[dropcap]J[/dropcap]orge Glas tiene una pésima capacidad para escoger a sus colaboradores estratégicos. Está demostrado por los casos de corrupción de Petroecuador —tal vez el más grande del siglo veintiuno en el Ecuador— y el concurso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Ha sido un fiasco tal, que el 21 de enero de 2017, el presidente Correa aceptó que el gobierno que él y Glas encabezan era el responsable políticos de la corrupción en la petrolera estatal. Es muy importante que lo ha admitido, pero lo que está faltando en el razonamiento presidencial es que las responsabilidades políticas acarrean, en cualquier parte del mundo, consecuencias políticas: y a las puertas de una elección, la mayor de ellas es que los ciudadanos no le demos el voto a quienes cargan con ella. Sin quererlo, el presidente Correa ha dado el mejor de los argumentos para no votar por Alianza País en estas elecciones.

Es algo que muchos han pasado por alto. Quizá el propio Presidente no se dio cuenta de cómo era la aritmética política de su declaración. Sus opositores no han reparado en las profundas implicaciones de lo dicho por Correa porque en el mundo dual en que viven, las únicas palabras que les interesan son aquellas en las que el gobierno —o sus más altos representantes— acepten de manera unilateral y rotunda haber participado en primera persona y para beneficio propio de la corrupción. Es algo que no va a suceder, por supuesto: ni en los países nórdicos que lideran los rankings de transparencia sale la gente a hacer esas confesiones. Los políticos del planeta son, después de todo, animales de la misma especie —si no, recuérdese que el primer ministro islandés solo admitió tener empresas offshore y renunció después de que Panama Papers revelera contundentes pruebas en su contra.

De su lado, Correa ha entrado en uno de sus estados de negación de la realidad: no va a creer nada hasta que no le den nombres, fechas, datos exactos de la corrupción. Lo dijo su gobierno en un comunicado en referencia a la revelación de los nombres de los supuestos implicados en sobornos hechos por Odebrecht a funcionarios estatales en el período 2007-2015. De la negación pasó a la contradicción: cuando apareció una lista de hace treinta años en la que se nombraban algunos notables guayaquileños (entre esos el alcalde Nebot, identificado como matraca) como supuestos beneficiarios de pagos ilegales de la constructora brasileña, ahí sí dio por válida la publicación. No pidió detalles, contexto, especificaciones.

Unos días después, se fue de viaje a Italia donde tuvo un rifirrafe con una migrante que le pedía explicaciones sobre la corrupción. “No sea sufridora”, le dijo y cargó en contra de los banqueros corruptos (“como Guillermo Lasso”), causantes del feriado bancario. Correa estaba pidiendo algo muy claro: no votar por alguien que según él tiene —al haber sido Superministro de Economía del gobierno de Jamil Mahuad, que congeló los depósitos— una responsabilidad política en la que fue la crisis nacional más grave de toda la historia. Es un pedido consecuente y legítimo: no votar por quienes tienen la responsabilidad política en un acto que perjudicó al país.

El mismo razonamiento del Presidente debe ser aplicado a la hora de sopesar si se vota o no por Alianza País.

¿Son ellos los responsables políticos de uno de los mayores casos de corrupción del siglo veintiuno? Sí, como lo dijo él mismo.

¿Son ellos los corruptos? No, Correa lo ha negado: “No somos culpables ni corruptos”.

Y es verdad. No hay pruebas que así lo indiquen, ni sentencias que así lo declaren. Y en el Ecuador, el principio de inocencia sigue rigiendo para todos. Pero tampoco hay en contra de Guillermo Lasso una sentencia por el feriado bancario. Él es también inocente de cualquier cargo formal, judicial, por lo que pasó en la quiebra de fines de siglo pasado. A lo sumo, su responsabilidad es política. Como es la del gobierno actual —léase con todas sus letras: del vicepresidente Jorge Glas que gestionaba las áreas involucradas— por los escándalos de Petroecuador y el concurso de frecuencias. En el caso de Lasso, Correa pide no votar por él. Con su admisión de responsabilidad política en los casos de corrupción, lo sensato es que el costo de esa responsabilidad sea no votar por el binomio Moreno-Glas.

A veces la decisión de mantener a Glas en la papeleta presidencial no encuentra lógica. Tal vez el presidente Correa premie así a sus más leales colaboradores. Quizá usa como propia una frase que utilizó para explicar a Fidel Castro: “en una fortaleza sitiada, todo disenso es traición” y quiere a alguien que no se atreva —como sí se ha atrevido Lenín Moreno— a disentir. Solo el Presidente lo sabe a ciencia cierta. Pero la realidad es que a la ya de por sí muy mala campaña del binomio presidencial de Alianza País el lastre de tener a Jorge Glas a bordo le está costando demasiado. Que el Presidente haya tenido que salir en tour propagandístico para pedir el voto por Glas solo recuerda la malograda campaña del alcalde de Quito, Augusto Barrera que —incapaz de conmover a nadie— tuvo que recurrir al peso electoral de su Patriarca. A la larga, no le resultó, y Quito padece a Mauricio Rodas.

Pero ya es muy tarde para soltarle las amarras a Jorge Glas, el responsable político de la corrupción en las áreas estratégicas. Si en algún momento se conoce que ha habido otros casos de sobornos en obras públicas en esos sectores, la responsabilidad política admitida por el presidente Correa será mayor, y mayor será la fuerza del argumento que él dio: la consecuencia política de un acto de gobierno dañino para un país es que los ciudadanos no voten por esos políticos (como le pasó al partido Progresista en Islandia, meses después de la filtración de Panamá Papers). Es un argumento que aplica para toda clase de políticos, nórdicos o latinoamericanos, de la tendencia que fuesen y sin importar si se llaman Guillermo Lasso y Andrés Páez o Lenín Moreno y Jorge Glas.