La ley para fortalecer a las Fuerzas Armadas y la Policía, explicada

El 23 de octubre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con 82 votos. Es el sexto proyecto económico urgente impulsado por el presidente Daniel Noboa, y tiene como objetivo crear un sistema de beneficios tributarios —descuentos en el pago de impuestos— para quienes donen bienes como vehículos, computadoras e incluso dinero  a militares y policías.

Esta ley modifica —con la única disposición reformatoria—la Ley de Régimen Tributario Interno para permitir que personas o empresas que donen bienes o equipos a las Fuerzas Armadas y a la Policía obtengan una rebaja de hasta el 30% en su pago del impuesto a la renta.

El impuesto a la renta es un tributo que cobra el Estado, mediante el Servicio de Rentas Internas (SRI), sobre los ingresos o utilidades que una persona o empresa obtiene en un año.

Por ejemplo, si es una persona, el impuesto se calcula con base en todo lo que gana —sueldos, honorarios, rentas, intereses— menos ciertos gastos deducibles como salud, educación, vivienda o alimentación, hasta un límite. Si es una empresa, se calcula sobre la ganancia neta: es decir, los ingresos menos los costos y gastos necesarios para operar.

Según la ley, las donaciones tienen que cumplir condiciones: los bienes tienen que ser nuevos, funcionales y útiles para el “fortalecimiento” de los policías y militares. Solo se aceptarán bienes que estén incluidos en un catálogo oficial de necesidades, hecho por ambas instituciones.

Los bienes donados deberán destinarse únicamente para actividades de defensa, orden público y seguridad ciudadana, es decir, su uso será exclusivo para la seguridad.

La mayoría de votos para aprobar la ley fue del oficialismo: Acción Democrática Nacional (ADN). Diego Franco, legislador de ADN y presidente encargado de la Comisión de Desarrollo Económico, presentó el informe de esta ley y dijo que es para “dotar de recursos estratégicos a las fuerzas del orden, promover la corresponsabilidad del sector privado y atraer inversión, reduciendo el riesgo país”.

Durante el debate de la ley en la Asamblea, Xavier Lasso, legislador de Revolución Ciudadana (RC), advirtió que la seguridad no puede depender de donaciones privadas.

Franklin Samaniego, también de RC, cuestionó que el Ejecutivo vuelva a usar el mecanismo de ley económica urgente, cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional una ley similar por mezclar distintos temas y no respetar el proceso legislativo.

Se refiere a la Ley de Solidaridad Nacional que fue declarada inconstitucional el 26 de septiembre de 2025. La Corte Constitucional dijo que esta ley mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica. GK había publicado sobre los cuestionamientos al proyecto de ley.

El artículo 4 de la ley derogada “permitía donaciones de equipamiento y suministros a las fuerzas del orden, que podrían ser rebajados del impuesto a la renta”, explicó el abogado constitucionalista Ramiro Ávila en GK. Esta ley también modificaba la Ley de Régimen Tributario Interno para descontar hasta el 30 % del impuesto a la renta.

Con la nueva Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía, “el gobierno ahora sí centraliza el asunto en una sola materia, siguiendo los lineamientos de la Corte”, explicó el abogado y analista tributario Carlos Pontón.

Te dejamos tres claves para entender qué implica la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía.

Donaciones para pagar menos impuestos

Las personas o empresas que donen bienes, como vehículos o inmuebles, y equipos, como radios, computadoras o uniformes, a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas podrán descontar hasta el 30 % del valor donado del impuesto a la renta.

El asambleísta Franco dijo durante el debate en la Asamblea: “Pondré un ejemplo sencillo. Digamos que una empresa tiene que pagar un impuesto a la renta de 10.000 dólares. ¿Cuánto es el 30% de 10.000? Es 3.000 dólares. Eso es el máximo que una empresa podría donar a las fuerzas del orden».

Otros ejemplos: si una persona paga 250 dólares de impuesto a la renta podría destinar hasta el 30 % de ese valor —es decir, 75 dólares— a donaciones para la Policía o las Fuerzas Armadas. 

Si una empresa debe pagar 2.000 dólares de impuesto a la renta, podría aplicar el beneficio hasta por 600 dólares, entregando bienes o recursos por ese valor.

El porcentaje de impuesto a la renta depende del nivel de ingresos: quien gana más, paga un porcentaje mayor.

Esta ley es aplicable para todo el territorio nacional, es decir, todos los ecuatorianos podrán acceder a este beneficio. 

El beneficio tributario empezará a aplicarse desde el ejercicio fiscal 2025. Es decir, para pagar el impuesto a la renta en 2026 ya estaría vigente este descuento. Sin embargo, aún hay que esperar el reglamento —que debe ser expedido por el presidente Noboa hasta 60 días después de que entre en vigencia la ley.

El Estado no perdería ingresos

La donación no implica una pérdida para el Estado, ya que la persona o empresa no disminuye el monto a pagar en el impuesto, dice Pontón. Explica que el pago del impuesto se cumple entregando bienes o recursos a las fuerzas del orden.

Es decir, el dinero del impuesto a la renta se transforma en bienes para la fuerza pública. Pero el valor final aportado al Estado es el mismo.

“El efecto es neutro”, dice Pontón. Explica que el valor a pagar de impuesto a la renta es el mismo, “solamente que una parte de ello va a ser en donaciones”. 

Entonces, ¿cuál es el beneficio para el contribuyente?

El abogado tributario, Sandro Vallejo, explica que no da lo mismo pagar el impuesto a la renta que hacer la donación. Explica que para pagar el impuesto a la renta se hace sobre la totalidad de los ingresos, descontando aquellos gastos que han sido necesarios para generar estos ingresos.

Es decir, sí compraste un chaleco antibalas tienen menos ingresos que reportar.

Vallejo dice que lo se gastaría para la donación va a ser mayor al beneficio del impuesto. 

Otra situación que beneficiaría al sector privado sería por los excedentes de inventarios. Si una empresa que fabrica escritorios tiene un excedente podría hacer la donación y obtener a través de esta norma un beneficio tributario, dice Vallejo.

Pontón advierte que el éxito de la medida dependerá de la supervisión del Servicio de Rentas Internas (SRI), el Ministerio de Economía y Finanzas,  y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria para evitar que las donaciones se conviertan en un instrumento de evasión.

Por ejemplo, una empresa podría utilizar este beneficio tributario alterando los precios de los bienes de la donación. 

“El control tributario será clave para garantizar que este incentivo realmente fortalezca la seguridad y no se use como un escudo fiscal para intereses privados”, dice Pontón. Por esto es necesario un reglamento y un catálogo de bienes aceptables para evitar abusos.

Participación del sector privado

La ley busca que el sector privado colabore con el Estado en el fortalecimiento de las fuerzas del orden, complementando la inversión pública en seguridad. 

Esto significa que la ley busca dar más recursos y equipamiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero sin depender únicamente del presupuesto del Estado.

Además de la inversión pública tradicional, las donaciones de empresas o personas —como vehículos, uniformes, tecnología o infraestructura— se convertirán en una fuente adicional de apoyo.

Según la ley porque “la situación de seguridad que atraviesa el Ecuador ha alcanzado una magnitud sin precedentes en la historia ecuatoriana”. En el primer semestre de 2025, de enero a junio, en Ecuador hubo 4.619 homicidios intencionales, esto es un incremento del 47% respecto al mismo periodo en 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Pontón dice que el gobierno busca una conexión directa entre el sector privado y las fuerzas del orden, sin intermediarios, explica que el sector privado aportaría directamente a la fuerza pública.