En el día 24 del paro nacional, el 15 de octubre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció la muerte de dos personas en el contexto de las manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Se trata de Rosa Elena Paqui, una mujer kichwa saraguro de 61 años, y José Alberto Guamán, un comunero kichwa de Otavalo de 30 años.

Estas muertes ocurren en medio de una creciente tensión en las protestas en Ecuador, convocadas por la Conaie —la mayor organización indígena del país y principal promotora del paro. 

Un día antes, el 14 de octubre, la Conaie reportó 50 personas heridas durante los enfrentamientos entre comuneros, militares y policías en la ciudad Otavalo, provincia de Imbabura, uno de los epicentros del paro nacional. La tensión aumentó luego de que el gobierno de Daniel Noboa enviara un convoy con ayuda humanitaria, alimentos y medicinas hacia esa provincia.  El movimiento indígena calificó esa acción como una “ofensiva militar” contra las comunidades.

Las movilizaciones también se han dado en otras provincias del país, aunque en menor escala, como Loja, Azuay y Carchi.

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Según la Conaie, Paqui, una mujer kichwa saraguro de Loja, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio tras inhalar gas lacrimógeno durante una intervención policial. En tanto, Guamán habría recibido “un disparo en el pecho” durante las manifestaciones en Otavalo, según la Conaie.

Nemo Guiquita, directora de Relaciones Internacionales de la Conaie, confirmó a GK las dos muertes. Este medio también consultó a la Policía, que respondió —el mismo 15 de octubre— que esperará los resultados de las autopsias para determinar las causas exactas de los fallecimientos antes de emitir un pronunciamiento oficial.

Ambas muertes se suman al fallecimiento de Efraín Fuerez, ocurrido en el contexto del paro nacional. Fuerez, comunero indígena de Cotacachi, murió la mañana del 28 de septiembre en el hospital de Cotacachi, tras recibir un impacto de bala durante un enfrentamiento en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo.

Esto es lo que se sabe de las muertes durante el paro nacional 2025. 

Rosa Paqui Ceraquiv se habría asfixiado con gas lacrimógeno

El 15 de octubre de 2025, a las 12 y 40, la Conaie, anunció en su cuenta de X el fallecimiento de Rosa Elena Paqui, madre y pilar comunitario de Gunudel, un pueblo Kichwa de Saraguro, en la provincia de Loja.  El movimiento indígena dijo que se trató de un paro cardiorrespiratorio por la inhalación de gases lacrimógenos. 

Un día antes, el 14 de octubre, hubo varios cierres viales —con montículos de tierra y llantas incendiadas— en las vías de la ciudad de Loja. Luego de las 11 y 30  de la mañana, policías y militares reabrieron las calles.

La carretera Loja-Saraguro estaba cerrada —con piedras en la calle— en el sector de El Durazno por manifestaciones. En Saraguro, habitantes de la zona estaban protestando con carteles en rechazo a las actividades mineras.

Esto ocasionó enfrentamientos en la zona entre comuneros y la fuerza pública.

Según un parte policial —al que tuvo acceso GK—, Paqui entró a las 4 de la tarde a la Clínica Andes Salud en Saraguro, Loja, sin signos vitales —es decir, ya no tenía pulso. La médica Sisa del Rocío Puchaicela confirmó allí su muerte.

El parte policial dice que Paqui estaba en la comunidad de Gunudel cuando su vecina Esperanza Vacacela Medina la vio recostada a un costado de su casa. Vacacela, con la ayuda de otros vecinos, subieron el cuerpo de Paqui a su carro y la llevaron a la clínica.

Según versiones de vecinos del sector —según consta en el parte— Paqui no habría estado participando en las manifestaciones. Cuando sus vecinos intentaron rescatarla, Paqui estaba a 60 metros aproximadamente de donde se concentraron las manifestaciones en Saraguro. 

Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie, escribió en su cuenta de X: “Nuestra hermana Rosa Elena Paqui ha caído en la lucha a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos”.

El 15 de octubre de 2025 compareció en la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, Jorge Baño, director de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Baño dijo que se inició una investigación sobre la muerte de Rosa Paqui por  “presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio”. Este delito ocurre cuando policías o militares, durante un operativo, usan la fuerza de forma excesiva y fuera de lo permitido por la ley.

José Guamán Izma habría recibido un disparo en el pecho

Horas más tarde, la mañana del 15 de octubre, la Conaie también anunció, en un comunicado, que José Alberto Guamán Izama, un comunero kichwa de 30 años, falleció tras recibir supuestamente un “disparo en el pecho por las Fuerzas Armadas” durante las manifestaciones ocurridas el 14 de octubre en Otavalo, provincia de Imbabura.

En un video difundido en la cuenta oficial de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), se observa el momento en que Guamán cae al suelo, con una camiseta blanca y un calentador negro. Su camisa aparece ensangrentada en el pecho mientras varios manifestantes intentan socorrerlo. En medio de la confusión, una mujer grita: “¡Médico! Abran paso, abran paso”, mientras los manifestantes cargan a Guamán para ponerlo a salvo.

