El 15 de agosto de 2013 quebró definitivamente el mito de Rafael Correa: el entonces Presidente anunció que su gobierno extraería crudo de las zonas Ishpingo-Tiputini-Tambococha, dentro del Parque Nacional Yasuní. “El mundo nos ha fallado” dijo en cadena nacional. Era el fin de la iniciativa Yasuní ITT que buscaba dejar bajo tierra cerca de 850 millones de dólares en barriles de petróleo, a cambio de que el mundo le pagara al Ecuador una compensación económica por la decisión. Recuerdo ese momento por la mezcla de expectativa y escepticismo que se percibía en el aire: yo vivía en Puerto Ayora, Galápagos, donde —como por solidaridad entre parques— el tema era protagónico. Todavía abrigaba esperanzas de que la iniciativa Yasuní se convirtiera en la redendención histórica de un proyecto político que, para quienes nos pensábamos progresistas, era cada vez más difícil defender. Para muchos, el cambio de la matriz productiva era el fin último, el eje programático definitorio que justificaba la continuación de la ‘Revolución Ciudadana’ más allá de las contradicciones. Fracasó la iniciativa Yasuní y ahora, cuatro años después, la convocatoria del presidente Moreno a una consulta popular vuelve a poner a prueba el supuesto compromiso del Estado con la naturaleza.

La pregunta que el movimiento Yasunidos —creado días después de que Correa anunció que explotaría el Yasuní– presentó para la nueva consulta fue la misma por la que recolectaron más de 750 mil firmas en 2013. “¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní ITT, indefinidamente en el subsuelo?”. Para el movimiento, la pregunta estaba formulada así ya que de esta manera no solo se mantendría intacta una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, sino que se respetaría el carácter intangible del territorio habitado por pueblos indígenas en situación de aislamiento. Eduardo Pichilingue, activista ambiental y miembro del colectivo, ya tenía reparos antes de que las preguntas sean publicadas por el gobierno. Entonces me había dicho que “aunque los derechos no se consultan, la consulta es el camino que queda”. Hablaba con cautela. “Aunque la apertura al diálogo ha sido real, ha habido hasta ahora más cambios de forma y no de fondo”, me dijo. Me advirtió que dejar el petróleo bajo tierra sería un “cambio muy fuerte y potente”, además de único: según Pichilingue, Lenín Moreno hasta ahora había logrado cambios de forma pero no de fondo. La aprobación de la pregunta presentada por Yasunidos hubiera representado el primer paso para reducir el desarrollismo extractivista que caracterizó al correísmo, y el único cambio de fondo entre el actual gobierno y su antecesor.

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En la época en que murió la iniciativa Yasuní ITT, los correistas más convencidos y militantes eran también mucho más fanfarrones que hoy. También más ecologistas. Todo dependía de lo que declaraba el Mashi. Pero igual parecía una convicción programática sincera: un cambio radical, sostenible, y respetuoso de los derechos de los pueblos no-contactados en nuestra concepción de desarrollo. La iniciativa Yasuní-ITT constituía mucho más que un mero esfuerzo conservacionista: era el eje simbólico de la campaña gubernamental de Alianza País en 2006 y fue clave para juntar  toda la diversidad de movimientos y tendencias que eligieron a Correa. La propuesta  cambiaba radicalmente el sentido mismo del ‘desarrollo’ con una alternativa viable, inteligente y en conjunto (a través de la corresponsabilidad) con el resto del mundo. En verdad, el Yasuní conjugaba el gran reto  de construir un proyecto nacional ecológico y socialmente sostenible.

Pero tras el anuncio de Correa, el gobierno y sus más férreos simpatizantes se voltearon para el otro lado. Fue casi automático. Lo que dijeron una y otra vez para promover la Iniciativa en el mundo tuvo que ser inmediatamente negado, borrado sin vergüenza alguna. En cuestión de horas, el ecologismo pasó de ser un elemento clave del discurso oficialista a convertirse en el producto del infantilismo o un capricho pelucón. Por ejemplo: a pesar de que varios informes del Ministerio del Ambiente reconocían al ITT como territorio de pueblos no-contactados,  días después de acabada la iniciativa la exministra de Ambiente y actual asambleísta Marcela Aguiñaga negaba que hubiera evidencia de la presencia de estos pueblos en la zona. Se cambiaron —o ignoraron— mapas que antes eran utilizados para promover el proyecto del gobierno.

El fin de la Iniciativa Yasuní ITT fue un antes y un después para el progresismo oficialista. De un sopapo evidenció el antagonismo del proyecto correista con los derechos humanos, la conservación, y la democracia. Tres de un solo golpe. Días después de anunciada la decisión, el oficialismo optó por arremeter contra las iniciativas ciudadanas por llevar el tema a una consulta popular. Fue la muestra más conspicua de que la Revolución Ciudadana tenía poquísimo de ciudadana y aún menos de ecológica.  Al mismo tiempo, el proceso de  recolección de firmas fue la oportunidad para que la gente se organice, con éxito, para encontrar alternativas al desarrollismo extractivista impuesto por el gobierno y extender el tema a nivel nacional.

