Caso Malvinas: 16 militares sentenciados por desaparición forzada

El 22 de diciembre de 2025 terminó el juicio del caso Las Malvinas: once militares fueron sentenciados a 34 años y 11 meses por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño: Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años; Nehemías Arboleda, de 15; y Steven Medina, de 11. 

Otros cinco militares, que habían colaborado con la Fiscalía en las investigaciones, recibieron una pena de 30 meses. Además, el tribunal ratificó la inocencia de un teniente coronel que había sido procesado inicialmente como cómplice. 

La desaparición forzada ocurre cuando agentes del Estado privan de libertad a una persona, y luego se niegan a reconocer la detención o a informar sobre su localización.

En el juicio, la Fiscalía dijo que los 16 militares son culpables de la desaparición de los niños. Un tribunal de garantías penales de Guayaquil acogió las pruebas y, además de la sentencia, se ordenó el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados, es decir, 376 mil dólares, y una reparación integral que incluye el pago de 10 mil dólares por cada procesado a favor de cada una de las víctimas o sus familiares.

El caso empezó la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los cuatro niños que vivían en el barrio de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, fueron detenidos por una patrulla de las Fuerzas Armadas —integrada por los 16 militares condenados— mientras caminaban rumbo a jugar fútbol por la avenida 25 de Julio, cerca del centro comercial Mall del Sol. 

Los militares los subieron a la fuerza en dos camionetas sin que se les hablaran de sus derechos constitucionales ni se notificara el arresto al ECU-911 o a la Policía, como exige la ley en una detención por parte de las Fuerzas Armadas. En su defensa, tras ser interrogados al inicio del caso, dijeron que actuaron porque habían sido alertados de que los menores huían de un robo. 

Luego, según la Fiscalía, los llevaron a la parroquia de Taura, a 60 minutos en auto desde Las Malvinas, donde fueron abandonados. 

Esa noche, Luis Arroyo —padre de Josué e Ismael— recibió una llamada. Era un hombre que no se identificó. Le dijo que había encontrado a los menores golpeados, por lo que les dio ropa y comida, que Ismael le había pedido llamarlo.

El primero que habló  con Luis Arroyo fue ese hombre. Luego, “le dije que me pasara a mi hijo Ismael Arroyo al celular. Y me pasó (…) sí era la voz de mi hijo, esta conversación con mi hijo fue de 5 minutos aproximadamente, luego el tipo extraño le quitó el celular y me dijo de nuevo: ‘Tienes de 45 minutos a una hora para que los vengas a ver a Taura porque este sector es muy peligroso y como los niños son negritos y nadie los conoce, va a venir la mafia y se los va a llevar’”, detalló Arroyo a la Fiscalía. 

El hombre le envió la ubicación en tiempo real. “En ese momento, con otro teléfono, pude tomar fotografías del perfil de WhatsApp de este sujeto. Le corté la llamada y llamé a un familiar para que me ayudara llamando al ECU-911”, dijo el padre. 

Nunca más volvieron a comunicarse. Al día siguiente, el 9 de diciembre, los familiares denunciaron el caso como un secuestro, y la Fiscalía abrió la investigación.

Los padres y los investigadores siguieron las pistas, y confirmaron que los menores habían desaparecido tras su detención por los militares. 

El 24 de diciembre de 2024, cuatro cuerpos incinerados fueron hallados en Taura —que fueron sometidos a pruebas para verificar que fueran los cuatro de Las Malvinas. Ese mismo día, la jueza Tanya Loor aceptó un habeas corpus presentado por las familias y declaró que había una desaparición forzada —entonces la investigación cambió de secuestro a ese delito. 

El 31 de diciembre, la Fiscalía confirmó que los restos encontrados una semana antes eran de los cuatro menores. Ese día formuló cargos contra los 16 militares y ordenó prisión preventiva. 

Cuatro meses después, en abril de 2025, la Fiscalía vinculó a un militar más: el teniente coronel Juan Iglesias, quien tenía a cargo a la patrulla de los militares. No quedó en prisión preventiva —debía presentarse a la unidad penal cada semana.

Iglesias fue acusado de manipular ropa de dos de los adolescentes encontrada en Taura, durante un operativo realizado sin presencia de la Policía ni de la Fiscalía. Esa intervención, según la Fiscalía, “entorpeció el derecho de las víctimas a ser localizadas con vida”. Pero al final ratificaron su estado de inocencia.  

En total, 17 militares quedaron bajo investigación. De ellos, los cinco que se acogieron a la cooperación eficaz fueron: Nelson Oswaldo Sagñay Zuñiga, Alex Xavier Quishpe Antamba, Carlos Xavier Espín Macato, Moisés Israel Loor López y Christian Eduardo Aucapiña Quishpe.

