En abril de 2025, la Contraloría General del Estado ratificó una glosa por 3,7 millones de dólares a dos empresas vinculadas a la familia de Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): Servicios Hospitalarios Alboteoton e Industrial Inmobiliaria Teotón. La primera de ellas estuvo representada legalmente, hasta febrero de 2025, por el propio Lama.
Lo relevante no es solo el monto, sino el momento. Al confirmarse la glosa, Lama ya era ministro de Salud y, poco después, presidente del Consejo Directivo del IESS, la institución encargada de pagar precisamente a prestadores privados como las empresas de su familia.
La glosa se originó en un examen de 2021 que detectó pagos procesados sin documentación suficiente. Se habrían desembolsado millones de dólares por servicios cuya trazabilidad médica o administrativa no estaba completa.
El resultado: 2,68 millones de dólares en responsabilidad civil culposa para Teotón y 1,07 millones para Alboteoton.
En términos simples: el Estado habría pagado sin poder demostrar que el servicio se prestó como correspondía.
Y el problema, como veremos, no es solo legal. Es político.
Qué respondió Lama
El 6 de noviembre de 2025, Lama dijo que los servicios sí se realizaron y que las inconsistencias se debían a errores de archivo dentro del propio IESS.
Según su versión, la auditoría posterior encontró “faltantes documentales”, no irregularidades reales.
Pero en la administración pública no basta con decir que un servicio se dio: hay que demostrarlo.
Aceptar pagos sin respaldo verificable normaliza la opacidad y erosiona la confianza en la gestión pública.
La carga probatoria no recae en la memoria institucional ni en la buena fe de los funcionarios, sino en documentos.
Por qué esto importa ahora
El conflicto estalla en medio de una crisis estructural.
El IESS adeuda 1.300 millones de dólares a hospitales y clínicas de todo el país.
Entre enero y mayo de 2025 apenas pagó el 21% de esa deuda. Y los pagos se concentran en seis provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro, Azuay y Loja.
Los principales beneficiarios son grandes instituciones: la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca Quito, Solca Guayaquil, Solca Manabí, e Interhospital
Entre ellas, aparece Industrial Inmobiliaria Teotón, vinculada a la familia de Lama, que ha recibido 3,2 millones en lo que va del 2025.
En total, las dos clínicas Kennedy —una de ellas propiedad de Teotón— suman 5,2 millones de dólares de pagos recientes.
Mientras tanto, miles de pacientes con enfermedades crónicas enfrentan retrasos que pueden costarles la vida.
Las clínicas pequeñas, sin respaldo financiero, están dejando de atender por falta de liquidez.
Y las preguntas se acumulan: ¿quién decide a quién se le paga primero? ¿Con qué criterios?
Las denuncias contra Lama
El tema alcanzó su punto más delicado cuando el médico guayaquileño José Guevara, presidente de Interhospital, acusó públicamente a Lama de bloquear pagos a clínicas competidoras para favorecer a las vinculadas a su entorno familiar.
Dijo que, desde su llegada al IESS, “los pagos dejaron de distribuirse de manera regular” y que Lama “paga solo a su familia y a quienes él quiere”.
Un análisis posterior de la plataforma de verificación de datos Ecuador Chequea encontró que el patrón de pagos parecería respaldar esa sospecha: hay concentración de desembolsos hacia prestadores relacionados con el círculo empresarial de Lama.
Si quien decide el flujo de fondos públicos mantiene lazos familiares con empresas que compiten por esos mismos recursos, el conflicto de interés deja de ser teórico y se convierte en un riesgo real.
Según datos contables del IESS a los que dice haber accedido, entre 2021 y 2025 Interhospital S.A. habría recibido más de 62 millones de dólares, incluidos 5,2 millones en 2024 y 8,3 millones en 2025; mientras que Servicios Hospitalarios Alboteoton —empresa con la que Édgar Lama tuvo vínculos hasta febrero de 2025— obtuvo unos 6,3 millones ese mismo año.
Sin embargo, durante la administración de Lama, las empresas de su familia han recibido alrededor del 9% del total de pagos hechos por Lama. Según Guevara, todos los pagos que recibió fueron durante la administración de Eduardo Peña, predecesor de Lama.
El marco legal
La ley ecuatoriana es clara.
El artículo 36 de la Ley de Seguridad Social y los artículos 6 y 7 de la LOSEP prohíben que quienes administran fondos públicos mantengan intereses propios o familiares en empresas prestadoras de servicios al Estado.
Además, los miembros del Consejo Directivo del IESS deben tener al menos diez años de experiencia profesional relevante y ser personas de reconocida probidad.
Lama se graduó en 2018. Tiene unos seis años de experiencia verificable y proviene de una red familiar vinculada al sector hospitalario privado.
Aun así, fue habilitado por la Superintendencia de Bancos.
Más allá de lo legal, el caso evidencia cómo las redes políticas y familiares se entrelazan en la gestión pública.
No es solo un funcionario que cruza líneas éticas; es un sistema que permite y reproduce esas alianzas.
Qué está en juego
El verdadero problema no es Lama.
Es el modelo que convirtió desde hace más de 15 años al IESS —una institución que debería proteger derechos laborales y de salud— en un botín político.
Un espacio donde se reparten contratos, favores y poder.
El IESS se financia con los aportes de los trabajadores, pero en la práctica funciona como un mercado cautivo para prestadores privados que operan sin controles suficientes desde 2013.
Mientras tanto, los pacientes no ven hospitales equipados ni medicinas garantizadas. Ven un sistema fragmentado y opaco, sostenido por decisiones discrecionales.
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