La Ley de Galápagos ha sido una de las herramientas  más importantes para la conservación del territorio insular ecuatoriano. Cuando se la concluyó, en 1998, permitió establecer un régimen estricto para la protección del archipiélago. Su elaboración no estuvo exenta de polémica, entre otras cosas,  porque la conservación ambiental finalmente primó sobre  actividades extractivas como la explotación pesquera, porque se establecieron los primeros controles migratorios y se determinó quiénes resultarían ser  residentes permanentes y quienes debían resignarse a retornar a continente. Debido a la ausencia de un Estado ecuatoriano fuerte, la política insular estuvo dominada durante mucho tiempo por la LEER MÁS