El 10 de febrero de 2026, Damián Larco fue designado presidente temporal del Consejo de la Judicatura, el organismo encargado de administrar la justicia en el Ecuador. Su nombramiento se dio luego de que Mario Godoy, quien preside la institución, pidiera una licencia. Godoy enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional que podría terminar en su censura y destitución.
La designación fue en una sesión extraordinaria del pleno de la Judicatura en la madrugada. A las 12:27, Larco fue elegido por unanimidad.
La designación se sustentó en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que el Consejo debe ser presidido por el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Si esa autoridad está ausente o impedida, debe asumir su alterno. Y si ninguno puede hacerlo, el pleno puede designar a otro de sus miembros.
Esto fue lo que ocurrió.
Te contamos por qué su designación es cuestionada y cuál es la trayectoria política de Damián Larco.
Una elección marcada por cuestionamientos
Cuando Mario Godoy pidió licencia, quien debía reemplazarlo era su alterna, Alexandra Villacís. Ambos provenían de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.
Sin embargo, durante la sesión extraordinaria la madrugada del 10 de febrero, Janneth Vinueza, directora de Talento Humano de la Judicatura, dijo que Villacís tenía un supuesto impedimento para ejercer un cargo público: una deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Según Vinueza, el 9 de febrero a las 3 de la tarde se le pidió a Villacís que entregara el certificado del Ministerio de Trabajo que asegura que no tiene impedimento para ejercer cargo público, y así poder registrarla como presidenta temporal. Sin embargo, según Vinueza, Villacís le dijo que se había enterado que tenía impedimento y que lo iba a subsanar.
Horas antes, Alexandra Villacís, en entrevista en FM Mundo, ya había confirmado esta información. Dijo que le resultaba “sorpresivo” que la supuesta deuda con el SRI apareciera justo en la semana en que debía reemplazar a Godoy. Añadió que le pareció “extraño” encontrarse con esa novedad (el impedimento de ejercer cargo público) porque siempre ha tenido sus documentos en regla. Insistió que no tiene deudas con el SRI.
Villacís también dijo que pensó que le iban a dar, al menos, hasta el día siguiente para subsanar las observaciones administrativas, pero que se enteró por los medios que estaba descartada para el cargo.
Por el impedimento de Villacís, el pleno decidió elegir a otro vocal como presidente temporal: Damián Larco.
¿Por qué la designación de Damián Larco genera dudas?
Para entender por qué la designación de Larco genera cuestionamientos, es necesario entender cómo se integra el Consejo de la Judicatura.
Sus 5 vocales no son elegidos por voto popular, son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el órgano encargado de llevar a cabo la designación de nuevas autoridades públicas, ya sea a través de concurso o votación interna.
En el caso del Consejo de la Judicatura, la elección es a partir de ternas enviadas por las cinco funciones del Estado:
- Ejecutivo
- Legislativo
- Fiscalía
- Defensoría Pública
- Corte Nacional de Justicia
De cada terna se elige un vocal principal y su suplente.
El presidente del Consejo de la Judicatura debe salir de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. En septiembre de 2025, cuando se designaron a las nuevas autoridades, el elegido fue Mario Godoy, y su alterna fue Alexandra Villacís.
Damián Larco, en cambio, fue designado como vocal a partir de la terna del Ejecutivo. Su suplente es María Gabriela Vinueza. La moción para su vocalía fue presentada por Jazmín Enríquez, vicepresidenta del CPCCS, quien señaló que se requería un perfil de economista en la Judicatura para asuntos de planificación, y que ambos, Larco y Vinueza, tenían esa experiencia.
Su designación fue por un periodo de seis años.
Un funcionario cercano al gobierno
Antes de llegar al Consejo de la Judicatura, Damián Larco fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI), la institución encargada de la recaudación de impuestos en Ecuador.
Ingresó el 23 de noviembre de 2023, cuando fue designado directamente por el Presidente de la República. Fue ratificado en junio de 2025 y salió el 25 de septiembre de ese año, luego de haber sido elegido como vocal del Consejo de la Judicatura.
Su cuenta de Instagram da luces sobre su cercanía con el gobierno y su apoyo al presidente Daniel Noboa: entre las fotografías publicadas hay mensajes de apoyo no solo a ADN, sino también a Noboa. Aparece en imágenes de la convención de ADN en septiembre de 2025 y en la marcha contra los jueces de la Corte Constitucional en agosto del mismo año.
Su carrera ha estado vinculada principalmente al ámbito económico y tributario, en el sector privado como en el público.
Larco es economista con mención en gestión empresarial, con especialización en finanzas. Tiene un máster en sistemas de información gerencial por la Universidad del Litoral y es magíster en sistemas de información gerencial por la Universidad Internacional de La Rioja, según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).
En el sector privado ha sido consultor tributario y financiero, según su resumen en Linkedin.
Información pública
Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre 2018 y 2023 Larco ocupó cargos de dirección y tuvo participación accionaria en al menos tres empresas privadas, antes de pasar a funciones en el sector público.
En TPADVICE S.A. —empresa dedicada a servicios de contabilidad— fue presidente entre 2018 y 2021 y luego gerente general hasta 2023.
También fue gerente general de LEXONOMIC S.A, empresa que presta servicios legales, entre enero de 2021 y enero de 2023, donde además figura como accionista.
Además, ocupó el cargo de presidente y luego vicepresidente en DESTRA CONSULTORES ASOCIADOS DESTRA&CO S.A., dedicada a dar asesoría tributaria, legal y financiera, entre 2020 y 2023, empresa en la que también registra participación accionaria. Estas dos últimas compañías aparecen activas en los registros societarios.
Como director del SRI tuvo al menos dos acciones de protección en su contra. En septiembre de 2024, en Guayaquil, un juez admitió a trámite una demanda constitucional contra el SRI y convocó a audiencia pública para analizar una supuesta vulneración de derechos. En julio de 2025, otro ciudadano presentó una acción similar en Portoviejo, que también fue aceptada.
En 2025, como vocal del Consejo de la Judicatura, declaró un patrimonio de 319.892,87 dólares, una cifra mayor a la de noviembre de 2023, cuando fue designado como director del SRI. En esa ocasión, fue de 186.288 dólares, según el sitio web de la Contraloría.
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