Los medios de comunicación y los periodistas que tengan una “posición contraria” o “perjudicial para la imagen” de las Fuerzas Armadas no podrán cubrir sus eventos. Esa disposición fue firmada el 28 de enero de 2026 por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado.
“Es alarmante”, dice César Ricaurte, director de Fundamedios —organización que defiende la libertad de expresión. La califica como “censura previa”, que está prohibida por la Constitución. El artículo 18 dice que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar información verificada, oportuna, contextualizada y plural, sin censura previa, sobre hechos y asuntos de interés.
La disposición, advierte Ricaurte, va contra la Constitución.
El informe de las FF. AA. —enviado a los comandantes de la Fuerza Terrestre, Armada y Fuerza Aérea— dice que para invitar a los medios y permitirles el paso, el Departamento de Comunicación debe analizar, principalmente, cuatro aspectos.
- La línea editorial: la postura del medio.
- El tratamiento informativo histórico respecto a la institución: las noticias que se han publicado sobre ellos.
- El rigor informativo y conducta profesional: si la nota está sustentada y el periodista cumple protocolos.
- La postura institucional frente al rol constitucional de las FF. AA.: si reconoce el papel que la Constitución les asigna.
¿Cómo evalúan estos aspectos?
A través de una Matriz de Evaluación de Medios que sirve para “clasificarlos”. Para eso, hay una calificación basada en seis criterios (ver tabla).
Cada medio evaluado recibe una calificación sobre 100 puntos. Si obtiene entre 80 y 100, es considerado medio afín o apto. Si alcanza entre 60 y 79, queda como apto condicionado. Y si tiene menos de 60 puntos, es clasificado como no apto para acreditación.
Con base en esa puntuación, se hacen dos fichas de control: una para medios acreditados —es decir, los que son afines al gobierno de Daniel Noboa— y otra para “medios no afines” —es decir, para los críticos.
El documento también establece que se restringirá el acceso a medios o periodistas que “difundan información falsa o descontextualizada”, que mantengan una “postura sistemática contraria a la misión y valores institucionales” o que “afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las FF. AA.”.
Pero hay una excepción.
Los “medios no afines” sí serán invitados a actos con contenido histórico, patriótico o emocional —donde, según el documento, sea difícil construir una narrativa negativa— como una ceremonia por el Conflicto del Cenepa.
Para esos casos, el informe propone dar mensajes claros que “obliguen” a los medios críticos a “destacar aspectos positivos”. Plantea, además, controlar el contraste narrativo; dice que cuando un medio crítico se ve forzado a difundir mensajes favorables, se genera un “quiebre en su discurso habitual”.
También dice que si un medio no afín da mensajes positivos sobre las Fuerzas Armadas, el impacto en la ciudadanía sería mayor.
Para Francisco Rocha, ex director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), la disposición es una “demostración de un modelo autoritario” que buscaría silenciar a los medios que la institución considere “una piedra en el zapato”.
Rocha dice que la disposición da directrices de cómo se califica a un medio y “eso es violatorio a la Ley de Transparencia”. Esa ley garantiza el derecho de cualquier persona a pedir y recibir información del Estado.
Cuando el medio Ecuavisa difundió la resolución, las Fuerzas Armadas respondieron que era un documento interno y, en un comunicado, dijeron que son una institución apolítica y que, en medio de un Conflicto Armado Interno, tienen “la facultad para emitir sus propios lineamientos de comunicación”.
Desde enero de 2024, según el gobierno de Noboa, el país enfrenta un conflicto armado interno. Es decir, que el Estado reconoce que hay una confrontación armada con organizaciones criminales.
Luego del rechazo de medios, periodistas y organizaciones de derechos humanos, las FF.AA. publicaron otro comunicado, con otro tono: “no tiene como propósito restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico, ni afectar el derecho a la información”, dijeron sobre la disposición.
Sin embargo, insistieron en lenguaje que sugiere el espíritu de control del documento: dice que buscan que los medios hagan su trabajo de “manera adecuada” y que los procesos de registro a áreas reservadas son para mejorar el control y la seguridad.
“El Comando Conjunto reconoce su importancia en una sociedad democrática”, dice el boletín.
Pero César Ricaurte dice que la disposición es “propia de una dictadura, no de un país democrático” y que es inconstitucional.
¿Por qué es inconstitucional restringir el acceso a la prensa?
El abogado constitucionalista Gandhi Vela explica que las Fuerzas Armadas sí pueden reglamentar el acceso a sus eventos, pero solo si no vulneran derechos constitucionales.
En este caso, sí vulneran.
