El caso Goleada investiga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Entre los investigados están el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, y otros empresarios y funcionarios vinculados al sector de combustibles y a entidades públicas locales.
El 10 de febrero de 2026 se conoció públicamente la investigación. Esa madrugada, la Fiscalía ejecutó un operativo en la provincia del Guayas en coordinación con la Policía. Se realizaron allanamientos en varias viviendas, incluida la del alcalde. Según la Fiscalía, se incautaron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo y documentos.
Los once procesados fueron trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló el 11 de febrero en el Complejo Judicial Norte. El juez dictó prisión preventiva para seis de ellos y medidas sustitutivas para los otros cinco. El caso se encuentra en etapa inicial y aún no existe sentencia.
#AHORA | #CasoFachada: en el marco de una investigación por #DelincuenciaOrganizada, #TráficoDeInfluencias y otros delitos –que involucraría a jueces anticorrupción y abogados–, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador (Unidt) ejecutan allanamientos en #Pichincha y #Esmeraldas (desarrollo). pic.twitter.com/vHJZ5ewJKX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 16, 2025
¿Qué investiga la Fiscalía?
La Fiscalía sostiene que existiría una estructura organizada que habría cometido delitos de manera contínua desde el 2020.
Según su hipótesis, las personas investigadas habrían actuado coordinadamente con el objetivo de obtener beneficios económicos. Eso es lo que la ley tipifica como delincuencia organizada: cuando varias personas se asocian para cometer delitos de forma estructurada.
Esa delincuencia organizada habría servido para cometer dos delitos más. El primero, lavado de activos, que consiste en intentar ocultar o dar apariencia legal a dinero que tendría origen ilícito. El segundo, defraudación tributaria, es decir, un posible engaño al Estado para pagar menos impuestos de los que corresponderían o evitar su pago.
¿Cómo operaban, según la Fiscalía?
De acuerdo con la Fiscalía, la presunta organización habría operado desde el 2020 en Guayaquil y estaría liderada por los hermanos Álvarez Henríques.
En el esquema aparecen dos empresas clave:
- Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., una compañía dedicada al comercio al por mayor de petróleo y productos derivados, que provee combustible —principalmente diésel— al sector naviero.
- Flota Naviera Petrolera Flonape Overseas S.A., registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil que, según la hipótesis fiscal, habría funcionado como empresa de papel dentro del entramado.
La acusación sostiene que Ternape compraba diésel subsidiado al Estado ecuatoriano bajo el argumento de que sería destinado al segmento naviero nacional. Sin embargo, ese combustible habría sido revendido a embarcaciones internacionales a precio normal, es decir, sin subsidio.
La diferencia entre el precio subsidiado y el precio internacional habría generado ganancias millonarias y un perjuicio estimado en alrededor de 100 millones de dólares para el Estado.
El siguiente paso, según la Fiscalía, era justificar el dinero que ingresaba por esas ventas. Para hacerlo, las empresas habrían registrado deudas ficticias entre compañías que pertenecían a los mismos dueños.
Aunque la Fiscalía no especifica de qué manera se hubiera registrado esta deuda, podría ser con la manipulación del balance general.
Es decir, Ternape recibía más dinero del que debía por la venta de combustible, pero no registraba ese valor completo. Una parte, la incluía en el balance general, como pasivo, es decir como una deuda. ¿Deuda a quién? A Flonape.
De ese modo el dinero no aparecería como algo que la empresa tenía —un activo— sino como algo que supuestamente debía —un pasivo.
Así, cuando se realizaran las cuentas finales del año, al restar activos menos pasivos, no habría aparecido ningún excedente. En el papel no habría ganancia y, por lo tanto, no se encenderían alertas, ni se reflejaría un mayor pago de impuestos.
Estos movimientos se habrían hecho en el balance general que las empresas deben presentar cada año, donde se detalla todo lo que poseen, todo lo que deben y cuál es su patrimonio.
De ese modo, el dinero no aparecía como producto de una operación irregular, sino como el pago de una obligación empresarial.
Posteriormente, según la Fiscalía, Flonape decidió que el dinero que Ternape le tenía que pagar, ya no la recibiría la empresa sino sus dos socios, dividido de esta manera: Aquiles debía recibir 800.000 dólares y Antonio, 1,9 millones.
Pero ese dinero nunca fue cobrado. Es decir, quedó en las cuentas de Ternape, y se registró como aumento de capital de la empresa.
La estructura también habría contado con colaboradores encargados de contactar embarcaciones internacionales, coordinar la logística y gestionar la documentación necesaria para concretar el desvío del combustible y evitar controles.
¿Quiénes están involucrados?
En la audiencia de formulación de cargos se les dictó prisión preventiva a:
- Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
- Antonio José Álvarez Henríques, directivo del Barcelona Sporting Club y hermano del alcalde.
- Xavier Mario Álvarez Henríques, también directivo del Barcelona Sporting Club y hermano del alcalde.
- César Emilio Bravo Ibáñez, representante legal de la empresa Fuelcorp, que opera estaciones de servicio y comercializa combustibles.
- Fernando Patricio Peñaherrera Venegas, representante de Ternape Petroleum, empresa dedicada al comercio al por mayor de petróleo y derivados.
Se les dictó medidas sustitutivas (presentación periódica y prohibición de salida del país) a:
- Pedro Juan Hidalgo Elinan, tío de Aquiles Álvarez, gerente general y representante legal de Pesca Barva S.A., empresa vinculada a la comercialización de combustible en el sector naviero.
- Pablo Ricardo Pita Rendón, exgerente general de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
- Carlos Andrés Asanza Colmont, gerente general de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, entidad que administra la terminal terrestre de la ciudad.
- David Andrés Álvarez Kronfle, primo del alcalde y presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona SC.
- Ricardo Fabio Bruzzone Puig, ciudadano procesado dentro de la investigación.
- Gastón Aparicio Loy Correa, ciudadano procesado que, según la Fiscalía, habría colaborado en la gestión de documentación vinculada al combustible.
¿Qué pasa ahora?
El caso está en fase de instrucción fiscal. En esta etapa, la Fiscalía recopila pericias, testimonios y documentos que servirán para determinar si existen elementos suficientes para que el proceso avance a juicio.
Si considera que las pruebas son sólidas, solicitará el llamado a juicio. Si no, podría pedir el archivo de la causa.
La apelación a la prisión preventiva
El viernes 13 de febrero, Ramiro García, la defensa de Aquiles Álvarez dio a conocer que la justicia aceptó tramitar el recurso de apelación presentado contra la orden de prisión preventiva dictada en el caso Goleada.
García dijo que el tribunal dio paso al pedido formulado por el alcalde de Guayaquil y otros procesados para que la medida sea revisada y que la audiencia quedó convocada para el 2 de marzo de 2026.
En esa diligencia, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha po rel juez; es decir, evaluará si es pertinente continuar con la prisión preventiva y determinará si la ratifica, la sustituye por otra medida o la deja sin efecto.
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