Durante las reconstrucciones de los hechos declararon que los menores fueron golpeados con correas, patadas y pisotones durante su detención y traslado a Taura. También relataron que uno de los adolescentes se partió la cabeza al ser subido a la camioneta, y que un subteniente disparó al suelo para intimidarlos.

El 9 de octubre, diez meses después de la desaparición, los 17 militares fueron llamados a juicio. La audiencia comenzó el 22 de octubre. 

Entre las pruebas presentadas constan los testimonios cruzados de los militares, las declaraciones de familiares y testigos, las actas de levantamiento de cadáveres y protocolos de autopsia, registros de cámaras de seguridad de avenidas y peajes, y la reconstrucción de los hechos.

Esto determinaron las pericias

Con varios tropiezos —una amenaza de bomba, un corte de luz y pedidos de diferimiento—, la audiencia de juicio se extendió por más de 20 días.

El fiscal Christian Fárez explicó que peritos forenses dijeron que los cuerpos de los menores fueron calcinados y mutilados, lo que impidió determinar la causa exacta de muerte. Aun así, las pericias confirmaron que hubo violencia extrema y signos evidentes de tortura.

También concluyeron que los cuerpos fueron manipulados y quemados para borrar rastros. Una pericia sociológica, presentada en la audiencia, señaló que las mutilaciones y la incineración coinciden con patrones de grupos criminales que buscan eliminar evidencia y generar terror.

Un perito experto en uso de la fuerza dijo que no hubo un procedimiento adecuado ni siquiera para la supuesta liberación de los menores. Explicó que, tras la detención y posterior desaparición, nunca se entregó información sobre la ubicación o estado de los cuatro adolescentes.

La Fiscalía también presentó un informe pericial de la Policía —sobre el análisis de la ropa de Steven, Ismael, Nehemías y Josúe— que relata que un subteniente condenado golpeó con una correa al niño mientras lo interrogaba por un supuesto robo. Otro militar le pidió que se detuviera; el oficial se enfureció y ordenó que los menores se desnudaran. 

Luego habría arrojado la ropa a un costado de la vía.

El informe también dice que otro militar golpeó a dos de los adolescentes en la cabeza con la trompetilla de un fusil. Otro integrante del grupo los insultó y amenazó a uno de ellos con la frase: “Agradece que no te metí un tiro en la cabeza”.

En la audiencia, además, el experto Diego Guerra expuso una pericia informática: se extrajeron audios y documentos de 16 celulares —pertenecientes a los militares condenados. Siete estaban bloqueados y no fue posible acceder a su contenido. En la revisión se identificó un chat grupal de WhatsApp llamado “Asesoría jurídica militar”, con 19 participantes.

Según Guerra, el 15 de diciembre de 2024 —7 días después de la desaparición de los cuatro de Las Malvinas— se discutió en ese chat sobre la investigación abierta contra los militares. También aparecieron conversaciones sobre la contratación de un abogado para su defensa y dudas entre algunos integrantes sobre si debían hablar de lo ocurrido esa noche, según diario El Universo.

Un mensaje llamó especialmente la atención de la Fiscalía. Provenía de un usuario identificado únicamente con dos emoticones y decía: “Nadie en los informes puso que usted disparó, sólo sea consciente que el personal no está tratando de culparlo, solo decimos la verdad”.

Testimonios cruzados de los militares

De los 17 militares condenados, hubo cinco que cooperaron con la Fiscalía y detallaron lo que pasó la noche de la desaparición de los menores de edad. Los demás mantuvieron una versión que contradecía los hechos relatados por sus compañeros. 

• Quienes admitieron violencia y pidieron disculpas

Los militares,  acogidos al mecanismo de cooperación eficaz, pidieron disculpas a las familias de los cuatro de Las Malvinas. Reconocieron que hubo actos de violencia —golpes, patadas y disparos intimidatorios cerca de la cabeza de los niños— durante la detención del 8 de diciembre de 2024. 

Dijeron que los menores fueron abandonados desnudos, golpeados y vivos al pie de un árbol caído, a dos kilómetros de Taura.

Según sus testimonios, el subteniente a cargo habría impulsado desde el inicio un acuerdo para ocultar información, alinearse a una sola versión de los hechos y seguir las recomendaciones de una asesoría legal.

El abogado Abraham Aguirre, defensor de los familiares de las víctimas, confirmó que el soldado Alex Javier Quishpe Antamba admitió haber ocultado información y pidió perdón a las familias de los cuatro menores. En su declaración, Quishpe dijo que su primera versión fue “planificada” por un abogado.

También declaró Carlos Javier Espín Macato. Pidió disculpas por haber callado durante semanas y por no detener los abusos. Confesó que logró grabar un video de las agresiones e intentó alertar a un patrullero, pero la situación se “descontroló”. Más adelante, Espín sostuvo que los menores “se fueron caminando con vida hacia el pueblo de Taura”. 

