Los casos denunciados en las fiscalías de todo el país de abuso sexual y violación a niños y niñas de cero a diecisiete años entre 2014 y septiembre de 2017 suman veintiocho mil doscientos cuatro. De esos, cuatrocientos cuarenta y siete fueron registrados con el agravante de “miembros del núcleo familiar”. Cada dos días hubo un incesto en el Ecuador. Pero podrían ser más, muchísimos más: hay veintisiete mil setecientos cincuenta y siete casos sin detalles sobre el perpetrador. “No es una información que esté a disposición del público”, dice la fiscal provincial Patricia Morejón y agrega que esos datos son para “uso interno”. Según una funcionaria de comunicación de la Fiscalía General del Estado, en las estadísticas donde no se especifica quién es el perpetrador, este podría ser un familiar.

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Sandra tiene quince años. Su hijo cumplió uno. Sobre una sábana de rayas celestes que ha perdido su color por el tiempo, el pequeño juega con una radio vieja que es casi de su tamaño: mueve la perilla del volumen, jala la antena plateada y cuando está a punto de lastimarse, Sandra —el cabello lacio, negro y largo— se la quita. Lo carga y se acerca a una mesa plástica con mantel celeste con lunas y estrellas para mostrarme las pulseras que ha hecho en las últimas semanas: son hilos de distintos colores convertidos en trenzas adornadas con chaquiras brillantes.

— Me gusta pintar, hacer jarrones con papel y goma. Antes me gustaba ir a la escuela, sumar y escribir. Ya no me gusta —dice Sandra, con una voz delgadísima que se pierde en la lluvia de la tarde.

Sandra habla de sus pulseras. Las llama manillas. Habla de los chuzos que vende con una amiga en las tardes. Habla de los dibujos que le gusta a hacer. No habla de la relación con su hijo, no habla de su familia que no ve hace casi dos años, no habla de su abusador, su padre, y padre de su hijo.

Sandra observa cómo fotografío sus pulseras sobra la mesa.

— ¿Te gusta tomar fotos?

— No.

— ¿Y que te tomen?

— Me gustaba, antes de quedar embarazada.

El padre de Sandra la violó incontables veces. Las primeras ella se quedó callada pero cuando le dijo que iba a contar lo que él le hacía, él intentó asesinarla. La golpeó hasta dejarla inconsciente. Tenía trece años y unos pocos meses de embarazo. Su padre y padre del hijo que esperaba creyó que estaba muerta. Unos vecinos la rescataron y la llevaron a una casa donde le dieron refugio. Su madre nunca le creyó que su papá la violaba, el resto de su familia le dejó de hablar.

Sandra ya no es bienvenida en su casa.

Hoy, con su hijo en brazos, dice que extraña a su familia, que quiere volver a ver a sus hermanos pequeños. Nadie la ha ido a visitar al albergue donde vive.

— Me gusta cuidar a mi hijo, pero también me cansa.

Sandra es una niña que tiene un hijo que es también su hermano. Que es toda la familia que le queda.

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Ruth Ramos es una abogada mulata de cejas delineadas, cabello lacio negrísimo agarrado en una cola de caballo. Tiene una determinación de hierro que lleva a las cortes donde persigue delitos sexuales.

Ruth cree que la ausencia de la palabra incesto en el Código Penal ecuatoriano lo esconde a plena vista: de los cuarenta y cinco crímenes sexuales que ha llevado entre enero y octubre de 2017, treinta y ocho sucedieron dentro de la familia. En quince, los agresores eran padres, padrastros y abuelos.

“En Estados Unidos viven al menos 3 millones y medio de mujeres víctimas de incesto —es la misma cantidad de gente que vive en Uruguay.”

Cifras del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) muestran un panorama similar. Durante los tres años (2004-2007) que duró el proyecto Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres —para brindar servicios de atención legal, psicológica y social a las víctimas—  se registraron 196 casos de delitos sexuales: 6 de cada 10 fueron incesto.

Los números conocidos son escandalosos pero los ocultos son peores. Rossana Viteri —de Plan Internacional— explica que el incesto no se denuncia: “Con la idea de que lo que pasa en la familia se queda dentro de la familia se callan la gran mayoría de estos casos”.

