la guardia de la reportería ni un solo instante. Una votación tan importante como la de 2017 no puede cerrarse con dudas. La más ligera suspicacia sobre el proceso significará que el paso más importante que debe dar el país en los últimos diez años —cerrar con la omnipresencia de Rafael Correa en el debate público— no se pueda dar. Nos veremos parados al borde del precipicio en que caen los países que viven, discuten y hacen compromisos alrededor de una sola figura. Eso es un riesgo terrible, porque los caudillismos son los gérmenes del falso dilema de creer que los países están construidos por buenos y malos, y no por los grises del disenso y el diálogo constante. Es un peligro inminente porque el problema siempre radicará en quién elige quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y las consecuencias sociales de intentar construir sobre esas falsas lógicas.
Otro de los principales interesados en el reconteo debe ser el propio CNE y su presidente, Juan Pablo Pozo. Duramente criticados por el oficialismo y la oposición, el Consejo Nacional Electoral y Pozo deben entender la dimensión de los hechos recientes a la luz de la Historia: ¿cómo quedarán registrados? Calificados de incompetentes y acusados de fraude por Alianza País y CREO en la primera vuelta, esta es una oportunidad irrepetible para dejar claro cuál ha sido el papel que desempeñaron en estas elecciones. Un proceso transparente y constantemente reportado a los ciudadanos será la mejor manera de despejar dudas sobre la obsecuencia (o, en su defecto, la imparcialidad) de la que siempre se ha señalado al CNE de tener a favor del partido de gobierno, Alianza País, que en no pocas ocasiones ha intentado mimetizar partido con Estado. Que el CNE haya aceptado una auditoría a su sistema de cómputo del organismo es un buen paso inicial.
En GK no solemos editorializar demasiado: creemos que el trabajo de nuestros editores y reporteros es dedicarse al reportaje, la crónica, el perfil y la verificación de datos. La opinión (esa forma de escrutinio ciudadano que exige argumentos y datos verificados y no histeria ni falacias) se la dejamos a nuestros colaboradores, que hablan desde todo el espectro político —a veces generando una suerte de cortocircuito en quienes creen que el mundo es solo blanco y negro, y que todo medio tiene detrás un interés partidista. Pero nos parece que en este momento decisivo del país bien vale hacer un comentario, en la línea que de la cobertura que hemos intentado en estas elecciones: ser un cable a tierra en un país polarizado. Si no se transparenta el proceso —pedido que debería ser impulsado tanto por la oposición como por el oficialismo— los resultados carecerán de la legitimidad necesaria para gobernar. Para terminar con la polarización que se vive en el país es necesario saber que las elecciones se hicieron en respeto de la legalidad, si no, seguiremos en un país quebrado y no habrá importado quién gane: nada habrá cambiado en el Ecuador.