A las 9 de la noche del 16 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que la tendencia estaba marcada: el NO ganaba en las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum propuestos por el presidente Daniel Noboa en 2025.
Estas son las preguntas y el resultado de apoyo que tuvo cada una con el 70% de las actas válidas escrutas:
- Convocar a una Asamblea Constituyente – NO 61,64%
- Eliminar la prohibición de que en Ecuador haya bases militares extranjeras – NO 60,35%
- Eliminar parte del financiamiento estatal a las organizaciones políticas – 57,57%
- Reducir el número de asambleístas de 151 a 73 – NO 53,03%
Es la segunda vez que Noboa pone a prueba su gestión en una consulta popular y un referendo. La primera fue en abril de 2024, durante su primera presidencia. Fueron 11 preguntas sobre seguridad, justicia y empleo. En esa ocasión, el SÍ ganó en nueve y el NO en dos.
Pero en noviembre de 2025 el gobierno no logró inclinar la balanza a su favor: ni con los bonos ofrecidos antes de la consulta a agricultores, emprendedores, policías y militares, ni con la captura en España de alias Pipo Chavarría, líder de Los Lobos y uno de los narcos ecuatorianos más buscados de la región, el mismo día de la votación. Chavarría fingió su muerte, cambió de identidad y se ocultó en Europa mientras ordenaba asesinatos, manejaba minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.
Además, su gobierno enfrentó por el manejo del paro nacional, las explosiones en Guayaquil —que pusieron en duda la lucha del gobierno contra el crimen—, y la deuda desvanecida de la Exportadora Bananera Noboa—una empresa de la familia del Presidente— con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
A eso se sumaron problemas más profundos, como la crisis del sistema de salud pública y el regreso de las masacres carcelarias.
Aunque Noboa mantenía entre el 52% y 60% de apoyo a su gestión, según encuestas de Click Report y Cedatos, publicadas en octubre de 2025, no le alcanzó para ganar en las cuatro preguntas.
Para la analista política Selene López, ese nivel de respaldo en las encuestas refleja una percepción más que una evaluación real de su gestión. Por un lado hubo rechazo por algunas de sus acciones —como las denuncias de represión en el paro nacional o el bloqueo de cuentas a organizaciones sociales—; por otro, tuvo un apoyo que no fue suficiente.
López dice que el NO tuvo un mensaje claro y coherente: “No más improvisación. No más contradicciones”. Quienes hicieron campaña por el SÍ, en cambio, dieron mensajes distintos según la entrevista, el vocero o el día. La experta dice que la “repetición ordenada gana, la confusión pierde”.
También dice que el NO fue un mensaje político desde la ciudadanía: no lo lideraron las figuras más visibles de la Revolución Ciudadana, sino la gente. “Y el gran perdedor es Noboa, porque el referéndum estaba diseñado para fortalecerlo”, añade.
César Luis Barthelotti, abogado y analista político, señala que la derrota electoral de Noboa se explica en tres factores clave.
El primero es que Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento oficialista, enfrentó la consulta prácticamente en solitario. No logró sumar a otras organizaciones y quedó “solo en el SÍ”. Con los resultados de ahora, dice, queda expuesto el peso electoral real del oficialismo: cerca del 42%, muy similar al 44,17% que Noboa obtuvo en la primera vuelta de 2025 sin alianzas.
El segundo factor fue el exceso de confianza. Según Barthelotti, hubo un “voto vergonzante”: personas que no dijeron si votarían SÍ o NO. Aun así, el gobierno asumió que ganaría y no hizo campaña en las provincias. Ni asambleístas ni ministros, convencidos de que la victoria estaba asegurada, se esforzaron en visitar áreas más lejanas del país. “Se creyeron autosuficientes”, dice.
El tercero es un llamado de atención al propio Noboa para revisar y renovar su círculo más cercano —ministros, secretarios y asesores—, un entorno que, según el analista, “asiente y aplaude como focas” y tiende a decirle sí a todo.
Además, el analista considera que en los dos últimos meses hubo cinco momentos que habrían afectado el resultado de la consulta popular y el referéndum de Noboa.
Te contamos cuáles son.
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Un paro nacional con pérdidas y muertes
El paro nacional de 2025 fue un punto de inflexión para el presidente Noboa. Fue convocado luego de la eliminación del subsidio al diésel, que aumentó el precio del galón de 1,79 a 2,80 dólares, provocando el rechazo principalmente de transportistas y comerciantes.
Comenzó el 22 de septiembre de 2025 y se extendió hasta el 22 de octubre de ese mismo año, cuando se levantó la medida.
Las protestas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se concentraron en la Sierra norte, especialmente en Imbabura , Carchi y el norte de Pichincha, donde las carreteras estuvieron bloqueadas y hubo enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares.