Cuando una niña es abusada sexualmente por un familiar, dice la psicóloga Gabriela Aguilar, lo primero que ocurre es que se viene abajo un esquema de seguridad: en su propia casa, donde debe sentirse protegida, ocurre lo contrario. Aguilar, quien atiende a niñas víctimas de incesto, asegura que las circunstancias en las que se perpetra el crimen varían: el abuso se puede dar con o sin violencia física, con o sin la presencia de otro familiar. “Lo que sí tienen en común es que la niña se da cuenta de que no le agradan esas caricias, porque invaden su cuerpo de una manera que no es normal y la hacen sentir rara”. El incesto, como los demás delitos sexuales contra niñas viene con la presión del abusador que exige silencio, y amenaza si es que ella decide hablar. Hay una relación de poder: el perpetrador es una figura de autoridad cercana en la que, supuestamente, debería poder confiar: un familiar. La víctima suele sentirse sucia, mala, culpable: busca explicaciones, y como los adultos más cercanos le piden que no diga nada o se desentienden, se pregunta ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? Yo no hice nada, yo no dije nada. Sin respuestas, suele convencerse de que ella provocó la situación. El sentimiento de culpa y la falta de explicación a lo que les ocurrió altera la vida de las víctimas. Es común que sufran pesadillas y otros desórdenes del sueño. La depresión e intentos de suicidio son también síntomas comunes.

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Amparo Peñaherrera es la coordinadora de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, donde funciona la Casa Amiga, un lugar que da apoyo legal y psicológico a mujeres víctimas de violencia. A este espacio han llegado niñas víctimas de incesto. Cuando llegan, dice Peñaherrera, las niñas ya han denunciado el crimen porque un profesor (o incluso un familiar) se dio cuenta de la situación y la acompañó a la Fiscalía. “Hay que entender que estamos frente a una adolescente que ha sido víctima de un delito grave, que su vida ha quedado dividida en dos y que está siendo obligada a la maternidad. Entender que una adolescente aquí o en cualquier parte del mundo tendría que estar estudiando no cuidando un bebé que no deseó que encima es su medio hermano”.

El que parece no entender es el Estado: lugares con atención personalizada son escasos en el Ecuador. La Casa Amiga de Lago Agrio es parte de una red de casas de acogida privadas en el país que incluye tres más: una en Guayaquil, otra en El Coca y otra en Cuenca. Desde hace quince años Geraldine Guerra ha trabajado por los derechos de las mujeres y hoy es la coordinadora de la red. Dice que aunque cada casa tiene características particulares (unas pertenecen a organizaciones religiosas, otras a grupos feministas) en 2008 se aliaron y crearon un modelo de atención para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, que incluye, entre otras cosas, parámetros como el mínimo personal que debería tener —una psicóloga, una trabajadora social, una abogada, una educadora y una coordinadora— para atender integralmente a la víctima. Su modelo de atención es el que hoy utiliza el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Las cuatro casas —que tienen un convenio con el Estado para financiar parte de su personal— están enfocadas en mujeres víctimas de violencia y no deberían recibir niñas. “Pero ¿cómo les vamos a negar la entrada?”, dice Guerra y agrega que acogerlas requiere procesos administrativos y legales que son complejos y costosos. El Estado, continúa, no tiene un lugar adecuado para los casos de violencia sexual que ocurren en la familia, ni provee los servicios necesarios para proteger a las niñas. “Hay muy pocos sitios públicos para niñas y adolescentes porque resultan súper caros. Si una niña llega a los doce años, por ejemplo, mínimo se quedará seis más”.

El Estado no se hace cargo de las niñas que sufren la violencia más cruel de todas. En 2013 se eliminó el Infa, la institución privada financiada con fondos estatales que durante cincuenta y siete años se dedicó exclusivamente a proteger a los niños. El gobierno de ese entonces entregó las funciones del Infa al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Cuatro años después, en febrero de 2017, el mismo gobierno le quitó esas funciones al MIES y se las traspasó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que además de administrar las cárceles del país debe “gestionar y proveer servicios de acogimiento familiar de niños y adolescentes, y otorgar los servicios especializados de protección especial para la restitución de derechos vulnerados de niños y adolescentes y sus familias”.  El MIES aún se encarga de las políticas relacionadas al desarrollo infantil, pero solo para niños hasta los tres años de edad a través de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, una de las siete subsecretarías del MIES, jerárquicamente debajo del Despacho Ministerial y del Viceministerio de Inclusión Social. Pedí una entrevista con el MIES para conocer con más detalle los servicios que prestan en casos de violencia sexual que ocurren dentro de las familias, pero no tuve respuesta.