Ese día, el comunero herido fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, a unos 21 kilómetros de Otavalo. Según un parte policial —al que tuvo acceso GK—, a las 9:50 de la noche el paciente se encontraba en “estado crítico” debido al “paso de un proyectil con similares características de un arma de fuego” y permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pero al día siguiente, el 15 de octubre, fue trasladado en helicóptero al Hospital Eugenio Espejo de Quito, según informó Inredh. Afuera del hospital, Sumak Aguilar, dirigente de la comunidad Cachiviro, en Otavalo —donde vivía Guamán—, confirmó su fallecimiento. 

“No era terrorista, era padre de familia, trabajador, albañil”, dijo mientras su voz se quebraba. Guamán era padre de dos niños, de ocho años y un año y medio.

Poco después, un familiar de Guamán entró a la morgue del hospital para estar presente durante la autopsia, acompañado por un equipo de Inredh. 

En los exteriores, Amanda Mosquera, asesora legal de la organización, explicó que en este caso se trataría presumiblemente de una muerte ocasionada por un agente público, y subrayó la importancia del acompañamiento durante el proceso. “Podría haber algún tema de manipulación de pruebas. Nosotros hacemos una veeduría desde los derechos humanos para que se lleven a cabo las diligencias conforme a los protocolos”, dijo Mosquera a Radio Pichincha.

GK consultó con el área de Comunicación del Ejército para conocer si emitiría un pronunciamiento sobre la denuncia de la Conaie, pero el funcionario encargado respondió: “Ya no me encuentro en la función”, y no redirigió la solicitud. También se pidió información al Departamento de Comunicación del Ministerio de Defensa, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Así avanza la investigación tras la muerte de Efraín Fuerez

El 28 de septiembre de 2025, en el séptimo día del paro nacional 2025, Inredh confirmó la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez en el hospital de Cotacachi, en la provincia norandina de Imbabura. Fue la primera víctima moral. 

La Conaie aseguró que el comunero recibió tres disparos en la Panamericana Norte durante un enfrentamiento con militares en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo. Pero habría sido uno el que lo mató.

Verónica Yaquilema, presidenta de Inredh, y Diana León, abogada de la misma fundación, dijeron, que el cuerpo fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde dos médicos le hicieron la autopsia. 

En el examen se determinó que una bala entró por la espalda y salió por el pecho, fracturando la columna cervical —en la zona del cuello— y una costilla. Aun así, no pudieron precisar la causa exacta de la muerte.

Efraín Fuerez era un comunero indígena de 46 años. Tenían dos hijos, de 11 y 25 años. Efraín Fuerez fue presidente de la Junta de Agua de Cuicocha, encargada de administrar el agua potable de la comunidad, y también fue dirigente de la comuna de Quimsala.

Jorge Baño, director de Derechos Humanos de la Fiscalía, dijo que dentro de la investigación sobre la muerte de Fuerez se espera aplicar el diálogo intercultural para avanzar en las investigaciones con las comunidades.

Las obligaciones internacionales de Ecuador en estos casos

Las denuncias y el material difundido por las organizaciones de Derechos Humanos, en el caso de Fuerez y de Guamán, apuntan a disparos realizados por militares. 

Si se confirma que los proyectiles provinieron de efectivos estatales y que no existía una amenaza letal inmediata, habría un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza.

La participación militar en el control de protestas plantea riesgos adicionales, pues organismos internacionales desaconsejan la militarización de funciones de orden público.

La investigación de la Fiscalía es un paso indispensable, pero debe cumplir los parámetros de prontitud, exhaustividad e independencia del Minnesota Protocol, con plena participación de la familia y organismos independientes. Ecuador es signatario de este protocolo creado en 2016 que incluye investigaciones rápidas, independientes y transparentes, con autopsias completas, preservación de la escena y entrevistas a testigos.

De comprobarse responsabilidad estatal, Ecuador enfrentaría obligaciones de sancionar a los responsables, reparar integralmente a la familia y la comunidad, y garantizar medidas de no repetición.

A nivel internacional, Ecuador ha firmado varios compromisos.

Es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a respetar el derecho a la vida y a investigar de forma pronta, imparcial y efectiva toda privación de la vida atribuible a agentes estatales.

Además, como país miembro de la ONU, debe cumplir con los Principios Básicos de la Organización Naciones Unidas (ONU) sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego (1990) que establecen que las armas de fuego solo pueden usarse ante amenazas inminentes a la vida y como último recurso.

Además, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerzan la obligación de medidas diferenciadas y no discriminación cuando las actuaciones estatales afectan a pueblos indígenas. 

Ecuador ratificó el convenio en 1998, lo que obliga al Estado a proteger identidad cultural, territorios y derechos colectivos, y a realizar consultas previas en decisiones que afecten directamente a las comunidades.

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