El supuesto intento de la Supercias de controlar el Expreso, explicado

Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los diarios Expreso y Extra, denunció un nuevo intento del gobierno de Daniel Noboa para “doblegar la línea editorial” de los medios, que han sido críticos a su gestión. En una carta del 30 de diciembre de 2025, el presidente ejecutivo de Granasa, Galo Martínez Leísker, advirtió que el Ejecutivo estaría utilizando a la Superintendencia de Compañías (Supercias) para intentar controlar el 40% de las acciones de la empresa.

Seis días después, el 5 de enero de 2026, la Superintendencia de Compañías publicó un comunicado en el que “rechaza, de manera categórica, cualquier opinión o señalamiento que pretenda poner en entredicho su autonomía, objetividad y legalidad de su accionar” y recalca que “se rige por criterios técnicos”.

Susana Morán, directora de la Fundación Periodistas Sin Cadenas —organización enfocada en defender la libertad de prensa—, dice que se trataría de “presiones desde el poder” con mecanismos administrativos y societarios que, desde su punto de vista, son más difíciles de identificar.

No es la primera vez que el gobierno de Noboa intentaría controlar al Expreso. 

En septiembre de 2025, Granasa denunció que había “una campaña de difamación” en su contra. Lo hizo luego de una publicación de la plataforma de contenidos La Posta, titulada “Canillitas millonarios, un milagro express”, basada en un informe filtrado del Servicio de Rentas Internas (SRI) que advierte un supuesto “fraude tributario” de la empresa guayaquileña.

Sobre el intento de controlar el 40% de las acciones, Galo Martínez dijo que son “perversas maniobras y falsas acusaciones” de Michele Sensi Contugi, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) del gobierno de Noboa. 

Te explicamos el supuesto intento de controlar al Expreso y Extra, a través de la Supercias. 

La polémica sobre el intento de “revertir” las acciones

Para entender el posible intento de controlar el 40% de las acciones de Granasa, es clave comprender que una empresa se divide en acciones, y que cada acción equivale a una parte de la empresa. Quien las compra, pasa a ser dueño de una fracción de ella. 

Según la Superintendencia de Compañías —que controla, supervisa y regula a las empresas que operan legalmente en el país— las acciones de Granasa están divididas entre 16 accionistas.

En la denuncia del Expreso, dice que la Supercias inició un proceso para que el 40% de las acciones de Granasa retornen a la empresa Veranera, actualmente en liquidación. Es decir, que dejará de funcionar. 

Pero, ¿por qué la Súper impulsa este “reverso”? 

Desde 2014 hasta 2020, Veranera S.A. —una compañía dedicada a la compra de acciones— fue accionista de Granasa. La gerente general de Veranera era Ingrid Francisca Martínez Leísker —hermana de Galo Martínez Leísker.

El 19 de diciembre de 2019, Veranera solicitó a la Superintendencia de Compañías iniciar un “proceso de disolución voluntaria y anticipada”, trámite que fue aprobado. En palabras sencillas, ese trámite significa que los dueños de una empresa deciden cerrarla.

Así, según una notificación a la que GK tuvo acceso, el 6 de febrero de 2020, Veranera cedió el 40% de las acciones que tenía de Granasa a Ingrid Martínez Leisker. 

La transferencia fue notificada a la Superintendencia de Compañías y al entonces presidente ejecutivo de Granasa, Galo Martínez Merchán. El 14 de febrero de 2020, esa transferencia fue inscrita, según el kardex público de accionistas —el registro oficial de quiénes son los dueños de una empresa. 

Para que la transferencia haya sido inscrita, Daniela Hidalgo, abogada corporativa, explica que la Superintendencia de Compañías debió revisar previamente la información y verificar que el trámite cumpliera con los requisitos mínimos —que son el acuerdo para ceder las acciones y registro del cambio de dueño.

Para entonces, en 2020, Veranera ya tenía la autorización para liquidarse, pero todavía no había empezado el proceso. Cuando una empresa está en liquidación, nombra a una persona para que administre el cierre ordenado de la compañía. Su tarea es representar legalmente a la empresa, manejar sus bienes y tomar decisiones para pagar deudas y cumplir obligaciones antes de su disolución definitiva. Ese rol se llama la liquidadora, y en este caso, era Ingrid Martínez Leísker.

El 5 de marzo de 2020, Veranera presentó a la Supercias el balance inicial para el proceso de liquidación, es decir, los registros contables de la empresa. Once días después, la Súper contestó y envió sus observaciones. Pero, según la institución, las observaciones no fueron contestadas por Veranera.

Por más de cinco años, el tema quedó ahí, hasta que el 25 de noviembre de 2025, la Súper cambió a la liquidadora de Veranera: Ingrid Martínez fue reemplazada por Carlos Xavier Cadena Asencio, un contador público que ha sido designado liquidador para otras compañías por la Superintendencia de Compañías, según el directorio de la institución. 

Antonella Vergara, abogada corporativa, explica que la Supercias sí puede cambiar de liquidador de una compañía, cuando este incumple sus funciones. Sin embargo, la razón por la que se cambió el de Veranera no es información pública. 