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Laura tiene los ojos almendrados, un mechón negro que le cae en la frente, una licra fucsia y una blusa de tiras con estampado de leopardo. En sus brazos sostiene a su hija de catorce meses a quien da de lactar. Laura tiene 17 y hace medio año volvió al colegio: todos los jueves y viernes va de 7 de la mañana a 4 de la tarde a una modalidad intensiva que dura siete meses y equivale a un año lectivo. Cursa décimo de básica. Le faltan tres módulos más para graduarse.

— A veces me aburro de estar todo el día ahí sentada pero también me gusta aprender de lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés— dice Laura en susurros cortos.

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No se saben los números con exactitud, ni las condiciones son siempre las mismas, pero el incesto tiene un efecto recurrente: el repudio. Amparo Peñaherrera —de la Federación de Mujeres de Sucumbíos— explica que los familiares de las niñas que denuncian las culpan de romper una supuesta armonía familiar.

“Entre 2004-2007 el proyecto Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres registró 196 casos de delitos sexuales: 6 de cada 10 fueron incesto.”

Paola Andrade nunca quedó embarazada de los familiares que abusaron de ella y tampoco puso una denuncia, pero sí vivió el repudio.

—A todos los sobrevivientes nos inyectan esa dosis de culpa. A todos. No importa si metemos preso al agresor o no. A todos nos hacen eso.

Paola tenía 32 años cuando a uno de sus abusadores le dio diabetes y le pidió mudarse con ella. Paola vivía con su esposo y dos hijas. Ella volvió a sentir lo que había vivido —y ocultado— y decidió romper el silencio. Cuando lo hizo, su madre le respondió que ella también había sido abusada por su abuelo. “La mayoría de las veces las madres y las abuelas han sido también víctimas de incesto entonces creen que es natural y no defienden a sus niñas. Es un círculo de violencia”, dice Amparo Peñaherrera.

Ese fue el círculo que Paola decidió romper, pero ser una niña —o una mujer— valiente está mal visto en el Ecuador: la violencia está tan naturalizada en el país que un estudio de 2017 encontró que el 82% de las mamás encuestadas creía que sus hijas iban a ser víctimas de violencia sexual. Esta normalización del delito —que lleva al silencio e impunidad— hace que los casos de  incesto sean tantos.

De todos los problemas a los que se enfrentan las niñas en el Ecuador, el incesto es uno de los más dolorosos: no solo ocurre dentro de casa sino que, si se atreven a hablar, las niñas son repudiadas y expulsadas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador a una de cada tres víctimas de abuso sexual nunca le creyeron. En 2016, se cometieron 3502 abusos sexuales en el Ecuador. En 2016, a 1155 niñas les dijeron mentirosas.

Las pocas niñas a las que les creen y son apoyadas a denunciar, tampoco tienen a dónde ir. Todavía hay una visión muy estereotipada e idealizada de la familia, dice Geraldine Guerra, “entonces si se llega a dar una denuncia de este tipo, sin siquiera entenderlo bien, el juez resuelve que haya reinserción familiar a pesar de que el agresor de la niña está dentro de la familia”.

Las incestuosas cifras tienen posibles explicaciones. Mónica Jurado es psicóloga y ha trabajado durante veinte años con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Explica que desde el punto de vista psicológico, esta invasión del espacio más privado de los niños y de sus zonas íntimas se produce por la falta de límites que existen dentro de las familias. Por lo general, dice, estas situaciones se dan en hogares donde hay pocas reglas: los niños duermen y se bañan con los papás hasta grandes, los padres los besan en la boca o dejan que sus hijos les toquen sus genitales cuando se están duchando. En estos hogares no hay orden en los comportamientos sexuales: a los niños no se los coloca en un lugar de protección sino como si fueran pares de los adultos. Los padres que cometen estos abusos y las madres que los ocultan, por lo general, vienen de familias donde tampoco hubo límites y también hubo abusos; donde el incesto ha estado normalizado. “El resultado es un padre que tiene la idea distorsionada de que su hija debe iniciarse sexualmente con él porque culturalmente la idea de esa prohibición del incesto jamás existió”.