Vela explica que la disposición de las FF. AA. afecta a:
- la libertad de expresión
- la libertad de pensamiento
- la igualdad y no discriminación
Por ejemplo, la clasificación por la línea editorial del medio provocaría una exclusión selectiva. Vela advierte que los criterios de las Fuerzas Armadas pueden ser subjetivos y “en caso extremo, esto permitiría una discriminación por cómo ha sido históricamente el medio”.
Es, además, un condicionamiento para poder tener acreditación a los eventos, dice Vela: “Pórtate bien para que yo te deje entrar”.
El abogado constitucionalista André Benavides dice que “no solo es inconstitucional, sino inconveniente” y vulnera el derecho al acceso a la información pública. Explica que impedir la acreditación de ciertos medios de comunicación provocaría que la información no sea difundida plenamente a la ciudadanía.
“Ni siquiera en las dictaduras se ha visto esto”, dice Benavides. Añade que no recuerda un precedente similar desde el retorno a la democracia en Ecuador, en 1979 —ese año, asumió la Presidencia Jaime Roldós Aguilera, tras casi una década de dictaduras militares.
César Ricaurte dice que la disposición militar también va en contra de las normas internacionales, que han desarrollado estándares claros para proteger la libertad de expresión y prohibir la censura previa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice que la libertad de expresión es una piedra angular de la democracia y está protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, la Convención dice que está prohibida la censura previa —impedir la difusión de información antes de que se publique. El Estado no puede discriminar a medios o periodistas por su línea editorial o postura crítica y la exclusión de acceso a fuentes oficiales puede ser una forma indirecta de restricción a la libertad de expresión.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dice que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y que no se puede limitar la expresión por el simple hecho de que resulte ofensiva, incómoda o crítica hacia autoridades.
¿Quieren blindar a las FF.AA. de las críticas?
Los servidores públicos, que reciben recursos del Estado, tienen la obligación de transparentar el ejercicio de su cargo, explica Francisco Rocha. En palabras sencillas: rendir cuentas a la ciudadanía.
Pero, según Rocha, con disposiciones como la de las Fuerzas Armadas se intenta blindar a la institución frente a la crítica y al escrutinio. Y eso, dice, termina deteriorando la democracia.
No es el único episodio de tensión con la prensa en 2026 durante el gobierno de Noboa. En enero, la asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León, propuso reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el argumento de “fortalecer la libertad de expresión”.
En la práctica, el proyecto planteaba sancionar con entre 15 y 30 días de cárcel a periodistas que criticaran a servidores públicos, si así lo resolvía un juez de garantías penales. Tras los cuestionamientos de gremios y expertos, la Asamblea archivó la propuesta.
Ese mismo mes, la secretaria de Administración Pública y figura de confianza del presidente Noboa, Cynthia Gellibert, dijo en el pódcast Sin Protocolos que se declaraba “enemiga de los medios”. Dijo que no da entrevistas porque “los medios te invitan, te preguntan cosas y quieren que les respondas lo que ellos quieren. Y como yo no les voy a responder nunca lo que ellos quieren, sino lo que la ciudadanía quiere saber”.
La declaración generó críticas porque se produjo en un contexto en el que su familia estaría vinculada con la compra irregular de un terreno en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, un tema sobre el que no se ha pronunciado hasta el 11 de febrero de 2026.
“Hay funcionarios que no quieren dar la cara”, dice Rocha. Pero añade que “tarde o temprano todo se sabe”.
Si es que esta disposición hubiese existido en años anteriores, casos que conmovieron a la opinión pública seguramente no habrían salido a la luz.
Uno es el caso Las Malvinas, que trata de la desaparición de un niño y tres adolescentes del sur de Guayaquil que, el 8 de diciembre de 2024, fueron subidos a la fuerza a una patrulla militar cuando regresaban de jugar fútbol. Días después, sus cuerpos aparecieron calcinados en Taura. La Fiscalía acusó a 16 militares por desaparición forzada y fueron condenados a 34 años de prisión.
Otro es el caso de Carlos Javier Vega, un joven de 19 años que el 2 de febrero de 2024 murió tras recibir disparos de militares durante un operativo en el sur de Guayaquil. Iba con su primo a vender un cachorro. Las Fuerzas Armadas dijeron al inicio que eran “presuntos terroristas” que atacaron un retén. Pero la familia y organizaciones de derechos humanos dijeron que fue una confusión y que los militares dispararon contra ellos. Vega murió al día siguiente.
Y otro es el caso del radar del cerro Montecristi, en la provincia costera de Manabí, publicado por Ecuavisa en enero de 2026. Según el canal, la disposición contra los periodistas estaría relacionada con la difusión de información sobre ese equipo, que sirve para detectar narcoavionetas en la costa. El radar explotó en noviembre de 2021 y, aunque hay recursos asignados, no ha sido reparado. La responsabilidad recae en el Ministerio de Defensa, que administra a las Fuerzas Armadas.
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