Así, el 24 de diciembre de 2025, las acciones de Ingrid Martínez Leísker regresaron a Veranera —según el kardex público de accionistas— y, por lo tanto, quedaron bajo el control de Carlos Cadena. 

“Nunca vi a un liquidador tan diligente. Inscriben el nombramiento el 25 de noviembre de 2025 y en menos de un mes ya logra identificar que hay irregularidades sobre las acciones y gestionar todo para el “reverso” de la cesión”, dice Daniela Hidalgo, cuestionando a la Superintendencia. Generalmente, esos trámites toman meses, dice Antonella Vergara. 

Según el comunicado de Granasa, la justificación de la Superintendencia de Compañías es que “no ha encontrado ‘trazabilidad’ de esa transferencia” entre Veranera S.A. y Ingrid Martínez Leísker, ocurrida en 2020.

Hidalgo explica que cuando no hay trazabilidad es que “no hay suficiente información” de la transferencia. Es decir, según la Superintendencia, no existirían registros contables que permitan determinar cómo fue la transferencia de esas acciones.

Pero Granasa insiste que la Superintendencia tiene otras intenciones. “Se pretende de un plumazo que yo ‘reverse’ la transferencia de ese 40 % de acciones”, dijo Galo Martínez Leísker. Para la Fundación Periodistas sin Cadenas, esto sería un intento de presión. “Es muy común que los medios que son altamente críticos con el gobierno de turno puedan sufrir persecución”, dice Susana Morán, directora de esta organización. 

Pero, ¿qué significa el reverso de acciones? 

La abogada Hidalgo explica que el reverso es una decisión administrativa para “dejar sin efecto” la transferencia de acciones. Pero, insiste, no es un proceso de nulidad porque la Súper no puede “declarar nulo un documento o un acto privado que sería el proceso con el que Veranera transfirió sus acciones a favor de Ingrid Martínez”. Solo un juez puede declarar nulos los contratos privados. 

La abogada recuerda que “este proceso de reverso está indirectamente perjudicando a Granasa, modificando o pretendiendo modificar la estructura accionaria de esta compañía”. 

Según Galo Martínez Leisker, es “inaceptable” que se intente revertir esa transferencia de acciones con un “liquidador convenientemente recién nombrado por la propia Superintendencia de Compañías”, dice el comunicado.

“Para una prensa libre e independiente es necesario que las empresas periodísticas sean fuertes financieramente y que eso garantice su independencia editorial”, dice Susana Morán. Explica que la propiedad de una empresa es una decisión privada que corresponde únicamente a sus accionistas. 

Además, cuando una entidad estatal intenta influir en la propiedad de un medio, “puede ser un mensaje de intimidación a otras empresas periodísticas”, agrega Morán.

La abogada Hidalgo recuerda que el liquidador de Veranera “no podría ejercer un control directo respecto de la compañía, pues el resto de accionistas siguen manteniendo una posición mayoritaria”. Pero aclara que sí podría adquirir una posición importante en las decisiones que Granasa. 

Por eso, el presidente ejecutivo de la empresa advierte de un intento de controlar el contenido que se publica en los diarios Expreso y Extra. 

Este no es el primer ataque contra Expreso

El 10 de septiembre de 2025, Granasa advirtió de la existencia de “una campaña de difamación” en su contra. 

La Posta publicó un video en el que, con base en un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), sugiere —sin precisar nombres, datos ni contextos— que hubo movimientos de dinero y facturación “sospechosos” alrededor de Granasa, incluso insinuando un posible caso de lavado de dinero.

Granasa respondió que el contenido es confuso, impreciso y distorsiona información tributaria de distribuidores de periódicos para sembrar dudas y atacar al medio. 

Según un comunicado de Fundamedios, organización que defiende la libertad de prensa en Ecuador, “no se ha mostrado ninguna evidencia clara de que Gráficos Nacionales esté involucrada en actividades de defraudación tributaria, como se ha intentado posicionar”.

El 26 de septiembre de 2025, la Policía hizo un operativo denominado Canillita. Hubo 7 allanamientos en la ciudad de Guayaquil y 11 personas fueron notificadas por presunta defraudación tributaria. En el informe policial al que GK tuvo acceso dice que “habrían mantenido operaciones y transacciones comerciales con Gráficos Nacionales”, con un supuesto perjuicio al Estado de 600 mil dólares durante 2023 y 2024.

Granasa respondió que los distribuidores no tienen relación laboral con el diario, sino que son clientes independientes, y que cualquier error tributario es responsabilidad individual. 

Granasa dijo que el operativo forma parte de una campaña de desprestigio vinculada a investigaciones periodísticas que incomodan al gobierno. En agosto de 2025, el diario publicó una serie de reportajes de investigación denominada Los dueños de la salud. Por ejemplo, reveló que entre 2013 y 2025 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pagó más de 8.000 millones de dólares a clínicas privadas, y que 27 prestadores concentraron casi la mitad de esos recursos. 

El reportaje expuso vínculos empresariales y familiares entre clínicas, dependencia casi total de fondos del IESS y posibles conflictos de interés de médicos ligados al sistema público.