A pesar de que no hay un consenso sobre las causas del incesto y su alta incidencia, Peñaherrera —de FMS—, Guerra —de la red de casas de acogida—, Viteri —de Plan Internacional— y la antropóloga y estudiosa de género María Amelia Viteri, coinciden en una: el patriarcado y el machismo. Peñaherrera dice que los hombres creen que tienen acceso a todo en la vida y ese todo incluye el cuerpo de sus hijas, las niñas. “Creen que tienen derecho sobre ellas”. En 1995, la académica y escritora feminista Diana Russell dijo que el incesto es un resultado de la dominación masculina. Según ella, el abuso incestuoso de hombres a mujeres es un delito político que refleja y perpetúa las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Con esta relación de abuso, escribe, se mantiene a las mujeres al servicio de los hombres.

“A una de cada tres víctimas de abuso sexual nunca le creyeron. En 2016, se cometieron 3502 abusos sexuales en el Ecuador. En 2016, a 1155 niñas les dijeron mentirosas.”

El género es la primera característica que vuelve a las niñas tan vulnerables, la segunda es la edad.  “Vivimos en una sociedad adultocéntrica donde los niños (en general) son la última rueda del coche, imagínate la niña. Es nadie”, dice María Amelia Viteri.

Rossana Viteri —de Plan Internacional— cree que el cambio que se debe hacer es desde la infancia. “Si desde pequeños los niños y niñas tuvieran otra manera de concebir la masculinidad y la feminidad, cuando sean adultos los casos de incesto van a disminuir bárbaramente porque no van a tener que probar que son machos cada segundo”. Si la educación formal y en casa se mantiene como ahora, los casos de incesto no solo seguirán sino que aumentarán porque es visto como “algo que pasa y no hay que decir nada para que nadie se entere”.

En junio de 2017, el Ministerio de Educación creó un instructivo para que los maestros se capaciten y puedan identificar si sus alumnos son víctimas de violencia sexual. En noviembre  —vía correo electrónico (porque se negaron a dar una entrevista)— el mismo Ministerio respondió un cuestionario y para argumentar por qué los casos de abuso sexual destapados últimamente en las escuelas no se detectaron a tiempo enlistó una serie de motivos que más parecen un manual aprendido de memoria y una evasión de su responsabilidad como institución. La letanía burocrática enumeró frases huecas como “falta de educación en sexualidad que permita a los niños, niñas y adolescentes conocer su cuerpo y cuidar de él; temor o vergüenza a lo sucedido; amenazas, intimidación, chantaje, seducción o engaño por parte de la persona agresora; ausencia de un adulto que crea y proteja al niño”.

Ni la Fiscalía General del Estado ni el Consejo de la Judicatura clasifican los casos de violencia sexual por género. Eso dificulta saber cuántas víctimas son niñas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tiene un servicio de acogimiento temporal para niños y niñas que no pueden estar en sus hogares por situaciones de riesgo. “Es una medida transitoria o emergente de protección dispuesta por la autoridad judicial”, dice una información oficial enviada por correo electrónico que no aclara si tienen atención específica para niñas víctimas de incesto que las obliga a salir para siempre de su núcleo familiar.

El MIES no atendió el pedido de entrevista para responder cómo las instituciones públicas coordinan su trabajo para atender a las niñas y no vulnerar sus derechos. Sobre el mismo tema, la fiscal provincial de Guayas y Galápagos, Patricia Morejón, dijo que “como Fiscalía, no tenemos esa potestad de ubicar en casas” y que aunque no tienen un convenio firmado con el MIES, trabajan en conjunto con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) —una organización privada sin fines de lucro— que coordina con el MIES y otras instituciones privadas de acogida.

La burocracia es, tantas veces, una forma de indiferencia. Y la indiferencia es también una forma de repudio.

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Nelly es la tía de María, una niña de Quito que acaba de cumplir siete años. Hace seis meses, se dio cuenta de que el papá de María abusaba sexualmente de su sobrina. Ese día María le contó lo que pasaba y le pidió irse con ella. Según Nelly, su sobrina tenía miedo de regresar con su mamá a quién ya le había contado y no le creyó. Nelly empezó el trámite legal y logró la custodia temporal de la niña.

Recordar un abuso es volverlo a sufrir. Por eso, según la Unicef, las víctimas deberían testificar una sola vez, en la cámara de Gessell, una habitación rodeada de espejos que separan los ambientes y permiten observar a la víctima sin que ella lo sepa. Pero desde junio María ha testificado cuatro veces, y solo una en la recámara especializada. Las otras han sido frente a dos psicólogos, frente al médico perito, y frente a un juez, un abogado y un fiscal. Su suplicio no ha terminado: aún debe ir a testificar por quinta vez ante los jueces de un tribunal. En el Ecuador hay 34 cámaras, pero en un país en el que de enero a septiembre de 2017 se denunciaron 6270 casos de abuso sexual y violación a niños y niñas menores de 17 años, no alcanzan. “No les tomamos los testimonios a todos los niños en Cámara de Gessell, sería lo ideal pero no tenemos suficientes”, dice la fiscal Morejón.