Según la analista política Selene López, “Noboa salió bien librado” del paro porque no cedió ante la principal exigencia de la Conaie, que era echar abajo la eliminación del subsidio.
Pero le habría pasado factura, sobre todo, en provincias de la Sierra norte, donde hubo denuncias de represión y pérdidas económicas de más de 75 millones de dólares, según la Cámara de Comercio y Producción de Imbabura.
Para contener las protestas, el gobierno decretó un estado de excepción. Militares y policías salieron a las calles para restablecer el orden. La decisión fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Human Rights Watch dijo que se aplicó “el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas”.
Hubo 46 ataques contra la prensa, según Fundamedios, organización que defiende la libertad de expresión. Y, además, tres comuneros indígenas murieron: Efraín Fuerez, en Cotacachi; José Alberto Guamán, en Otavalo; y Rosa Elena Paqui, en Loja.
La Fiscalía investiga los casos. Si se confirma la responsabilidad estatal, el país deberá reparar a las familias y podría enfrentar un proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Otro de los hechos más polémicos durante el paro fue el bloqueo de cuentas bancarias de líderes indígenas y organizaciones sociales. Denunciaron que sus cuentas habían sido congeladas por orden de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) —adscrita al gobierno— sin aviso previo.
En una entrevista con Teleamazonas, el 31 de octubre, Noboa justificó los bloqueos porque supuestamente “se rastrearon y congelaron fondos que iban a ser destinados para desestabilizar al gobierno”.
El bloqueo fue posible por la recién aprobada Ley de Transparencia Social, que regula a las fundaciones, y ha sido cuestionada por expertos por asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil con trámites y requisitos que muchas no van a poder cumplir por su tamaño o recursos.
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Explosiones que expusieron la inseguridad (otra vez)
El 14 de octubre de 2025, una explosión en Guayaquil volvió a poner a prueba la estrategia de seguridad del gobierno. Ocurrió en plena hora pico, frente al centro comercial Mall del Sol, en el norte de la ciudad. Un vehículo se incendió y, pocos minutos después, estalló.
Hubo un muerto y 30 heridos. Mientras los bomberos sofocaban el fuego, los equipos de explosivos de la Policía encontraron un segundo vehículo con explosivos, que fue destruido de forma controlada.
Horas más tarde, al amanecer del 15 de octubre, una bomba sacudió el puente Mollopongo, en una vía que conecta la Costa con la Sierra. Después, una tercera explosión en el puente Churute, en la provincia del Guayas, volvió a aterrorizar al país. Fueron tres explosiones en menos de 24 horas.
El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó el ataque al grupo criminal Los Lobos, que habría actuado “en represalia a la destrucción de la minería ilegal en Buenos Aires”, en la provincia de Imbabura.
Un día antes, el 13 de octubre, 500 militares bombardearon campamentos ilegales en esta zona de Imbabura. “La minería ilegal se acabó”, dijo entonces el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
Las explosiones, ocurridas a pocas semanas de la consulta popular y referéndum, acentuaron la sensación de inseguridad en Guayaquil, una ciudad golpeada por el crimen organizado.
Barthelotti dice que la explosión evidenció la magnitud de la violencia —como los atentados que había en los años 90 en Bogotá, Colombia, durante la época de Pablo Escobar—, pero señala que le da “el chance al gobierno de seguir usando la fuerza contra el crimen organizado”.
Aunque, según Barthelotti, ese discurso era un recurso político para apuntalar la pregunta sobre la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras, las declaraciones de Noboa sobre su intención de instalar una base en la isla Baltra, en Galápagos, justo antes de la consulta, desataron críticas.
Ambientalistas y expertos en seguridad advirtieron sobre el impacto que una base militar podría tener en un ecosistema protegido y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad.
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Tres masacres carcelarias en tres meses
Entre septiembre y noviembre de 2025, Ecuador volvió a enfrentar el horror dentro de sus cárceles. Tres masacres —dos en la cárcel de Machala, el 22 de septiembre y el 9 de noviembre, y otra en la de Esmeraldas, el 25 de septiembre— dejaron 62 personas muertas.
El conflicto de las bandas Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones sigue activo, pese a los seis estados de excepción que el gobierno de Noboa ha decretado durante 2025 —y que le permiten tener militarizadas las cárceles.
En Machala, los enfrentamientos de septiembre comenzaron cerca de las 2 de la madrugada. Un grupo de reos de la facción Lobos Box, disidente de Los Lobos, irrumpió en las zonas controladas por bandas rivales.
Catorce personas murieron, entre ellas un guía penitenciario. Los presos secuestraron a varios policías y los ataron de pies y manos. Las explosiones abrieron un hueco en una de las paredes del penal, por donde algunos reclusos escaparon; 13 fueron recapturados horas después.