También dijo que altos mandos convocaron a la patrulla para interrogarlos y uniformar la versión de que “todo fue normal”. También dijo que les ordenaron borrar fotografías y videos de sus celulares. 

Christian Eduardo Aucapiña Quishpe, otro cooperador, expuso que el cabo primero Jonathan Raúl Galeas Pillajo —uno de los condenados— hizo una “llave” al mayor de los cuatro, lo golpeó y luego regresó con “un palo grande” para continuar la agresión. Después —según su versión— el subteniente John Henry Zabala España ordenó a los niños desnudarse. Aucapiña también afirmó que los dejaron golpeados y desnudos, pero con vida.

Aucapiña también dijo que Zabala los obligó a todos a declarar que no hubo agresiones, a sostener una línea única de defensa y a borrar fotos y videos. Admitió que su primera versión escrita fue copiada del testimonio de otro soldado, cambiando solo algunas palabras y aseguró que “todos” hicieron lo mismo, según diario Primicias.

• Quienes negaron agresiones o disparos

En contraste, cinco militares que rindieron testimonio libre negaron haber escuchado disparos, insultos o agresiones, incluso frente a un video analizado durante el juicio donde se escuchan insultos racistas y amenazas de muerte, según Primicias.

Dijeron que la patrulla tenía previsto trasladar a los niños a la Unidad de Policía de Virgen de Fátima, a más de 50 kilómetros del lugar de la detención, pero que fueron desviados a Taura por una supuesta alerta de desmanes en la vía.

En la audiencia, Sergio Francisco Véliz Bonilla negó haber agredido o insultado a los menores. Señaló que no vio ni escuchó nada porque permaneció en el balde del vehículo. Sin embargo, los cooperadores de la Fiscalía lo señalan como uno de los militares que golpeó a los niños.

El cabo segundo Jhon Eduardo Tagle Marquez también rechazó haber participado o presenciado agresiones y cuestionó los testimonios de los cooperadores.

Bryan Olmedo Naranjo López declaró que no vio nada irregular. “Jamás privamos de la libertad ilegalmente a nadie, ni desaparecimos a nadie”, dijo, y acusó a los niños de ser ladrones. Afirmó que la patrulla no cometió actos crueles y que “si no existieran estos GDO (grupos de delincuencia organizada), nada de esto hubiera pasado”. También negó haber escuchado disparos.

El militar David Andrés Correa Asimbaña señaló que la noche del 8 de diciembre solo cumplía órdenes. Dijo que no sabía que eran menores de edad porque “medían más de 1,70 metros y su apariencia correspondía a personas adultas”, según Primicias. Aseguró que no encubrió información ni tuvo relación con lo ocurrido después.

El subteniente John Henry Zabala España, principal señalado por la Fiscalía, también negó todo. Rechazó los testimonios que indican que ordenó desnudar a los menores, pisarlos, golpearlos con correas o disparar cerca de sus cabezas. 

Contó que los cooperadores “fabricaron historias” para obtener una reducción de hasta el 90% de la pena. “Nosotros no hemos matado a estas personas, no las hemos desaparecido. Son grupos de delincuencia organizada los causantes de la desaparición forzada”, dijo, según Primicias.

Agregó que todas las municiones fueron entregadas completas —lo que, según él, demostraría que no hubo disparos—, pese a que esa versión contradice los testimonios de cooperadores y testigos. Dijo además que intentó llamar al ECU-911 en dos ocasiones para reportar la detención, pero que no logró comunicarse por falta de señal.

Los culpables del asesinato aún no son señalados

Aunque los militares fueron sentenciados por la desaparición forzada de los cuatro adolescentes, aún no se conoce quién los mató. Pero en la investigación hay pistas de quiénes habrían sido.

En la audiencia declaró el mayor de Policía Edwin Sánchez, quien presentó un informe preliminar elaborado el 27 de diciembre de 2024. 

Sánchez explicó que, para ese informe, los investigadores entrevistaron a habitantes de Taura, quienes confirmaron que en la zona “rige la hegemonía criminal de Los Águilas”. Ese control territorial, dijo, dificultó que los habitantes colaboraran por temor a represalias.

Según el informe policial y el testimonio de Luigi V. —un testigo que declaró el 21 de diciembre de 2024, pero abandonó voluntariamente el programa de protección y cuyo paradero actual se desconoce—, el asesinato de los menores habría sido ordenado por alias Momo, líder de Los Águilas en Taura. Pero no precisa las causas.

El informe preliminar también identificó a otros presuntos integrantes del grupo que habrían participado como autores materiales del crimen, entre ellos Ofelio C.; Ronald A. E., alias Ruco —primo de Momo—; y Ronald Segundo A. C., alias Dany —tío de alias Momo.