Nelly dice que desde junio de 2017 su sobrina no ha recibido apoyo psicológico del Estado. Ella tuvo que llevarla a terapia privada. Dice, además, que la atención en la Fiscalía es poco cálida “no sé si es por la acumulación de trabajo o qué, pero desde el tono de voz hasta la forma de mirarnos era fea”. La lentitud y frialdad de fiscalías y tribunales llevó a la Coalición de Mujeres a demandar que haya un procedimiento especial y expedito para juzgar delitos de violencia intrafamiliar y sexual y los que se cometan en contra de mujeres y niñas, como lo ordena el artículo 81 de la Constitución. En abril de 2017, la Corte Constitucional le dio la razón y ordenó a la Asamblea Nacional, el legislativo del país, que reforme el Código Penal ecuatoriano en ese sentido. La Asamblea tiene un año a partir del fallo para hacerlo. Y no parece tener ningún apuro.

“A todos los sobrevivientes nos inyectan esa dosis de culpa. A todos:” -Paola Andrade

Mientras tanto, María recorre las estaciones de su calvario de la mano de su tía Nelly, que no entiende por qué una niña víctima no logra conmover a los funcionarios —o al menos hacerlos cumplir con normas básicas como no hacerla testificar más de una vez, y hacerlo en la cámara de Gessell:

— La psicóloga y el doctor tenían tono grosero con nosotras. Encima del dolor que sentía. Quería llorar del enojo.

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Paola es una mujer que no descansa: desde que lanzó Ecuador Dice No Más ha firmado decenas de convenios con organizaciones sociales, instituciones públicas, municipios, ha liderado grupos de apoyo, ha viajado para capacitarse, y ha organizado eventos públicos para que más personas se sumen a luchar en contra del abuso sexual a niños y niñas.

—Mi objetivo es que las niñas aprendan a diferenciar entre caricias permitidas y prohibidas desde chicas, que sepan que deben hablar y no tener secretos— dice en la cafetería dos horas y media después de contarme cómo decidió romper el silencio.

Paola todavía tiene pesadillas pero dice que hoy está “en otro lugar muy diferente al que estaba”. El insomnio, los ataques de ira, los ataques de pánico y el aislamiento, dice, eran la combinación para no sanar.

Lo primero que la ayudó a salir de esa soledad fue leer sobre abuso sexual infantil y su incidencia: supo que no estaba sola. Su sanación ha sido un proceso largo pero si hay un momento clave en ese camino es que mientras leía sin parar sobre el tema se topó con el caso de Oprah Winfrey. Hace veinte años, la célebre conductora de talk shows estadounidense entrevistó a Truddi Chase, que fue abusada por su padrastro desde que tenía dos años. En medio de la conversación, Winfrey empezó a llorar: también había sido víctima de abuso sexual de niña, pero no lo había aceptado ni sanado. Paola se vio como en un espejo: le pasaba lo mismo. Pensó que si el testimonio de esa señora ayudó a Oprah, y luego Oprah ayudó a todo un país, eso tenía que hacer. Se hizo una promesa:

— Haré pública mi historia y ayudaré.

Cinco meses después de nuestra primera conversación, vía Whatsapp Paola escribe:

—Estamos como locos con el evento de los niños para el 19.

Se refiere al 19 de noviembre, día Mundial de la Prevención de Abuso Infantil.

—El martes me voy a Argentina, y estamos empezando Arte Terapia este viernes y sábado. ¡No aguanto más!

Muy lejos de ella, en distancia y en sanación, Laura, con la bebé ya dormida entre sus brazos después de lactar, no habla de su pasado ni menciona a su familia en su futuro. Quiere hacer los deberes, aprender más de informática e inglés, terminar los cuatro años lectivos que le quedan.

— ¿Y luego?

— Luego…

Ríe con un poco de vergüenza:

— Luego quiero ser abogada para poder ayudar a mujeres así como a mí me ayudaron.

*Los nombres de Sandra, Laura, María y Nelly son protegidos.