Ahora podría ocurrir lo mismo, aunque para cambiar —o debatir— la pregunta formulada por el gobierno: “¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?” Aunque el llamado a una consulta popular fue la oportunidad del gobierno de cambiar las reglas del juego,  la pregunta formulada por el ejecutivo mantiene la tendencia que según Pichilingue ha caracterizado a Lenín Moreno: cambios de forma, pero no de fondo.

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En una entrevista con Diego Oquendo, Pichilingue explicó que las dos preguntas ambientales, tanto sobre el Yasuní como sobre la minería, han sido planteadas para no cambiar lo que ya sucede en el terreno. “Gané un sí o un no,  no van  a cambiar en nada la realidad”, dijo. Para Pichilingue la pregunta se divide en dos partes igual de ambiguas: la primera ignora el impacto de la fragmentación de bosques, que afectaría al parque—y la zona intangible de pueblos no-contactados— más allá del territorio delimitado para la explotación.  “A primeras uno escucha 50 mil hectáreas que se anexarían a la zona intangible y piensa que es un territorio sumamente grande”. Pero esas 50 mil hectáreas no son nada en relación al resto del Parque Nacional Yasuní, que es veinte veces más grande. La zona intangible tagaeri-taromenane ya alcanza 758 mil hectáreas. “50 mil hectáreas más es una franjita muy chiquita”, dijo Pichilingue. “Es absolutamente insuficiente para abordar la problemática de los pueblos indígenas en situación de aislamiento”.  Sobrevive el discurso del ‘1 por mil’ —la promesa del gobierno de Rafael Correa de explotar apenas un uno por mil del territorio del parque.

La segunda parte de la pregunta también es ambigua, engañosa. Por un lado, dijo Pichilingue, “1030 hectáreas es una interpretación del famoso 1 por mil del presidente Correa”. Por otro, “sabemos que el área de afectación directa de la extracción petrolera iba a tener menos de 300 hectáreas”. La pregunta propuesta por Moreno, entonces, trata una zona que de todas maneras no se iba a tocar directamente. Como lo dijo el comediante Ave Jaramillo: es como si la Selección ganara por goleada el último partido contra Argentina: sería un triunfo heroico, pero no serviría para nada.

La explotación en el Yasuní se ha iniciado en sus primeras fases. Hasta ahora lo que más ha avanzado son las carreteras, trazado de tuberías y muy pocas plataformas. Pero para Pichilingue, ya es evidente que el impacto de la extracción será muchísimo más grave que el anunciado por Correa hace cuatro años. Los trabajos de sísmica —‘ecografías’ de la tierra para la exploración de crudo — avanzan y cubren ya dimensiones gigantescas. “1 por mil hace rato que lo arrasaron”, me dice. “Y más allá de todo eso” —dice Pichilingue en referencia a los pueblos no-contactados— “está la vida de seres humanos, de gente que ha sido masacrada.”

De todas maneras, no todo depende de la consulta. Yasunidos ahora tiene algunos frentes de presión que para Pichilingue son clave para no depender del gobierno. El 28 de septiembre de 2017, por ejemplo, se reunieron con el Ministerio de Ambiente para tratar un Derecho de petición para que no se otorgue licencia ambiental para la explotación petrolera en el campo Ishpingo norte, ubicado en Orellana. Esta iniciativa, distinta a la de la consulta, busca impedir que Petroamazonas construya 10 plataformas de extracción —cada una con 35 pozos— en Ishpingo, la reserva más grande. Yasunidos planeó esta movida antes de la publicación de siete preguntas para la consulta, listos para que el gobierno proponga una pregunta mucho más tibia que la presentada por ellos.

En 2013,  más allá de la indignación y la decepción con el fin de la iniciativa, la creación de Yasunidos como colectivo organizado fue inmediata. En días demostraron tener poder de convocatoria. En Galápagos, aunque alejados del continente, nos sentíamos muy conectados con un movimiento nacional organizado, disciplinado y creativo que había logrado que el tema del extractivismo se convierta, en verdad, en una conversación nacional. Un país entero se estaba movilizando democráticamente para cumplir con la naturaleza cuando el gobierno la traicionaba. Ahora, después de cuatro años, el gobierno mantiene un discurso ecologista que choca con su política. La pregunta sobre el Yasuní en la consulta popular es un recordatorio de que el “cambio verdadero” —como decía Moreno en campaña— viene desde abajo, no desde arriba, más allá de la actitud y el estilo de quienes gobiernan.  Y para organizarnos desde abajo, el movimiento parece listo para volver a las calles.