Tres días más tarde, la violencia se trasladó a Esmeraldas. A las 3 de la mañana del 25 de septiembre, reclusos del pabellón C fingieron la muerte de un interno para engañar al guía penitenciario. Le quitaron las llaves, tomaron un fusil y liberaron a los presos de los pabellones A y B, donde estaban recluidos miembros de bandas rivales.
En cuestión de minutos, la cárcel se convirtió en un campo de batalla: 17 presos fueron asesinados. El Ejército intervino para recuperar el control y reportó que los reos usaron armas de fuego y cuchillos. Un soldado resultó herido.
Luego, a dos semanas de la consulta popular, hubo otra masacre en la cárcel de Machala el 9 de noviembre. Durante la madrugada hubo un motín que dejó 4 muertos y decenas de heridos. En la tarde, hubo un enfrentamiento que dejó 27 fallecidos por “asfixia”, según un comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
López cree que, aunque es un hecho negativo que los presos se sigan matando y que vuelva el fantasma de las masacres que empezaron en 2021, estos episodios le permitieron a Noboa reforzar la idea de que las matanzas pasan por la lucha entre bandas, como si se tratara de un caso aislado.
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Crisis de salud
El IESS declaró la emergencia sanitaria el 26 de septiembre de 2025. El Ministerio de Salud Pública lo hizo el 1 de octubre de 2025.
Ambas decisiones responden a la falta de medicamentos en hospitales, una crisis que se arrastra desde hace meses y que evidencia el deterioro del sistema público de salud en Ecuador.
La red de hospitales públicos enfrenta un desabastecimiento generalizado, falta de insumos, de alimentos y una ejecución presupuestaria baja. Y esto responde, según la analista en comunicación política Pamela León, a que en los últimos tres años el presupuesto del Ministerio de Salud se redujo de 3.219 millones de dólares en 2023 a 2.798 millones en 2025.
El impacto es evidente.
Ahora, la emergencia sanitaria busca acelerar los procesos de adquisición de medicamentos, pero las compras siguen estancadas. Según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), al 5 de noviembre de 2025 solo había cinco contratos firmados, según el medio Primicias.
López dice que la crisis de salud podría haber minado la aprobación del presidente Noboa en la consulta popular, “pero es un tema que no está en agenda, y la oposición no ha logrado posicionar ese problema”.
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La deuda desvanecida de la Exportadora Noboa
La deuda de la Exportadora Bananera Noboa, propiedad de la familia del Presidente, con el SRI era una de las más grandes y prolongadas en la historia fiscal del país. Pero en 2025 pasó de 94,6 millones de dólares a cero.
El desvanecimiento de la deuda, amparada en una remisión tributaria aprobada durante el gobierno de Noboa, coincidió con una coyuntura legal: una ley recién declarada inconstitucional, la Ley de Integridad Pública.
Este caso reabrió el debate sobre los límites entre el poder político, los beneficios económicos y la transparencia en la gestión pública, dice Pamela León.
Según los registros del SRI, en marzo de ese año la deuda era de 94,6 millones de dólares. En julio bajó a 21,7 millones; en septiembre, a 6,1 millones. Al 30 de septiembre, quedaban 3,5 millones. Un día después, el 1 de octubre, la familia Noboa anunció que la deuda era cero.
La reducción fue del 96,4 % en menos de siete meses, algo sin precedentes, dice Pamela León. La explicación oficial fue simple: la deuda se pagó dentro del marco legal vigente. Un comunicado de Leonardo Noboa, primo del Presidente y gerente de Industria Cartonera Ecuatoriana (ICE), una de las empresas del Grupo Noboa, aseguró que las obligaciones fueron liquidadas “de acuerdo a la ley” —aunque no precisó a qué ley.
La Ley de Integridad Pública, aprobada en junio de 2025, incluía una remisión tributaria, un mecanismo que permite a los contribuyentes pagar solo el capital de la deuda y liberarse del pago de intereses y multas.
La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada en 2023 por la Asamblea Nacional, planteaba una amnistía tributaria para que deudores del SRI puedan pagar el capital vencido y se les condonen multas e intereses.
En la amnistía se prohibía expresamente que empresas vinculadas a familiares del presidente, vicepresidente, ministros o asambleístas se beneficiaran.
Pero en 2025, esa restricción desapareció. La nueva ley eliminó el candado y abrió el acceso a todos los contribuyentes, sin importar sus vínculos políticos.
Barthelotti advierte que el caso pudo haber hecho mella en Noboa porque, dice, han sido “pésimos comunicadores”, incapaces de ofrecer una explicación clara sobre lo ocurrido.
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