Alexandra Villacís es abogada y licenciada en ciencias políticas. Fue designada vocal suplente del Consejo de la Judicatura el 19 de septiembre de 2025. Fue propuesta por la terna de la Corte Nacional de Justicia —junto con Mario Godoy, designado presidente de la Judicatura, Juan Carlos Benalcázar Guerrón.

En diciembre de 2025, Godoy pidió una licencia para prepararse para su comparecencia de la Asamblea Nacional por la denuncia de presiones y amenazas al juez anticorrupción Carlos Serrano. 

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En su lugar quedó designada como presidenta encargada de la Judicatura la vocal suplente Alexandra Villacís, quien asumió el cargo desde el 26 al 28 de diciembre de 2025. “Asumo esta responsabilidad con un compromiso institucional orientado al fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, al respeto del marco constitucional y legal, y a la recuperación de la confianza ciudadana”, dijo Villacís.

Luego, Godoy volvió a solicitar una licencia temporal el 30 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero. En ese lapso, Villacís reasumió otra vez como presidenta encargada. 

El 5 de enero, Godoy compareció en la Asamblea por presiones judiciales y posibles conflictos de intereses. Godoy está salpicado en un caso por el presunto delito de tráfico de influencias, luego de las amenazas y amedrentamientos que habría sufrido el juez anticorrupción Carlos Serrano. Las presiones habrían sido para que cambiara una decisión judicial en un caso de lavado de activos.

Después, Godoy volvió a su cargo. Villacís estuvo 11 días en la Presidencia de la Judicatura. 

El 29 de diciembre de 2025, la bancada de Revolución Ciudadana presentó un pedido de juicio político contra Godoy en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), debido a la polémica que lo salpica. Si hubiera un juicio político, quien debería asumir la Judicatura sería Villacís.

Pero el 9 de febrero de 2026, el Consejo de la Judicatura suspendió a la vocal suplente Villacís, lo que impidió que pueda subrogar a Godoy debido a un impedimento para ejercer cargos públicos. 

Ese mismo día, la Judicatura pidió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que empiece un proceso para designar a un nuevo vocal suplente de la presidencia de la institución. 

Lee quién es Alexandra Villacís.

Así fue la suspensión de la vocal suplente 

Mario Godoy pidió una nueva licencia sin sueldo entre el 9 y 13 de febrero de 2026, mientras continúa el juicio político en su contra. 

Quien debía asumir el cargo era la vocal suplente Villacís, pero el día en que debía reemplazarlo supo —a través de los medios de comunicación y no porque el Consejo le notificara— que no podía porque en el Ministerio del Trabajo constaba un impedimento para ejercer cargos públicos. 

La alerta se generó tras un reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI) al Ministerio del Trabajo sobre un presunto incumplimiento tributario. Entonces, la Judicatura la suspendió. 

Sin presidente ni vocal suplente, el Pleno de la Judicatura  convocó a una sesión extraordinaria, la madrugada del 10 de febrero de 2026, y los vocales designaron a Damián Larco como presidente temporal del organismo para cubrir la ausencia.

Horas después, Villacís reaccionó en su cuenta de X. Negó mantener deudas con el Estado, aseguró que está al día en sus obligaciones fiscales. También calificó el hecho como una “inconsistencia administrativa”. 

La vocal suplente señaló que verificó su situación directamente ante el SRI y obtuvo un certificado de cumplimiento tributario emitido el 9 de febrero. 

Con ese documento, anunció que pidió al Ministerio del Trabajo la corrección del registro que motivó su separación.

Si se levanta el impedimento, Villacís tendría que ocupar el cargo de la Presidencia mientras Godoy siga en licencia.

Su formación académica y profesional

Villacís es abogada y licenciada en ciencias políticas por  la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, graduada en 2002. Ambos títulos están registrados en el sitio web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). 

También es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo.

Según su radiografía judicial, hecha por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, entre 1992 y 1995 fue directora del Departamento de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Después, entre 1995 y 2005, fue directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Entre 1995 y 1997 fue docente de Derecho Empresarial en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Después, entre 2001 y 2005, fue secretaria general en la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, según su radiografía judicial.

En 2005 fue por primera vez funcionaria pública. Empezó a trabajar en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).  Entre 2005 y 2006 fue asesora jurídica en la vicepresidencia de negocios de CNT. Entre 2006 y 2007 fue asesora jurídica en la presidencia de CNT.

Entre 2007 y 2009 fue auditora en la dirección de Asuntos Internos en CNT. Después, entre 2009 y 2010, fue directora de Control Interno, según su radiografía judicial.

Según la Contraloría, entre 2012 y 2013, fue secretaria general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). 

Desde 2012 a 2020 fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Espíritu Santo. 

Desde el año 2020 es la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Iberoamericanas (AMJI) y directora de proyectos Latam en el Instituto de de Innovación Legal, según su radiografía judicial.

Según la Contraloría, Villacís fue subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial entre 2021 y 2022. Esta subsecretaría se encarga de la planificación, regulación, coordinación y control del sistema portuario y del transporte acuático. 

En 2022 fue defensora del Pueblo en la provincia del Guayas. Entre 2023 y 2024 fue coordinadora general de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación en la Defensoría del Pueblo, según la Contraloría. En este cargo una de sus funciones era coordinar investigaciones sobre Derechos Humanos.

Su información pública

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en diciembre de 2025, es accionista de Compañía Phoneipec Ecuador S.A., una empresa dedicada a la venta al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, pero esta compañía está disuelta y liquidada. 

Fue accionista en Technophone S.A., una empresa relacionada a servicios de telefonía y tecnología, pero fue disuelta.

Según el Consejo de la Judicatura, nadie la ha demandado. 

Según el sitio web de la Fiscalía, no tiene ninguna denuncia en su contra. Pero ha presentado dos denuncias por engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas presentada en 2022 y una por usurpación y simulación de funciones públicas contra Rosa Elena Doile Merejildo presentada en 2023 —este proceso no pasó de la etapa de denuncia.

En 2025 declaró un patrimonio de 505.836,50 dólares como presidenta encargada de la Judicatura, según el sitio web de la Contraloría.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos años ha pagado lo siguiente por impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas:

    • 2018: 355,75 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
    • 2019: 3.531,39 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
    • 2020: 2.897,19 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
    • 2021: 144,73 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
    • 2022: 1.587,40 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
    • 2023: 1.972,72 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
    • 2024: 1.077,42 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
    • 2025: hasta el 6 de enero de 2026 no ha presentado la declaración de impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
Veronica Teran
Verónica Terán
Reportera de GK. Abogada por la PUCE.
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